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  • El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El pasado 18 de octubre la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acogido, por primera vez en nuestro país, la jurisprudencia sentada por la reciente sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, en virtud de la cual, reconoce el derecho de una trabajadora, contratada para realizar un proyecto de investigación, a percibir una indemnización de veinte días por año trabajado.

    Así, pese a que el contrato de investigación suscrito entre las partes ha sido calificado como temporal, en atención a su similitud con un contrato de obra o servicio, el Tribunal ha optado por elevar la indemnización correspondiente por extinción a veinte días.

    Analizado el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora frente a la sentencia de Instancia, la Sala considera que la terminación del contrato ha de considerarse ajustada a derecho y pese a su calificación de temporal, plantea ésta la aplicabilidad, al supuesto de autos, de la reciente jurisprudencia sentada por el TJUE.

    Superados los posibles obstáculos, entre otros el principio de congruencia – en cuanto que ni en la vista oral, como tampoco en la formalización/impugnación del recurso se suscita una cuestión de ese tenor (indemnizatoria), estima la Sala su capacidad para decidir sobre el derecho de la trabajadora a recibir algún tipo de indemnización complementaria a la ya recibida, puesto que la ejercitada acción de despido, bien nulidad, bien improcedencia conlleva; la primera el binomio readmisión/salarios de tramitación y la segunda, indemnización para reparar el daño causado por la empresa ante la extinción contractual.

    Es por ello que, a juicio de la Sala, su valoración no alteraría la naturaleza de la acción por despido en su momento entablada por la actora, ni la modificación es de tal naturaleza que hiciera irreconocible el debate, pues se limitaría a fijar la indemnización a la que finalmente tendría derecho…

    El Superior Vasco justifica el aumento indemnizatorio en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión, así como en la interpretación realizada por el TJUE en la ya citada sentencia respecto a la aplicación de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo Marco, no pudiendo ser interpretados de forma restrictiva por tratarse de un derecho social de la Unión.

    Razona la sentencia que la jurisprudencia europea en cuestión, no crea un nuevo derecho a una indemnización, sino que lo que hace es recordar cuál es la interpretación auténtica de la Directiva 1999/70/CE, que recoge sobre el ‘Principio de no Discriminación’ que por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

    En conclusión, a juicio del Tribunal la terminación del contrato de investigación es asimilable al que se produce por una causa ‘productiva’ (suficiente para el despido objetivo) no existiendo por tanto motivo que justifique que la trabajadora perciba una indemnización distinta a la que percibiría un trabajador indefinido despedido por causa objetiva.

    Situación actual

    Por lo que respecta al alcance temporal de la sentencia, entendemos que podrán reclamar el derecho al percibo o complemento hasta la cuantía de veinte días aquellos trabajadores interinos o temporales cuyos contratos finalicen a partir de este momento, así como aquellos cuyas relaciones laborales se vieron extinguidas en un plazo no superior a un año, plazo previsto por la normativa para el ejercicio de tal derecho.

    Y ello, pese a que el supuesto concreto analizado por el TJUE –origen de la jurisprudencia ahora analizada- haga referencia a trabajadores interinos y no temporales, quienes hasta el momento no gozaban de derecho indemnizatorio por extinción en nuestro ordenamiento, ya que el objetivo pretendido por la norma comunitaria y la interpretación de sus tribunales se encuentra dirigido a la no discriminación entre trabajadores.

    En cualquier caso, la exigencia pasa, como ya se han pronunciado distintos profesionales, por una reforma parcial del Estatuto de los Trabajadores, buscando su adecuación a la normativa comunitaria y su actual jurisprudencia.

     

    Sobre el alcance y términos de esta primera resolución fue entrevistado el pasado 19 de octubre D. Santiago Jauregui Arco,  socio fundador y actual CEO de Grupo Eurotax.

    Puede escuchar la entrevista completa en la Cadena Ser accediendo al siguiente link

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    Fotografia: Grupo Eurotax

  • Desayuno de trabajo EUROTAX-MARSH «RIESGO CORPORATIVO»; Bilbao – viernes 11 noviembre 9,15 h

    Desayuno de trabajo EUROTAX-MARSH «RIESGO CORPORATIVO»; Bilbao – viernes 11 noviembre 9,15 h

    Eurotax ha iniciado entre sus clientes una campaña de concienciación sobre la necesidad de todas las empresas en adecuarse al cumplimiento de la nueva normativa legal de Compliance en materia de buenas prácticas empresariales .

    Los recientes requisitos instaurados respecto a la publicidad sobre la política social corporativa, canales de denuncias anónimos, sistema disciplinario interno, mapa de riesgos empresariales, programas y manual de cumplimiento de protocolos , formación continua en la materia, y designación de «Director de cumplimiento» en cada empresa han generado, como hemos podido constatar en estas últimas semanas, la honda preocupación de todas ellas por tener el mejor asesoramiento posible al objeto de tomar la mejor decisión al respecto, ya gestionando las nuevas exigencias legales a nivel interno ya externalizándolas a un despacho profesional y así poder seguir centrándose en la actividad fundamental de cada compañía derivando la responsabilidad del cumplimiento normativo exigible a profesionales externos, más acostumbrados y cualificados para ello.

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    Han sido tantas las solicitudes de información recibidas que hemos decidido realizar una serie de desayunos de trabajo con las empresas interesadas donde, con la colaboración de los más cualificados expertos de MARSH con quienes llevamos ya varias jornadas internas de formación y coordinación, podremos, durante aproximadamente una hora, tratar en cada uno de ellos con unas veinte empresas de características similares las circunstancias particulares de cada una de las mismas al objeto de focalizar perfectamente las necesidades de cada empresa en función de una tamaño e idiosincrasia particular ( empresa familiar, número de socios, administrador único o consejo de administración, exportadores, riesgos laborales acentuados, redes digitales, mobbing, discriminación por sexo o minorías sociales, ….. ).

