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  • Obligación de declaración de bienes en el extranjero

    Obligación de declaración de bienes en el extranjero

    La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, ha establecido una nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero.

    Como novedad es necesario señalar que esta obligación de declarar determinados bienes no va ligada a un impuesto específico, sino que se trata de una declaración informativa genérica determinada por el criterio de residencia; así, deberán declarar los bienes y derechos situados en el extranjero todo residente en España, sea persona física o jurídica, que ostente bienes o derechos en el extranjero.

    Información a declarar

    La declaración se deberá realizar a través de la presentación telemática del Modelo 720 ante la Agencia Tributaria, y recogerá la información a declarar en tres bloques:

    Bloque 1. Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, de las que sean titulares o beneficiarios, o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.

    En este caso se deben declarar los saldos de todas las cuentas a 31 de diciembre de cada año y el saldo medio del último trimestre del año. No obstante, no existirá esta obligación de información cuando los saldos a 31 de diciembre ni los saldos medios del último trimestre superen la cifra de 50.000 €.

    En los casos en los que la titularidad corresponda a varias personas o entidades, se informará de los saldos totales sin prorratear, indicando el porcentaje de participación.

    Lo mismo ocurrirá respecto de cualquiera de los tipos de bienes y derechos recogidos en estos tres bloques de bienes con obligación de informar cuando existan varios titulares.

    Hay que destacar que no existe obligación de información sobre los planes de pensiones (de las aportaciones a los mismos) en tanto no se produzca la incidencia que da lugar al cobro de la pensión en modo de renta temporal o vitalicia (cualquiera que sea la modalidad del rescate, si como consecuencia se obtiene una renta debe informarse de la misma).

    Bloque 2. Información acerca de títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

    En este supuesto se debe declarar los saldos de estos valores y derechos a 31 de diciembre de cada año. No obstante, no existirá esta obligación de informar cuando los saldos o valores liquidativos a 31 de diciembre no superen la cifra de 50.000 €.

    Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad negociados en mercados organizados, con exclusión de las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se valorarán de acuerdo con el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año (artículo 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio).

    Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad (no negociados en mercados organizados), su valoración se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable. En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará conforme se establece igualmente en el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    Bloque 3. Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles (multipropiedad, aprovechamiento por turnos,…) situados en el extranjero, debiendo declarar el valor y fecha de adquisición en caso de bienes inmuebles y el valor de los derechos sobre dichos inmuebles a 31 de diciembre, según las reglas de valoración establecidas en el Impuesto Sobre el Patrimonio.

    No obstante, no existirá esta obligación de información cuando los valores de los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles, conjuntamente, no superen la cifra de 50.000 euros.

    Hay que reseñar que cada uno de los tres bloques de bienes constituye una obligación de información diferente, pero las tres obligaciones de información se articulan a través de un mismo modelo informativo. De este modo las tres obligaciones de información se cumplirían cumplimentando el Modelo 720 informando en él de todos los bienes y derechos respecto a los que exista obligación de informar.

    Respecto al plazo de presentación de esta nueva declaración informativa, es del 1 de enero al 31 de marzo de cada año. Sin embargo, con carácter excepcional esta primera vez la declaración informativa debe presentarse antes del 30 de abril de 2013 con la información relativa al ejercicio 2012.

    Una vez presentada la declaración del Modelo 720 respecto de una o varias de las obligaciones de información contenidas en el mismo), solamente deberá volver a presentarse este Modelo, cuando en relación con una o varias de estas obligaciones se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determino la presentación de la última declaración.

    Sanciones por no presentar la declaración informativa

    La no presentación de la declaración informativa será considerada una infracción muy grave y se aplicarán las correspondientes sanciones:

    – Con carácter general, una multa fija de 5.000 euros por cada dato no declarado, con una sanción mínima de 10.000 euros por cada bloque de información.

    – Para los particulares la sanción será de 100 euros por dato y el mínimo será de 1.500 euros, siempre que la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

    La inclusión de información incompleta o inexacta llevará aparejadas las mismas sanciones, y no se aplicará como eximente para el pago de estas sanciones el hecho de que esos bienes estén correctamente declarados en su país de origen. Se determina además que no cabe la prescripción de la obligación de informar, en lo que respecta a la fecha de origen de esos bienes y la aplicación de esta norma.

    Por lo tanto, de cara a evitar posibles infracciones y sanciones relativas a esta nueva declaración informativa, resulta muy conveniente realizar una valoración de los bienes y derechos situados en el extranjero para poder así determinar la existencia o no de la obligación de presentar esta declaración.

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal y Contable

  • Contrato de confidencialidad, el salvavidas de los secretos de empresa

    Contrato de confidencialidad, el salvavidas de los secretos de empresa

    El artículo 200 del Código Penal castiga al que descubra, revele o ceda datos reservados de personas jurídicas, sin consentimiento con penas de uno a cuatro años de prisión, multa e incluso inhabilitación profesional.

    El Tribunal Superior de Galicia validó en su sentencia del pasado 23 el despido de un trabajador por reenviarse a dos direcciones personales de email y con copia oculta un total de 196 correos electrónicos con información confidencial de la empresa. Una resolución que reabre un viejo debate en las ámbito de los directivos: ¿cómo puedo proteger los secretos de empresa?.

    El diario Expansión recoge el contenido de este caso en el que un trabajador sujeto a contrato de confidencialidad con la empresa reveló información confidencial y sensible no sólo su propia compañía, sino de otros trabajadores, como sus certificados médicos o sus partes de trabajo, así como el cuadrante de las vacaciones del personal.

    El tribunal consideró que este acto fue contrario a las «reglas básicas de la lealtad y honradez, con claro abuso de confianza en el desempeño del trabajo». Por ello, el TSJ de Galicia reconoce que este comportamiento implica un incumplimiento contractual grave que merece la máxima sanción de despido, según establece el artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores.

    Actualmente el Código Penal castiga en su artículo 200 con hasta cuatro años de prisión, multa y posible inhabilitación al que descubra, revele o ceda datos reservados de personas jurídicas, sin consentimiento. En el caso además de profesionales de la empresa relacionados con la actividad contable de la misma, aunque la ley penal no regula el delito de violar el secreto de la contabilidad, está indirectamente penado dentro de los delitos relativos al mercado y los consumidores y al descubrimiento y revelación de secretos.

    Por ello, y con el objetivo de garantizar en términos legales la protección de los secretos de empresa, el contrato de confidencialidad ofrece garantías para blindarse ante este tipo de actos, ya que la legislación de este ámbito considera desleal «la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente».

    Si desea consultar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por favor, visite el siguiente enlace.

    Arantza Gómez Larreina
    Departamento de Comunicación e Imagen

  • Nuevo reglamento de facturación

    Nuevo reglamento de facturación

    Con fecha 29 de enero de 2013 se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia el DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aplicable desde el 1 de enero de 2013.

    La normativa del Territorio Histórico de Bizkaia, en lo referente a facturación, está basada actualmente en dos disposiciones generales; el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las obligaciones de facturación, y la Orden Foral 1.868/2009, de 2 de julio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en dicho Decreto Foral.

    Más recientemente, el 13 de julio de 2010, se aprobó la Directiva 2010/45/UE por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que respecta a las normas de facturación, que debe trasponerse al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Con este cambio se pretende, entre otros objetivos, reducir las cargas administrativas de los sujetos pasivos, garantizar la igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas electrónicas, facilitar las transacciones económicas y contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos en la aplicación de la normativa reguladora de la materia.

    Así, el nuevo Reglamento no contiene una normativa muy diferente a la recogida en la anterior regulación; de hecho, se mantienen algunos de los preceptos anteriores con idéntica redacción y se han modificado exclusivamente los aspectos necesarios para no contravenir la nueva normativa europea en materia de facturación.

    Hay que destacar que se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques; se impulsa decididamente la facturación electrónica y se establece una nueva definición de factura electrónica (aquella factura que haya sido expedida y recibida en formato electrónico y garantizada mediante los controles de gestión usuales en la propia actividad empresarial o profesional).

    Además, se modifica el plazo para la expedición de las facturas, cuando el destinatario sea empresario o profesional, que antes era de un mes desde el devengo de la operación, y ahora deberán ser emitidas antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el curso del cual se hubiere realizado la operación.

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal y Contable

  • «No registrar la marca puede suponer la pérdida de identidad de tu empresa»

    «No registrar la marca puede suponer la pérdida de identidad de tu empresa»

    La abogada y especialista en propiedad intelectual e industral, Maitane Valdecantos, desvela a los clientes de ETAX ABOGADOS la importancia de proceder al registro de la marca como único sistema legal efectivo para ejercitar todos nuestros derechos en el tráfico económico y la explotación de nuestros productos o servicios.

    ¿Por qué es importante registrar la marca?

    El motivo fundamental por el que no sólo es importante, sino que es necesario proteger la marca, es precisamente que ésta, representa y transmite la trayectoria de la empresa, su competitividad y reputación, la esencia de lo que hacemos y del cómo lo hacemos.

    La adquisición de los derechos sobre la marca, en nuestra legislación, se produce con el registro válidamente efectuado de conformidad con la Ley, otorgándose el mismo, por un periodo de diez años desde la presentación de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de diez años indefinidamente.

    Las empresas, realizan inversiones elevadas (económicas y de tiempo) para dar a conocer sus productos y servicios, para concienciar sobre sus características, y hacer que se asocien e identifiquen los mismos, bajo una identidad, la marca que se ha creado para ello.

    Dichas inversiones pueden caer en saco roto, de no proceder al registro y protección de la marca, dado que si un tercero la registra, adquirirá los derechos de explotación de la misma.

    Únicamente el registro de la marca, faculta a su titular, por un lado, para su explotación y utilización en el tráfico económico para la diferenciación de sus productos con carácter exclusivo, y por otro lado, para impedir el registro y utilización de nuevas marcas idénticas o semejantes (tanto en denominación como en representación) para la comercialización de productos idénticos o similares, e incluso para productos distintos en caso de tratarse de marcas notorias y renombradas.

    ¿Qué riesgos corren aquellas empresas y particulares que no lo hagan?

    El no registro de la marca, acarrea innumerables consecuencias, pudiendo citar como fundamentales las siguientes:

    1) Pese a que la utilicemos en el tráfico económico, no tenemos la propiedad sobre dicho signo distintivo, por lo que otros particulares o empresas, podrán hacer uso del mismo signo distintivo; y

    2) Cualquier tercero podrá registrar la marca que hemos venido utilizando, y obligarnos a dejar de utilizarla a nosotros, a pesar de que su registro sea posterior a nuestra utilización.

    Estas dos consecuencias citadas, engloban la consecuencia fundamental de la pérdida de identidad, la pérdida de la cualidad de «poder ser diferentes y únicos», la pérdida de nuestra supremacía en el mercado.

