Categoría: Justicia

  • El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El pasado 18 de octubre la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acogido, por primera vez en nuestro país, la jurisprudencia sentada por la reciente sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, en virtud de la cual, reconoce el derecho de una trabajadora, contratada para realizar un proyecto de investigación, a percibir una indemnización de veinte días por año trabajado.

    Así, pese a que el contrato de investigación suscrito entre las partes ha sido calificado como temporal, en atención a su similitud con un contrato de obra o servicio, el Tribunal ha optado por elevar la indemnización correspondiente por extinción a veinte días.

    Analizado el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora frente a la sentencia de Instancia, la Sala considera que la terminación del contrato ha de considerarse ajustada a derecho y pese a su calificación de temporal, plantea ésta la aplicabilidad, al supuesto de autos, de la reciente jurisprudencia sentada por el TJUE.

    Superados los posibles obstáculos, entre otros el principio de congruencia – en cuanto que ni en la vista oral, como tampoco en la formalización/impugnación del recurso se suscita una cuestión de ese tenor (indemnizatoria), estima la Sala su capacidad para decidir sobre el derecho de la trabajadora a recibir algún tipo de indemnización complementaria a la ya recibida, puesto que la ejercitada acción de despido, bien nulidad, bien improcedencia conlleva; la primera el binomio readmisión/salarios de tramitación y la segunda, indemnización para reparar el daño causado por la empresa ante la extinción contractual.

    Es por ello que, a juicio de la Sala, su valoración no alteraría la naturaleza de la acción por despido en su momento entablada por la actora, ni la modificación es de tal naturaleza que hiciera irreconocible el debate, pues se limitaría a fijar la indemnización a la que finalmente tendría derecho…

    El Superior Vasco justifica el aumento indemnizatorio en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión, así como en la interpretación realizada por el TJUE en la ya citada sentencia respecto a la aplicación de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo Marco, no pudiendo ser interpretados de forma restrictiva por tratarse de un derecho social de la Unión.

    Razona la sentencia que la jurisprudencia europea en cuestión, no crea un nuevo derecho a una indemnización, sino que lo que hace es recordar cuál es la interpretación auténtica de la Directiva 1999/70/CE, que recoge sobre el ‘Principio de no Discriminación’ que por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

    En conclusión, a juicio del Tribunal la terminación del contrato de investigación es asimilable al que se produce por una causa ‘productiva’ (suficiente para el despido objetivo) no existiendo por tanto motivo que justifique que la trabajadora perciba una indemnización distinta a la que percibiría un trabajador indefinido despedido por causa objetiva.

    Situación actual

    Por lo que respecta al alcance temporal de la sentencia, entendemos que podrán reclamar el derecho al percibo o complemento hasta la cuantía de veinte días aquellos trabajadores interinos o temporales cuyos contratos finalicen a partir de este momento, así como aquellos cuyas relaciones laborales se vieron extinguidas en un plazo no superior a un año, plazo previsto por la normativa para el ejercicio de tal derecho.

    Y ello, pese a que el supuesto concreto analizado por el TJUE –origen de la jurisprudencia ahora analizada- haga referencia a trabajadores interinos y no temporales, quienes hasta el momento no gozaban de derecho indemnizatorio por extinción en nuestro ordenamiento, ya que el objetivo pretendido por la norma comunitaria y la interpretación de sus tribunales se encuentra dirigido a la no discriminación entre trabajadores.

    En cualquier caso, la exigencia pasa, como ya se han pronunciado distintos profesionales, por una reforma parcial del Estatuto de los Trabajadores, buscando su adecuación a la normativa comunitaria y su actual jurisprudencia.

     

    Sobre el alcance y términos de esta primera resolución fue entrevistado el pasado 19 de octubre D. Santiago Jauregui Arco,  socio fundador y actual CEO de Grupo Eurotax.