    Les rogamos que , en orden ir preparando las diferentes jornadas adecuadamente, nos lo comuniquen lo antes posible quedando a su entera disposición para cualquier aclaración que precisen esperando celebrar una jornada amena y formativa.

  • Marsh y Grupo Eurotax firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer a sus clientes un programa de prevención penal.

    Marsh y Grupo Eurotax firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer a sus clientes un programa de prevención penal.

    Grupo Eurotax acaba de firmar un acuerdo de colaboración con MARSH , líder mundial en correduría de seguros y gestión de riesgos, con  sede en Bilbao en Torre Iberdrola, planta 14, con el objetivo de facilitar la adecuación de las empresas de nuestro ámbito geográfico a la nueva normativa penal en materia societaria.

    El pasado 1 de julio de 2015 entraba en vigor la Ley Orgánica 1/2015 que propicia la reforma del Código Penal donde destaca la responsabilidad penal de las personas jurídicas, susceptibles de incurrir ahora en la comisión de 34 ilícitos penales.

    Esta nueva redacción centra especialmente su atención en la reforma del artículo 31 bis mediante la inclusión y regulación de los programas de prevención penal  como condición sine qua non para la exoneración o atenuación de la responsabilidad.

    La reacción de la Fiscalía frente a la reforma operada no se ha hecho esperar, procediendo a la publicación de la circular 1/2016 a través de la cual imparte instrucciones y criterios centrados fundamentalmente en la valoración de los programas de cumplimiento como eximentes de responsabilidad.

    Tanto Marsh como Grupo Eurotax son conscientes de la necesidad urgente de sus clientes en adecuarse a la nueva normativa y para ello han firmado un acuerdo de colaboración  con una comisión de seguimiento permanente integrada por Diego Pagadigorría y Pablo Martinez por parte de la primera con  Santiago Jauregi y Maitane Valdecantos por la segunda.

    Aproximación al contenido legal.

    La naturaleza de esta responsabilidad obedece al sistema de transferencia de la responsabilidad  penal. En lenguaje sencillo, la «empresa»  será sujeto de responsabilidad penal por los actos realizados por una persona física vinculada ( administrador de hecho o de derecho, apoderado, gerente,….. ) con ésta, siempre que concurran determinados presupuestos que atendiendo a la redacción literal del precepto definiríamos como “aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”- y  las “personas sometidas a la autoridad de aquellas”.

    En definitiva, la nueva expresión engloba a un potencialmente alto número de cargos y mandos intermedios que tengan atribuidas tales facultades.

     

    Ahora bien, la persona jurídica sólo responderá si los actos realizados reportan un beneficio directo o indirecto. A estos efectos, la Fiscalía ha calificado la nueva redacción como objetiva, matizando su sentido como “acción tendente a conseguir un beneficio sin necesidad de que este se produzca”.

    Respecto a los actos cometidos por quienes quedan sometidos a la autoridad de las personas físicas relacionadas con anterioridad,  se requiere  un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control precisando la Fiscalía que dichos deberes resultan exigibles a las personas relacionadas en el apartado a) del art. 31 bis 1 y no directamente a la persona jurídica, tratándose por tanto de un incumplimiento de la persona física y no de un defecto de organización de la persona jurídica.

    Finalmente, la nueva redacción, en relación con el principio de intervención mínima del derecho penal , permite excluir de dicho ámbito los incumplimientos de escasa entidad, siendo éstos objeto de sanción exclusivamente  administrativa.

    Programas de prevención penal.

    Como se ha detallado , la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica queda supeditada a la existencia, previa comisión del ilícito, de un programa de prevención y control idóneo. A estos efectos, resultará de especial importancia que el programa instaurado cumpla con los requisitos de idoneidad y eficacia recogidos por el art. 31 bis.

    Ahora bien, ¿cómo iniciar la implantación del sistema?

    1.- Adopción de acuerdo, por parte del órgano de administración, en el que refleje la puesta en marcha del estudio e implantación del programa de cumplimiento normativo.

    2.- Adoptado el acuerdo para la implantación del programa, debe procederse al nombramiento del compliance officer , es decir un  «responsable de cumplimiento con suficiente experiencia, conocimiento e independencia siendo su perfil habitual un híbrido entre asesoría jurídica y auditoría.

    3.- Redacción de un código ético como instrumento normativo de carácter deontológico. Su ámbito de aplicación se extenderá a todos los niveles de la empresa en el desarrollo de sus funciones y, si fuera posible, a todos aquellos que se hallen integrados en el perímetro del dominio social.

    4.- Análisis del riesgo existente , elemento esencial del programa de prevención, mediante la elaboración del mapa de riesgos. En este punto, el conocimiento interno de la compañía toma especial relevancia puesto que, para la eficacia del programa, deberemos analizar pormenorizadamente la concreta actividad de la compañía y la susceptibilidad de que con ésta, incurramos en alguno de los 34 tipos previstos para la derivación de responsabilidad penal. Los resultados arrojados permitirán la clasificación de los riesgos; alto, medio o bajo, en atención a su probabilidad de comisión, facilitando así la adopción de medidas preventivas y su calificación como urgente o demorable. Analizados los riesgos, deberán adoptarse las medidas tendentes a su prevención, mediante la instauración de sistemas que permitan minorar su probabilidad de comisión. Estas medidas deberán ser instrumentalizadas mediante la creación del plan de prevención de riesgos penales.

