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  • GRUPO DE EMPRESAS LABORAL –  DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    GRUPO DE EMPRESAS LABORAL – DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    En el tráfico mercantil resulta habitual que varias empresas, aparentemente independientes, tengan una interrelación en su forma de operar en el mercado; habitualmente se trata de personas jurídicas con un objetivo común, que aúnan esfuerzos para generar unas sinergias que les permitan obtener beneficios mutuos sin perder su identidad particular.

    Son muchas y variadas las causas que pueden llevar a distintas empresas a formar un grupo mercantil, pudiendo generarse agrupaciones entre empresas del mismo sector, o de distintos sectores, en las que son unas clientes de otras, o existen unas relaciones más directas, cómo puede ser la adquisición de las acciones de otra empresa para tomar el control de las decisiones de esta, estableciéndose una relación de sociedad matriz y sociedad subordinada. También puede surgir dicha agrupación de empresas de la división de una empresa en varias particiones, circunstancia que puede tener distintos intereses: el establecimiento de un control más especializado de los distintos procesos de producción; la limitación de los riesgos de ciertas operaciones, políticas de presencia en el mercado…

    Dichas agrupaciones mercantiles no siempre tendrán responsabilidad respecto de las deudas generadas con los trabajadores de cada mercantil integrante del grupo, no obstante, los Tribunales están habilitados para llevar a cabo el denominado «levantamiento del velo«, es decir, penetrar en el sustrato jurídico de las distintas sociedades para indagar las interioridades negociables subyacentes entre ellas, evitando así la interposición de empresas ficticias carentes de patrimonio que no puedan hacer frente a sus responsabilidades laborales.

    A falta de disposiciones legales que determinen la existencia de un grupo de empresas laboral, los Juzgados y tribunales han venido estableciendo los criterios que determinan su existencia, distinguiéndose así los grupos de empresas laborales con los grupos de empresas mercantiles regulados en el artículo 42.1 del código de comercio.

    Para demostrar que un grupo de empresas a efectos mercantiles lo es también a efectos laborales, se tiene en cuenta una serie de circunstancias elaboradas por la jurisprudencia de nuestros tribunales. En este sentido, no tienen por qué concurrir la totalidad de dichos elementos de manera simultánea, ya que en ocasiones basta con una de ellas dependiendo de la intensidad que pueda tener la misma.

    Por tanto, cada circunstancia deberá ser analizada de forma separada, distinguiéndose los siguientes  requisitos:

    a.- Dirección Unitaria.

    Corresponde a la identidad entre los órganos de administración e incluso accionariado. Entre los elementos que delatan un funcionamiento unitario del grupo de empresas encontramos:

    • Que las sociedades funcionan de forma unitaria en el mismo centro de trabajo de la sociedad dominante.
    • Que no hay distinción de las actividades llevadas a cabo por cada una de las empresas.
    • Que el sistema de incentivos basado en beneficios se calcula sobre los beneficios obtenidos por todas las empresas del grupo, y no únicamente en aquella en la que prestan sus servicios los trabajadores.
    • La utilización de los mismos medios de comunicación (teléfono, fax, etc.) para todas las sociedades del grupo.

    b.- Apariencia externa de unidad empresarial.

    Se relaciona con una identidad única ante el mercado de todas las empresas existentes en el grupo, pudiendo confundirse por el consumidor una sociedad con otra.

    Llevará a estimar que existe un grupo de empresas a efectos laborales si la misma induce a terceros de buena fe, que han contratado con la empresa, a confusión sobre la identidad real del empresario. Esta doctrina, y su finalidad, está recogida en la temprana sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1987 (RJ 1987/6973) que se pronuncia como sigue: “quien crea una apariencia verosímil está obligado frente a los que de buena fe aceptan esa apariencia como una realidad a fin de no fomentar la posible aparición de empresas ficticias que carezcan de las mínimas garantías de responsabilidad dejando a los trabajadores indefensos”.”

    c.-Confusión de patrimonios sociales o caja única.

    Los elementos necesarios para poder apreciar que existe una confusión patrimonial entre diversas empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial han sido identificados por el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de marzo de 2002, Rec. 1666/2001 (RJ 2002, 4659) con “la interrelación de bienes, intereses, derechos y obligaciones de las personas físicas y de las personas jurídicas demandadas que genere una situación de «confusión de actividades, propiedades y patrimonios”. Entre los indicios valorados por la doctrina judicial para apreciar la confusión de patrimonios podríamos destacar la existencia de un régimen de caja única. Así lo estima la sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 2012, Autos 124/12 (AS 2012/1678), que declara la existencia de un grupo de empresas a los efectos laborales al apreciar que “una de las empresas del grupo era la única encargada de comprar la mercadería y distribuirla entre los diferentes supermercados, cobrar todas las facturas y atender todos los gastos de las diferentes empresas del grupo, incluyendo los salarios de todos los trabajadores del Grupo”.

    En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2012, Autos 21/2012 (AS 2012, 1773), en cambio, la confusión de patrimonios es apreciada por cuanto el grupo de empresas disfrutaba de una financiación común garantizada con los activos de todas las empresas a través de un “contrato de financiación sindicado”, existían saldos deudores y acreedores entre todas las empresas del grupo e incluso se suscribió una póliza de seguro de responsabilidad civil en favor de varias empresas del grupo.