    No hay que olvidar que nuestros clientes y potenciales clientes, asocian nuestra imagen corporativa con nuestra forma de trabajar, nuestro grado de excelencia, la calidad de nuestros productos y servicios, y es la marca, la que permite diferenciar ese compendio intangible que transmite nuestra filosofía social.

    Podemos trabajar e invertir durante años para generar marca, y perder todo ese esfuerzo en cuestión de minutos.

    ¿Es Internet un entorno especialmente propenso a la suplantación de identidad empresarial?

    Obviamente, Internet es un entorno propicio para las vulneraciones de marcas, para la utilización de marca ajena. Es un nuevo medio que democratiza el acceso y facilita nuevos canales de marketing y distribución, creando un entorno perfecto para el contacto directo de los clientes con las marcas, y por tanto, para la utilización de marcas ajenas de forma fraudulenta, para alterar las condiciones del libre mercado y de la competencia leal.

    Existen y han existido siempre las imitaciones y falsificaciones de marcas, y las utilizaciones de marcas ajenas, especialmente de las de reconocido prestigio, pero con el nacimiento y desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías, está extendiéndose cada vez más, la práctica del uso de marcas registradas ajenas como palabras clave, para atraer al consumidor que utiliza los motores de búsqueda en Internet.

    Con ello nos referimos al uso de las marcas como Meta-tag (incorporación del signo distintivo en un apartado específico del código fuente de un documento HTML y que sugieren a los buscadores cuál es el contenido de la página web que corresponde), Keyword (palabra clave que se adquiere en un buscador y que da lugar a que aparezca un anuncio publicitario cuando se introduce dicha palabra) o Adword (sistema keyword utilizado por Google para la publicidad patrocinada).

    Este uso de marcas ajenas como palabras clave, es un recurso de los infractores para redirigir al consumidor que navega en Internet, a través de motores de búsqueda, hacia sus propias páginas web.

    ¿Cómo podemos defendernos ante una agresión a nuestra marca en la red?

    Las infracciones de los derechos marcarios, se vienen realizando tanto online como offline. El procedimiento en el que ampararnos, será en todo caso el mismo.

    En primer lugar, debemos siempre registrar nuestra marca en todas aquellas clases de productos y servicios en las que vamos a utilizarla. Éste es el primer paso para poder protegernos de manera efectiva y defendernos de las utilizaciones ilícitas ajenas de nuestro signo distintivo.

    Una vez registrada la marca, es fundamental hacer, por un lado, un seguimiento oficial (de las nuevas marcas cuyo registro se solicita en la Oficina correspondiente) para oponernos a todo signo distintivo que entre en conflicto con el nuestro, y por otro lado, un seguimiento y análisis a través de los buscadores introduciendo nuestra marca, para comprobar qué direcciones web nos muestra.

    Una vez acreditada la infracción marcaria, procedería el inicio de acciones legales frente al infractor, conforme a los artículos 41 y siguientes de la Ley17/2001 de Marcas.

    ¿Cuál es el procedimiento a seguir para aquellos que deseen registrar su marca?

    Es un procedimiento administrativo, en el que se presenta una solicitud del registro de marca que se pretende, con todos los datos identificativos de su titular, e identificativos del propio signo distintivo, ante el Organismo Oficial que corresponda en su caso (en caso de registro a nivel nacional en España, se dirigirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas) y quedaremos protegidos desde el momento en que dicha solicitud se presenta, de tal forma, que si se concede el registro de nuestra marca, se concederá con efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud.

    ¿Qué factores debemos tener en cuenta antes y después de hacerlo?

    Antes de presentar la solicitud de registro de marca, debemos tener en cuenta dos factores fundamentales: 1) cómo queremos que sea nuestra marca y 2) qué productos y servicios queremos marcar en el tráfico económico con el signo distintivo a registrar.

    No existe una fórmula clara que funcione en todo tipo de circunstancias y en todo tipo de productos o servicios, pero hay ciertas características, que coexisten en las marcas que triunfan:

    a) Que el signo distintivo sea exclusivo y memorable

    b) Que tengan una vocación clara de orientación hacia el consumidor

    c) Que distribuyan sus productos y servicios online y offline (clicks and mortar)

    d) Que creen valor emocional de marca (vinculación del consumidor con la marca)

    Después de registrar la marca, es fundamental hacer un seguimiento del respecto a los derechos que otorga la misma. Hay que recordar, que aunque los derechos de Propiedad Intelectual son concedidos por el Estado, es responsabilidad del titular asegurar que sus derechos no sean infringidos y en caso de que así fuera, tomar las acciones apropiadas y perseguir a los infractores.

    ¿Qué coste puede llegar a alcanzar?

    El coste varía en función del ámbito de protección en que se solicite su registro, y en función de las clases de productos y servicios en que se pretenda registrar.

    Es decir, podemos registrar la marca como marca comunitaria, como marca internacional, o como marca nacional (en España o en cualquier otro país, únicamente con efectos de protección en ese país en concreto), y en función de la opción que tomemos, el coste será superior o inferior.

    De igual modo, podemos registrar la marca, para la clase 38 de la Clasificación de Niza, relacionada con las telecomunicaciones, o para dicha clase, para la 35 relacionada con el marketing y la publicidad, y en la 45 relativa a servicios jurídicos, y en función de para cuántas clases solicitemos el registro, el coste será superior o inferior.

    En todo caso, el registro de una marca nacional en España para una clase de productos y servicios, no suele superar los 500 euros, con los honorarios del profesional que lo tramita incluídos.

    Si lo desea, puede completar esta información con el vídeo «ETAX ABOGADOS: ¿Por qué es importante registrar la marca?»:

    Maitane Valdecantos Flores. Departamento Legal
    Arantza Gómez Larreina. Departamento de Comunicación e Imagen

  • ¿Cómo, cuándo y a quién reclamar los defectos constructivos de las edificaciones?

    ¿Cómo, cuándo y a quién reclamar los defectos constructivos de las edificaciones?

    Con este Informe vamos a intentar explicar de manera práctica y sencilla como se debe de actuar, los plazos que la ley otorga y las personar ante las que se pueden reclamar los defectos constructivos de las viviendas.

    Para ello, es necesario en cada una de sus vertientes diferenciar, tal y como hace la propia Ley de Ordenación de la Edificación, cada uno de los tipos de vicios o defectos puesto que los plazos para su reclamación difieren.

    Antes de iniciar el análisis, y en base a muchas dudas que nos han planteado, hay que dejar claro que todo vicio constructivo va inherente a la vivienda, es decir, no tiene nada que ver con la titularidad de la misma ya sea una nueva adquisición o se trate sin embargo de compra ventas posteriores, la reclamación a los promotores, constructores y arquitectos, siempre que se realice dentro de las garantías y plazos que la ley indique es siempre valida.

    Tras esa pequeña introducción vamos a empezar como es habitual mencionado la normativa principal que va a regir estas reclamaciones:

    Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación

    Es importante saber antes de analizar la problemática, que los plazos que posteriormente analizaremos no comienzan a contar desde la fecha del contrato de compraventa, esta es una creencia errónea muy extendida, los plazos comienzan a contar desde el Acta de Recepción de la Obra por el promotor. A falta de este dato, lo mejor es contar a partir de la fecha del Certificado Final de Obra, dato que podemos consultar en el Libro del Edificio que nos debe entregar el promotor, o en su defecto, en el Expediente de Licencia de Primera Ocupación en el Ayuntamiento de nuestra localidad.

    Dicho esto pasamos indicar tal y como e la propia ley de Ordenación de Edificación:

    1. Tipos de Defectos y Plazos de Garantías (Art. 17 Ley de Ordenación de Edificación)

    • Tienen 1 año de garantía: los defectos en elementos de terminación o acabado de las obras.
    • Tienen 3 años de garantía: los defectos que impiden alcanzar condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el interior de la vivienda o en el edificio y los defectos que causan deterioro del medio ambiente en su entorno inmediato por impedir una gestión adecuada de toda clase de residuos.
    • Tienen 10 años de garantía: los defectos que afectan a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometen de modo directo la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

    2. Agentes Interventores en la edificación y responsables de los posibles defectos constructivos aparecidos

    Los agentes que participan en la edificación, es decir, arquitecto, aparejador, constructor y promotor pueden ser responsables de diferentes defectos que acontezcan en base a los informes técnicos que indiquen los orígenes ya que es la propia Ley de Ordenación de la Edificación la que indica cuales son las obligaciones que cada uno de ellos debe cumplir para que una edificación sea realizada correctamente. Cada uno es responsable de su trabajo.

    Si dentro del plazo aparece un defecto garantizado por ley, hay que averiguar cuál es la causa de dicho defecto para a continuación establecer quién o quienes, de entre todos ellos, son los responsables de dicha causa.

    Por ley, el Promotor responde en todo caso. No obstante, es aconsejable dirigirnos también a los demás intervinientes responsables para que todos se vean implicados en la solución del problema.

    3. Prueba de Defectos

     Ante la aparición de cualquier defecto lo primero que hay que mirar es el plazo de garantía, en caso de estar efectivamente dentro de este plazo, lo que hay que hacer es preconstituir una prueba fehaciente de la aparición del mismo y del momento en el que ha aparecido, generalmente y para que no pueda generar ningún tipo de duda lo aconsejable es realizar un acta notarial.

    4. Plazos de reclamación extrajudicial y judicial: Art.18 Ley de Ordenación de Edificación

    Una vez que aparecen los defectos – y preconstituimos la prueba de ello- el plazo para reclamar al promotor o a los demás intervinientes en la obra que reparen a su costa el defecto constructivo es de dos años desde la aparición del defecto.

    Este plazo es totalmente distinto a los anteriores y se refiere al plazo para reclamar, extrajudicial o judicialmente. Es decir, al plazo para exigirles que nos solucionen el problema. Del juego conjunto de ambos plazos puede resultar un plazo para ir al juzgado mayor o menor. Mucho cuidado pues se puede perder la posibilidad de reclamar al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación.

    5. Procedimiento a seguir para realizar la reclamación

    Una vez que se descubren los defectos en la construcción se contrata a un arquitecto para evaluarlos, la consideración del profesional deberá registrarse en un informe, por escrito. Este documento que recoge su opinión es el dictamen y en él debe constar:

    • Una enumeración de los fallos.
    • Las causas de esos defectos.
    • Las posibles soluciones técnicas.
    • Un presupuesto orientativo para llevarlas a cabo.

    Es preferible que el arquitecto determine, si es posible, quién o quiénes son los profesionales responsables directos del problema. Hay que solicitar que el Colegio de Arquitectos avale el dictamen. Además de figurar la opinión del experto, debe haber una instancia superior que la refrende. Este procedimiento, denominado visado, actúa como un visto bueno y da mayor peso al informe.

    Una vez se disponga del dictamen del profesional visado por el Colegio de Arquitectos,se debe de presentar la reclamación ante el promotor y demás personas responsables mediante un escrito en el que se reclamara la reparación de los defectos alegando encontrase en plazo de garantía y se adjuntará el informe tecito visado.