    5.- Creación de un régimen disciplinario, susceptible de inclusión en el código ético, y un canal de denuncia que permita la detección de irregularidades e identificación del sujeto comitente. Para la instauración de este último queda abierta la puerta a su externalización y anonimato.

    La Fiscalía ha contemplado la opción de recurrir a la contratación externa de las distintas actuaciones enumeradas  ya que lo verdaderamente relevante, apunta, es «que la persona jurídica tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo «.

    Aplicación de medidas en las pequeñas empresas.

    Si bien la norma precisa que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, entiéndase aquellas  autorizadas a la presentación de cuentas anuales abreviadas, las funciones anteriores podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración, lo cierto es que la asunción directa de funciones por parte del órgano de administración contradice los principios de autonomía e independencia comprometiendo el correcto funcionamiento de los canales de denuncia y régimen sancionador, entre otros, cuando los mismos deban aplicarse sobre la persona o personas que ostentan tal representación.

    Conclusiones

    Entendemos necesario que las empresas consideren esta nueva normativa como una oportunidad de dar un «salto adelante» respecto a las nuevas exigencias del mercado.  Es imprescindible transmitir que nuestras firmas tienen un compromiso con los valores de la ética empresarial y, cada una desde sus posibilidades,  quiere contribuir a que el  nivel de exigencia en las relaciones empresariales tengan un standard elevado.

    La experiencia de los profesionales de Eurotax como miembros de Consejos de Administración de grandes empresas, Abogados  (altamente cualificados en materia societaria, mercantil, penal , nuevas tecnologías, propiedad industrial e intelectual,…), auditores así como su contrastada colaboración con MARSH en materia de aseguramiento global empresarial …. unido al conocimiento de sus clientes por las largas trayectorias de trabajo en común con los departamentos fiscales y laborales de la firma nos hacen los candidatos más adecuadas para hacer un programa de prevención del riesgo penal a medida de cada una de las empresas que asesoramos, sea del tamaño que sea la misma con adecuación al presupuesto razonable a destinar a cumplir con esta nueva exigencia legal.

     Santiago Jauregi / Maitane Valdecantos / Alberto Fernández Saiz

    Grupo Eurotax. Dpto. Jurídico

    Imagen: Pixabay CC0 Public Domain

  • Maitane Valdecantos, representante de Grupo Eurotax, en el I Congreso de la Abogacía de Bizkaia.

    Maitane Valdecantos, representante de Grupo Eurotax, en el I Congreso de la Abogacía de Bizkaia.

    Maitane Valdecantos, organizadora de la mesa de Derecho digital, estuvo presente en el  primer Congreso de la Abogacía de Bizkaia, organizado por el ICASV (Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya) celebrado los pasados 10 y 11 de Marzo.

    Fue un foro de participación y reflexión jurídica, eligiéndose para ello un formato que permitiera la participación del mayor número de asistentes en una amplia selección de actualidad jurídica y social.

    Entre un muy variado elenco de temáticas de actualidad presentadas por ponentes de primer nivel, tanto de la abogacía como de la judicatura, Maitane Valdecantos, participó en la mesa que llevaba por título “El uso de las TIC para la comisión de ilícitos”, en la que intervino junto a D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Dña. Silvia Barrera Ibáñez, Inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica UIT de la Policía Nacional, representante por España en EUROPOL en materia de ciberataques, y D. Rodolfo Tesone Mendizabal, Presidente de ENATIC.

    Foto: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

  • Nuevas obligaciones para propietarios de fincas urbanas arrendadas en Euskadi.

    Nuevas obligaciones para propietarios de fincas urbanas arrendadas en Euskadi.

    El depósito de la fianza y la inscripción del arrendamiento

    La nueva Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado mes de septiembre,  incorpora, entre otras novedades, la creación de un Registro Autonómico de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas así como la obligación de depósito de las fianzas de alquiler ante las entidades dispuestas al efecto.

    Pese a las novedades introducidas por el texto legal, no ha sido hasta el pasado 29 de marzo de 2016 cuando hemos podido conocer el desarrollo de esta normativa. A tal efecto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha dado forma al Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del depósito de fianzas y del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo objeto es, en exclusiva, desarrollar los preceptos de referencia de la Ley de Vivienda (arts. 54 y 55 respectivamente) dando así cumplimiento al mandato del legislador, al amparo de la habilitación contenida en la Disposición Final Primera de la ley.

    Analizado el contenido, eminentemente práctico, destaca, en relación a la obligación de depósito de la fianza, la creación de dos regímenes claramente diferenciados: El general, objeto de aproximación en el presente post, y el especial, consistente en un régimen de concierto al que sólo podrán acceder las personas o entidades arrendadoras de fincas urbanas que alcancen determinados niveles de negocio, en razón tanto del número de contratos formalizados (10) como de la cuantía de las fianzas susceptibles de depósito (igual o superior a 30.000 euros) y que así lo soliciten.

    Análisis del Régimen General dispuesto para el depósito

    ¿A quién corresponde la obligación de depósito?

    La obligación de depósito y el derecho a solicitar su devolución corresponde en todo caso al arrendador de fincas urbanas destinadas tanto a vivienda como a otros usos, quien será asimismo, en caso de desatención de la obligación, sujeto de imposición de recargos y sanciones por extemporaneidad pudiendo dirigirse contra éste la vía de apremio.