    Esa misma financiación común fue apreciada, como elemento determinante de la existencia de un grupo de empresas laboral por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 11 de mayo de 2012, Rec. 625/2012 (JUR 2012\206611) en la que afirmaba que “concurren indicios sólidos del grupo de empresas tales como la concesión entre ellas de importantes créditos, incluida la empleadora del demandante, suscribiendo al efecto diversos contratos de financiación con entidades bancarias, para refinanciar sus deudas, constituyendo en garantía de dichas operaciones hipoteca sobre determinados activos de otras sociedades del Grupo”.

    d.- Confusión de plantillas.

    la confusión de plantillas exige un grado superior de intensidad o habitualidad en la prestación sucesiva o simultánea de servicios por los trabajadores. Y ello por cuanto la prestación sucesiva de servicios no lleva, necesariamente, a apreciar la existencia de un único empleador y por tanto de un grupo de empresas laboral.

    La confusión de plantillas, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 31 de enero de 1991 (RJ 1991/200), aparece cuando, con su actuación, la dirección de un grupo empresarial destina a sus trabajadores “a una y otra de las empresas vinculadas como si de un mero cambio de puesto de trabajo se tratara. No podrían explicarse de otra manera la simultaneidad de prestación de servicios a varias empresas del grupo, o la frecuencia de las transferencias de una a otra, o la disonancia que en más de una ocasión se produjo entre la adscripción formal a una empresa y la prestación efectiva de servicios en otra distinta. Las consecuencias jurídico – laborales de dicha actuación no pueden ser otra que reconocer que aunque en el plano formal existan varios empresarios, existe una única relación de trabajo con un único empleador.

    Fue asimismo apreciada por la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de julio de 2012, Autos 124/2012 (AS 2012/1678), al haberse reconocido durante el periodo de consultas aperturado en la tramitación de un despido colectivo, la antigüedad de los trabajadores en cualquiera de las empresas del grupo. Dicho reconocimiento es, según la Audiencia Nacional, prueba suficiente de la existencia de una confusión de plantillas “puesto que si no hubiera sido así, si los trabajadores hubieran rotado entre las empresas del grupo después de finalizar contratos en otras empresas del grupo, no habría razón para el reconocimiento de toda la antigüedad en un grupo de empresas”.

    También existe confusión de plantillas si los trabajadores de una empresa reciben a través del mismo teléfono y de los mismos medios de comunicación (fax, etc.) las peticiones de ofertas, y realizan, atienden y mandan los pedidos sin distinción de qué empresa facturaba o bajo qué nombre viniera el pedido. Este es el supuesto contemplado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 30 de mayo de 2012, Autos 17/2012 (AS 2012\1672), donde concluía el Tribunal que esta práctica

    La existencia de grupo de empresas a efectos laborales supone, como consecuencia fundamental para el trabajador, que todas las empresas del grupo responderán de manera solidaria respecto de todas las obligaciones contraídas con el trabajador. Esto significa que en caso de que la empresa adeude algún tipo de salario o indemnización, el trabajador podrá requerir el pago a cualquiera de las sociedades del grupo de forma solidaria.

                    Resulta destacable la existencia del grupo de empresas a efectos laborales en los supuestos de despido cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, causas objetivas; en estos supuestos la empresa tendrá que acreditar que la causa que se alega en la carta de despido se da en todas las sociedades del grupo y no solo en la sociedad mediante la cual ha sido contratado o despedido el trabajador, resultando improcedente ,por falta de acreditación de la causa, el despido que se haya justificado atendiendo únicamente a la situación contable de una sola de las empresas del grupo laboral, (la causa objetiva debe concurrir en todas y cada una de las empresas, lo que ya no puede probarse en acto de juicio pues no fue alegado en la carta, y permitir prueba sobre este extremo implicaría causar indefensión al trabajador), circunstancia que tendrá gran relevancia para el trabajador al tener la posibilidad de incrementar el importe de su indemnización hasta los máximos legalmente reconocidos para dicha modalidad de despido.

    Corresponde a las empresas denunciadas la obligación de demostrar la inexistencia de grupo de empresas a efectos laborales. La jurisprudencia se ha pronunciado en torno a este asunto, obligando al trabajador a demostrar únicamente que existe un grupo de empresas a efectos mercantiles, y en este caso, será el grupo de empresas quien tendrá que demostrar que no constituye un grupo de empresas a efectos laborales, ya que, para un trabajador, resulta casi imposible conocer todas las relaciones internas de las empresas para probar dichos extremos.

    Conclusión.

    Cómo conclusión, en cuanto a las consecuencias de la existencia de un grupo de empresas laboral, cabe decir que existe una gran incertidumbre jurídica para los grupos mercantiles que ostentan esta situación, ya que la más reciente doctrina jurisprudencial (entre otras, la última Sentencia del TS de 20 de abril de 2015, en la que cabe mencionar que existe un voto particular en contra), han declarado la nulidad de varios despidos colectivos (telemadrid, coca-cola…) al entender que existe una “mala fe negociadora” cuándo una empresa que no había declarado su situación de grupo de empresas a efectos laborales, declara dicha condición cuándo se inicia el período de consultas en un despido colectivo, entendiendo que dicha mala fe negociadora vicia el procedimiento de despido colectivo, mereciendo el mismo la declaración de nulidad (en procedimientos colectivos la consecuencia no es la improcedencia cómo en los individuales en los que no se acredita la causa, sino que en este supone se entiende que hay una mala fe que vicia el procedimiento y supone la nulidad o inexistencia del despido, debiendo reponer al trabajador en la situación anterior al despido con abono de salarios de tramitación).

    Finalmente, cabe concluir que a juicio del este letrado, el concepto de grupo de empresas laboral, que en origen pretendía evitar injusticias contra los trabajadores por parte de las argucias mercantiles para evadir responsabilidades, se ha convertido en un arma arrojadiza contra las empresas al no existir una disposición normativa expresa que determine su constitución y consecuencias, resultando necesario un desarrollo legislativo inmediato que permita garantizar los derechos de los trabajadores a la vez que dote de una mínima seguridad jurídica a los operadores mercantiles, acotando con ello las paradojas generadas por la creación de un concepto a base de sentencias que resuelven distintos casos concretos.