    Pasado el plazo que inicialmente indiquemos en la reclamación para que de respuesta el promotor y demás responsables sin obtener contestación alguna, solicitemos mediante demanda el juzgado y adjuntando todos los documentos anteriores iniciar la reclamación por vía judicial.

    Para finalizar, y como resumen, indicaremos de manera más concisa los pasos a seguir ante la aparición en la vivienda de un vicio o defecto reclamable:

    Lo primero que hay que mirar es si efectivamente es un vicio o defecto reclamable, después analizaremos si nos encontramos en el plazo de garantía. A partir de aquí hay que obtener una prueba fehaciente del momento de aparición del defecto. Desde eso momento se dispone de dos años para iniciar cualquier tipo de reclamación.

    Para iniciar la reclamación se solicitará un informe técnico que contenga enumerar los defectos, las causas, las posibles soluciones y los posibles responsables. Dicho informe deberá de ir visado por el Colegio de Arquitectos para que tenga más fuerza probatoria. A partir de aquí se iniciarán las reclamaciones, inicialmente amistosas con los responsables y ante la falta de actuación por estos a través de la vía judicial.

    Amagoia Inchausti Bocos
    Departamento de Derecho Inmobiliario

    Foto: HooLengSiong (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • El impacto del despido colectivo tras la reforma laboral

    El impacto del despido colectivo tras la reforma laboral

    Mediante este artículo se pretende realizar un análisis de la situación del despido colectivo después de la Reforma Laboral, con objeto de clarificar cómo debe realizarse a partir ahora este tipo de despido.

    1. Introducción

    El Real Decreto-Ley 3/2012 (convertido la Ley 3/2012 de 6 de julio), de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral introdujo modificaciones esenciales en la regulación del despido colectivo, modificando así el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores:

    “Se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte al menos a:

    1. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
    2. El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
    3. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen a más de trescientos trabajadores.

    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

    Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

    También se entenderá como despido colectivo, la extinción de contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas que hemos visto anteriormente.

    El despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este período de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.

    La citada consulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.

    La comunicación de apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a la autoridad laboral…”.

    1. El despido colectivo, la causa principal de los ERE

    El expediente de regulación de empleo, abreviado con sus siglas ERE, es un procedimiento administrativo presentado por las empresas, o por los responsables legales de los trabajadores, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones de trabajo o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

    Según el Estudio Jurídico Vizcaíno Casas, un expediente de regulación de empleo supone un despido colectivo.

    Como ya hemos mencionado anteriormente, la nueva Reforma Laboral (Ley 3/2012), ha introducido modificaciones en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores destinado al Despido Colectivo. Entra todas ellas, destaca la supresión de la exigencia de obtención de autorización administrativa, que constituía un mecanismo de control del cumplimiento de los requisitos formales, de manera que, tras la entrada en vigor de la reforma, dicho control se realiza después, es decir, una vez se han ejecutado los despidos a través de la impugnación de los mismos ante la jurisdicción social.

    La Autoridad Laboral ahora asume funciones de carácter asistencial, que podrían entenderse encuadradas como funciones de control de cumplimiento de requisitos formales, siendo conveniente que tal posibilidad se previese de forma expresa en la normativa de desarrollo.

    Citamos algunas sentencias han recaído desde la entrada en vigor de la reforma: TSJ de Cataluña en Sentencia de 23 de mayo de 2012, TSJ de Madrid en Sentencia de 30 de mayo de 2012…, que declaran la nulidad del despido colectivo por inobservancia de requisitos formales.

    Hasta ahora, la mayoría de compañías que querían aplicar un ERE (Expediente de Regulación de empleo) pactaban con el comité de empresa las compensaciones, ya que de este modo, la autoridad laboral no se oponía si no existían irregularidades legales. Para lograr el pacto, las indemnizaciones solían ser más elevadas. Ahora, sin embrago, la empresa solicitará el ERE alegando una de las causas establecidas para lograrlo. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente.

    Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Por tanto, se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización por despido procedente, la más baja (20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades).Las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas. También si tienen «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos.

    Debemos de hacer mención una nueva exigencia en materia de procedimiento de este tipo de despido: además de la existencia de la fase inicial del ERE, cuya regulación a excepción de la supresión de la autorización administrativa permanece inalterada, existe una fase individual, consistente en la necesidad de justificar en la carta de despido en qué medida las causas (que con carácter general debían de haber sido previamente alegadas y debidamente documentadas) habilitan para la extinción procedente de los contratos de trabajo que se pretenden. La Sentencia del TSJ País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 21 de febrero de 2012, nos indica que no basta con hacer referencia a una de las causas legales de extinción, siendo imprescindible que se especifiquen los hechos concretos que motivan de decisión extintiva para que el trabajador pueda ejercer con garantía su derecho a impugnarla. Citamos la doctrina jurisprudencial, reproducida, en sentencias como las de fecha 19 de septiembre y 30 de septiembre de 2012 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que en estos casos no concurren los criterios de suficiencia, no se indican cifras de ninguna especie ni dato que permita al despedido poder comprobar la realidad de alguna manera.

    Desde que entró en vigor las nuevas medidas de reforma laboral se han disparado los ajustes en las empresas, sobre todo han aumentado los despidos colectivos. El número de trabajadores afectados por ERE se ha duplicado en la CAV en los siete primeros meses de 2012 respecto al año pasado.

    Como se ha mencionado anteriormente, el despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este período de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.

    Actualmente, se han anulado despidos colectivos por no respetar el proceso de consultas con los sindicatos, por no presentar la documentación necesaria para justificar la medida, por no abonar la indemnización legal correspondiente, por detectar los jueces irregularidades durante el mismo como abrir negociaciones individuales con los trabajadores saltando por encima del comité,…etc. (Sentencia de 22 de junio 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

    ¿Lo pactado en un ERE anterior vincula? Claro que sí. Pretender desvincularse de la obligación que una empresa contrae en un ERE anterior, resulta contrario a las reglas de la buena fe, atacando así la confianza suscitada en la parte social por los propios actos de la empresa (STSJ de Madrid de 11/06/2012).

    ¿Puede una empresa iniciar trámites para proceder a un despido colectivo después de que los trabajadores presenten demanda de extinción de contratos por retraso en el abono de salarios? No. La Sentencia de 9 de julio de 2012 del TSJ de Murcia, expone que se trata de un despido colectivo nulo. Se trata de una actuación en fraude de ley. En este supuesto, la empresa inicia el expediente de manera veloz y sin cumplir las garantías mínimas derivadas de un estéril periodo de consultas (4 días), despidiendo a un buen número de trabajadores que tenían pendiente un juicio sobre la misma cuestión. Se trata de un fraude de ley de carácter procesal, pues se inicia un expediente de despido colectivo con la finalidad de reducir la indemnización de 45 a 20 días, y con incidencia sobre los procesos ya iniciados, quedando demostrada la verdadera intención empresarial.

    Cabe señalar la Sentencia de 25 de junio de 2012 de la AN (Sala de lo Social sección 1ª), donde declara nulo un despido colectivo por actuación fraudulenta, dado que se presentó un despido colectivo con los mismos objetivos que un ERE presentado con anterioridad, con la

    intención de sustraerse del procedimiento legal y beneficiarse de un procedimiento más flexible que el precedente.

    Destacamos la importancia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de julio de 2.012, que califica de nulo por incumplimiento de los requisitos formales legal y reglamentariamente establecidos, así como por inexistencia de acreditación de la causa económica alegada (previsión de pérdidas) el despido colectivo efectuado. El tribunal entiende que no se acredita la causa objetiva económica alegada (previsión de pérdidas), debiendo existir una causa concreta y próxima y objetiva que justifique la extinción y destrucción de empleo, y no la mera conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio. Finalmente, el Tribunal entiende se comete igualmente por la empresa un abuso de derecho, e incumplimiento de los requisitos formales establecidos legal y reglamentariamente, al no poner a disposición de la representación legal de los trabajadores la obligatoria información económica y contable, que por otra parte obraba en su poder a la fecha de la iniciación del expediente.

    Cuando el despido colectivo afecta a varios centros de trabajo, ¿son posibles las negociaciones por centros? No. El periodo de consultas, constituye el centro de gravedad del despido colectivo y traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 1998/59 /CE, del Consejo, cuya finalidad es asegurar la información, la consulta y la participación de los trabajadores. Las negociaciones por centros de trabajo convierten al despido colectivo en Despido Nulo. Ni la Directiva un el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores contemplan la posibilidad de parcelar el proceso de negociación por centros de trabajo. Se apuesta por un proceso único, con resultado homogéneo para la totalidad de los trabajadores afectados por la decisión extintiva empresarial. (Sentencia de 25 de julio de la AN (Sala de lo Social 1ª)).

    ¿Existe libertad empresarial a la hora de la elección de los trabajadores que quiere despedir? En principio si. Salvo criterios conculcadores de derechos fundamentales o libertades públicas o caso de fraude de ley, la empresa puede elegir el trabajador que quiera despedir (Sentencia de 21 de febrero del TSJ País Vasco). El Ordenamiento Jurídico Español no regula los criterios de selección que puedan tenerse en cuenta por el empresario para determinar aquellos trabajadores que van a resultar afectados por un despido colectivo. Solamente establece una prioridad de permanencia en la empresa para los representantes de los trabajadores y para los trabajadores integrantes de los servicios de prevención y delegados de prevención. El control judicial queda reducido, a aquellos casos en que el trabajador afectado aporte indicios de discriminación o vulneración de un derecho fundamental, a los casos en que no se respeten el derecho de permanencia, o cuando se actúa con fraude de ley o abuso de derecho.

    3.- Resumiendo…

    Desde que entro en vigor las nuevas medidas para la reforma del mercado laboral en el mes de febrero, se han disparado los cambios en las empresas, utilizando sobre todo los despidos colectivos, tramitados mediante los ERE.

    Los despidos colectivos tienen que estar fundamentados en causas económicas, organizativas o de producción.

    Ya no es necesario que el ejecutivo autonómico o central dé su visto bueno a un expediente, lo que facilita el terreno a los empresarios para acomodar la plantilla a sus necesidades. No obstante el despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores.

    Pero prácticamente la única manera de poner freno a un ERE, es impugnarlo ante la jurisdicción social.

    Hoy en día, acudir a los jueces es la única salida que tienen los trabajadores para hacer frente a la voluntad unilateral del empresario.

    Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

    Patricia-Cavada-Blog
    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Phil and Pam Gradwell (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Valoración de empresas: qué es, para qué y cómo hacerlo

    Valoración de empresas: qué es, para qué y cómo hacerlo

    Podemos definir el valor de una empresa como aquella cualidad convencional de la misma que le es atribuida como consecuencia de un cálculo o de una peritación.