    Plazo para realizar el depósito

    Los propietarios que hayan suscrito contratos de alquiler con posterioridad a la publicación y entrada en vigor del Decreto (30 de marzo de 2016), dispondrán, desde la formalización del contrato, del plazo de un mes para depositar la fianza en la delegación territorial competente en materia de vivienda.

    Para el caso de arrendamiento de viviendas de protección pública celebrados entre particulares, dicho plazo comenzará a contar desde la fecha del visado del contrato por parte del departamento competente.

    Los arrendamientos suscritos con anterioridad al 26 de septiembre de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley de Vivienda,  no quedarán obligados por el Decreto hasta la renovación del alquiler.

    Cuantía del depósito

    La cuantía del depósito variará en función de la modalidad de arrendamiento formalizado, teniendo como base imponible el valor equivalente a una mensualidad de renta.

    • Contratos de arrendamiento para uso de vivienda: la cuantía del depósito será la equivalente a una mensualidad de renta.
    • Contratos de arrendamientos para uso distinto de vivienda (e.j. local): la cuantía a depositar ascenderá a dos mensualidades de renta.
    • Arrendamientos de temporada de duración inferior a un año, tanto de viviendas, como de locales: la cuantía de la fianza será proporcional al plazo de duración del contrato, teniendo en cuenta que las dos mensualidades establecidas corresponden al contrato de un año de duración.

    Solicitud de depósito

    El depósito podrá solicitarse en los Servicios Bizilagun de cada uno de los territorios (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) o vía Internet, a través del formulario disponible en su página web.

    El importe del depósito deberá abonarse mediante autoliquidación, ya sea por Internet o en entidad bancaria. En ningún caso será posible realizar el depósito en metálico en las oficinas del servicio Bizilagun.

    Junto con el formulario y el justificante del ingreso será preciso presentar una copia del contrato de arrendamiento, salvo que éste sea verbal o haya sido anteriormente visado por el departamento competente en materia de vivienda.

    Concluida la tramitación, el Servicio Bizilagun expedirá y entregará a la persona o entidad arrendadora un documento acreditativo denominado resguardo de depósito de fianza y una copia del mismo para su entrega a la parte arrendataria. Dicha copia deberá entregarse al inquilino en el plazo de un mes desde la recepción del resguardo.

    Recargos y sanciones

    Para el supuesto en que el depósito se realice fuera de plazo, sin mediar requerimiento, se aplicará un recargo equivalente al 2% del importe de la fianza.

    En caso de requerimiento expreso, el recargo aplicable será del 10%, sin perjuicio de que la omisión pueda ser considerada como infracción leve y sujeta por tanto a infracción administrativa sancionada con multa de 300 a 3.000 euros.

    Devolución

    Extinguido el contrato, la persona o entidad arrendadora podrá solicitar la devolución de la fianza depositada.

    El Servicio Bizilagun procederá en el plazo máximo de tres meses a la devolución de la fianza mediante transferencia bancaria a la cuenta de la persona arrendadora, y expedirá y entregará al arrendador un documento acreditativo denominado recibo de devolución de fianza.

    Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectiva la devolución por causa no imputable a la persona solicitante, el depósito devengará el interés legal del dinero desde la fecha de vencimiento del plazo hasta la efectiva devolución de la fianza.

    Inscripción en el Registro

    Los contratos de arrendamiento sujetos al régimen general analizado, serán inscritos de oficio por parte de las entidades competentes en materia de vivienda. No obstante, el arrendatario podrá instar la inscripción de los contratos no inscritos por causa imputable al arrendador.

    Practicada la inscripción se entregará un certificado comprensivo de los datos recogidos en la misma.

    Cancelación de la inscripción

    Finalizado el arrendamiento e instada por el arrendador la solicitud de devolución de fianza, las entidades competentes gestionarán de oficio la cancelación de la inscripción.

    Conclusiones

    Pese al carácter intervencionista de la nueva normativa, parece claro que ésta pretende funcionar como garantía de cobro a favor del inquilino. Asimismo, el Registro de Contratos se convertirá en una fuente de información «fiable para analizar» la situación y evolución del mercado de las viviendas de alquiler en Euskadi.

    Así queda definido su objetivo, consistente en asegurar o garantizar el cobro de la fianza al arrendatario de la finca, evitando aquellos supuestos que tradicionalmente han hecho peligrar la recuperación del importe entregado, tales como el embargo de cuentas al arrendador, fallecimiento o sencillamente la falta de voluntad para proceder a su devolución. Si bien, el medio elegido para el ofrecimiento de tal garantía parece ignorar la naturaleza liberal propia de este ámbito de la contratación.

    Analizadas las nuevas obligaciones dispuestas para el arrendador, sólo queda esperar que la estructura  dispuesta por la Administración para la atención de las mismas funcione de manera ágil y eficaz.

    Fdo. Amagoia Intxausti. Responsable Departamento Inmobiliario.

    (Colaboración de D. Alberto Fernández. Derecho de la empresa, compliance legal, etc. )

    Fotografía: Pixabay – CCO Public Domain

  • La actualidad de los «drones» y Maitane Valdecantos en la Cadena Ser

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    Sobre los «drones«, su actual marco regulatorio y el uso que se puede hacer de los mismos se entrevistó ayer 1 de Febrero en la Cadena SER a Maitane Valdecantos.  La letrada es actualmente responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho de las TIC en Grupo Eurotax y también preside la comisión de Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento del Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.