    Puede escuchar la entrevista completa en la Cadena Ser accediendo al siguiente link

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    Fotografia: Grupo Eurotax

  • Desayuno de trabajo EUROTAX-MARSH «RIESGO CORPORATIVO»; Bilbao – viernes 11 noviembre 9,15 h

    Desayuno de trabajo EUROTAX-MARSH «RIESGO CORPORATIVO»; Bilbao – viernes 11 noviembre 9,15 h

    Eurotax ha iniciado entre sus clientes una campaña de concienciación sobre la necesidad de todas las empresas en adecuarse al cumplimiento de la nueva normativa legal de Compliance en materia de buenas prácticas empresariales .

    Los recientes requisitos instaurados respecto a la publicidad sobre la política social corporativa, canales de denuncias anónimos, sistema disciplinario interno, mapa de riesgos empresariales, programas y manual de cumplimiento de protocolos , formación continua en la materia, y designación de «Director de cumplimiento» en cada empresa han generado, como hemos podido constatar en estas últimas semanas, la honda preocupación de todas ellas por tener el mejor asesoramiento posible al objeto de tomar la mejor decisión al respecto, ya gestionando las nuevas exigencias legales a nivel interno ya externalizándolas a un despacho profesional y así poder seguir centrándose en la actividad fundamental de cada compañía derivando la responsabilidad del cumplimiento normativo exigible a profesionales externos, más acostumbrados y cualificados para ello.

    riesgo corporativo 2

    Han sido tantas las solicitudes de información recibidas que hemos decidido realizar una serie de desayunos de trabajo con las empresas interesadas donde, con la colaboración de los más cualificados expertos de MARSH con quienes llevamos ya varias jornadas internas de formación y coordinación, podremos, durante aproximadamente una hora, tratar en cada uno de ellos con unas veinte empresas de características similares las circunstancias particulares de cada una de las mismas al objeto de focalizar perfectamente las necesidades de cada empresa en función de una tamaño e idiosincrasia particular ( empresa familiar, número de socios, administrador único o consejo de administración, exportadores, riesgos laborales acentuados, redes digitales, mobbing, discriminación por sexo o minorías sociales, ….. ).

    Les rogamos que , en orden ir preparando las diferentes jornadas adecuadamente, nos lo comuniquen lo antes posible quedando a su entera disposición para cualquier aclaración que precisen esperando celebrar una jornada amena y formativa.

  • Marsh y Grupo Eurotax firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer a sus clientes un programa de prevención penal.

    Marsh y Grupo Eurotax firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer a sus clientes un programa de prevención penal.

    Grupo Eurotax acaba de firmar un acuerdo de colaboración con MARSH , líder mundial en correduría de seguros y gestión de riesgos, con  sede en Bilbao en Torre Iberdrola, planta 14, con el objetivo de facilitar la adecuación de las empresas de nuestro ámbito geográfico a la nueva normativa penal en materia societaria.

    El pasado 1 de julio de 2015 entraba en vigor la Ley Orgánica 1/2015 que propicia la reforma del Código Penal donde destaca la responsabilidad penal de las personas jurídicas, susceptibles de incurrir ahora en la comisión de 34 ilícitos penales.

    Esta nueva redacción centra especialmente su atención en la reforma del artículo 31 bis mediante la inclusión y regulación de los programas de prevención penal  como condición sine qua non para la exoneración o atenuación de la responsabilidad.

    La reacción de la Fiscalía frente a la reforma operada no se ha hecho esperar, procediendo a la publicación de la circular 1/2016 a través de la cual imparte instrucciones y criterios centrados fundamentalmente en la valoración de los programas de cumplimiento como eximentes de responsabilidad.

    Tanto Marsh como Grupo Eurotax son conscientes de la necesidad urgente de sus clientes en adecuarse a la nueva normativa y para ello han firmado un acuerdo de colaboración  con una comisión de seguimiento permanente integrada por Diego Pagadigorría y Pablo Martinez por parte de la primera con  Santiago Jauregi y Maitane Valdecantos por la segunda.

    Aproximación al contenido legal.

    La naturaleza de esta responsabilidad obedece al sistema de transferencia de la responsabilidad  penal. En lenguaje sencillo, la «empresa»  será sujeto de responsabilidad penal por los actos realizados por una persona física vinculada ( administrador de hecho o de derecho, apoderado, gerente,….. ) con ésta, siempre que concurran determinados presupuestos que atendiendo a la redacción literal del precepto definiríamos como “aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”- y  las “personas sometidas a la autoridad de aquellas”.