    Valorar una empresa puede ser necesario por diversos motivos:

    • Adquisiciones o ventas de empresas
    • Fusiones
    • Establecimiento de acuerdos de compraventa
    • Capitalización de una empresa
    • Valoración de activos intangibles (fondo de comercio)
    • Obtención de líneas de financiación
    • Valoraciones patrimoniales
    • Valoraciones fiscales
    • Compraventa de acciones
    • Herencias
    • Confirmación de otras valorizaciones. «Segunda opinión»
    • Valoración de paquetes accionariales minoritarios
    • Suspensiones de pagos.

    Es importante señalar el interés de los responsables de pequeñas y medianas empresas en saber el valor de las mismas, basado fundamentalmente en la propia evolución de nuestro entorno, el cual es cada vez más complicado, y en el que, las dimensiones de las empresas son un factor competitivo a tener en cuenta. Es, por esta razón, por la que la vía de las fusiones y adquisiciones es una de las que estos responsables tienen presentes en las tomas de decisiones, y para ello es fundamental conocer el proceso valorativo de las empresas.

    Hay que tener en cuenta también que es distinto el «valor» de una empresa que el «precio» de la misma.

    El valor es una cualidad convencional que le es otorgada como consecuencia de un cálculo o una peritación. Realmente, el valor, es una opinión.

    El precio es el importe realmente satisfecho en una transacción El precio, es una realidad.

    Método de valoración de empresas

     Ya hemos adelantado en el apartado anterior que la valoración de una empresa es un ejercicio de sentido común que requiere unos conocimientos técnicos. Estos conocimientos se aplicarán al elegir el método más adecuado para cada empresa y también para llevarlo a cabo.

    A continuación presentamos una síntesis de los métodos de valoración más usuales. Los principales métodos de valoración se pueden clasificar en tres grandes grupos:

    • Métodos estáticos: se basan en el patrimonio.
    • Métodos comparativos o por multiplicadores: se basan en las expectativas de beneficio.
    • Métodos dinámicos: son la conjunción de los dos métodos anteriores, basando su análisis tanto en el patrimonio como en las expectativas de beneficio.
    • Metodos mixtos: basados en el fondo de comercio o goodwill.

    A continuación describiremos brevemente los cuatro grupos de métodos de valoración, pero cabe mencionar que los métodos cada vez más utilizados, y conceptualmente correctos son los basados en los descuentos de flujos de fondos (cash flows), que consideran a la empresa como un generador de flujos de fondos y que es por ello valorable como un activo financiero.

    1. Método estáticos. Valor patrimonial

    Estos métodos consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente en su balance. Proporcionan el valor desde una perspectiva estática que, por tanto, no tiene en cuenta la posible evolución futura de la empresa, el valor temporal del dinero, ni otros factores que también le afectan como pueden ser: la situación del sector, problemas de recursos humanos, de organización, contratos, etc.; que no se van reflejados en los estados contables.

    Entre estos métodos podemos mencionar los siguientes: valor contable, valor contable ajustado, valor de liquidación y valor sustancial.

    • El valor contable de las acciones es el valor de los recursos propios que aparecen en el balance (capital y reservas).
    • El valor contable ajustado, es el resultado de ajustar los valores de los activos y de los pasivos a su valor de mercado.
    • El valor de liquidación, es el valor de una empresa en el caso de que se vendan sus activos y se cancelen sus deudas, es decir, en el caso de que se proceda a su liquidación. Este valor se calcula de deduciendo del patrimonio neto ajustado los gastos de liquidación del negocio (indemnizaciones a empleados, gastos fiscales,..)
    • El valor sustancial, representa la inversión que debería efectuarse para constituir una empresa en idénticas condiciones a la que se está valorando, también puede definirse como el valor de reposición de los activos, bajo el supuesto de continuidad de la empresa.

    2. Método comparativos o por multiplicadores

    Se trata de encontrar unos ratios de valor representativos de un sector («comparables») extrapolables a la empresa que intentamos valorar. La mayor dificultad está precisamente en encontrar empresas que sean «buenos» comparables (mismo tamaño, estructura financiera, país, mismo tipo productos/servicios)

    Esta valoración se utiliza mucho para obtener rangos de valoración de forma rápida, aunque suele ser complementaria al DCF (método de descuento de flujos de caja) que veremos a continuación.

    Estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa a través de la magnitud de los beneficios, de las ventas o de otro parámetro de la cuenta de resultados.

    Múltiplo de los beneficios: PER

    El PER (Price Earning Ratio) es un método de valoración por medio del cual se considera que el mercado está valorando las empresas en función de los beneficios que obtiene, en este caso el indicador fundamental utilizado es la capacidad de obtención de beneficio. Su forma de cálculo es muy sencilla, siendo:

    Valor Empresa: Para empresas cotizadas es el importe de capitalización bursátil en el periodo de cálculo del PER. (Nº de acciones x Valor de la acción).

    Beneficio: Normalmente suele ser el beneficio neto obtenido en el periodo de cálculo de PER, aunque lo ideal es calcular el beneficio medio obtenido por la empresa en varios periodos, ya que este demuestra la verdadera capacidad de generación de beneficios de la empresa, con lo que el PER no se verá afectado por la posible obtención un beneficio atípico (extremadamente alto o bajo) en un periodo determinado.

    Esta ratio nos indica el número de veces que el beneficio está incluido en el valor de la empresa, o lo que es lo mismo, el número de años de beneficio que se necesitarán para recuperar el precio pagado por la empresa.

    Múltiplo de las ventas, consiste en calcular el valor de la empresa multiplicando sus ventas anuales por un número. Es habitual, por ejemplo, valorar una farmacia, multiplicando por 2 sus ventas anuales o por otro numero dependiendo de la coyuntura del mercado.

    EBITDA: es el ratio de beneficio antes de amortización, intereses e impuestos.

    El Ebitda (acrónimo que responde a Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) es un ratio que se ha consolidado en los últimos años, como el indicador más utilizado para medir la rentabilidad operativa de una empresa. Este ratio es una buena medida para realizar una aproximación rápida al valor de la empresa y para ser utilizado como referencia de lo que se está pagando el mercado por empresas comparables.

    El Ebitda se calcula a partir del resultado final de explotación de una empresa, sin incorporar los gastos por intereses o impuestos, ni las disminuciones de valor por depreciaciones o amortizaciones, para mostrar así lo que es el resultado puro de la empresa. Por lo tanto, los elementos financieros (intereses), tributarios (impuestos), externos (depreciaciones) y de recuperación de la inversión (amortizaciones), deben quedar fuera de este indicador. El propósito del Ebitda es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio.

    Es un resultado bruto, tal y como lo refleja la descripción.

    3. Métodos dinámicos

    Conceptualmente estos métodos tratan de determinar el valor de la empresa en función de la capacidad de ésta de generar flujos de dinero en el futuro, para luego descontarlos a valor actual en función de una tasa de riesgo en consonancia con el riego/rentabilidad inherente a cada negocio.

    Descuento de flujos de caja libres: el Free cash flow, también llamado flujo de caja libre, es el flujo de fondos operativo, esto es, el flujo de fondos generado por las operaciones, sin tener en cuenta el endeudamiento y después de impuestos. Es el dinero que quedaría libre en la empresa después de haber cubierto las necesidades de reinversión en activos fijos y en necesidades operativas de fondos, suponiendo que no existe deuda, y que por lo tanto no hay cargas financieras.

    Descuento de flujos de caja de los accionistas: Utiliza los flujos de caja para el accionista, descontados a la tasa denominada Ke (coste de los recursos propios). No se resta la deuda, ya que los flujos incluyen los pagos financieros. El flujo de caja para el accionista equivale al dividendo teórico.

    El descuento de dividendos: es equivalente al método anterior, pero teniendo en cuenta todas aquellas restricciones legales o pactadas que afecten al reparto de dividendos

    4. Métodos mixtos o basados en el fondo de comercio

    El fondo de comercio es, en general, el valor que tiene la empresa por encima de su valor contable o por encima del valor contable ajustado. Pretende presentar el valor de los elementos intangibles de la empresa (liderazgo sectorial, calidad cartera de clientes, marcas, alianzas estratégicas…), que la mayoría de las veces no aparece reflejada en el balance de la misma, pero que sin embargo, aporta una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector y es, por tanto, un valor a añadir al activo neto si se quiere efectuar una valoración correcta.

    Estos métodos parten de un punto de vista mixto: valoran por un lado los activos de la empresa (valoración estática), y por otro lado añaden dinamicidad porque tratan de cuantificar el valor que generará la empresa en el futuro, basando esta cualidad de generar beneficios en el fondo de comercio.

    Son los métodos menos utilizados, por lo que solo detallaremos un par de ellos.

    El método de valoración clásico calcula el valor de la empresa:

    V= A + (n*B)

    Siendo A el valor del activo neto, n un coeficiente comprendido entre 1 ,5 y 3, y B el beneficio neto.

    El método de los prácticos calcula el valor:

    V= (A+B/i)/2

    Siendo el i el tipo de interés de los títulos de renta fija del Estado a largo plazo.

    Como se ha podido comprobar existen numerosos métodos de valoración. Los más utilizados, varían en sofisticación y objetivos, y cada uno tiene sus correspondientes ventajas y desventajas. Han de ser utilizados con cuidado, ya que cada uno de ellos puede ser más apropiado según en qué circunstancias (disponibilidad de información acerca de la compañía y el mercado, límites de tiempo, presupuesto para su realización…).

    En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que lo más adecuado es no confiar en un solo método de valoración, sino que, con el fin de obtener una estimación realista y precisa del valor de una empresa, lo recomendable es comparar y complementar los resultados de, por lo menos, dos métodos de valoración diferentes.

    Patricia Arranz Quirós
    Economista

    Foto: kiki99 (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Celebración del décimo aniversario del Asador Ripa

    Celebración del décimo aniversario del Asador Ripa

    Los socios de la Firma Santiago Jauregui, Florentino Jauregui y Jorge Escobal acuden como invitados a la celebración del décimo aniversario del Asador Ripa.

    En febrero del año 2002, Mikel Bustinza inauguraba el Asador Ripa en el Muelle Ripa, ubicado frente al Ayuntamiento de Bilbao. Diez años después, celebró ayer su onomástica con una comida de tiros largos a la que invitó a algunos de sus mejores amigos. Toni Bustinza, hijo de Mikel y de Jayne Hardcastle, que es la encargada de atender las brasas del local, fue el encargado de organizar el festejo. Toni es un apasionado de las nuevas teconologías. Está intentando que las nuevas generaciones se acerquen al restaurante. Para ello ha incorporado las redes sociales a la vida del restaurante. Por ejemplo, todo aquel que contacte con ellos a través de twiter y les haga el encargo de lo que desea comer tendrá un importante descuento en la cuenta final. Para ello es imprescindible que el cliente haya pasado previamente por el local y le hayan asignado una clave de usuario y una contraseña. Podrá contactar con ellos a través del móvil, tablet u ordenador. Esta es una manera de saber qué productos, y en qué cantidades, se necesitan cada día en el restaurante. Es una manera de controlar el gasto y no derrochar en exceso.

