Categoría: Derecho de familia y sucesiones

  • LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    En las líneas que siguen, vamos a tratar la sucesión, tanto por causa de muerte (mortis causa en adelante), como la sucesión por contrato (sucesión inter vivos en adelante).

    Para ello, realizamos un acercamiento general a sucesión, presentando en el primer epígrafe las cuestiones burocráticas y medidas provisionales en casos de sucesiones mortis causa; en el segundo, las tres fases principales de toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos;en el tercero, cuatro particularidades de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; y en el cuarto y último epígrafe, una breve referencia a las consecuencias fiscales de la sucesión.

    CUESTIONES BUROCRÁTICAS Y MEDIDAS PROVISIONALES EN CASOS DE SUCESIÓN MORTIS CAUSA

    Cuestiones burocráticas

    Cuando una persona fallece, se abre la sucesión, por lo que será necesario que consigamos el “Certificado médico de defunción” que es el documento oficial que acredita la muerte de la persona. En ese documento se plasma el momento del fallecimiento, momento que será el que determine:

    • Si el heredero/legatario es capaz para suceder.
    • El momento al que tiene que sobrevivir el heredero del causante para transmitir algún derecho a sus herederos.

    Tras tener el certificado médico de la defunción, tenemos que “Inscribir la defunción en el Registro Civil”, donde se da fe de la fecha, hora y lugar del fallecimiento, dado que, aunque los efectos civiles del fallecimiento se dan desde el fallecimiento, para su pleno reconocimiento es necesario inscribirlo. Tras la inscripción de la defunción, nos facilitarán la “Licencia para el entierro”, y se procederemos a ello, siempre transcurridas al menos, 24 horas desde el momento del fallecimiento.

    Transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, solicitaremos la “Certificación de actos de última voluntad”, acompañando a la solicitud el certificado de defunción, para conocer si existe o no testamento.

    En el caso que exista, se nos informará del Notario que lo realizó, y tendremos que acudir al mismo, con el certificado de defunción y el de últimas voluntades, para que el Notario ponga a nuestra disposición copia del mismo.

    En caso de que no exista testamento, habrá que realizar un “Acta de declaración de herederos” ante Notario.

    Tras los 15 días hábiles desde el fallecimiento, también podremos iniciar los trámites ante la compañía aseguradora que en su caso tuviera contratado un seguro de vida y accidentes el finado. Para ello, deberemos localizar la póliza de seguro y acudir a la compañía con el certificado de defunción.

    Medidas provisionales

    Tras el fallecimiento de una persona se extingue la personalidad civil de la misma, por lo que se produce una situación temporal en la que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido carecen de titular. A esta circunstancia la denominamos estado de “herencia yacente», y se prolongará hasta que el heredero acepte o repudie la herencia.

    Al tratarse de una situación que puede alargarse en el tiempo, existe la posibilidad de que el testador, los herederos, el Juzgado o incluso el Notario nombren a una persona que se encargue de administrar y defender los intereses de la herencia yacente adecuadamente.

    FASES PRINCIPALES DE TODA SUCESIÓN

    En toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos, diferenciamos tres grandes fases:

    1.- La vocación o llamamiento

    Es el llamamiento potencial a favor de todos los sucesores de una persona, y puede ser testamentaria o abintestato. La testamentaria se realiza llamando a los sucesores que consten en el testamento del causante; mientras que para la declaración de herederos abintestato tendremos que acudir al Notario y realizar un acta de declaración de herederos abintestato, para el que necesitaremos los documentos que se precisan en el artículo 55 de la Ley del Notariado.

    2.- Aceptación o repudiación de la herencia.

    2.1 Concepto y características

    La aceptación o repudiación es el ejercicio positivo o negativo del iusdelationis, que es el derecho a aceptar o rechazar el llamamiento a la sucesión que se realiza, cuyas características más relevantes son las siguientes:

    Es un acto voluntario y libre, puesto que no se puede obligar a nadie a aceptar o repudiar. El Código Civil, prevé en el artículo 1001 del Código Civil, la opción de que los acreedores de un llamado a una herencia soliciten cobrar de dicha herencia, pero hay que tener claro que el que los acreedores soliciten cobrar de lo que le correspondería al llamado, no supone que este haya aceptado la herencia.

    La aceptación/repudiación es un acto irrevocable, pero se puede impugnar cuando en el consentimiento hubiera mediado algún vicio que anule el consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación).

    El acto de aceptar /repudiar la herencia es una declaración de voluntad pura e indivisible, lo que significa que, en caso de aceptar la herencia, se acepta en su totalidad, y en caso de repudiarla, se repudia también en su totalidad. El llamado, por tanto, cuando le ofrecen la herencia, sólo podrá contestar con un “sí” o con un “no”, sin posibilidad de aceptar o repudiarla sólo en parte.