    Puede escuchar la entrevista completa en la Cadena Ser accediendo al siguiente link

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    Imagen: Drone – Pixabay CCO Public domain

  • GRUPO DE EMPRESAS LABORAL –  DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    GRUPO DE EMPRESAS LABORAL – DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    En el tráfico mercantil resulta habitual que varias empresas, aparentemente independientes, tengan una interrelación en su forma de operar en el mercado; habitualmente se trata de personas jurídicas con un objetivo común, que aúnan esfuerzos para generar unas sinergias que les permitan obtener beneficios mutuos sin perder su identidad particular.

    Son muchas y variadas las causas que pueden llevar a distintas empresas a formar un grupo mercantil, pudiendo generarse agrupaciones entre empresas del mismo sector, o de distintos sectores, en las que son unas clientes de otras, o existen unas relaciones más directas, cómo puede ser la adquisición de las acciones de otra empresa para tomar el control de las decisiones de esta, estableciéndose una relación de sociedad matriz y sociedad subordinada. También puede surgir dicha agrupación de empresas de la división de una empresa en varias particiones, circunstancia que puede tener distintos intereses: el establecimiento de un control más especializado de los distintos procesos de producción; la limitación de los riesgos de ciertas operaciones, políticas de presencia en el mercado…

    Dichas agrupaciones mercantiles no siempre tendrán responsabilidad respecto de las deudas generadas con los trabajadores de cada mercantil integrante del grupo, no obstante, los Tribunales están habilitados para llevar a cabo el denominado «levantamiento del velo«, es decir, penetrar en el sustrato jurídico de las distintas sociedades para indagar las interioridades negociables subyacentes entre ellas, evitando así la interposición de empresas ficticias carentes de patrimonio que no puedan hacer frente a sus responsabilidades laborales.

    A falta de disposiciones legales que determinen la existencia de un grupo de empresas laboral, los Juzgados y tribunales han venido estableciendo los criterios que determinan su existencia, distinguiéndose así los grupos de empresas laborales con los grupos de empresas mercantiles regulados en el artículo 42.1 del código de comercio.

    Para demostrar que un grupo de empresas a efectos mercantiles lo es también a efectos laborales, se tiene en cuenta una serie de circunstancias elaboradas por la jurisprudencia de nuestros tribunales. En este sentido, no tienen por qué concurrir la totalidad de dichos elementos de manera simultánea, ya que en ocasiones basta con una de ellas dependiendo de la intensidad que pueda tener la misma.

    Por tanto, cada circunstancia deberá ser analizada de forma separada, distinguiéndose los siguientes  requisitos:

    a.- Dirección Unitaria.

    Corresponde a la identidad entre los órganos de administración e incluso accionariado. Entre los elementos que delatan un funcionamiento unitario del grupo de empresas encontramos:

    • Que las sociedades funcionan de forma unitaria en el mismo centro de trabajo de la sociedad dominante.
    • Que no hay distinción de las actividades llevadas a cabo por cada una de las empresas.
    • Que el sistema de incentivos basado en beneficios se calcula sobre los beneficios obtenidos por todas las empresas del grupo, y no únicamente en aquella en la que prestan sus servicios los trabajadores.
    • La utilización de los mismos medios de comunicación (teléfono, fax, etc.) para todas las sociedades del grupo.

    b.- Apariencia externa de unidad empresarial.

    Se relaciona con una identidad única ante el mercado de todas las empresas existentes en el grupo, pudiendo confundirse por el consumidor una sociedad con otra.

    Llevará a estimar que existe un grupo de empresas a efectos laborales si la misma induce a terceros de buena fe, que han contratado con la empresa, a confusión sobre la identidad real del empresario. Esta doctrina, y su finalidad, está recogida en la temprana sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1987 (RJ 1987/6973) que se pronuncia como sigue: “quien crea una apariencia verosímil está obligado frente a los que de buena fe aceptan esa apariencia como una realidad a fin de no fomentar la posible aparición de empresas ficticias que carezcan de las mínimas garantías de responsabilidad dejando a los trabajadores indefensos”.”

    c.-Confusión de patrimonios sociales o caja única.

    Los elementos necesarios para poder apreciar que existe una confusión patrimonial entre diversas empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial han sido identificados por el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de marzo de 2002, Rec. 1666/2001 (RJ 2002, 4659) con “la interrelación de bienes, intereses, derechos y obligaciones de las personas físicas y de las personas jurídicas demandadas que genere una situación de «confusión de actividades, propiedades y patrimonios”. Entre los indicios valorados por la doctrina judicial para apreciar la confusión de patrimonios podríamos destacar la existencia de un régimen de caja única. Así lo estima la sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 2012, Autos 124/12 (AS 2012/1678), que declara la existencia de un grupo de empresas a los efectos laborales al apreciar que “una de las empresas del grupo era la única encargada de comprar la mercadería y distribuirla entre los diferentes supermercados, cobrar todas las facturas y atender todos los gastos de las diferentes empresas del grupo, incluyendo los salarios de todos los trabajadores del Grupo”.

    En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2012, Autos 21/2012 (AS 2012, 1773), en cambio, la confusión de patrimonios es apreciada por cuanto el grupo de empresas disfrutaba de una financiación común garantizada con los activos de todas las empresas a través de un “contrato de financiación sindicado”, existían saldos deudores y acreedores entre todas las empresas del grupo e incluso se suscribió una póliza de seguro de responsabilidad civil en favor de varias empresas del grupo.