    En la comida de ayer el personal pudo disfrutar de un menú compuesto íntegramente por productos ecológicos. Dispusieron, para el deleite del personal, terrina de paté de setas de los montes cercanos, croquetas de hongos, níscalos y alubias con todos sus sacramentos. En el ágape estuvieron el micólogo José Antonio Muñoz, Javier Cubero, Jon Sánchez, que fuera concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Ricardo Barkala, actual edil del Consistorio, Marcos Muro, Maite Mancisidor, que llevaba en brazos al pequeño Peio Bustinza, Santiago y Tino Jáuregui, de Eurotax Abogados, Jorge Escobal, Pieter Monsma, que en la comida descubrió sus habilidades matemáticas, Txema Bilbao, Yolanda Castrillo, Adolfo Arnaiz, Gonzalo Fuentes, Julio Arrizabalaga, de Comercial MG Norte, Luis María García, Jon Estankona, el fotógrafo Sabin Angoitia, Jon Andoni Bengoetxea y Javier Pérez, director ténico del Grupo Vinícola Marqués de Vargas, que presentó los caldos, con los que se hizo la cata, Albariño Pazo San Mauro 2010, Marqués de Vargas reserva 2007 y Marqués de Vargas reserva privada 2005, elaborado en Ribera del Duero, vino al que el gurú Robert Parker ha calificado con 91 puntos.

    Asimismo acudieron Luis Felipe Domínguez, Mitxel Díez, Herminio Peña, Andoni Arejita, Iker Etxebarria, Jorge Boulandier, Gentza Gallastegi, Andoni Castaños, Soledad Souza, Iñaki Etxebarria, el doctor Gervasio Ruiz, Roberto Etxebarria, Iñaki Atxutegi, Joseba Ostolaza, representante de la bodega Heras Cordón, Gontzon Rodríguez, Enrique Caballero, Mikel Barona, Alex Rodríguez, Aitor Angoitia «Bracco», de El altar de Santa Polonía, ubicado en Durango, y Mikel Landa, corredor del equipo ciclista Euskaltel Euskadi.

    Fuente: El Correo (La Mirilla)

  • Principales claves para entender la reforma laboral

    Principales claves para entender la reforma laboral

    1.- ¿Tienen los trabajadores derecho a formación?

    Se apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales.

    Para ello la reforma incluye el derecho a 20 horas de formación anuales pagados por la empresa para los trabajadores con más de un año de antigüedad. El contenido de la actividad formativa tiene que estar relacionado al puesto de trabajo. Se creará una cuenta de formación que recogerá la recibida por el trabajador a lo largo de su vida laboral.

    Habrá un contrato para la formación y aprendizaje, en el que se amplía la edad máxima de 30 años para acceder a este tipo de contratación hasta que la tasa de desempleo baje del 15%, entonces bajará hasta los 25 años. Existen reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social para este tipo de contratos.

    Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para actuar como agencias privadas de colocación (colaboración público-privada), ya que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Las empresas de trabajo temporal colaborarán con los servicios públicos de empleo en la colocación de trabajadores.

    2.- ¿Qué ayudas hay para jóvenes desempleados?

    Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores: Creación de un contrato indefinido para emprendedores, empresas de menos de 50 trabajadores, que incluye una deducción en la cuenta fiscal de la empresa de 3.000 euros para el primer trabajador menor de 30 años, que esté en desempleo. El periodo de prueba de este contrato será de un año. Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, el trabajador podrá cobrar durante un tiempo un 25% de la prestación de la prestación de paro y el empleador deducirse fiscalmente el 50% del coste para la empresa, pero solo durante un año.

    Asimismo, se racionaliza el sistema de bonificaciones para la contratación indefinida, con independencia de los incentivos fiscales mencionados anteriormente. Para contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo se darán las siguientes bonificaciones:

    1. Jóvenes entre 16 y 30 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación de hasta 3.000 euros en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante 3 años. La bonificación se incrementa según aumenta la antigüedad del trabajador. En el primer año será 1.000 euros, el segundo 1.100 euros y el tercer año 1.200 euros (se aplicarán 100 euros más si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).
    2. Parados de larga duración: bonificaciones de hasta 4.500 euros en las cuotas de la Seguridad Social por la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años (en desempleo, al menos 12 meses de los 18 anteriores). La bonificación se incrementa según aumenta la antigüedad del trabajador, 1.300 € en el primer año, 1.300 € en el segundo y 1.300 € en el tercer año de contrato (se elevarán a 1.500 euros si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    Se modifica el contrato a tiempo parcial: los trabajadores con jornada parcial podrán realizar horas extraordinarias, con el límite legal del trabajo a tiempo parcial.

    Se regula por primera vez en España el teletrabajo: Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo en la empresa.

    Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros al año durante 3 años. En el caso de mujeres será de 700 euros al año.

    La reforma constata la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.

    3.- ¿Podrán las empresas modificar las condiciones laborales de sus trabajadores?

    El sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional ordinaria un mecanismo de adaptación más viable y eficaz. Dentro de un determinado grupo profesional, un trabajador podrá desempeñar distintas funciones y puestos en una misma empresa.

    Se mejora la movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo:

    Se incluye la movilidad geográfica requiriendo a existencia de razones técnicas, económicas, organizativas o de producción que lo justifiquen para poder trasladar a trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia.

    Además, se facilita que el empresario pueda modificar la jornada de trabajo, el horario, sistema de remuneración, sistema de rendimiento…etc.

    El empresario podrá por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción suspender el contrato de trabajo.

    Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con una duración máxima de 240 días. Para la obtención de esta bonificación el empresario deberá garantizar el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año.

    Pero si finalmente se extinguen los contratos, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial, hasta un máximo de 180 días.

    Por último, en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, dando prioridad al convenio colectivo de empresa. Es decir, que los representantes de los trabajadores y el empresario podrán consensuar en convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y se regula el régimen de ultractividad de los convenios colectivos. Siendo este acuerdo prioritario sobre cualquier otro. En caso de la falta de acuerdo, las partes se someterán a un arbitraje a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas.

    La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada “ultractividad” que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios.

    4.- ¿Qué ha cambiado entonces en los despidos?

    El gran impacto para los miles de trabajadores que cada día temen perder su puesto de trabajo llega de la mano del despido:

    El Despido Procedente por Causas Objetivas (económicas, técnicas organizativas o de producción ), sigue manteniendo la misma indemnización de 20 días, con el tope de 12 mensualidades de salario.

    Despido Colectivo: Las empresas que quieran realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y por tanto acogerse a pagar la indemnización mínima (20 días por año trabajado con un máximo de un año) no necesitarán el visto bueno de la Autoridad Laboral. Hasta ahora, la mayoría de compañías que querían aplicar un ERE pactaban con el comité de empresa las compensaciones, ya que de este modo, la autoridad laboral no se oponía si no existían irregularidades legales. Para lograr el pacto, las indemnizaciones solían ser más elevadas. Ahora, sin embrago, la empresa solicitará el ERE alegando una de las causas establecidas para lograrlo. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente.

    Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Por tanto, se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización por despido procedente, la más baja (20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades).Las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas. También si tienen «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos. Se prevé un aluvión de despidos de 20 días que los trabajadores tendrán que pelear ante el juez para intentar una improcedencia en la salida.

    Despido Exprés: El nuevo texto elimina la figura del “despido exprés”, con el que el empleador asumía 45 días por una extinción improcedente para evitarse un farragoso proceso judicial y costes salariales de tramitación.

    El despido improcedente, pasa de 45 días de indemnización, con el tope de 42 mensualidades, a 33 días de indemnización, con un tope de 24 mensualidades.

    Los trabajadores que tengan contrato indefinido a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, mantendrán todos sus derechos preexistentes, con ciertas limitaciones respecto al tope indemnizatorio. Es importante hacer énfasis en esto, pues la nueva indemnización por despido improcedente solo se aplicará a los contratos de trabajo convertidos en indefinidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la reforma (entra en vigor el 12/02/2012). Los trabajadores con contratos antiguos (antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley), conservan gran parte de sus derechos hasta esa fecha. La indemnización por despido es la que había, pero con ciertas observaciones, tal y como contempla la disposición transitoria quinta, pues se mantienen los 45 días de indemnización por año trabajado, con el tope de 42 mensualidades, pero manteniendo este tope siempre y cuando para el cálculo de la indemnización correspondiente al periodo anterior a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, se sobrepasen los 720 días máximos de la nueva regulación, y a su vez supere los 1.260 días de la anterior regulación.

    La máxima antigüedad de un empleado con un contrato indefinido en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley- computable a efectos de indemnización, es 28 años (45 días x 28 años = 1.260 días de indemnización, es decir, 1.260 / 30 = 42 mensualidades de tope), siempre que el cálculo de la parte de la indemnización anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, supere los 720 días, y a la vez supere los 1.260 días.

    El tope de 42 mensualidades para los contratos indefinidos existentes a la fecha de entrada en vigor del RDL (12/02/2012), solo se mantiene, si la parte correspondiente al cálculo de la indemnización anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, supera los 720 días, y a la vez, supera también los 1.260 días, pues en caso de superar los 720 días, pero no los 1.260 días, el nuevo tope serán esos días obtenidos en el cálculo previo a la entrada en vigor del RDL 3/2012 (este nuevo tope será el que afecte a la indemnización total, no solo al periodo previo a la entrada en vigor del RDL). Es decir, hay que calcular dos partes indemnizatorias, la «pre» entrada en vigor del Real Decreto Ley y la «post» Real Decreto Ley 3/2012. Si el cálculo previo a la entrada en vigor del RDL, supera los 720 días (24 mensualidades), el tope pasa a ser la indemnización obtenida en este cálculo pre entrada en vigor del RDL 3/2012, con el máximo de 42 mensualidades de indemnización total del empleado, si es que se superasen los 1.260 días. Si por el contrario, en ese cálculo previo a la entrada en vigor del RDL no se llega al tope de 720 días, el tope de la indemnización total del empleado se queda en esos 720 días marcados por la nueva regulación.

    Para el cálculo de los días de indemnización correspondientes desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, hasta la fecha del despido, se computarán los 33 días por año trabajado, de conformidad con la nueva regulación, mientras que para el periodo previo a la entrada en vigor, corresponden 45 días de indemnización por cada año trabajado.

    Lo veremos más claro, si transcribimos la disposición transitoria quinta, del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral:

    «La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.»

    Fondo de Garantía Salarial: En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de 24 trabajadores, una parte de la indemnización, por despido objetivo o colectivo, que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a 8 días por año de servicio.

    Vuelve a prohibirse la encadenación de contratos temporales sin límite: Con la finalidad de completar las medidas de fomento de la contratación indefinida e intentar reducir la dualidad laboral, se adelanta el fin de la suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el párrafo 5 del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores. A partir del 1 de Enero de 2013, volverá a ser de aplicación esta previsión.