    El acto de aceptación /repudiación de la herencia tiene efecto retroactivo, lo que significa que los efectos de aceptación/repudiación de la herencia se retrotraen al momento de la muerte dela persona de quien se hereda y tanto para aceptar como para repudiar una herencia es necesario tener capacidad de obrar plena.

    2.2 Aceptación y repudiación

    a) La aceptación, se puede realizar de dos formas:

    Pura y simplemente. Lo característico de este tipo de aceptación es que se produce la confusión de patrimonios del causante y del aceptante. Esto significa que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido pasan a ser del aceptante, por lo que el aceptante estará obligado a pagar las deudas del causante, incluso con su patrimonio propio. Es lo que en latín se denomina responsabilidad ultra vires hereditatis, que significa más allá del haber hereditario.

    Esta aceptación, a su vez, puede ser expresa o tácita. Si es expresa, se realizará en documento público o privado; si la aceptación es tácita, se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar. En este punto, es importante señalar que los actos de mera conservación o administración provisional del haber hereditario no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.

    En relación con lo anterior, conviene señalar que el 1005 del Código Civil, que establece que “Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente”.

    A beneficio de inventario. .En la aceptación a beneficio de inventario, no se produce la confusión de patrimonios, por lo que el heredero sólo responderá de las obligaciones del causante con la masa hereditaria, no haciendo suyas las deudas y obligaciones del fallecido. La aceptación a beneficio de inventario la debemos realizar ante Notario, y la responsabilidad que se deriva de ella es intra vires hereditatis, que significa dentro del haber hereditario.

    b) La repudiación, tendrá que hacerse siempre ante Notario, siendo dos sus características más relevantes. La primera es que en caso de que un heredero sea también legatario, está facultado para poder aceptar uno de los llamamientos y repudiar otro; la segunda es que el ordenamiento jurídico entiende que en caso de repudiar por testamento también se repudia de la sucesión abintestato, por lo que en el caso de abrirse la sucesión abintestato, el repudiante no será llamado a dicha sucesión abintestato. Sin embargo, en caso de que el heredero repudie la herencia abintestato y sin noticia de su título testamentario, podrá todavía aceptarla por el título testamentario.

    En cuanto a los efectos posibles de la repudiación son tres: que se llame al sustituto, se acrezca el derecho de los coherederos del repudiante o la apertura de la sucesión abintestato.

    3.- Partición de la herencia

    Antes de la partición de la herencia debemos realizar un inventario y avalúo del haber hereditario. Puede que el testador nos haya facilitado el proceso, habiendo determinado en el testamento los bienes, derechos y obligaciones de los que disponía y la forma en la que quería que se distribuyeran los mismos tras su fallecimiento; como también puede que el testador haya designado a alguna persona para que se encargara de partir su patrimonio.

    En defecto de alguna de las primeras dos opciones se aplica el 1057 del Código Civil, que establece queel Secretario judicial o Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de Peritos.

    Siendo, así las cosas, el contador-partidor presentará la partición propuesta, y el Secretario Judicial o el Notario la aprobarán, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios” (se desarrolla este procedimiento en el artículo 66 en la Ley del Notariado).

    PARTICULARIDADES DE LA LEY 5/2015, DE 25 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL VASCO

    La sucesión en el Derecho Civil Vasco tiene sus particularidades, entre las que señalamos las siguientes cuatro:

    1.- Formas e incluso libertad de testar

    En cuanto a las formas de testar, la Ley 5/2015, permite que la sucesión se defiera por testamento, por pacto sucesorio, o por disposición de la Ley; como también permite que una parte de los bienes se dispongan por testamento y parte por disposición de la Ley.

    En cuanto a las modalidades de testamento, la Ley 5/2015 reconoce tres formas de ordenar la sucesión mortis causa: el testamento en peligro de muerte, la sucesión por testamento mancomunado o de hermandad y sucesión por comisario. Figuras que el Código Civilno prevé.

    La Ley Vasca prevé también el pacto sucesorio, que es una forma de sucesión inter vivos, (prohibida expresamente por el artículo 657del Código Civil) diferenciando tres tipos de pactos sucesorios, que son: el de institución de sucesor en bienes, el pacto de renuncia, y el pacto de disposición de un tercero.

    Las características principales de todos los pactos sucesorios son la bilateralidad y la irrevocabilidad del pacto, puesto que el pacto sólo se podrá revocar por cuatro razones: por la concurrencia de alguna causa pactada;por el incumplimiento grave de las cargas o condiciones establecidas en el pacto; por  haber incurrido el instituido en causa de indignidad o desheredación;por conducta del instituido que impida la normal convivencia familiar; o en casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio de los instituidos, o extinción de la pareja de hecho, cuando el pacto sucesorio se haya otorgado en atención a ese matrimonio o pareja de hecho, exceptuando, en el caso de la pareja de hecho, que su extinción haya ocurrido por contraer matrimonio entre los mismos miembros de la pareja.