    Aitor_Rodriguez

    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Pixabay (CCO Public Domain)

  • Últimas tendencias en materia de “extinción del contrato de trabajo”

    Últimas tendencias en materia de “extinción del contrato de trabajo”

    Dentro de su compromiso con la formación integrada de los profesionales que lo componen, Grupo Eurotax organizó el pasado día 29 de Octubre una Jornada de Formación Interna centrada en los aspectos más actuales que afectan a “la extinción del contrato de trabajo”.

    El evento se celebró en su sede de Bilbao y contó con profesionales vinculados a la actividad mercantil, laboral, fiscal y administrativa.

    En la Jornada que fue impartida por el letrado Aitor Rodríguez, especialista en derecho laboral de Grupo Eurotax, se analizaron aspectos referidos a la actualidad de la normativa en materia de “extinción del contrato de trabajo”: tipos de extinción, forma y efectos de los mismos, indemnizaciones y tipo legales, incidencias fiscales, últimas tendencias jurisprudenciales, etc.

    TIPOLOGÍA, FORMA E INDEMNIZACIÓN

    En términos generales se analizó el régimen legal en materia de despido, dimisiones, extinciones concursales, las distintas resoluciones voluntarias del contrato de trabajo, los documentos legales más habituales con la finalidad de recoger una unidad de criterios y de información coordinada para la actuación en cada caso concreto.

    En cuanto a la tipología de la materia, se hizo referencia a todos los tipos de extinción, realizando matizaciones específicas en función de la naturaleza de cada acción, deteniéndose en las extinciones más habituales y en los criterios judiciales aplicados para la resolución de los distintos conflictos.

    Refiriéndonos al  análisis de la forma, requisitos y criterios que establece el Estatuto de los trabajadores, la exposición se detuvo especialmente en las distintas consecuencias que la ausencia de dichos requisitos puede acarrear, las distintas formas de subsanación existentes y el impacto económico que dichas circunstancias tienen para las empresas y trabajadores.

    En el apartado de indemnizaciones y topes legales se remarcaron los topes legales que deben aplicarse actualmente a las distintas extinciones, con una puntual reflexión sobre la metodología a aplicar a la hora de calcular las bases reguladoras de las indemnizaciones y las consecuencias de un cálculo impreciso o erróneo y los topes cubiertos por el Fogasa en las distintas modalidades.  Además se compartió y debatió acerca de las acciones legales más habituales en esta materia.

    FORMACIÓN E IDONEIDAD CONTINUA

    En opinión de los profesionales y de la dirección, la idoneidad de la formación adaptada a las circunstancias siempre cambiantes del mercado laboral y de la normativa vigente, y el análisis de cada caso en concreto apoyado en un conocimiento pleno, es lo que da sentido a la prestación de un servicio jurídico profesional coordinado, efectivo y orientado a las necesidades del cliente.

    Finalizada la formación, los asistentes recibieron documentación específica sobre la materia, incorporando testimonios de las últimas resoluciones y tendencias jurisprudenciales.

  • Ciertos salarios de tramitación se pueden reclamar al Estado.

    Ciertos salarios de tramitación se pueden reclamar al Estado.

    Los salarios de tramitación son las cantidades que tiene derecho a percibir un trabajador cuando su despido es declarado improcedente y el empresario opta finalmente por la readmisión. La cuantía total equivale a la suma de los salarios que se han dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declare la improcedencia o hasta que el trabajador haya encontrado otro empleo, si esta colocación es anterior a la sentencia.

     Estos salarios de tramitación causan especial temor en los empresarios, ya que el tiempo medio que se demora un procedimiento judicial de despido oscila entre 3 y 6 meses, dependiendo de la carga de trabajo del Juzgado dónde se turne el procedimiento, aumentando estos tiempos en plazas grandes cómo Madrid, Barcelona, Santander…

    Cuando se puede reclamar

    Cuando la sentencia que declara la improcedencia del despido se dicta pasados más de 90 días hábiles desde la presentación de la demanda, el empresario obligado a pagar los salarios de tramitación puede reclamar al Estado el abono de la cantidad correspondiente al tiempo que exceda ese periodo. En caso de insolvencia provisional del empresario el propio trabajador despedido podrá efectuar la reclamación.

    Desde la publicación del Real Decreto 418/2014 de 6 de Junio, se han simplificado los trámites administrativos exigidos para agilizar la gestión de estos expedientes y reducir demoras en el abono de estas cantidades, ya que el procedimiento administrativo  anterior era muy complejo e ineficaz, interviniendo en el diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas. Desde la publicación del Real Decreto 418/2014, la instrucción del expediente hasta la propuesta de resolución se lleva a cabo en las áreas de empleo de las Delegaciones del Gobierno, para lo que, la Disposición final segunda del RDL atribuye unas competencias específicas para ejercer dicha función.

    En cuanto al procedimiento para efectuar la reclamación, el empresario o el trabajador podrán reclamar las cantidades que excedan los 90 días hábiles de salarios de tramitación en el plazo de 1 año desde la firmeza de la sentencia, la solicitud puede presentarse en los registros administrativos ordinarios, o mediante el registro electrónico habilitado al efecto telemáticamente.