    En definitiva, la nueva expresión engloba a un potencialmente alto número de cargos y mandos intermedios que tengan atribuidas tales facultades.

     

    Ahora bien, la persona jurídica sólo responderá si los actos realizados reportan un beneficio directo o indirecto. A estos efectos, la Fiscalía ha calificado la nueva redacción como objetiva, matizando su sentido como “acción tendente a conseguir un beneficio sin necesidad de que este se produzca”.

    Respecto a los actos cometidos por quienes quedan sometidos a la autoridad de las personas físicas relacionadas con anterioridad,  se requiere  un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control precisando la Fiscalía que dichos deberes resultan exigibles a las personas relacionadas en el apartado a) del art. 31 bis 1 y no directamente a la persona jurídica, tratándose por tanto de un incumplimiento de la persona física y no de un defecto de organización de la persona jurídica.

    Finalmente, la nueva redacción, en relación con el principio de intervención mínima del derecho penal , permite excluir de dicho ámbito los incumplimientos de escasa entidad, siendo éstos objeto de sanción exclusivamente  administrativa.

    Programas de prevención penal.

    Como se ha detallado , la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica queda supeditada a la existencia, previa comisión del ilícito, de un programa de prevención y control idóneo. A estos efectos, resultará de especial importancia que el programa instaurado cumpla con los requisitos de idoneidad y eficacia recogidos por el art. 31 bis.

    Ahora bien, ¿cómo iniciar la implantación del sistema?

    1.- Adopción de acuerdo, por parte del órgano de administración, en el que refleje la puesta en marcha del estudio e implantación del programa de cumplimiento normativo.

    2.- Adoptado el acuerdo para la implantación del programa, debe procederse al nombramiento del compliance officer , es decir un  «responsable de cumplimiento con suficiente experiencia, conocimiento e independencia siendo su perfil habitual un híbrido entre asesoría jurídica y auditoría.

    3.- Redacción de un código ético como instrumento normativo de carácter deontológico. Su ámbito de aplicación se extenderá a todos los niveles de la empresa en el desarrollo de sus funciones y, si fuera posible, a todos aquellos que se hallen integrados en el perímetro del dominio social.

    4.- Análisis del riesgo existente , elemento esencial del programa de prevención, mediante la elaboración del mapa de riesgos. En este punto, el conocimiento interno de la compañía toma especial relevancia puesto que, para la eficacia del programa, deberemos analizar pormenorizadamente la concreta actividad de la compañía y la susceptibilidad de que con ésta, incurramos en alguno de los 34 tipos previstos para la derivación de responsabilidad penal. Los resultados arrojados permitirán la clasificación de los riesgos; alto, medio o bajo, en atención a su probabilidad de comisión, facilitando así la adopción de medidas preventivas y su calificación como urgente o demorable. Analizados los riesgos, deberán adoptarse las medidas tendentes a su prevención, mediante la instauración de sistemas que permitan minorar su probabilidad de comisión. Estas medidas deberán ser instrumentalizadas mediante la creación del plan de prevención de riesgos penales.

    5.- Creación de un régimen disciplinario, susceptible de inclusión en el código ético, y un canal de denuncia que permita la detección de irregularidades e identificación del sujeto comitente. Para la instauración de este último queda abierta la puerta a su externalización y anonimato.

    La Fiscalía ha contemplado la opción de recurrir a la contratación externa de las distintas actuaciones enumeradas  ya que lo verdaderamente relevante, apunta, es «que la persona jurídica tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo «.

    Aplicación de medidas en las pequeñas empresas.

    Si bien la norma precisa que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, entiéndase aquellas  autorizadas a la presentación de cuentas anuales abreviadas, las funciones anteriores podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración, lo cierto es que la asunción directa de funciones por parte del órgano de administración contradice los principios de autonomía e independencia comprometiendo el correcto funcionamiento de los canales de denuncia y régimen sancionador, entre otros, cuando los mismos deban aplicarse sobre la persona o personas que ostentan tal representación.