    En cuanto a los requisitos de validez del pacto sucesorio, se puntualizan dos. La necesidad de que los otorgantes sean mayores de edad y que el pacto se otorgue en escritura pública.

    Es de destacar asimismo que en el Valle de Ayala disponen de la libertad absoluta de testar, no imponiéndoles a los vecinos de este Valle ninguna restricción a la voluntad del testador. Cuestión impensable en el Código Civil.

    2.- La troncalidad

    La troncalidad es una institución que en el Código Civil no existe, mediante la que se limita la voluntad del causante para trasmitir ciertos bienes, con la que pretende que los bienes raíces sitos en la tierra llana de Vizcaya o términos municipales de Aramaio o Llodio sigan estando vinculados a la familia vizcaína.

    Con esta limitación se pretende proteger el carácter familiar del patrimonio, ya que el propietario de los denominados bienes troncales solamente podrá disponer de ellos respetando los parientes tronqueros, de los que hablaremos en el apartado en el que nos referimos a los legitimarios.

    Lo recogido en las líneas precedentes es únicamente una pincelada a esta institución, con la que se pretende apuntar que en caso de que existan bienes raíces en el patrimonio del finado, tendremos que tener en cuenta que la forma de suceder ese bien estará predispuesta por Ley.

    3.- Normas especiales acerca del caserío en Guipúzcoa

    La Ley 5/2015 recoge unas normas por medio de las cuales se pretende que los que tienen vecindad civil vasca y local guipuzcoana, y ostenten un caserío sito en el Territorio Histórico de Guipúzcoa transmitan indivisamente el caserío, por lo que en caso de que seque el causante tenga un caserío en dicho territorio histórico, tendremos que estar a las normas específicas acerca del caserío.

    4.- Legítimas, legitimarios e institución de apartamiento

    Las legítimas en el Derecho Civil Vasco distan de las del Derecho Común, ya que en Derecho Civil Vasco la cuantía de la legítima de los descendientes es de un tercio del caudal hereditario; mientras que, en Derecho Común, la legítima de hijos y descendientes la constituyen las dos terceras partes del haber hereditario.

    En cuanto a los legitimarios, el Derecho Civil Vasco diferencia dependiendo de si nos referimos a bienes no troncales o bienes troncales. En cuanto a los primeros, establece que los legitimarios serán los hijos o descendientes en cualquier grado y el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por su cuota usufructuaria en concurrencia con cualquier clase de herederos; en cuanto a los bienes tronqueros, se establece que estos tienen que transmitirse primeramente en línea recta descendente, los hijos y demás descendientes; en caso de no haber descendientes, en línea recta ascendente, los ascendientes por la línea donde proceda el bien raíz, cualquiera que sea al título de adquisición, precisando en este sentido que respecto de los bienes raíces adquiridos por los cónyuges durante la vigencia de un matrimonio, o por los miembros de una pareja de hecho durante la vigencia de la misma, ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho son tronqueros. Aunque estos bienes s transmitan a los hijos o descendientes, los cónyuges o miembros de la pareja de hecho adquirentes siguen siendo tronqueros de la línea ascendente, cualquiera que sea el grado de parentesco con el descendiente titular. Para terminar, se precisa que, en defecto de los anteriores, los bienes troncales se transmitirán a los parientes en línea recta colaterales dentro del cuarto grado por la línea donde procede el bien raíz.

    Finalmente, en cuanto al apartamiento, precisar que en Derecho Civil Vasco no es preceptivo que cada legitimario reciba una parte de la legítima como pasa en Derecho Común, dado que puede darse el caso en el que alguno de los descendientes del causante reciba la legítima en su totalidad.

    CONSECUENCIAS FISCALES DE LA SUCESIÓN.

    En este caso no vamos a entrar a analizar los impuestos que gravan la sucesión, pero es importante que se tenga en cuenta que la sucesión tendrá que tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que variará dependiendo de la Comunidad Autónoma del finado y que, en su caso, también tendrá que tributar por el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, que dependerá de la normativa del Ayuntamiento al que pertenezca el terreno de Naturaleza Urbana.

    También tendremos que tener en cuenta que en función del territorio en el que se encuentre el finado tributará en base a una normativa u otra, por lo que el plazo para presentar el impuesto puede variar. Es por ello por lo que recomendamos consultar a un profesional en esta materia en aras de una correcta tributación, ya que en caso de no tributar o hacerlo mal, Hacienda puede iniciar un procedimiento sancionador.

    Elia Barinagarrementería

    Imagen: Pixabay. CCO public domain

     

  • Posibilidad de modificación y extinción de la pensión compensatoria

    Posibilidad de modificación y extinción de la pensión compensatoria

    La pensión compensatoria está recogida en el artículo 97 del Código Civil (CC en adelante) y es la pensión que se puede otorgar al cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, siempre que el divorcio o separación le implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio.