    Documentación a acompañar

    En la solicitud administrativa deberá indicarse el período considerado de salarios de tramitación a cargo del Estado, acompañándose en todo caso la siguiente documentación:

    a) Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.

    b) Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles en los supuestos a que se refiere el artículo 119 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, especificando el motivo de la suspensión, en su caso, o la no existencia de ésta. En todo caso, deberán figurar las fechas de: despido, presentación de la demanda, sentencia y notificación y firmeza de la misma.

    c) Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido por la empresa reclamante, con desglose mensual de cuota patronal y cuota obrera, referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia por la que se declara el despido improcedente.

    d) Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período. Si, en estos casos, el empresario no pudiera obtener el informe de vida laboral del trabajador, habrá de ser la correspondiente Área o Dependencia de Trabajo e Inmigración quien lo solicite de oficio.

    Tramitación

    La propuesta de resolución de cada expediente se remitirá a los servicios centrales del Ministerio de Justicia, que será el competente para la resolución efectiva y para la aprobación del correspondiente gasto que haga efectivo el pago de los salarios de tramitación reclamados. Es destacable el plazo establecido por esta norma para la instrucción y terminación del procedimiento, disponiéndose que La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los 15 días siguientes al de la fecha de entrada de la reclamación en el registro del órgano competente para su tramitación, y estableciéndose un plazo para que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adopte y notifique la resolución que en derecho proceda en el plazo de un 1 desde la recepción de la propuesta

    En el caso de que el solicitante no reciba notificación en el plazo indicado, la solicitud administrativa podrá entenderse desestimada, pudiendo el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso el percibo de las cantidades interesadas, para lo que el solicitante cuenta con 1 año de plazo desde el día en que se debía recibir la resolución administrativa, tras el que prescribiría su acción judicial.

    Aitor_Rodriguez

    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Pixabay (CCO Public Domain)

  • Novedades en Cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2013

    Novedades en Cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2013

    La entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ha venido a modificar la lista de conceptos que tradicionalmente se debían computar en la base de cotización a la Seguridad Social, ampliando a dicha lista ciertos conceptos que tradicionalmente se encontraban excluidos de cotización.

    Dicho Real Decreto Ley viene a ampliar la base de cotización de los trabajadores (para permitir una mayor recaudación), a través de la modificación del art.109 de la Ley General de la Seguridad Social que establece los conceptos computables en la base de cotización.

    En virtud de la nueva redacción del art.109, la base de cotización para contingencias comunes y profesionales pasa a estar integrada, salvo muy pocas excepciones, por todos los conceptos retributivos, tanto en metálico como en especie, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador”.

    Entre otros, se establecen como conceptos computables los siguientes:

    • La totalidad del importe abonado a los empleados por pluses de transporte y distancia.

    • Mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las correspondientes a la incapacidad temporal.

    • Asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a gastos de estudios del trabajador cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

    • La totalidad de gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar de trabajo habitual y del que constituya su residencia.

    En materia de compensación y beneficios, los principales elementos retributivos que se ven afectados por la nueva regulación son los siguientes:

    • Entrega gratuita o a precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa o empresas del grupo (con esta nueva Redacción del artículo 109 de la LGSS, se imputa en la base de cotización el importe íntegro, mientras que en la norma anterior, solo era computable el exceso sobre los 12.000 euros anuales)

    • Vales de comida: se tendrá que computar en la base de cotización el importe íntegro, mientras que en la anterior regulación quedaban exentos de cotización hasta los 9 euros diarios y/o cuando no se cumplían los requisitos establecidos en la normativa fiscal.

    • Seguros de salud: Habrá que imputar el importe íntegro; antes solo había que cotizar por el exceso de los 500 euros anuales por cada persona incluida en el seguro médico

    La presente modificación supone un lógico incremento de los costes salariales para aquellas empresas que tuvieran concedidos a sus empleados beneficios corporativos como un seguro médico, o vales de comida, pudiendo incrementarse los costes salariales en torno a un 30% del importe destinado a dichos beneficios; Asimismo, con la entrada en vigor de dicha normativa, se computarán en la base de cotización los siguientes productos en especie que con anterioridad a la publicación de este Real Decreto-Ley 16/2013 quedaban exentos de cotización:

    • Ayuda de guardería para el primer ciclo de educación infantil de los hijos de los trabajadores

    • Primas de seguros de accidente de trabajo o responsabilidad civil del trabajador.

    • Prestación del servicio de educación preescolar infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional, por centros educativos autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o a precio inferior al normal del mercado.

    A pesar de lo expuesto, no variarán las bases de cotización a la Seguridad Social de las retribuciones en especie de los productos de vivienda, coche de empresa y los préstamos con tipos de interés inferior al 4% durante el 2014.

    El Real Decreto-Ley 16/2013 establece una nueva obligación en materia retributiva para las empresas, estando obligadas a comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en cada periodo de liquidación, el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social; dicha comunicación se llevará a cabo a través del sistema RED, mediante el fichero creado por la Tesorería General de la Seguridad Social a tal efecto, el CRA (Conceptos retributivos abonados).

    Esta nueva normativa, (Real Decreto-Ley 16/2013) afecta también a la aportación que deben realizar los trabajadores a la Seguridad Social, de forma que, los trabajadores con contrato indefinido sufrirán una disminución porcentual de sus ingresos reales en un 6,35% respecto a los importes destinados a los conceptos anteriormente referenciados, un 6,40% en el caso de los trabajadores con contrato temporal. Los Trabajadores que se encuentren cotizando por las bases máximas verán incrementada dicha base máxima en torno a un 5% respecto del ejercicio 2013, (3.597€ al mes para 2014), reduciéndose también sus ingresos reales.