    5.- ¿Cómo afecta la reforma a los Directivos?

    La reforma también incluye una limitación a los directivos de banca. De este modo, el directivo que tenga que ser sancionado por su gestión en una entidad financiera no tendrá derecho a indemnización. Se fijará un límite de dos años cuando sí exista indemnización por cese de actividad.

    Los directivos de empresas públicas que cesen y se reincorporen a su puesto anterior en la Administración no tendrán indemnización por despido. El resto de los directivos de empresas públicas que sean cesados cobrarán una indemnización por despido de 7 días por año trabajado con un límite de seis mensualidades.

    El gobierno impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones Públicas.

    Respecto al absentismo, el nuevo marco eliminará la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.

    La nueva reforma laboral se tramitará como proyecto de Ley para lograr el máximo consenso posible en el Parlamento. De este modo, tras la aprobación del texto en el Consejo, la reforma será remitida al Congreso para su convalidación y, a continuación, se deberá votar su tramitación como proyecto de Ley, trámite durante el que las formaciones políticas podrían introducir enmiendas.

    6.- Resumiendo….

    La reforma laboral entró el vigor el pasado 12 de febrero y no solo afectará a quienes logren un nuevo contrato. Todos los trabajadores, en mayor o menor medida, se enfrentan a unas nuevas reglas del juego dentro de un marco diferente al que había establecido la reforma anterior.

    1. ¿Qué ventajas tendrán los jóvenes a la hora de lograr contratos?

    La reforma quiere que las pequeñas y medianas empresas cuenten con jóvenes. Por eso, se les permitirá tener a los empleados de menos edad con un periodo de prueba de un año. Además, la empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de 30 años. Todo ello si se trata de un nuevo empresario quien contrata a su primer trabajador.

    Las empresas (de cualquier tamaño) que contraten jóvenes de menos de 30 años, también tienen bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que abonen por ellos. 1.000 euros en el primer año de contrato, de 1.100 euros en el segundo y de 1.200 euros en su tercer año de contrato (se aplicarán 100 euros más si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    1. ¿Qué ayudas hay para contratar a parados de más de 45 años?

    Hay bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si se trata de desempleados de larga duración. La empresa podrá ahorrarse 1.300 euros al año los tres primeros años de su contratación (se elevarán a 1.500 euros si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    1. ¿Hasta cuándo se podrá encadenar un contrato temporal?

    Se adelanta el fin de la suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el párrafo 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. A partir del 1 de Enero de 2013, volverá a ser de aplicación esta previsión.

    1. ¿Tienen los trabajadores derecho a formación?

    Todos los trabajadores con más de un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por la empresa. Se amplía hasta los 30 años el contrato de formación y aprendizaje, hasta que el paro baje del 15%.

    1. ¿Qué tipos de despido pueden aplicar ahora las empresas?

    Depende de si el despido se considera procedente o improcedente. Si es procedente (porque la empresa puede acogerse a causas económicas, organizativas, etc.) la indemnización será de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

    Si el despido es considerado improcedente o logra un pacto con su empresa, podrá cobrar 45 días por los años trabajados hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma y a partir de esa fecha acumulará 33 días por año trabajado. En estos caso, el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 24 meses (720 días de salario), salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior a la reforma resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe sea superior a 42 mensualidades.

    Si su contrato empieza mañana, y llega a ser despedido en el futuro de modo improcedente, cobrará 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses.

    1. ¿Será más fácil para las empresas despedir a sus trabajadores?

    La reforma amplía y clarifica las causas del despido colectivo. Así, se entiende que concurren causas económicas cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos». Las empresas no necesitará el visto bueno de la Autoridad Laboral.

    1. ¿Podrá el empresario reducir la jornada laboral de sus trabajadores en época de crisis?

    Sí. El requisito es que la empresa acumule nueve meses consecutivos de caída de ingresos o ventas. En este caso podrá modificar las condiciones laborales de sus trabajadores (salarios, jornada, sistema de rendimientos, cambio de categoría profesional, etc).

    1. ¿A qué está obligado un parado?

    Los desempleados que están apuntados en las listas de los servicios públicos de empleo y están cobrando una prestación por paro «podrán realizar servicios de interés general en beneficios de la comunidad» a través de convenios con las Administraciones públicas.

    1. ¿Se acaba con la prórroga indefinida de los convenios que finalizan?

    La denominada «ultraactividad» o prórroga automática e indefinida de los convenios que caducan ha sido limitada a dos años a contar desde el momento que se denuncia. Si no hay acuerdo, se deberá acudir a un arbitraje.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: NAVFAC (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Guía práctica sobre las vacaciones anuales de los trabajadores

    Guía práctica sobre las vacaciones anuales de los trabajadores

    Regulación de las vacaciones laborales. principales conflictos en su disfrute

    El objeto de este artículo es ofrecer al lector una explicación clara y detallada sobre la regulación legal de las vacaciones anuales de los trabajadores. De cómo deben de abordar el tema de las vacaciones las empresas con sus empleados.

    1. Introducción

    Las vacaciones son el período de descanso anual a que tienen derecho los trabajadores. La remuneración de las mismas ha de ser el salario habitual del trabajador.

    Su regulación, como podrá comprobarse a continuación, es más bien escueta, por lo que no es infrecuente que la cuestión de las vacaciones haya sido, y continúe siendo, una fuente de conflictos entre empresas y trabajadores, que ha obligado a los tribunales a concretar e interpretar la regulación legal, siendo muy interesantes los últimos pronunciamientos en esta materia.

    2. Normativa aplicable

    La duración mínima y efectivo disfrute de las vacaciones está protegido por la ley e incluso por la Constitución Española.

    A. En la Constitución española de 1978 actualmente vigente, concretamente en el artículo 40.2 dice lo siguiente:

    «40.2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.»

    B. Pero las vacaciones anuales principalmente se regulan en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que dice lo siguiente:

    «Art. 38. Vacaciones anuales.

    • El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.
    • El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones. En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y preferente.
    • El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

    Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan».

    C. Otra normativa primordial aplicable al tema en cuestión es el Convenio Colectivo aplicable a la empresa.

     Para ejercer correctamente el derecho a disfrutar de las vacaciones, es imprescindible estar seguro de que se está aplicando el convenio que corresponde obligatoriamente a cada empresa según su actividad y localización del centro de trabajo. Las empresas no pueden escoger el convenio que deseen.

    Por el principio de jerarquía, por encima del convenio colectivo, del contrato y de cualquier norma interna que tenga la empresa, se encuentra el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto serás nulas de pleno derecho cualesquier norma de aquellos, que empeoraran, limitaran o anularan de cualquier forma lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, anteriormente citado.

    3. Disfrute de las vacaciones

    Adentrándonos en el caso concreto en el que nos encontramos, el problema que se plantea es el siguiente:

    ¿Cómo deben abordar las empresas el tema de las vacaciones con sus empleados?

    Entrando en el análisis del régimen legal de las vacaciones, como hemos citado en un principio, las vacaciones son el período de descanso anual a que tienen derecho los trabajadores. La remuneración de las mismas ha de ser el salario habitual del trabajador.

    3.1. El derecho al disfrute de las vacaciones

    El derecho al disfrute efectivo de vacaciones está previsto con la finalidad de garantizar una mejor protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, procurándoles un tiempo de descanso más prolongado que el diario y el semanal, que les permita recuperarse de la fatiga producida por el ejercicio de la actividad laboral durante el año, y contribuya a protegerles contra los efectos nocivos del descanso insuficiente, de manera que puedan trabajar en mejores condiciones físicas y psicológicas y, por consiguiente, con menos riesgos.

    Conviene destacar el período anual de vacaciones no es sustituible por compensación económica. Se trata además de una prohibición que no puede ser eludida por acuerdo de las partes, ya sea de forma individual en el contrato de trabajo, o ya sea mediante convenio colectivo.

    Hay que tener en cuenta, que el derecho a disfrutar de unas vacaciones anuales por parte de los trabajadores es un derecho mínimo necesario, irrenunciable e indisponible, sin que sea lícito el pacto que lo suprima, reduzca o intenta sustituirlas por compensaciones económica, ya que de lo contrario se vulneraría lo establecido en el artículo 3.5 Estatuto de los Trabajadores que recoge que, «los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo», así como lo dispuesto en el articulo 38 Estatuto de los Trabajadores, y lo contenido en el propio artículo 12.2 del Convenio de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) número 132 que establece que «son nulos los pactos o acuerdos individuales o colectivos que supongan la sustitución de las vacaciones, por una cantidad de dinero».

    Pero existe una excepción, y es la extinción del contrato de trabajo antes del disfrute de las vacaciones. En este caso sí debe incluirse en el finiquito correspondiente una compensación económica equivalente al periodo de vacaciones no disfrutado por el trabajador. Es decir, deben abonarse al trabajador tantos días de salario como días de vacaciones no disfrutadas le correspondan. Esta cantidad está sujeta a cotización a la Seguridad Social y se incluye en la base de cotización para desempleo.

    3.2. La duración de las vacaciones anuales

    Por lo que se refiere a su duración, como bien establece el Estatuto de los Trabajadores, ésta puede ser pactada en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo, pero con la garantía de que nunca será inferior a los 30 días naturales que marca el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, los pactos respecto de las vacaciones podrán ampliar su duración, pero no reducirla con respecto al mínimo legal establecido.

    Existen convenios colectivos que amplían la duración de las vacaciones anuales, como pueden ser el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Mensajería (31 días naturales), Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia (31 días naturales), Convenio Colectivo del Sector de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia (32 días naturales), Convenio Colectivo de Peluquerías y Salones de Belleza de Bizkaia (31 días naturales).

    El derecho a unas vacaciones periódicas retribuidas como se ha mencionado anteriormente, está constitucionalmente reconocido a todos los trabajadores, concretamente en el artículo 40.2 de nuestra Constitución Española, además de ser un principio de derecho social comunitario que no admite ningún tipo de excepciones, es un derecho cuya única configuración y sentido, es la reposición de energías por parte del trabajador para la reanudación de la prestación laboral, que supone reducir, en palabras del propio Tribunal Constitucional, a la persona del trabajador a un nuevo factor de producción, negarlas, supondría una limitación de la libertad durante aquel período para desplegar la propia personalidad del momento que cada uno estime más conveniente.

    En ningún caso se podrán imponer a los trabajadores sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones:

    El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores establece: «No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber».

    ¿Qué queremos decir con «naturales»?, Los días naturales serían todos los 365 con los que cuenta el año, independientemente de los días festivos o fines de semana.

    Expongamos varios ejemplos:

    1) Si un trabajador empieza sus vacaciones un viernes y las termina el martes de la siguiente semana, incorporándose el miércoles, en total harían 5 días de vacaciones. Como se trata de días naturales contamos el sábado y domingo, aunque la jornada del trabajador sea de lunes a viernes.