    El CC no lo recoge como tal, pero el Tribunal Supremo (TS en adelante), en la Sentencia 749/2002 de 16 de julio de 2002, dispuso  la aplicación analógica del artículo 97 CC a casos en los que uno de los convivientes de la convivencia “more uxorio” se vea perjudicado por la extinción de la prolongada convivencia “more uxorio”; de lo que cabe deducir que la pensión compensatoria también es aplicable a casos de rupturas de uniones de hecho.

    La pensión compensatoria se fija mediante convenio regulador o sentencia, y puede ser temporal, por tiempo indefinido, o consistir en una prestación única.

    En cuanto al importe de la misma, la precisarán los cónyuges en caso que lleguen a un acuerdo entre ellos; y a falta de acuerdo, el Juez, en sentencia, determinará el importe de la pensión, atendiendo a determinadas circunstancias que se recogen en el artículo 97 CC.

    La cuestión que se plantea en las siguientes líneas es la posibilidad de modificar o incluso extinguir la pensión compensatoria, dado que es frecuente la duda de si lo pactado en el convenio regulador o en su caso en la sentencia, es inamovible. La respuesta es clara. NO. La pensión compensatoria se puede modificar o incluso extinguir.

    VÍAS PARA EXTINGUIR O MODIFICAR LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    El artículo 90 CC permite la extinción o la modificación de la pensión compensatoria en vía extrajudicial, o vía judicial.  Si se acude a la vía extrajudicial, se redactará un nuevo Convenio Regulador que se homologará por el juez competente. En el caso de acudir a la vía judicial, el procedimiento se inicia con una Demanda de Modificación de Medidas, que se tramitará por el procedimiento judicial que corresponda.

    Conviene matizar que puede darse el caso en el que las partes hayan intentado una modificación de medidas en vía extrajudicial, pero que no hayan conseguido ponerse de acuerdo. En ese caso, podrán acudir a la vía judicial para solventar la cuestión.

    FORMAS DE ATACAR LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    Existen dos formas principales de atacar la pensión compensatoria. La primera, y la más radical, supone la posibilidad de extinguirla; la segunda, más liviana, supone modificarla, ya sea para limitar la cuantía mensual por la que se fijó, bien sea para limitar la misma en el tiempo.

    1.- EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    El artículo 101 del CC, recoge expresamente tres casos en los que procede la extinción de la pensión compensatoria. Cuando el acreedor contrae nuevas nupcias, cuando vive maritalmente con otra persona, y cuando cesa la causa que motivó el establecimiento de la pensión.

    a.- Cuando el acreedor contrae nuevas nupcias

    En principio, es la causa de extinción más sencilla de utilizar, porque es la que menos problemas de prueba presenta, ya que para acreditar que el acreedor ha contraído nuevas nupcias, en base al artículo 6 de la Ley del Registro Civil, sólo habrá que solicitar al Registro Civil el estado civil del ya ex cónyuge, acreditando un interés legítimo a consultar dicha información.

    b.- Cuando el acreedor vive maritalmente con otra persona

    En cuanto a esta causa de extinción,es más complicada de alegar, ya que “vivir maritalmente” es un concepto jurídico que no está del todo claro.

    El concepto «vivir maritalmente»  ha sido objeto de interpretación por el TS en su Sentencia nº 42/2012, de 9 de febrero. donde se puso de manifiesto que no era claro lo que se debe entender por “vivir maritalmente”, dado que hay un sector la entiende como equivalente a convivencia matrimonial, mientras que otros entienden que cualquier tipo de convivencia estable de pareja equivale a vivir maritalmente.

    La misma Sentencia manifiesta que para dar sentido al concepto de “vivir maritalmente”, deben utilizarse dos cánones interpretativos: el de la finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada. Añade la Sentencia que en general, se sostiene que se produce esta convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges, es decir, more uxorio, y ello produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones”.

    De lo arriba enunciado, cabe concluir que, aunque el vivir maritalmente con otra persona es una causa de extinción de la pensión compensatoria, habrá que probar el more uxorio del acreedor de la pensión con otra persona, entendiendo como more uxorio la relación semejante a la matrimonial.

    c.- Cuando cesa la causa que la motivó

    Esta causa de extinción, es la que, en mi opinión, más problemas presenta, puesto que el hecho de que cese la causa que motivó el establecimiento de la pensión compensatoria es un concepto relativo.

    Me explico. Imaginemos que dos personas, a las que llamaremos Berta y Antonio, se divorcian, y fijan en el Convenio Regulador una pensión compensatoria a favor de Berta, por no haber trabajado ésta anteriormente, y, por tanto, por ser Berta dependiente económicamente de Antonio.

    En el caso en el que Berta empezara a trabajar, Antonio podría alegar que la circunstancia que motivó la pensión compensatoria (el que Berta no trabajara), ha cesado, por lo que podría instar la extinción de pensión compensatoria. Antonio argumentaría que habiéndose incorporado Berta al mercado laboral y teniendo sus propios ingresos, ya no es dependiente económicamente, y que, por tanto, la pensión compensatoria carece de sentido.