    Finalmente, cabe referirse a modo de conclusión, al carácter real con el que dichas medidas han sido promulgadas, que no es otro que el recaudatorio, con el que la Seguridad Social pretende ingresar en torno a 900 millones de euros más que en el ejercicio 2013; Asimismo, cabe comentar que, a pesar de la obvia disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y del incremento en los costes laborales de las empresas, estos incrementos en las cotizaciones derivarán en un incremento de las prestaciones económicas que los trabajadores puedan percibir en un futuro.

    Aitor_Rodriguez

     

     


    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: ReTeP´s (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Incidencia de la ultraactividad en el Convenio de Oficinas y Despachos

    Incidencia de la ultraactividad en el Convenio de Oficinas y Despachos

    1. Introducción

    Desde que se publicara la Ley 3/2012, de 7 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el panorama jurídico que regulaba el régimen de la ultraactividad de los convenios colectivos se ha visto afectado de manera notable, causando variedad de dudas e incertidumbres tanto a empresarios y trabajadores como a los distintos operadores jurídicos.

    En Vizcaya, el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos (2009-2012) afecta aproximadamente a 22.000 empleados de diversas actividades, habiendo provocado su pérdida de vigencia gran cantidad de protestas y movilizaciones, sumiendo en una situación de incertidumbre tanto a trabajadores como empresarios, no habiéndose alcanzado a día de hoy una solución satisfactoria para las partes implicadas.

    2. Incidencia de la ultraactividad en la Reforma Laboral del Convenio de oficinas y despachos (2009 – 2012)

    2.1.– El texto del Convenio Colectivo disponía en su artículo 3º(vigencia, prórroga y denuncia), una duración de 4 años, venciendo dicho plazo el pasado 31 de Diciembre de 2012. Una vez fué alcanzada dicha fecha, se prorrogó temporalmente la vigencia del mismo ya que las partes se comprometían a iniciar las deliberaciones del siguiente Convenio en un plazo de 15 días a contar desde la entrega del anteproyecto, bien por la representación de los trabajadores, bien por la representación empresarial, existiendo en virtud de dicho precepto una voluntad de permanencia en el tiempo.

    2.2.– La Ley 3/2012, de 7 de julio, de Medidas Urgentes Para la Reforma del Mercado Laboral (Ley 3/2012 en adelante), estableció mediante, su artículo 86.3º, que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se acuerde uno nuevo o se dicte un laudo arbitral, perderá su vigencia salvo pacto en contrario, y se aplicará, si lo hubiere, el Convenio Colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación, y en defecto del mismo, el Estatuto de los Trabajadores.

    2.3.– Habiéndose alcanzado el pasado 15 de Diciembre de 2013 el plazo establecido por la ley 3/2012, que determinaba teóricamente el fin de la ultraactividad del Convenio Colectivo; patronal y sindicatos han mantenido varias sesiones de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo respecto de las cláusulas aplicables para los próximos años, no obstante, a día de hoy no han alcanzado ningún tipo de acuerdo, habiendo rechazado ciertos sindicatos el texto planteado por la patronal (CEBEK), por lo que no se ha llegado a la firma de ningún acuerdo.

    2.4.– La situación actual supone un clima de confusión e incertidumbre para empresarios y trabajadores, suponiendo una serie de incógnitas que hasta el momento no pueden ser resueltas sin asumir el riesgo de acabar inmersos en un procedimiento judicial. En este sentido, muchas empresas han tratado de proteger sus intereses entregando a sus trabajadores una serie de cartas en las que se informa de la pérdida de vigencia de su convenio y la posibilidad de que se produzcan una serie de cambios en cuanto a la normativa aplicable a las relaciones laborales, pretendiendo con ello evitar que los trabajadores consoliden las condiciones que se estaban aplicando como condición más beneficiosa.

    Dichas notificaciones han derivado en la interposición gran cantidad de denuncias tanto a nivel social como jurisdiccional, creando un panorama de hostilidad entre empresarios y trabajadores y quebrando la paz social que, en mayor o menor medida, se mantenía en los centros de trabajo; viéndose los trabajadores, en algunos casos, obligados a iniciar las acciones correspondientes para impugnar las modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo, que en ocasiones han entendido que suponían dichas cartas informativas.

    3. Interpretación de los tribunales

    En relación a la interpretación que están aplicando los juzgados y tribunales sobre las consecuencias de la falta de acuerdo para la firma de los convenios colectivos que en virtud de las disposiciones de la reforma laboral han perdido su vigencia, se pueden distinguir dos interpretaciones distintas:

    1. Existe sector doctrinal que defiende que el objetivo de la Ley 3/2012 y de la reforma laboral en general, pretende establecer un mecanismo que ponga fin a la situación de petrificación que ha supuesto la ultraactividad de los convenios colectivos, tratando con ello de promover las negociaciones entre las partes, ello en consonancia con el principio de flexibilidad imperante en la reforma laboral pretendida, suponiendo la falta de acuerdo en dichas negociaciones, la caducidad del propio convenio a falta de un acuerdo expreso. Dicho sector, interpreta que la ley tiene un carácter imperativo que no permite que las partes acuerden el mantenimiento de vigencia del convenio colectivo una vez ha transcurrido el plazo de un año desde su denuncia.

    2. Por otra parte, otras voces se pronuncian en el sentido de que sí existe un margen de disposición para las partes firmantes del Convenio Colectivo, de forma que si han acordado en el articulado del mismo, una voluntad de otorgarle permanencia en el tiempo, dicha voluntad será válida y se podrá prorrogar la vigencia del mismo.

    Está segunda corriente doctrinal es la que se está imponiendo a pesar de lo dispuesto en la ley 3/2012. Esta tesis la han asumido tanto la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su Sentencia 149/2013, de 23 de Julio, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia 2059/2013, de fecha 26/11/2013, que reconoce la vigencia del convenio de la enseñanza concertada vasca, que se encontraba en una situación similar a la de Oficinas y Despachos de Bizkaia al incluir en su articulado una voluntad de mantener su vigencia hasta la aprobación de un nuevo convenio.