    Esa misma financiación común fue apreciada, como elemento determinante de la existencia de un grupo de empresas laboral por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 11 de mayo de 2012, Rec. 625/2012 (JUR 2012\206611) en la que afirmaba que “concurren indicios sólidos del grupo de empresas tales como la concesión entre ellas de importantes créditos, incluida la empleadora del demandante, suscribiendo al efecto diversos contratos de financiación con entidades bancarias, para refinanciar sus deudas, constituyendo en garantía de dichas operaciones hipoteca sobre determinados activos de otras sociedades del Grupo”.

    d.- Confusión de plantillas.

    la confusión de plantillas exige un grado superior de intensidad o habitualidad en la prestación sucesiva o simultánea de servicios por los trabajadores. Y ello por cuanto la prestación sucesiva de servicios no lleva, necesariamente, a apreciar la existencia de un único empleador y por tanto de un grupo de empresas laboral.

    La confusión de plantillas, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 31 de enero de 1991 (RJ 1991/200), aparece cuando, con su actuación, la dirección de un grupo empresarial destina a sus trabajadores “a una y otra de las empresas vinculadas como si de un mero cambio de puesto de trabajo se tratara. No podrían explicarse de otra manera la simultaneidad de prestación de servicios a varias empresas del grupo, o la frecuencia de las transferencias de una a otra, o la disonancia que en más de una ocasión se produjo entre la adscripción formal a una empresa y la prestación efectiva de servicios en otra distinta. Las consecuencias jurídico – laborales de dicha actuación no pueden ser otra que reconocer que aunque en el plano formal existan varios empresarios, existe una única relación de trabajo con un único empleador.

    Fue asimismo apreciada por la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de julio de 2012, Autos 124/2012 (AS 2012/1678), al haberse reconocido durante el periodo de consultas aperturado en la tramitación de un despido colectivo, la antigüedad de los trabajadores en cualquiera de las empresas del grupo. Dicho reconocimiento es, según la Audiencia Nacional, prueba suficiente de la existencia de una confusión de plantillas “puesto que si no hubiera sido así, si los trabajadores hubieran rotado entre las empresas del grupo después de finalizar contratos en otras empresas del grupo, no habría razón para el reconocimiento de toda la antigüedad en un grupo de empresas”.

    También existe confusión de plantillas si los trabajadores de una empresa reciben a través del mismo teléfono y de los mismos medios de comunicación (fax, etc.) las peticiones de ofertas, y realizan, atienden y mandan los pedidos sin distinción de qué empresa facturaba o bajo qué nombre viniera el pedido. Este es el supuesto contemplado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 30 de mayo de 2012, Autos 17/2012 (AS 2012\1672), donde concluía el Tribunal que esta práctica

    La existencia de grupo de empresas a efectos laborales supone, como consecuencia fundamental para el trabajador, que todas las empresas del grupo responderán de manera solidaria respecto de todas las obligaciones contraídas con el trabajador. Esto significa que en caso de que la empresa adeude algún tipo de salario o indemnización, el trabajador podrá requerir el pago a cualquiera de las sociedades del grupo de forma solidaria.

                    Resulta destacable la existencia del grupo de empresas a efectos laborales en los supuestos de despido cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, causas objetivas; en estos supuestos la empresa tendrá que acreditar que la causa que se alega en la carta de despido se da en todas las sociedades del grupo y no solo en la sociedad mediante la cual ha sido contratado o despedido el trabajador, resultando improcedente ,por falta de acreditación de la causa, el despido que se haya justificado atendiendo únicamente a la situación contable de una sola de las empresas del grupo laboral, (la causa objetiva debe concurrir en todas y cada una de las empresas, lo que ya no puede probarse en acto de juicio pues no fue alegado en la carta, y permitir prueba sobre este extremo implicaría causar indefensión al trabajador), circunstancia que tendrá gran relevancia para el trabajador al tener la posibilidad de incrementar el importe de su indemnización hasta los máximos legalmente reconocidos para dicha modalidad de despido.

    Corresponde a las empresas denunciadas la obligación de demostrar la inexistencia de grupo de empresas a efectos laborales. La jurisprudencia se ha pronunciado en torno a este asunto, obligando al trabajador a demostrar únicamente que existe un grupo de empresas a efectos mercantiles, y en este caso, será el grupo de empresas quien tendrá que demostrar que no constituye un grupo de empresas a efectos laborales, ya que, para un trabajador, resulta casi imposible conocer todas las relaciones internas de las empresas para probar dichos extremos.

    Conclusión.

    Cómo conclusión, en cuanto a las consecuencias de la existencia de un grupo de empresas laboral, cabe decir que existe una gran incertidumbre jurídica para los grupos mercantiles que ostentan esta situación, ya que la más reciente doctrina jurisprudencial (entre otras, la última Sentencia del TS de 20 de abril de 2015, en la que cabe mencionar que existe un voto particular en contra), han declarado la nulidad de varios despidos colectivos (telemadrid, coca-cola…) al entender que existe una “mala fe negociadora” cuándo una empresa que no había declarado su situación de grupo de empresas a efectos laborales, declara dicha condición cuándo se inicia el período de consultas en un despido colectivo, entendiendo que dicha mala fe negociadora vicia el procedimiento de despido colectivo, mereciendo el mismo la declaración de nulidad (en procedimientos colectivos la consecuencia no es la improcedencia cómo en los individuales en los que no se acredita la causa, sino que en este supone se entiende que hay una mala fe que vicia el procedimiento y supone la nulidad o inexistencia del despido, debiendo reponer al trabajador en la situación anterior al despido con abono de salarios de tramitación).