    En el caso en el que Berta cobrara lo mismo o más que Antonio, no se dudaría sobre la independencia económica de Berta y, por tanto, de la improcedencia de la pensión compensatoria; pero el supuesto no es tan claro si Berta, por la razón que sea, cobrara menos que Antonio.

    Ante este último supuesto, se podría pensar que sigue siendo legítimo el cobro de la pensión compensatoria, porque sigue habiendo un desequilibrio entre lo que cobran los dos ex cónyuges. Pero no. Ha de dejarse patente, tal y como ha hecho el TS en su reciente Sentencia nº 55/2017, de 27 de enero, que la pensión compensatoria, no es un mecanismo equiparador de economías dispares, ni dador de cualidades profesionales, que no se tienen ni se han conseguido personalmente.Por lo tanto, una vez extinguida la causa que motivó el establecimiento de la pensión compensatoria (que en este caso es que Berta no trabajara), se entiende extinguido también el derecho a la percepción de la pensión.

    2.- MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    El artículo 100 del CC, recoge, que “Fijada la pensión y las bases de su actualización en la Sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen”. Volvemos, por tanto, a enfrentarnos a un concepto jurídico indeterminado, que ha sido interpretado por el TS en su Sentencia nº 700/2011 de 3 de octubre, en la que se afirma que “Conforme al artículo 90 CC EDL 1889/1 , para que se pueda modificar lo fijado en convenio es preciso que la alteración sea sustancial , de lo que se deduce:

    1) Que haya existido y se acredite dicha alteración, de tal manera que las circunstancias difieran de las tenidas en cuenta por el juez o los cónyuges en el convenio;

    2) Que dicha alteración sea sustancial, esto es, de importancia tal que haga suponer que de haber existido en el momento la separación o divorcio se habrían adoptado medidas distintas, al menos en la cuantía de las prestaciones económicas;

    3) Que no se trata de una modificación o alteración transitoria o esporádica, sino con caracteres de estabilidad o permanencia en el tiempo;

    4) Que la modificación o alteración no haya sido provocada o buscada voluntariamente o de propósito, para obtener la modificación, y la sustitución de las acordadas por medidas más beneficiosas”.

    Una vez expuestos los requisitos que ha de tener la modificación sustancial, pasamos a analizar las dos formas de modificación de la pensión compensatoria:

    a.- La limitación en el tiempo de la pensión compensatoria.

    El artículo 97 del CC sostiene que la pensión compensatoria puede ser temporal o vitalicia. En su día, se dudó de la posibilidad de limitar temporalmente la pensión compensatoria vitalicia, pero el TS expresó en su Sentencia nº 1113/2008 21 de noviembre,  que“Si cabe la extinción del derecho o su modificación por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro interesado (…) ningún obstáculo debe ponerse a la delimitación temporal en función de las circunstancias que concurran”.Se entiende, por tanto, que se puede limitar temporalmente una pensión que en principio era vitalicia.

    En relación con lo anterior, en la misma línea se pronuncia la Sentencia del TS nº 5454/2008 de 14 de octubre, especificando cual es el objetivo de la pensión compensatoria, recogiendo expresamente que “El artículo 97 no tiene por finalidad perpetuar el equilibrio de los cónyuges separados o divorciados, sino que la “ratio” del precepto es restablecer un desequilibrio que puede ser coyuntural, y la pensión compensatoria aporta un arco que puede hacer posible o contribuir a la readaptación”.

    Se concluye, por tanto, afirmando que la pensión compensatoria se puede limitar en el tiempo, incluso la vitalicia puede transformarse en temporal, si se demuestra la idoneidad o aptitud del cónyuge “desfavorecido” para superar el desequilibrio económico. En estos casos el TS considera que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de este desequilibrio. Sin embargo, nos hallamos ante un juicio prospectivo en el que el juez ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, tal y como ha venido apuntando la jurisprudencia del TS, en sus Sentencias nº 508/2011, de 27 de junio   y nº 622/2012, de 23 de octubre, entre otras.

    b.- Limitación de la cuantía de la pensión compensatoria.

    El artículo 100 del CC recoge la posibilidad de modificar la pensión compensatoria cuando se den alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. Esto supone que en caso de que se produzca una modificación sustancial en el patrimonio del deudor, se podrá reducir la cuantía de la pensión compensatoria, siempre que la modificación sustancial tenga un carácter notorio y sustancial; mientras que en el caso en el que se modifique sustancialmente la fortuna del deudor, la pensión compensatoria se podría limitar cuantitativamente, por ser menor el desequilibrio al que se enfrenta el acreedor.

    La clave aquí estriba en determinar qué se considera alteración sustancial, para lo que me remito a lo expuesto en párrafos anteriores, y en especial a lo que determina la Sentencia del TS nº700/2011 de 3 de octubre, que también ha sido objeto de análisis.