    A pesar de lo expuesto, no existe todavía un criterio Judicial definitivo en cuanto a cómo proceder en relación a la aplicación o no de los convenios que han perdido vigencia teórica, no obstante, es cuestión de tiempo que los tribunales se resuelvan los recursos interpuestos, estableciendo un criterio definitivo a seguir.

    4. Últimas noticias respecto al convenio de de Oficinas y Despachos de Bizkaia

    En relación al convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, una reciente publicación de prensa de «El Correo», de fecha 16/01/2014, dice que CC.OO de Euskadi ha presentado un conflicto colectivo en el PRECO, como paso previo para acudir a los Juzgados de lo Social, con el objetivo de exigir a la patronal que reconozca la vigencia del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, no obstante, y hasta que se dicte una sentencia al respecto, cabe recomendar cautela a la hora de tomar una decisión respecto al convenio a aplicar en las distintas empresas, ya que existe gran cantidad de riesgos tanto económicos como sociales en el caso de que las empresas decidan unilateralmente aplicar el convenio de ámbito estatal, o a falta del mismo, el Estatuto de los Trabajadores.

    Cabe hacer mención, como posible solución al problema de la ultraactividad de los Convenios Colectivos, a la posibilidad que asiste a empresarios y trabajadores de pactar un convenio de empresa, siendo esta una de las soluciones apuntadas muchos Jueces y Magistrados a los que hemos tenido la posibilidad de escuchar en sus diversas charlas y ponencias, no habiendo sido tan comentada dicha posibilidad en los medios de comunicación, ofreciendo esta vía alternativa una oportunidad para las empresas de plantear una solución que englobe las necesidades y expectativas de empresa y trabajadores de forma consensuada.

    5. Conclusión

    En la humilde opinión del letrado que suscribe, la reforma laboral ha abordado el problema de la ultraactividad de los Convenios Colectivos desde un plano exclusivamente teórico, alejándose de la realidad social existente en cada sector, pretendiendo que en el plazo de un año desde la denuncia de los distintos convenios colectivos se alcancen los acuerdos necesarios para suscribir, con el consenso necesario, nuevos textos que regulen las relaciones laborales de los distintos sectores y actividades.

    En este sentido, y lejos de conseguir el fin pretendido, el resultado obtenido ha sido acentuar las diferencias existentes entre patronales y sindicatos, quebrándose la paz social y viéndose abocadas ambas partes a un oscuro abismo en una pugna de intereses en la que ninguna de las partes enfrentadas tienen la certeza de que lo que están haciendo es lo correcto, derivando dicha situación en una judicialización del conflicto o en la búsqueda de soluciones alternativas como la aplicación de un pacto de empresa.

    Aitor_Rodriguez

     

     


    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Mikhail Shapaev (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Ultraactividad de los Convenios Colectivos (2ª parte)

    Ultraactividad de los Convenios Colectivos (2ª parte)

    Con el objeto de ampliar la información publicada en nuestra página web el pasado—de Julio de 2013, desde Eurotax Abogados nos creemos conveniente actualizar las informaciones que obtuvimos por parte del Departamento de Relaciones Colectivas del Gobierno Vasco y de los componentes de las mesas negociadoras de distintos Convenios Colectivos, habiéndose materializado ya varias de las previsiones que anunciamos en nuestro último artículo.

    En relación a los acuerdos por los que se pactaba una prórroga de vigencia del Convenio Colectivo del Metal de Bizkaia y de los Convenios Colectivos del Comercio Vizcaya, han sido publicadas en el BOB núm 140, de fecha 22 de Julio de 2013, las resoluciones de la Delegada Territorial de Bizkaia del Departamento de Empleo y Políticas sociales, por las que se da publicidad de dichos pactos. Estos afectan a los siguientes convenios colectivos del sector del comercio: piel y calzado, textil, mueble, comercio en general y alimentación.

    En esencia, el objeto de dichos acuerdos es prorrogar la vigencia de dichos Convenios colectivos más allá de la fecha del 7 de Julio de 2013, hasta el 30 de septiembre de 2013, entendiendo los firmantes que existen posibilidades reales de acuerdos para la firma de dichos convenios; aclarándose que, de no alcanzarse un acuerdo antes de que finalice las prórrogas pactadas, se aplicarán los convenios colectivos de ámbito superior que correspondan si los hubiere.

    El contenido de dichos acuerdos a efectos prácticos es el siguiente:

    • En materia de ultra-actividad 24 meses de vigencia con posterioridad a la denuncia del convenio. Es decir, se pactan 12 meses adicionales a la vigencia que establece actualmente la normativa a partir de dicho momento.
    • En materia de flexibilidad ordinaria, se valora que una bolsa de 100 horas dentro de la jornada pactada puede ser aceptable, sin perjuicio de la redacción definitiva en relación a la utilización de dicha bolsa por parte de las empresas (preavisos, periodos de tiempo en los que fundamentalmente se puedan utilizar, etc.).
    •  En materia salarial las centrales sindicales consideran cercanas las últimas propuestas de incrementos realizadas en las negociaciones previas a este acuerdo, dando traslado mediante este acuerdo de la posibilidad de consecución de un acuerdo definitivo; cuestión que también sucede En materia de antigüedad, cabiendo la posibilidad de modificar dicho artículo atendiendo a las propuestas planteadas por la representación empresarial; no obstante, habrá que esperar a que el mismo se concrete en un texto definitivo.