    2) Si un trabajador va a comenzar sus vacaciones un lunes y terminarlas el domingo, incorporándose por lo tanto el lunes, en total harían 7 días de vacaciones, aunque en dichos días nos encontremos con un día festivo.

    No obstante, existen Convenios Colectivos que optan por no establecer las vacaciones en días naturales, sino en días laborables (aquél que no es festivo ni está en el fin de semana); como por ejemplo, el Convenio Colectivo para el sector de Construcción Bizkaia (22 días laborables). Esta práctica, totalmente legal, sólo implica un modo diferente de contabilizar los días de vacaciones, de forma que 30 días naturales equivalen a 22 laborables (para el cómputo de días vacacionales resulta idéntico contar los fines de semana que no hacerlo).

    La duración de las vacaciones se fija legalmente con referencia al año, luego, si un trabajador no ha trabajado durante todo el año, sólo tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado. Esto resulta plenamente aplicable a los contratos de duración determinada en los que, y salvo que convenio colectivo establezca una regulación distinta, el periodo de vacaciones será proporcional al periodo de tiempo trabajado. Por ejemplo, si un trabajador ha iniciado su contrato de trabajo el 1 de Julio de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2011, serían 6 meses trabajados y por lo tanto le corresponderá 15 días naturales de vacaciones.

    Regulación distinta a lo fijado en el párrafo anterior, aparece en el Convenio Colectivo para el sector de Construcción Bizkaia que establece que «…para tener derecho al disfrute de las vacaciones se requerirá una antigüedad mínima en la empresa de seis meses…»

    Todo ello, no debe confundirse con la aplicación del régimen de vacaciones a contratos a tiempo parcial o en casos de reducción de jornada. Por ejemplo, si tienes un contrato por el que trabajas a media de jornada, no te corresponderían la mitad de las vacaciones, sino las mismas. Cuestión distinta será que la retribución de esos días sí se pague en proporción a la media jornada que se trabaja o a la reducción de jornada de la que se disfrute.

    3.3. Fijación de las fechas para el disfrute de las vacaciones

    Otra cuestión es la forma en que se fijan las fechas concretas de disfrute de las vacaciones:

    Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, los períodos de disfrute deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, y para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los convenios colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones.

    Destacamos los principales aspectos de varios convenios colectivos:

    1) El Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios establece «… como período de disfrute para 15 de los 30 días, el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año… La elección de los turnos de vacaciones se realizará mediante un sistema rotativo. Los trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria, tendrán preferencia para escoger las vacaciones en fechas coincidentes con el período vacacional escolar anual».

    2) El Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Mensajería determina que, «el disfrute de las vacaciones podrá dividirse en dos o más períodos, si existe acuerdo entre empresa y trabajador, procurando que coincidan preferentemente en período estival. Se dará preferencia a la mayor categoría y, dentro de ésta, a la mayor antigüedad para elegir los períodos de disfrute compatibles con las necesidades del servicio».

    3) El Convenio Colectivo del sector de Comercio de Alimentación de Bizkaia estipula que, «las vacaciones se disfrutarán en turnos rotativos… La determinación de las fechas, se hará de mutuo acuerdo entra la empresa y trabajadores, o representantes de los mismos, si los hubiera».

    4) El Convenio Colectivo de Industria Química Estatal determina que, de los 30 días naturales de vacaciones, «…como mínimo, quince días habrán de disfrutarse de forma ininterrumpida entre los meses de junio a septiembre, salvo el supuesto de aquellas empresas que hayan acordado con los representantes de los trabajadores un calendario que contemple distribución distinta de las vacaciones…».

    5) El Convenio Colectivo para el Sector Comercio General de Bizkaia indica que,…» las vacaciones se disfrutarán entre los meses de junio a septiembre…entre los trabajadores en turnos rotativos».

    6) El Convenio Colectivos para el Sector Comercio Textil de Bizkaia establece que,..» el período de disfrute de vacaciones será de junio a septiembre. En caso de necesidad de la empresa no puedan disfrutarse la totalidad de las vacaciones en dichos períodos, se disfrutarán en los mismos necesariamente 3 semanas, y el resto voluntad de la empresa, estando obligada en éste caso a conceder 5 días naturales más de vacaciones. El período de disfrute será rotativo».

    7) El Convenio Colectivo para el sector de Construcción de Bizkaia estipula que, «el período de disfrute de las vacaciones será el comprendido entre los meses de Mayo a Septiembre, ambos inclusive. Si por iniciativa de la empresa y con el con sentimiento de trabajador, el disfrute de las vacaciones se produjera fuera del plazo antes indicado, el trabajador tendrá derecho a una compensación igual al importe de 6 días de trabajo».

    8) El Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de Bizkaia determina que, «la empresa, dentro del plazo de un mes a partir de la publicación del Calendario Oficial de Fiestas Abonables, aprobado por la Delegación Territorial del Trabajo, señalará con intervención del Comité o Delegados de Personal, el calendario de vacaciones del personal. El cuadro de distribución de vacaciones se expondrá en el tablón de anuncios con una antelación de dos meses como mínimo al comienzo de las mismas, para el conocimiento del personal. Este cuadro será confeccionado por el sistema de rotación teniendo como base el calendario de vacaciones del año anterior. Si la empresa cierra un mes de vacaciones, el empleado se verá obligado a disfrutar sus vacaciones en tal período de cierre, si están debidamente anunciadas con dos meses de antelación».

    9) El Convenio Colectivo para el sector de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia indica que, «las vacaciones se disfrutarán dentro del período de Julio a Septiembre, siendo rotativo su disfrute… Todos los trabajadores tendrán derecho a escoger vacaciones voluntariamente fuera de este período, siempre y cuando se preavise con un mes de antelación a la elaboración del calendario».

    10) El Convenio Colectivo para el sector de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia menciona que, «aquellos/as trabajadores/as que por razones de mayor actividad en la empresa tengan que disfrutar la totalidad de sus vacaciones en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, tendrán derecho a 2 días más de vacaciones, y si disfrutan 15 días tendrán derecho a 1 día más de vacaciones».

    11) El Convenio Colectivo para el sector Industria de la Madera de Bizkaia nos dice que, «las vacaciones se disfrutarán en turnos rotativos, salvo acuerdo entre las partes, entre el 30 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, y preferentemente entre el 15 y 15 de ambos meses, suprimiéndose el criterio de la antigüedad para preferencia o época».

    12) El Convenio Colectivo para el sector de Oficinas y Despachos de Bizkaia indica que, «las vacaciones se iniciarán siempre en día laborable que no sea víspera de fiestas y terminarán en día inmediatamente anterior al de la incorporación al trabajo, salvo que la empresa tenga establecido un período fijo anual para las vacaciones de todos los trabajadores».

    13) El Convenio Colectivo para el sector de Peluquerías y Salones de Belleza de Bizkaia nos dices que, «las vacaciones no podrán comenzar en día festivo, ni en víspera de fiesta».

    14) El Convenio Colectivo para el grupo de empresas Asociación de Asentadores Mayoristas de Pescado de Mercabilbao estipula que, «Las vacaciones se disfrutarán entre los meses de mayo a octubre, ambos inclusive. Si las vacaciones se disfrutaran fuera de dicho período (mayo a octubre), los días a disfrutar serán 34, en vez de 30 días naturales. Las vacaciones se disfrutarán entre los trabajadores en turnos rotativos…»

    15) El Convenio Colectivo Provincial de la Industria siderometalúrgica de Bizkaia nos dice que, «El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador… Estas vacaciones se iniciarán el primer día laboral de la semana, disfrutándose preferentemente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En aquellas empresas en que las vacaciones coincidan con el cierre de las mismas, disfrutarán en las mismas fechas en que tradicionalmente se viniere haciendo. Entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores se podrán fijar los periodos de vacaciones de todo el personal, ya sea en turnos organizados sucesivamente, ya sea con la suspensión total de actividades laborales, sin más excepción que las tareas de conservación, reparación y similares».

    Las vacaciones son una de las materias de la relación laboral donde más se ha desarrollado la acción sindical en la empresa. Son habituales los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores para la fijación del calendario de vacaciones. En la negociación colectiva se pueden recoger mejoras y ampliaciones de las condiciones de disfrute de las vacaciones. Así por ejemplo, se pueden ampliar los 30 días naturales; se pueden señalar como fechas preferentes de disfrute los meses de verano; se pueden limitar la facultad del empresario de excluir para las vacaciones las fechas de mayor actividad productiva estacional; se pueden «restaurar» las preferencias de los trabajadores con responsabilidades familiares; y se pueden precisar las cuantías de las retribuciones durante las vacaciones (en ningún cado inferior a la «normal» o «media» que percibía habitualmente el trabajador).

    Para las empresas que en sus convenios colectivos no indiquen nada al respecto sobre la la forma en que se fijan las fechas de las vacaciones, y por consiguiente, éstas se establezcan absolutamente de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, todo esto tipo de negociaciones, son perfectamente recomendables que se hagan entre empresario y los trabajadores, a principios de cada año.

    La forma de concretar el periodo de disfrute es, en orden a compaginar los derechos de todos los trabajadores y los intereses de la propia empresa, la elaboración de un calendario laboral anual de vacaciones, de modo que todos los trabajadores conozcan en qué fechas disfrutarán sus vacaciones. El calendario, dependiendo el tipo de convenio colectivo aplicable, se deberá confeccionar durante el primer trimestre o cuatrimestre del año. La fecha de disfrute debe conocerse, como mínimo, con dos meses de antelación al comienzo del disfrute.

    Aunque la normativa admite varias interpretaciones, la más justa sería considerar cada año natural por separado, de forma que en el ingreso en la empresa se disfruten vacaciones por el tiempo trabajado, y en los siguientes años, las vacaciones se disfruten completas, referidas a ese año. Aunque esto lo aplicaríamos a trabajadores con contratos indefinidos, dado que en contratos temporales, el trabajador disfrutará de sus vacaciones dentro del periodo de duración de su contrato de trabajo. Por ejemplo: si un trabajador inicia un contrato temporal en fecha de 03 de Noviembre de 2011 y finaliza el 02 de Mayo de 2012, éste trabajador podrá solicitar sus vacaciones dentro de este periodo.

    Finalmente, y si a pesar de lo establecido en el Estatuto o en el Convenio Colectivo específico de cada empresa, no se alcanzase un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, éstos podrán acudir al Juzgado de lo Social, a través de un proceso especial y urgente especifico para ello, para que resuelva y fije el periodo de disfrute. Contra la decisión del Juzgado en materia de vacaciones no cabe recurso alguno (arts.125 y 126 RD. Legislativo 2/1995 del TR de la Ley de Procedimiento Laboral).