    CONCLUSION

    Es posible modificar la cuantía y/o la temporalidad de la pensión compensatoria, e incluso extinguirla, sólo hay que saber cómo.

    Elia Barinagarrementeria Perosanz.

  • ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LA  LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA

    ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA

    Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, popularmente conocida como “ley de custodia compartida”, se ha producido un cambio significativo en la regulación de los criterios que deben guiar la decisión judicial sobre la atribución del uso de la vivienda familiar en los casos de ruptura de los progenitores.

    Esta ley, aprobada por el Parlamento Vasco en uso de la competencia que le reconocen los arts. 149.1.8º de la Constitución y 10.5 del Estatuto de Autonomía, resulta de aplicación en el ámbito territorial de la CAPV, siempre que el progenitor o progenitores que tengan la autoridad parental sobre sus hijos/as ostenten vecindad civil vasca.

    Así pues, la regulación que contiene la ley vasca difiere notablemente de la prevista en el Código Civil y, por tanto, de la que resultaba de aplicación con anterioridad al día 10 de octubre de 2015 que, si bien flexibilizada por la interpretación que del artículo 96 del Código Civil había venido realizando el Tribunal Supremo, resultaba excesivamente simplista y únicamente preveía a quién debía atribuirse el uso de la vivienda en los supuestos de custodia monoparental (“a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”) y, por tanto, la decisión sobre esta cuestión en los casos de guarda y custodia compartida quedaba sometida al libre criterio judicial (entre otras, SSTS 593/2014, de 24 de octubre y 215/2016, de 6 de abril).

    Tal vez la equiparación que la ley vasca realiza entre la custodia compartida y la exclusiva, priorizando sutilmente la primera, y/o tal vez las soluciones desproporcionadas a las que abocaba en ocasiones la parca regulación del Código Civil, han conducido al legislador vasco a regular de forma amplia esta cuestión en el extenso artículo 12 de la ley, que comienza declarando los tres elementos que el juez debe ponderar por lo que a la atribución del uso de la vivienda familiar se refiere: el interés superior de los hijos/as, las necesidades de los miembros de la pareja y la titularidad de la vivienda.

    Atribución en supuestos de custodia monoparental.

    En los casos de custodia exclusiva, el uso de la vivienda familiar debe otorgarse preferentemente al progenitor a quien corresponda la guarda y custodia de los hijos/as comunes “si es lo más conveniente para el interés de estos/as” (sin dar por sentado, por tanto, que efectivamente lo sea). Precisamente, la ley brinda, de forma novedosa, la posibilidad de sustituir la atribución del uso de la vivienda familiar por el de otra vivienda propiedad de uno o ambos miembros de la pareja si es idónea para satisfacer la necesidad de vivienda de los hijos/as menores y, en su caso, del progenitor más necesitado.
    También podrá atribuirse, por contra, al progenitor no custodio si objetivamente tiene mayores dificultades de acceso a otra vivienda y el custodio dispone de medios suficientes para cubrir la necesidad de vivienda de los/las menores y es, además, compatible con el interés superior de estos/as.

    Atribución en supuestos de custodia compartida.

    En los supuestos de custodia compartida, la ley no establece en principio una solución preferente entre las dos que propone: una, que el uso de la vivienda sea atribuido por periodos alternos a ambos progenitores y dos, que se atribuya al progenitor que objetivamente tenga mayores dificultades de acceso a una vivienda si ello es compatible con el interés superior de los hijos/as.

    Debemos apuntar, no obstante, que la primera solución, conocida entre otras denominaciones como “nido compartido” y consistente en que sean los menores los que residan de forma continuada en el domicilio familiar y los progenitores quienes entren y salgan, viene considerándose por los tribunales un “foco asegurado de conflictos del que hay que proteger al menor” (SSAP Vizcaya 420/2016, de 30 de junio y 299/2016, de 12 de mayo), que “puede dar lugar a graves problemas de convivencia” y por tanto, la solución “pasa por el hecho de que esta atribución del uso de la vivienda que fue familiar sea de carácter transitoria” (SAP Vizcaya 285/2016, de 4 de mayo).

    Limitaciones temporales.

    Por otra parte, el legislador vasco prevé como limitaciones temporales a la atribución del uso de la vivienda, las siguientes: primero, en aquellos casos en los que la atribución a uno de los progenitores se realice por razones de necesidad, se establece una limitación temporal de hasta dos años, susceptible de prórroga; segundo, en los casos en que la atribución se realice por otorgársele la guarda y custodia de los hijos/as, ya sea exclusiva o compartida, y si la vivienda es privativa del otro progenitor o común a ambos, se limita al tiempo en el que dure la obligación de prestarles alimentos.