    Finalmente, cabe concluir que a juicio del este letrado, el concepto de grupo de empresas laboral, que en origen pretendía evitar injusticias contra los trabajadores por parte de las argucias mercantiles para evadir responsabilidades, se ha convertido en un arma arrojadiza contra las empresas al no existir una disposición normativa expresa que determine su constitución y consecuencias, resultando necesario un desarrollo legislativo inmediato que permita garantizar los derechos de los trabajadores a la vez que dote de una mínima seguridad jurídica a los operadores mercantiles, acotando con ello las paradojas generadas por la creación de un concepto a base de sentencias que resuelven distintos casos concretos.

    Aitor_Rodriguez

    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Pixabay (CCO Public Domain)

  • El nuevo Derecho Civil Vasco en materia sucesoria

    El nuevo Derecho Civil Vasco en materia sucesoria

    ¿Le preocupa la continuación de su empresa familiar una vez se produzca el revelo generacional? ¿Le gustaría que fueran sus nietos quienes heredaran directamente su patrimonio? ¿Quiere saber qué repercusiones podría tener la aceptación de una herencia con deudas?

    La reciente Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco ha instaurado una nueva realidad sucesoria en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma mediante el establecimiento, por primera vez en su historia, de un ordenamiento sucesorio único para toda la población vasca.

    A través de esta Ley se da fin a la fragmentación legislativa que regía en el ámbito de los tres Territorios Históricos con anterioridad, en los que podíamos distinguir hasta cinco núcleos normativos regulados, a su vez, en dos normas, de forma que, por ejemplo, dos eran las leyes de aplicación e innumerables las diferencias en la regulación de la herencia de un vecino de Galdakao y otro de Bilbao.

    La Ley de Derecho Civil Vasco ha diseñado un sistema que, sin perjuicio de la conservación de ciertas instituciones forales singulares en determinados ámbitos geográficos (troncalidad y régimen de comunicación foral de bienes en Bizkaia y plena libertad de testar en Ayala), permite a los ciudadanos vascos ordenar su sucesión desde un plano de mayor igualdad.

    ¿A quiénes resulta de aplicación esta Ley?

    Esta nueva Ley resulta de aplicación a todas aquellas personas que tengan vecindad civil vasca, la cual fue adquirida el pasado día 3 de octubre de forma automática por quienes gozaban de vecindad civil en cualquiera de los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a las reglas de adquisición, modificación y pérdida que prevén los arts. 14 y 15 del Código Civil, esto es, por nacimiento, por residencia continuada durante dos años en algún territorio de la CAPV manifestando su voluntad de adquirirla, o durante diez años sin declaración en contrario durante ese periodo de plazo. 

    ¿Cuáles son las principales novedades que introduce?

    a) Legítima o sucesión forzosa.

    En materia de legítima, es decir, en las restricciones que la Ley establece a la libertad de testar del causante en favor de determinados parientes, la nueva Ley vasca amplía la libertad de disposición respecto al colectivo de los descendientes (hijos, nietos, etc.) y ascendientes (padres, abuelos, etc.), reforzando, en cambio, la posición del cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, en clara respuesta al sentir de la sociedad vasca.

    Deben destacarse las siguientes novedades:

    1. Se reduce la cuota legitimaria de los descendientes de los dos tercios del Código Civil o los cuatro quintos de la Ley 3/1992, de Derecho Civil Foral del País Vasco, a un tercio del caudal hereditario (art. 49).

    Ahora bien, la nueva Ley regula una legítima colectiva en sustitución de la legítima individual, que se traduce en que el causante vasco tiene absoluta libertad para optar, dentro del colectivo de legitimarios (hijos, nietos, etc.), a favor de quien o quienes dispone de ese tercio que ineludiblemente les corresponde y en qué proporciones, apartando a todos los demás de cualquier derecho en su herencia (art. 51 LDCV); una suerte de desheredación que no requiere de causa alguna y que puede articularse incluso mediante la simple omisión de tales parientes en el testamento (art. 48 LDCV).

    1. Se suprime a los ascendientes del colectivo de legitimarios, de forma que únicamente heredarán si así lo dispone el causante, a excepción de las sucesiones intestadas.
    1. Se aumenta la cuota legitimaria del cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, a quienes se equipara a efectos sucesorios y se les reconoce, además del usufructo de la mitad o dos tercios de todos los bienes de la herencia, un derecho de habitación en la vivienda conyugal o de la pareja de hecho, mientras se mantengan en estado de viudedad, no hagan vida marital ni tengan un hijo no matrimonial o no constituyan una nueva pareja de hecho (art. 54 LDCV).

    Además, se prevé la posibilidad de legar a favor de éstos el usufructo universal de la herencia sin necesidad de recurrir a la institución de la cautela socini; usufructo universal que, en adelante, los hijos o descendientes necesariamente deberán respetar.

    1. Por último, la nueva Ley vasca contempla, en contra de la taxativa prohibición que recoge el Código Civil, la posibilidad de que la legítima sea objeto de renuncia aun antes del fallecimiento del causante, mediante pacto sucesorio.

    b) Formas de ordenar la sucesión voluntaria.

    La Ley vasca amplía el abanico de instrumentos a disposición del causante para decidir el destino de sus bienes. Así, además de las formas testamentarias previstas en el Código Civil, la Ley extiende a todo el ámbito territorial de la CAPV la utilización de instituciones típicamente forales, tales como el testamento “hilburuko”, el testamento mancomunado, la sucesión por comisario y los pactos sucesorios.