    Conclusiones

    Entendemos necesario que las empresas consideren esta nueva normativa como una oportunidad de dar un «salto adelante» respecto a las nuevas exigencias del mercado.  Es imprescindible transmitir que nuestras firmas tienen un compromiso con los valores de la ética empresarial y, cada una desde sus posibilidades,  quiere contribuir a que el  nivel de exigencia en las relaciones empresariales tengan un standard elevado.

    La experiencia de los profesionales de Eurotax como miembros de Consejos de Administración de grandes empresas, Abogados  (altamente cualificados en materia societaria, mercantil, penal , nuevas tecnologías, propiedad industrial e intelectual,…), auditores así como su contrastada colaboración con MARSH en materia de aseguramiento global empresarial …. unido al conocimiento de sus clientes por las largas trayectorias de trabajo en común con los departamentos fiscales y laborales de la firma nos hacen los candidatos más adecuadas para hacer un programa de prevención del riesgo penal a medida de cada una de las empresas que asesoramos, sea del tamaño que sea la misma con adecuación al presupuesto razonable a destinar a cumplir con esta nueva exigencia legal.

     Santiago Jauregi / Maitane Valdecantos / Alberto Fernández Saiz

    Grupo Eurotax. Dpto. Jurídico

    Imagen: Pixabay CC0 Public Domain

  • Maitane Valdecantos acude en representación del ICASV al reconocimiento del Ministerio de Justicia a JustiApps

    Maitane Valdecantos acude en representación del ICASV al reconocimiento del Ministerio de Justicia a JustiApps

    La letrada de Grupo Eurotax, Maitane Valdecantos, acudió en representación del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya (ICASV), a la recepción que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, realizó a los ganadores y patrocinadores del concurso de innovación tecnológica JustiApps.

    JustiApps es una iniciativa dirigida a crear un punto de acercamiento entre el ciudadano, el derecho y la tecnología.  Su objetivo es el de involucrar al ciudadano en la construcción de la justicia a través de la tecnología y de esta manera conseguir: aportar ideas, mejorar la información y comunicación entre administración, ciudadanos y profesionales, y ayudar a mejorar la situación de la justica.

    Dicha iniciativa se articula en 4 fases:

    • Concurso de ideas.
    • Seminarios par a Juristas y para desarrolladores.
    • Hackathon: Evento tecnológico, en el que a modo de Marathon, los equipos participantes desarrollan aplicaciones móviles sobre las ideas aportadas por los ciudadanos.
    • Entrega de premios: Momento de premiar a las mejores JustiApps.

    Justicia de las personas

    Catalá resaltó la importancia de la tecnología y el trabajo de JustiApps como el camino para lograr la modernización inaplazable del sistema, destacando la importancia de trabajar en la idea de la justicia de las personas, en la que el ciudadano se convierte el merecedor necesario de todos los esfuerzos encaminados a mejorarla.

    El ministro reconoció que la Justicia «hoy todavía está lejos de las nuevas tecnologías”, pese a que no tienen que ser, dijo, campos distintos, “sino más bien todo lo contrario”.

    La letrada Maitane Valdecantos, se define como defensora de el uso de las tecnologías y cree y participa en todo de  tipo de iniciativas que pretendan trabajar por y para el ciudadano. Además, aboga por la necesaria transformación de una era “analógica” de la justicia para llegar a una era “digital” de la misma. Como no puede ser de otro modo, advierte de la importancia de mantener informados y concienciados a los ciudadanos  acerca de los derechos que les asisten,  las obligaciones que les afectan, de el uso correcto y legal de las tecnologías y de los riesgos que lo contrario puede acarrear.

    Los apoyos recibidos por JustiApps

    JustiApps ha contado con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Ayuntamiento de Madrid, así como con varios patrocinadores principales: el Consejo General del Poder Notarial, la editorial Wolters Kluwer y el Banco de Santander. También ha sido clave el apoyo de otros patrocinadores como Ilunion, Amazon y Everis. Así como el de los colaboradores: las universidades Complutense, Europea de Madrid, Nebrija y Villanueva. Las asociaciones, editoriales y empresas ACC, AJE, AMJI, Derecho Práctico, Enatic, Escuela de Práctica Jurídica, FIDE, Fundación Hay Derecho, Legálitas, Novagob, el Ilustre colegio de abogados del Señorío de Vizcaya, el colegio de abogados de Alcalá de Henares,  Pronoide, Unifortia, Universia y Visualiza Legal.