    Esta última previsión se aparta de la regulación del Código Civil y la interpretación que, de la misma, ha realizado el Tribunal Supremo, en el sentido de entender que, alcanzada la mayoría de edad, los hijos/as no ostentan automáticamente un derecho a mantenerse en el uso de la vivienda familiar, a pesar de que subsista la obligación de los progenitores de prestarles alimentos (entre otras, STS 624/2011, de 5 de septiembre). Por el contrario, el legislador vasco parece haber optado por prolongar la atribución del uso más allá de la minoría de edad y en tanto en cuanto dure la obligación de prestar alimentos a los hijos/as. No obstante, el texto de la ley es ciertamente contradictorio en este punto y ello ha permitido que, por el momento, la SAP Vizcaya 16/2016, de 15 de enero, acogiéndose a la doctrina jurisprudencial, haya señalado que lo que la ley vasca prevé es asimismo la extinción del derecho de uso por finalización y cese de la guarda, es decir, por alcanzar la mayoría de edad.

    Compensación económica por pérdida de uso.

    Más allá de los límites temporales señalados, la ley contempla, en el caso de que la vivienda se atribuya a uno de los progenitores siendo ésta privativa del otro o común de ambos, la fijación de una compensación por la pérdida del uso a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario, teniendo en cuenta las rentas pagadas por alquiler de viviendas similares y la capacidad económica de los miembros de la pareja, lo cual viene a resolver de forma satisfactoria aquellas situaciones en las que se daba un claro enriquecimiento injusto y/o abuso de derecho como consecuencia de la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores.

    Causas de extinción.

    El artículo 12, apartado 11, regula asimismo las causas de extinción del derecho de uso que son, además de las pactadas entre las partes, las siguientes: el fallecimiento del beneficiario del uso; la mejora de la situación económica del beneficiario del uso o el empeoramiento relevante de la situación económica de la otra parte (cuando se haya atribuido por razones de necesidad, se entiende); el matrimonio o convivencia marital del beneficiario del uso con otra persona; la finalización o cese de la guarda o de la obligación de prestar alimentos; y el vencimiento del plazo previsto en la atribución temporal judicialmente adoptada.

    Lo cierto es que la previsión sobre la extinción del derecho de uso por “matrimonio o convivencia marital del beneficiario del uso con otra persona” colisiona de forma manifiesta con lo que hasta la fecha había venido sentando la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales que, como criterio general (a salvo de la SAP Almería 59/2007, de 19 marzo), sostenían que dicha convivencia en nada debía afectar a la atribución del uso de la vivienda familiar, sin perjuicio de que pudiera resultar procedente el pago de una indemnización de daños y perjuicios a favor del progenitor no adjudicatario (AAP Madrid de 5 de mayo de 2000 y 16 de julio de 2002).

    Así, deberíamos entender que tal previsión únicamente resulta aplicable en el supuesto de que la vivienda familiar se haya atribuido a uno de los progenitores por razones de necesidad y no por habérsele atribuido la guarda y custodia de los hijos/as menores, en cuyo caso será preciso además ponderar si la nueva relación sentimental supone o no una mejora de su situación económica o si cabe, en atención a las circunstancias, el recurso a la teoría del enriquecimiento injusto y/o abuso de derecho que, dicho sea de paso, decaerá en el caso de que haya sido acordada una compensación económica a favor del progenitor no adjudicatario.

    Imagen: Pixabay . CCO Public domain

  • El nuevo Derecho Civil Vasco en materia sucesoria

    El nuevo Derecho Civil Vasco en materia sucesoria

    ¿Le preocupa la continuación de su empresa familiar una vez se produzca el revelo generacional? ¿Le gustaría que fueran sus nietos quienes heredaran directamente su patrimonio? ¿Quiere saber qué repercusiones podría tener la aceptación de una herencia con deudas?

    La reciente Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco ha instaurado una nueva realidad sucesoria en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma mediante el establecimiento, por primera vez en su historia, de un ordenamiento sucesorio único para toda la población vasca.

    A través de esta Ley se da fin a la fragmentación legislativa que regía en el ámbito de los tres Territorios Históricos con anterioridad, en los que podíamos distinguir hasta cinco núcleos normativos regulados, a su vez, en dos normas, de forma que, por ejemplo, dos eran las leyes de aplicación e innumerables las diferencias en la regulación de la herencia de un vecino de Galdakao y otro de Bilbao.

    La Ley de Derecho Civil Vasco ha diseñado un sistema que, sin perjuicio de la conservación de ciertas instituciones forales singulares en determinados ámbitos geográficos (troncalidad y régimen de comunicación foral de bienes en Bizkaia y plena libertad de testar en Ayala), permite a los ciudadanos vascos ordenar su sucesión desde un plano de mayor igualdad.

    ¿A quiénes resulta de aplicación esta Ley?

    Esta nueva Ley resulta de aplicación a todas aquellas personas que tengan vecindad civil vasca, la cual fue adquirida el pasado día 3 de octubre de forma automática por quienes gozaban de vecindad civil en cualquiera de los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a las reglas de adquisición, modificación y pérdida que prevén los arts. 14 y 15 del Código Civil, esto es, por nacimiento, por residencia continuada durante dos años en algún territorio de la CAPV manifestando su voluntad de adquirirla, o durante diez años sin declaración en contrario durante ese periodo de plazo. 