    3.4. Coincidencia del periodo de vacaciones con el inicio de una incapacidad temporal

    Si bien, una vez iniciado el período de disfrute de vacaciones por un trabajador, las mismas no se interrumpen por el hecho de haberse iniciado un proceso de incapacidad temporal al tratarse de una situación cuyo riesgo debe ser asumido por el trabajador, y así lo han reiterado en diversas ocasiones nuestros tribunales (recientemente el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de junio de 2009); Se trata de una matización que hace el TS, y no tiene apoyo en ninguna norma concreta, pero considera que la IT que sobreviene durante las vacaciones es un riesgo que debe de soportar el trabajador. No deja de ser una conclusión discutible, sobre todo cuando la IT tiene lugar al poco de iniciarse el período vacaciones y supone que se frustre por completo la finalidad de las propias vacaciones al comprender todo o un período sustancial de descanso.

    Más complicado ha sido un acuerdo en relación a los efectos del inicio de un proceso de incapacidad temporal con anterioridad al inicio del período de vacaciones pactado.

    Así, para una parte de la doctrina, actualmente abandonada, el trabajador que por encontrarse en situación de incapacidad temporal no pudiese disfrutar de las vacaciones en las fechas colectivamente pactadas, sólo tenía derecho a que se le fijase un nuevo período para ello o a ser indemnizado cuando en la empresa existiese una condición más beneficiosa en este sentido (Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2006, 5 de junio de 2007, 25 de julio de 2007, 3 de octubre de 2007, 20 de diciembre de 2007 y 13 de febrero de 2008) o cuando así lo estableciese el Convenio Colectivo de aplicación.

    Sin embargo, realizando una nueva interpretación del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su sentencia de 20 de enero de 2.009 establece en su fundamentación jurídica que «De lo que antecede resulta que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de devengo de las vacaciones anuales y/o el período de prórroga fijado por el propio Derecho nacional, incluso cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante todo el período de devengo y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas.»

    En este sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2.009, que amparándose en la STJCE reconoce el derecho del trabajador a disfrutar del periodo de vacaciones frustrado por la situación de IT iniciada con anterioridad al inicio del mismo y así se recoge en unificación de doctrina cuando se dice «… la situación de incapacidad temporal, que surge con anterioridad al período vacacional establecido y que impide disfrutar de este último en la fecha señalada, tampoco puede ni debe erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute de dicha vacación anual que todo trabajador ostenta por la prestación de servicios en la empresa. Y es conveniente señalar, al respecto, que tiene que ser distinto el tratamiento que merece la incapacidad temporal que surge durante el disfrute de la vacación, pues es un riesgo que, en tal situación, ha de asumir el propio trabajador, con aquella otra que se produce con anterioridad al período vacacional y que impide el disfrute de éste en la fecha preestablecida en el calendario previsto, a tal efecto, en la empresa. En este último caso necesariamente, ha de hacerse compatible el derecho a la baja por incapacidad temporal, sea esta por enfermedad común o por maternidad, con el correspondiente al disfrute de la vacación anual».

    Todo esto tiene lugar, aunque durante la baja se hubiese agotado el año natural en el que se han generado las vacaciones, y se tengan que disfrutar en el año siguiente. El derecho a vacaciones no se pierde aunque el trabajador se encuentre de baja por enfermedad durante todo el año en que se han generado las vacaciones, o incluso, durante el periodo adicional que pueda contemplar el convenio para su disfrute. Por el contrario, si tras la baja aun queda año natural para fijar las vacaciones, pero el trabajador no las solicita, las perdería de forma definitiva.

    Hasta estas sentencias, la excepción sólo estaba prevista si la IT era derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad. Pero finalmente, y debido a los pronunciamientos europeos y a la unificación de doctrina del Tribunal Supremo podemos decir que sí cabe, por tanto, a contrario de lo que hasta ahora venía ocurriendo, la posibilidad de disfrutar las vacaciones en una fecha distinta a la inicialmente fijada por encontrarse el trabajador en una situación de IT distinta a las enumeradas por el Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando el trabajador se encuentre en IT al inicio de sus vacaciones.

    No obstante, existen convenios colectivos que tal vez por su antigüedad, aún no reflejan la nueva interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y del Tribunal Supremo, comentada anteriormente.

    Presentamos los más destacados:

    1) El Convenio Colectivo de Industria Química Estatal (BOE 29-08-2007) manifiesta que, «Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 50 del presente convenio, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan». Como vemos, existe una limitación de los derechos de los trabajadores, dado que solo enumera las situaciones de IT mencionadas en el Estatuto de los Trabajadores.

    2) El Convenio Colectivo del sector de Comercio de Alimentación de Bizkaia (BOB 02.02.2009), y el Convenio Colectivo para el Sector Comercio General de Bizkaia (BOB 22-01-2008) estipulan que, «señaladas las fechas del disfrute de las vacaciones, si el trabajador antes de su inicio fuere dado de baja médica afectado por una incapacidad laboral transitoria determinante de su hospitalización, y la misma se extendiera al período vacacional previsto, la empresa dentro del mismo año natural le fijará un nuevo período, salvo que esta o el centro de trabajo permanezca cerrada con ocasión de las vacaciones. Si dentro del año natural el trabajador no pudiera disfrutarlas por continuar en IT, el derecho a su disfrute se entenderá caducado a todos los efectos». Como ya hemos comentado anteriormente, la empresa deberá reconocer un período de vacaciones tras la reincorporación del trabajador, aunque sea en el año siguiente al que se hayan generado y no se han podido disfrutar. Además, no tiene por que existir hospitalización del trabajador. En cambio, existe una parte en estos dos Convenios que amplía los derechos de los trabajadores: «Si una vez comenzadas las vacaciones y dentro de ese espacio de tiempo el trabajador permaneciese más de 2 días en situación de hospitalización, sin excepción alguna, prescrita por facultativo especialista de la Seguridad Social y motivada a su vez por IT derivada de enfermedad o accidente no laboral notificada a la empresa, mediante la entrega de los partes de baja y de confirmación en los plazos reglamentarios, el disfrute de las vacaciones quedará suspendido y la empleadora le señalará un nuevo período vacacional de tantos días como los que le quedasen pendientes de disfrutar, siempre que el trabajador en todo caso sea dado de alta médica dentro del año natural y pueda dentro del mismo disfrutarlas».

    3) El Convenio Colectivo para el sector Textil de Bizkaia (BOB 07.01.2008), el Convenio Colectivo para el sector de Construcción de Bizkaia (BOB 17-11-2009), el Convenio Colectivo para el sector de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia (BOB 09-01-2008), Convenio Colectivo para el sector Oficinas y Despachos de Bizkaia (BOB 06-06-2011), determinan que, el trabajador que fuese dado de baja por IT, con anterioridad al comienzo del disfrute de sus vacaciones, mantendrá el derecho a disfrutar de éstas hasta el transcurso del año natural. Como ya se ha dicho anteriormente, aunque durante la baja se hubiera agotado el año natural en el que se han generado las vacaciones, el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en el año siguiente. A mayor abundamiento, en estos convenios también se amplían los derechos de los trabajadores: Si durante el período de disfrute de las vacaciones, el personal entrase en situación de IT, que requiriese prescripción facultativa, la hospitalización o internamiento domiciliario (C.C Textil Bizkaia), solo hospitalización (C.C Construcción Bizkaia, 7 días según el C.C. Limpieza Edificios y Locales de Bizkaia), quedarán interrumpidas para su posterior disfrute dentro del año natural.

    4) El Convenio Colectivo de la Industria siderometalúrgica de Bizkaia expresa que, «tendrán derecho al disfrute y abono de las vacaciones pactadas de mutuo acuerdo y dentro del año natural, los trabajadores que no hayan podido iniciar su disfrute en la fecha fijada por estar en IT, siempre que reúnan alguno de los requisitos siguientes: accidente de trabajo, IT con hospitalización, IT superior a 30 días». De nuevo podemos ver, una limitación de los derechos de los trabajadores, dado que condiciona este derecho al cumplimiento de unas determinadas situaciones. Aunque este Convenio Colectivo también amplía los derechos de los trabajadores: «En caso de que la situación de I.T., se produzca una vez iniciado el período vacacional, para que el trabajador tenga derecho al disfrute y abono de los días de vacaciones que ha permanecido en I.T., necesariamente ha de producirse una hospitalización mínima de 5 días.

    4. Conclusiones

    Como hemos podido observar en este artículo, las normas principales aplicables a este caso en concreto son el Estatuto de los trabajadores (art.38), y el Convenio Colectivo aplicable a cada empresa.

    a) ¿Cuántos días de vacaciones tiene un trabajador? Las vacaciones anuales retribuidas serán, como mínimo, de 30 días naturales al año (independientemente de los días festivos y fines de semana), correspondiendo los mismos días de vacaciones tanto para jornada completa como para jornada parcial, y/o tengas reducción de jornada, y/o reducción de jornada por ERE.

    b) ¿Puede la empresa obligar a los trabajadores a cobrar las vacaciones en vez de disfrutarlas? No, porque la normativa establece que no son compensables económicamente. Aunque el trabajador firmase un documento por el cual aceptase el pago de las vacaciones, sería nulo dado que, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y en este caso en su artículo 38 hace una prohibición expresa del pago. Pero existe una excepción, y es la extinción del contrato de trabajo antes del disfrute de las vacaciones. En este caso sí debe incluirse en el finiquito correspondiente una compensación económica equivalente al periodo de vacaciones no disfrutado por el trabajador. Es decir, deben abonarse al trabajador tantos días de salario como días de vacaciones no disfrutadas le correspondan. Esta cantidad está sujeta a cotización a la Seguridad Social y se incluye en la base de cotización para desempleo.

    c) ¿Puede la empresa imponer a los trabajadores la fecha de las vacaciones? No. Las fechas de las vacaciones hay que asignarlas de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, y para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los Convenios Colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones. La fecha de disfrute debe conocerse, como mínimo, con dos meses de antelación al comienzo del disfrute. Este plazo de preaviso se utiliza cuando es la empresa la que establece la fecha de vacaciones de los trabajadores, siendo siempre la elección de forma no arbitraria.

    d) ¿Un trabajador pierde las vacaciones que coincidan con una baja por IT? No, si esa incapacidad se hubiese iniciado previamente al comienzo de sus vacaciones. Como viene estableciendo recientemente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS, Sala de lo Social, de 24 de Junio de 2009, rec. 1542/2008), unificando su doctrina en aplicación de los criterios establecidos previamente por una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de enero de 2009, dictada en los asuntos acumulados C-350/06 y C-520/06, y en la que el Tribunal de Luxemburgo concluía que un trabajador no pierde el derecho a vacaciones anuales retribuidas que no haya podido ejercitar por causa de enfermedad. Por todo ello, podemos concluir que la vertiente actual de la jurisprudencia se centra en el derecho de los trabajadores a la fijación de una nueva fecha de disfrute de su período vacacional si éste no ha podido ser disfrutado en su momento por haberse iniciado un proceso de incapacidad temporal con anterioridad; a poder ser fijado igualmente más allá del año natural correspondiente; así como a una compensación económica en caso de extinción de la relación laboral.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: David Botella (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)