    Fotografía: Gabinete de prensa del Ministerio de Justicia.

  • ¿Qué es el Derecho Deportivo?

    ¿Qué es el Derecho Deportivo?

    «Estimados lector@s.

    Quisiera aprovechar la oportunidad que Eurotax Abogados me ha brindado con este nuevo Blog para inaugurar un espacio en el que volcaré y reflexionaré sobre aquello que más me apasiona: el derecho, especialmente el Derecho Deportivo.

    Al leer estas palabras imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué es exactamente eso del «Derecho Deportivo». Pues bien, permitid que comience diciendo que aunque en estos días parezca increíble, el Derecho Deportivo es una de las áreas más desconocidas pero polivalentes de nuestra profesión. Todo un handicap para los profesionales que estamos especializados en esta materia, capaz de dar respuesta a las numerosas y cada vez más habituales facetas del mundo del deporte.»

    Otra de las principales cuestiones que hoy quisiera explicar es el cómo y de qué manera el derecho deportivo puede servir a vuestros intereses profesionales y personales. Me aventuro a decir que esta rama de la abogacía, de la que pocos despachos gozan en este país, tiene capacidad para abordar cualquier controversia jurídica o no jurídica vinculada al mundo deportivo que os podáis encontrar en vuestras vidas laborales y privadas.

    Es de imaginar que una de las áreas de ejercicio de la abogacía más conocidas en la sociedad es la vía penal, especialmente cuando nos referimos a delitos como puede ser el dopaje, pero también considero necesario destacar dentro del amplio abanico que existe el patrocinio deportivo, el asesoramiento jurídico integral a deportistas (tanto amateurs como profesionales), así como cualquier litigio que pudiese surgir en materia de seguros y responsabilidad civil.

    Esta pasada semana he tenido el honor de acudir a un máster de derecho deportivo en Lleida, en el que entre otras excelencias se encontraba el Dr. José Bermejo Vara, uno de los creadores de la Ley 10/1990 del Deporte en España, además de uno de los intervinientes en la redacción de la Constitución Española, sobre todo participó en la redacción del artículo 43.3 el cual adelanto a continuación “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. No obstante, es menester mencionar a los demás ponentes, siendo el Dr. Don Alberto Palomar Olmeda, el Dr. Don Antonio Ezquerra, el Dr. Don José Luis Carretero Leston y para terminar el secretario del Consejo Superior de Deportes Don Miguel Cardenal.

    Un máster en el que he tenido la oportunidad de analizar y debatir con compañeros de profesión numerosas cuestiones relativas al Derecho Deportivo, como las sanciones disciplinarias en materia deportiva, el contrato de patrocinio deportivo, la intervención de los poderes públicos en el deporte o la intervención de los medios audiovisuales en el deporte. Todas ellas materias de rabiosa actualidad que rodean este complejo y multidisciplinar mundo que es el deportivo.

    Por último, y antes de despedir este primer post en mi blog, quisiera adelantaros que en breve os ofreceré algunas de las principales claves de un área fundamental del Derecho Deportivo: el patrocinio.

    Os emplazo por tanto a seguir atentos a mi siguiente publicación que, sin duda, contribuirá a despejar importantes dudas sobre la aplicación de esta área legal en el mundo deportivo.

    Janire_Ruiz

    Janire Ruiz de Gordejuela
    Departamento Jurídico

    Foto: jglsongs (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

     

  • ¡Ayuda!, me deben dinero y no sé cómo reclamarlo

    ¡Ayuda!, me deben dinero y no sé cómo reclamarlo

    Más del 50% de las empresas han sufrido o están sufriendo impagos significativos que ponen en riesgo su actividad empresarial. Y es que, según datos facilitados por la Comisión Europea a finales de 2012, las insolvencias empresariales generan cada año más de 23.600 millones de deuda impagada en la Unión Europea.