    ¿Cuáles son las principales novedades que introduce?

    a) Legítima o sucesión forzosa.

    En materia de legítima, es decir, en las restricciones que la Ley establece a la libertad de testar del causante en favor de determinados parientes, la nueva Ley vasca amplía la libertad de disposición respecto al colectivo de los descendientes (hijos, nietos, etc.) y ascendientes (padres, abuelos, etc.), reforzando, en cambio, la posición del cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, en clara respuesta al sentir de la sociedad vasca.

    Deben destacarse las siguientes novedades:

    1. Se reduce la cuota legitimaria de los descendientes de los dos tercios del Código Civil o los cuatro quintos de la Ley 3/1992, de Derecho Civil Foral del País Vasco, a un tercio del caudal hereditario (art. 49).

    Ahora bien, la nueva Ley regula una legítima colectiva en sustitución de la legítima individual, que se traduce en que el causante vasco tiene absoluta libertad para optar, dentro del colectivo de legitimarios (hijos, nietos, etc.), a favor de quien o quienes dispone de ese tercio que ineludiblemente les corresponde y en qué proporciones, apartando a todos los demás de cualquier derecho en su herencia (art. 51 LDCV); una suerte de desheredación que no requiere de causa alguna y que puede articularse incluso mediante la simple omisión de tales parientes en el testamento (art. 48 LDCV).

    1. Se suprime a los ascendientes del colectivo de legitimarios, de forma que únicamente heredarán si así lo dispone el causante, a excepción de las sucesiones intestadas.
    1. Se aumenta la cuota legitimaria del cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, a quienes se equipara a efectos sucesorios y se les reconoce, además del usufructo de la mitad o dos tercios de todos los bienes de la herencia, un derecho de habitación en la vivienda conyugal o de la pareja de hecho, mientras se mantengan en estado de viudedad, no hagan vida marital ni tengan un hijo no matrimonial o no constituyan una nueva pareja de hecho (art. 54 LDCV).

    Además, se prevé la posibilidad de legar a favor de éstos el usufructo universal de la herencia sin necesidad de recurrir a la institución de la cautela socini; usufructo universal que, en adelante, los hijos o descendientes necesariamente deberán respetar.

    1. Por último, la nueva Ley vasca contempla, en contra de la taxativa prohibición que recoge el Código Civil, la posibilidad de que la legítima sea objeto de renuncia aun antes del fallecimiento del causante, mediante pacto sucesorio.

    b) Formas de ordenar la sucesión voluntaria.

    La Ley vasca amplía el abanico de instrumentos a disposición del causante para decidir el destino de sus bienes. Así, además de las formas testamentarias previstas en el Código Civil, la Ley extiende a todo el ámbito territorial de la CAPV la utilización de instituciones típicamente forales, tales como el testamento “hilburuko”, el testamento mancomunado, la sucesión por comisario y los pactos sucesorios.

    A través de estos últimos y con apoyo en la legítima colectiva puede articularse de forma más óptima la transmisión de pequeñas empresas familiares, dado que los empresarios ostentan la facultad de elegir al descendiente que consideren más apto para la continuación del negocio familiar. Se supera así la ruptura a la que la empresa familiar venía abocada en muchos casos por la aplicación del sistema del Código Civil.

    c) Sucesión legal o intestada

    La Ley de Derecho Civil Vasco modifica el orden de prelación para los casos en que opere la sucesión intestada, por ejemplo, cuando el causante haya fallecido sin testamento, situando al cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por delante de los ascendientes, aunque eso sí, únicamente heredarán en defecto de hijos y descendientes del causante, sin perjuicio de sus derechos legitimarios.

    d) Responsabilidad civil por deudas

    La responsabilidad del heredero por las deudas de la herencia queda en todo caso limitada en la nueva Ley al valor de los bienes que integran la misma, por lo que se resuelven así los problemas derivados de herencias absolutamente deficitarias en las que los herederos debían hacer frente a las cargas de la herencia incluso con su patrimonio personal.

    Conclusiones

    En definitiva, la recién estrenada Ley de Derecho Civil Vasco sienta una nueva realidad en materia hereditaria presidida por una mayor libertad de testar y tendente a posibilitar una adecuada planificación sucesoria, en coherencia con el principio de libertad civil que propugna en su articulado.

    Este cambio de paradigma no implica que los testamentos otorgados con anterioridad al día 3 de octubre hayan devenido ineficaces, si bien es cierto que podrían surgir conflictos intertemporales y problemas interpretativos de distinta índole, cuya resolución vendrá de la mano de las reglas en materia de Derecho transitorio.

    Sandra Castellanos.

    Foto: Pixabay CC0 Public Domain.