    Finalmente, cabe informar de que en el BOB nº 141, de fecha 23 de Julio de 2013, se ha publicado el texto del nuevo convenio colectivo de Piedra y Mármol de Vizcaya; estando todavía pendientes de publicar el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia y el de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia, cuestión que, entre otras, trataremos en futuros artículos.

    Quedamos a su disposición para resolver cualquier tipo de duda, pudiendo contactar con nosotros a los efectos de ampliar cualquier tipo de información que les pueda afectar en sus centros de trabajo.

    Aitor Rodríguez,
    Departamento Laboral.

    Fotografía: © christian42 – Fotolia.com

  • Ultraactividad de los convenios colectivos

    Ultraactividad de los convenios colectivos

    El pasado 8 de julio finalizaba el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación. Este periodo conocido como ultraactividad, abre un tiempo de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.

    Según los últimos datos publicados en los medios, alrededor del 68% de los convenios firmados tras la reforma laboral cuentan con algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales más allá del año límite de la ‘ultraactividad’, no obstante, el 30% restante no cuenta con un compromiso de mantenimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores pasado ese año.

    A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, no cabe duda que la respuesta lógica es la apertura de un clima de conflictividad e incertidumbre; la aplicación estricta de la reforma laboral abre la puerta a que decaigan miles de convenios y a que millones de trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerán al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.

    Con la intención de informar a nuestros clientes y aclarar parte de la incertidumbre que rodea a este tema, que afecta tanto a empresas cómo a trabajadores, Eurotax Abogados ha recabado información de fuentes solventes, como son el Departamento de Relaciones Colectivas del Gobierno Vasco y los componentes de las mesas negociadoras de los distintos Convenios Colectivos.

    Dicha información afecta a los siguientes Convenios Colectivos:

    • Convenios Colectivos del Comercio de Bizkaia (general, textil, alimentación, metal, mueble, piedra y mármol): El día 09 de Julio de 2013 se presentó acuerdo entre los agentes negociadores por el que se pactaba una prórroga de vigencia hasta el día 30/09/2013, de modo que hasta dicha fecha continuarán siendo aplicables las disposiciones de dichos convenios colectivos, estando pendientes de firmar los nuevos convenios. Dicha prórroga deberá ser publicada en el Boletín Oficial correspondiente, cuestión que no sucederá hasta que el Gobierno Vasco no efectúe un control previo de legalidad. Mientras tanto, el acuerdo será aplicable, prorrogándose la vigencia de dichos convenios colectivos.
    • Convenio Colectivo de locales y campos deportivos de Bizkaia: Se nos ha informado que dicho convenio será firmado el día 11 de Julio de 2013, de modo que con la firma del mismo desaparece la situación de incertidumbre, al disponer de una legislación provincial aplicable.
    • Siderometalúrgica de Bizkaia: Según la información recibida por fuentes cualificadas por encontrarse en la mesa de negociación de los mismos, hemos conocido que respecto de este sector no hay, en principio, posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo convenio. Tampoco se prevé la vía de una prórroga en su vigencia, ni existe un convenio estatal aplicable en esta materia, por lo que todo apunta a que las nuevas relaciones laborales que se establezcan en este sector (y determinadas condiciones laborales de las actuales) se regirán en virtud de las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores.
    • Estaciones de Servicio de Bizkaia: Las relaciones laborales aplicables al mismo se rigen por el convenio publicado en el BOB núm. 74, de fecha 18/04/2013.
    • Limpieza de edificios y locales: Estando denunciado el actual convenio colectivo de Limpieza de edificios y locales de Bizkaia, se nos ha comunicado que ha sido acordado un nuevo convenio colectivo provincial en la semana del 2 de Julio, estando actualmente pendiente de su firma y posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

    Desde Eurotax Abogados se informará de las novedades que vayan aconteciendo. Mientras tanto, quedamos a disposición de nuestros clientes para aclarar cualquier duda existente respecto al régimen jurídico que será aplicable a partir de ahora a las relaciones laborales entre empresas y trabajadores.

    Aitor Rodríguez Rey
    Departamento Laboral

  • Es posible mantener la regulación vigente de la jubilación parcial

    Es posible mantener la regulación vigente de la jubilación parcial

    El Real Decreto Ley 5/2013 de medidas para favorecer la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo ha sido la última reforma que afecta a la regulación de la jubilación parcial, de una serie de disposiciones normativas que han venido variando la institución de la Jubilación desde el año 2011.

    La ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de la seguridad social, estableció una serie de modalidades de acceso a la Jubilación anticipada y a la jubilación parcial que fueron suspendidas temporalmente por el «Real Decreto Ley 29/2012 de 28 de diciembre, de mejora en la gestión y prtección social en el sistema especial para empleados del hogar y otras medidas de carácter económico y social» de modo que se continuó aplicando la legislación vigente a fecha 31 de Diciembre de 2012 en esta materia, si bien se implantaría para la edad de Jubilación una escala transitoria que elevaba la edad ordinaria de jubilación durante un periodo transitorio comprendido desde el año 2013, hasta el 2027.