    Empresas que entran en concurso, deudores profesionales, retrasos injustificados: “a principios del mes que viene te pago” “se me ha olvidado, mañana hago el ingreso”; “he estado fuera y no he podido hacerlo, el lunes a primera hora me paso por las oficinas a abonarlo”; y así un sinfín de excusas…

    Debido a la coyuntura económica que actualmente se está atravesando, no resultaría extraño que te hayas visto inmerso en una situación como la que estamos describiendo. Lo más seguro es que te resulten familiares y, si me apuras, que te hayas sentido identificado.

    Por ello, intentaremos dar una serie de claves que te permitan, con mayor o menos éxito, recuperar esas cantidades que te devolverá la presteza a tu actividad.

    En primer lugar, un consejo importante: hay que evitar que se acumulen considerables sumas de impagos, cuanto mayor sea la deuda, más difícil resultará recuperarla y mayores perjuicios causará en la tesorería de tu empresa.

    ¿Cómo puedo recuperar mi dinero?

     Pero este consejo lo utilizaremos para ulteriores ocasiones, ahora te encuentras en la situación posterior, ya te deben el dinero, lo has intentado todo sin éxito alguno, así que te preguntas ¿cómo puedo recuperarlo sin incurrir en mayores costes? Es evidente que la primera preocupación son los gastos que va a generar la reclamación judicial de esta deuda, y si esos gastos van a garantizar el reintegro de las cantidades que te deben.

    A los profesionales del Derecho no nos interesan los clientes insatisfechos, nuestro objetivo es asesorar, y hacerlo de manera adecuada, aunque ello suponga recomendar al cliente no acudir a un largo y arduo proceso judicial porque de antemano conocemos lo improductivo de los resultados que se esperan. Y es que como dice la famosa regla mercadotécnica “Un cliente satisfecho cuenta su experiencia a 5 personas, mientras que un cliente insatisfecho lo cuenta a al menos 11 personas. Pero ahora en la era digital, internet permite que un cliente satisfecho puede llegar a millones de personas” Y eso, obviamente, nos interesa.

    Antes de nada, tu Abogado te recomendará hacer una labor de investigación, buscar si esa persona o empresa dispone de bienes, inspeccionar su actividad, indagar y examinar en lo más profundo de las entrañas de la actividad empresarial que te permita conocer eso que tú quieres saber, ¿Existe solvencia suficiente?

    Si es así, no tienes que perder de la mente tu principal objetivo que te conduce a la interpelación judicial: Recuperar lo que te deben. Y digo esto porque muchas veces la sed de venganza aturde, confunde y lleva a malograr el propósito primordial, convirtiendo lo que es una victoria inminente en una pérdida sin futuro.

    El Procedimiento Monitorio

    Llegados a este punto ya sabes que tiene dinero ¿Ahora qué tengo que hacer para recuperar lo que me deben? Actualmente nuestra nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, con el claro objetivo de reforzar la tutela procesal del derecho de crédito, instaura en nuestro ordenamiento procesal un procedimiento civil, sencillo y rápido, lo que en muchos casos puede resultar más deseable, que bastante tienes ya con que no te paguen, pues no requiere ni abogado ni procurador para la petición inicial: Se trata del Procedimiento Monitorio, regulado en los artículos 812-818 de la LEC.

    El procedimiento monitorio se inicia mediante la presentación de una demanda en los Juzgados. En dicho escrito habrá que exponer de manera clara y sencilla la situación y origen de esa deuda y, del mismo modo, se deberán adjuntar los documentos que acrediten esos hechos (contratos, albaranes, facturas, etc.)

    A la vista de la solicitud presentada, el Juzgado comunicará el inicio del procedimiento y requerirá a la otra parte para que en el plazo de 20 días pague o, en su caso, se oponga con las razones a las que a su entender no debe lo que se le reclama. De ahí que, de dicho requerimiento, y dependiendo de la actitud de la demandada, nos veamos antes tres situaciones diferenciadas:

    1º.– Si se paga, habrías recuperado en cuestión de un mes aproximadamente lo que te deben, y lo que es mejor aún, ¡sin gastar ni un céntimo!