    A través de estos últimos y con apoyo en la legítima colectiva puede articularse de forma más óptima la transmisión de pequeñas empresas familiares, dado que los empresarios ostentan la facultad de elegir al descendiente que consideren más apto para la continuación del negocio familiar. Se supera así la ruptura a la que la empresa familiar venía abocada en muchos casos por la aplicación del sistema del Código Civil.

    c) Sucesión legal o intestada

    La Ley de Derecho Civil Vasco modifica el orden de prelación para los casos en que opere la sucesión intestada, por ejemplo, cuando el causante haya fallecido sin testamento, situando al cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por delante de los ascendientes, aunque eso sí, únicamente heredarán en defecto de hijos y descendientes del causante, sin perjuicio de sus derechos legitimarios.

    d) Responsabilidad civil por deudas

    La responsabilidad del heredero por las deudas de la herencia queda en todo caso limitada en la nueva Ley al valor de los bienes que integran la misma, por lo que se resuelven así los problemas derivados de herencias absolutamente deficitarias en las que los herederos debían hacer frente a las cargas de la herencia incluso con su patrimonio personal.

    Conclusiones

    En definitiva, la recién estrenada Ley de Derecho Civil Vasco sienta una nueva realidad en materia hereditaria presidida por una mayor libertad de testar y tendente a posibilitar una adecuada planificación sucesoria, en coherencia con el principio de libertad civil que propugna en su articulado.

    Este cambio de paradigma no implica que los testamentos otorgados con anterioridad al día 3 de octubre hayan devenido ineficaces, si bien es cierto que podrían surgir conflictos intertemporales y problemas interpretativos de distinta índole, cuya resolución vendrá de la mano de las reglas en materia de Derecho transitorio.

    Sandra Castellanos.

    Foto: Pixabay CC0 Public Domain.

  • Entrevista a Maitane Valdecantos sobre la adaptación de los abogados a LexNET.

    Entrevista a Maitane Valdecantos sobre la adaptación de los abogados a LexNET.

    Nos encontramos tan solo a unas semanas de la fecha que la Ley 42/2015 prevé como obligatoria para la comunicación telemática de los Abogados y Procuradores con los Juzgados y Tribunales. Esto es, 1 de Enero de 2016.

    Dicha ley, se enmarca dentro del compromiso de utilización de las tecnologías de comunicación electrónica como medio habitual de actuación de la Administración de Justicia con los profesionales del derecho y ciudadanos.

    En este sentido, se establece el 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal.

    Entrevista a la letrada

    http://https://www.youtube.com/watch?v=AS23RKFeSEg&feature=youtu.be

    Con motivo de la entrada en vigor de dicha ley Wolters Kluwer ha entrevistado a Maitane Valdecantos, abogada, responsable IP & IT en Grupo Eurotax, Presidenta de la Comisión de PI y Dº del entretenimiento y Coordinadora de formación Papel “0” del ICASV.

    La letrada, que en estos momentos es una de las responsables de oficiar los cursos de formación que se realizan en el ICASV sobre el tema en cuestión, nos habla de las diferencias entre LexNET y Justicia SIP (plataforma de la C.A. País Vasco), su modo de acceso,  sus posibles problemas, superación del límite previsto de MB para envío de documentación, convivencia de las distintas plataformas en España, etc.

    Reforma de la legislación y entrada en vigor

    Ley 42 /2015 , de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disp. Adicional 12ª.

    “La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

    No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.

    ……….”

    Como apunta la letrada, el cambio que supone dicha adaptación a los medios de comunicación telemática, es comparable a lo que supuso la llegada del Euro o en términos jurídicos, la entrada en vigor de la LEC 2000 y concluye afirmando que «de una manera u otra acabaremos adaptándonos a dichos cambios».

    Video entrevista: Wolters Kluwer

  • ¿Cuál podría ser tu pensión pública?

    ¿Cuál podría ser tu pensión pública?

    ¿ Cuál podría ser su pensión pública ? La web de la Seguridad social tiene disponible un nuevo simulador que nos permitirá conocer ese cálculo en función de lo que se haya cotizado.

    Para realizar el cálculo, se deben seguir los siguientes pasos:

    1º.- Registrarse en la web Tu seguridad Social.

    Para registrarse, hay que solicitar un “código” acudiendo presencialmente, con documento identificativo (DNI, NIF o NIE) y con cita previa a una Oficina de la Seguridad Social, y una vez allí, se debe solicitar el registro en la nueva plataforma CL@VE.

    También pueden entrar directamente en esta web quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital (FNMT, Camerfirma…)

    2º.- Segundo Paso: Entrar en la web.

    Cuando el ciudadano ya accede a la web “Tu Seguridad Social” se introduce el número de identificación, email y su código de activación.  Una vez dentro, aparecerá la información sobre el trabajo: el tiempo que ha cotizado, a efectos de prestaciones, y el tiempo que le falta para acceder a su jubilación ordinaria.

    Desde ahí, ya se puede acceder al simulador de jubilación haciendo clic «SIMULAR TU JUBILACIÓN».

    3º.-  Opciones:

    El usuario puede optar por una simulación con una situación personal «básica». Pero también puede optar por entrar a través de «Modificar Situaciones personales», que son aquellas que la ley recoge como susceptibles de proporcionar un posible beneficio en su futura pensión de jubilación. Así el usuario incorporará su situación personal y comprobará si ésta le supone una mejora en su futura jubilación».

    También está disponible la posibilidad de simular situaciones de jubilación anticipada, ordinaria y demorada.

    El simulador plantea de inicio un cálculo que proyecta la situación de la cotización actual hasta la fecha de jubilación ordinaria. Si bien desde el Ministerio de Empleo explican que «se ha previsto que el usuario pueda cambiar su situación futura para que pueda plantear distintos escenarios y obtener información que le permita tomar las decisiones adecuadas para su futuro».

    Fotografía: Pixabay CCO Public Domain