    Este periodo de suspensión de 3 meses de la regulación contenida en la ley 27/2011, establecido por el Real Decreto Ley 29/2012 finalizaba el 31 de Marzo de 2013, de modo que a partir de dicha fecha, se deberían aplicar las modificaciónes introducidas por la ley 27/2011, no obstante, el Gobierno ha dictado un nuevo Real Decreto Ley, el 5/2013 que modifica dicha regulación en un intento de adecuarla a las «circunstancias y realidades económicas y sociales», estableciendo una nueva regulación que no hace sino endurecer de forma considerable las condiciones y requisitos para el acceso a las diferentes modalidades de jubilación anticipada (forzosa, voluntaria y parcial), efectuando dicho endurecimiento mediante los artículos 5 a 7 del propio RD Ley 5/2013, regulando el acceso y cálculo de la cuantía de la pensión por jubilación anticipada y por jubilación parcial. De esta manera, a partir del 1 de abril de 2013, las reglas para el acceso a las diferentes modalidades de jubilación anticipada y parcial requerirán el cumplimento de los siguientes requisitos y condiciones:

    A. Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador

    Requisitos:

    – Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) LGSS y en la disposición transitoria vigésima.

    – Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.

    – Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años.

    – Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 o 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley Concursal, por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, motivada por la existencia de fuerza mayor. También, la extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.

    Se exige además que en el supuesto que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, el trabajador demuestre que ha percibido la indemnización correspondiente derivada del despido (recibo de la transferencia bancaria o documentación acreditativa equivalente) o que ha interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.

    – Pensión objeto de reducción por la aplicación de coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que faltase al trabajador para cumplir la edad legal exigida en cada momento:

    Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

     – Los coeficientes reductores se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización.

    Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

    Esta limitación no se aplicará en el caso de las jubilaciones anticipadas causadas a partir de los 60 años por trabajadores que tuviesen la condición de mutualista. Tampoco se aplicará en el caso de jubilaciones anticipadas derivadas de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres, o se refieran a personas con discapacidad.

    Tampoco se aplicará a los trabajadores que cotizaron al Montepío Marítimo Nacional o a las Cajas de Previsión de los estibadores portuarios.

    A los exclusivos efectos de determinar la edad legal de jubilación de referencia, se considerará como tal, la que le correspondería al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo en que accede a la jubilación anticipada y el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que en cada caso resulte de aplicación.

    B. La jubilación anticipada voluntaria

    Requisitos:

    – Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) LGSS y en la disposición transitoria vigésima.

    – Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años.

    – Importe de la pensión superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad.

    – Pensión objeto de reducción por la aplicación de coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que faltase al trabajador para cumplir la edad legal exigida en cada momento:

    Coeficiente del 2 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

    Los coeficientes reductores se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización.

    Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

    Esta limitación no se aplicará en el caso de las jubilaciones anticipadas causadas a partir de los 60 años por trabajadores que tuviesen la condición de mutualista. Tampoco se aplicará en el caso de jubilaciones anticipadas derivadas de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres, o se refieran a personas con discapacidad.

    Tampoco se aplicará a los trabajadores que cotizaron al Montepío Marítimo Nacional o a las Cajas de Previsión de los estibadores portuarios.

    A los exclusivos efectos de determinar la edad legal de jubilación de referencia, se considerará como tal, la que le correspondería al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo en que accede a la jubilación anticipada y el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que en cada caso resulte de aplicación.

    C. Jubilación parcial

    Jubilación parcial para quienes hayan alcanzado la edad legal de jubilación que en cada caso corresponda y reúnan los demás requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación:

    Requisitos:

    – No necesidad de celebrar simultáneamente un contrato de relevo.

    – Reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25 por 100 y máximo de un 50 por 100.

    Jubilación parcial para quienes no hubieran alcanzado la edad de jubilación ordinaria y no reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión:

    Requisitos:

    – Obligación de realizar de forma simultánea un contrato de relevo.

    – Tener 63 años de edad o más, siempre y cuando tenga 36 años y 6 meses cotizados o más. Tener 65 años de edad o más, si tiene entre 33 años cotizados y 33 años y 6 meses cotizados.

    La aplicación de esta medida se realizará de forma progresiva en un periodo transitorio de 15 años, hasta el año 2027, requiriéndose:

    – Acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.

    – Reducción de jornada comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 50 por 100, o del 75 por 100 para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos.

    – Acreditar un período de cotización efectiva de 33 años (25 en personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100).

    – Base de cotización del relevista no inferior al 65 por 100 del promedio correspondiente a las seis últimas del jubilado parcial.

    – Los contratos de relevo tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación que en cada caso corresponda. Si el contrato de relevo fuese indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante dos años más del tiempo en que el trabajador sustituido alcance la edad ordinaria de jubilación que en su caso corresponda.

    – Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizaran por la base de cotización que hubiera correspondido de seguir este trabajando a jornada completa. Esta condición se aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes calculados sobre la base de cotización a jornada completa de acuerdo con la siguiente escala:

    – Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50 por 100 de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa. o Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por 100 de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa en el año 2023.

    Esta escala no será de aplicación a los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas, quienes podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 60 años de edad, sin que se tengan en cuenta a estos efectos su carrera de cotización.

    Tampoco se aplicará a los trabajadores que cotizaron al Montepío Marítimo Nacional o a las Cajas de Previsión de los estibadores portuarios.

    Para finalizar el presente artículo, cabe indicar que el legislador ha otorgado una nueva posibilidad de mantener en suspenso la nueva regulación y de aplicar la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Legislativo 5/2013, siguiendo el modelo utilizado en el apartado 2º de la Disposición final duodécima de la ley 27/2011, anteriormente referenciada, disponiendo que «Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley (es decir, vigentes antes del 1 de enero de 2013), a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:

    a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

    b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.

    c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

    Asimismo, se establece la exigencia de que, «en aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.»

    Cabe aclarar que el requisito de registro de los acuerdos colectivos de empresa, debe efectuarse antes del día 15 de Abril de 2013, ante la oficina de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, previa entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2013 que se producirá el próximo 17 de Abril de 2013.

    Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional en el 94.421.03.09 para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

    Aitor Rodríguez Rey
    Departamento Laboral