    2º.– Si el deudor se opone, el monitorio derivará en un procedimiento judicial (ordinario o verbal dependiendo de la cuantía). Entonces, y solo si la cuantía de la reclamación supera los 2.000 euros, será necesaria la intervención de abogado y procurador y se citará a las partes a una vista declarativa en la que cada una de las partes deberá exponer sus argumentos y el Juez decidirá sobre el mismo.

    3º.– Si no existe oposición, el Juzgado dará por reconocida la deuda por lo que, si no se produce el pago de la misma, podrás solicitar la ejecución de ésta. De nuevo será necesaria la intervención de los profesionales del Derecho si la cuantía supera esos 2.000 euros.

    La cuarta situación

    En ocasiones puede existir una cuarta situación, que aunque no está regulada expresamente en nuestro ordenamiento jurídico, cada vez es más habitual, y es que el deudor se ponga en contacto contigo para abonar la deuda, suplicando algún tipo de facilidad. Y es por esta cuarta situación que hemos adelantado que no se debe perder de la mente que el objetivo es recuperar aquello que se debe. No siempre resulta rentable rechazar la posibilidad de acuerdo por la furia y reproche de que las medidas a las que te has visto obligado a acudir son consecuencia directa de la pasividad del deudor. Y es que un documento judicial que reconozca tu derecho de crédito, es papel mojado, si no logras la meta que te habías propuesto.

    En cualquier caso, debe ser una decisión meditada y estudiada, en la que tu Abogado de confianza, sin ninguna duda, te asesorará convenientemente si te interesa llegar o no a algún tipo de acuerdo, pero sin rechazar de antemano ninguna opción porque, como dirían nuestros ancestros: “más vale pájaro en mano, que ciento volando”.

    Gentzane Carrión Gómez
    Departamento jurídico 

    Foto: © Gerhard Seybert – Fotolia.com

  • Contrato de confidencialidad, el salvavidas de los secretos de empresa

    Contrato de confidencialidad, el salvavidas de los secretos de empresa

    El artículo 200 del Código Penal castiga al que descubra, revele o ceda datos reservados de personas jurídicas, sin consentimiento con penas de uno a cuatro años de prisión, multa e incluso inhabilitación profesional.

    El Tribunal Superior de Galicia validó en su sentencia del pasado 23 el despido de un trabajador por reenviarse a dos direcciones personales de email y con copia oculta un total de 196 correos electrónicos con información confidencial de la empresa. Una resolución que reabre un viejo debate en las ámbito de los directivos: ¿cómo puedo proteger los secretos de empresa?.

    El diario Expansión recoge el contenido de este caso en el que un trabajador sujeto a contrato de confidencialidad con la empresa reveló información confidencial y sensible no sólo su propia compañía, sino de otros trabajadores, como sus certificados médicos o sus partes de trabajo, así como el cuadrante de las vacaciones del personal.

    El tribunal consideró que este acto fue contrario a las «reglas básicas de la lealtad y honradez, con claro abuso de confianza en el desempeño del trabajo». Por ello, el TSJ de Galicia reconoce que este comportamiento implica un incumplimiento contractual grave que merece la máxima sanción de despido, según establece el artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores.

    Actualmente el Código Penal castiga en su artículo 200 con hasta cuatro años de prisión, multa y posible inhabilitación al que descubra, revele o ceda datos reservados de personas jurídicas, sin consentimiento. En el caso además de profesionales de la empresa relacionados con la actividad contable de la misma, aunque la ley penal no regula el delito de violar el secreto de la contabilidad, está indirectamente penado dentro de los delitos relativos al mercado y los consumidores y al descubrimiento y revelación de secretos.

    Por ello, y con el objetivo de garantizar en términos legales la protección de los secretos de empresa, el contrato de confidencialidad ofrece garantías para blindarse ante este tipo de actos, ya que la legislación de este ámbito considera desleal «la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente».

    Si desea consultar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por favor, visite el siguiente enlace.

    Arantza Gómez Larreina
    Departamento de Comunicación e Imagen