Etiqueta: derecho a la imagen

  • GRUPO EUROTAX estará en el BIME Hack Day con la ponencia de Maitane Valdecantos «Creando sin desafinar»

    GRUPO EUROTAX estará en el BIME Hack Day con la ponencia de Maitane Valdecantos «Creando sin desafinar»

    Este Viernes y Sábado 30 y 31 de Octubre en BIME Hack Day en el BEC (Bilbao Exhibition Center), Grupo Eurotax estará presente en una cita de gran interés para los profesionales del mundo de la música, las nuevas tecnologías y el emprendimiento.

    Como ya comentamos, este espacio pretende potenciar las nuevas vías de negocio a través de la era digital y contando con representantes en el top de la industria de los videojuegos, las apps, así como otras nuevas tecnologías y el marketing.

    Representando a Grupo Eurotax, Maitane Valdecantos (abogada economista, en el área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC y Presidenta de la comisión de Derecho del Entretenimiento del Ilustre colegio de Abogados del Señorío de  Bizkaia) dará una ponencia en la que se hablará de la importancia de prevenir y cumplir de modo legal y seguro con todos los requisitos de actuación necesarios en los procesos creativos de profesionales, emprendedores y empresarios en el ámbito de los sectores de la música, la tecnología, el audiovisual, el literario, el diseño, etc.

    Para los interesados, dicha ponencia está programada para el Viernes 30 a las 11:00 am.

    Durante el BIME Hack Day se desarrollarán:

    • Ponencias y Workshops para conocer las últimas tendencias de primera mano de las áreas como el desarrollo web, aplicaciones móviles, videojuegos, software, nuevos dispositivos, impresoras 3D, aspectos jurídicos y legales de todos los campos, etc..
    • Hackthon 24 horas, es un reto de programación al que se enfrentan equipos participantes para crear algún tipo de aplicación de software (música, videojuegos, apps, etc) en un tiempo determinado dentro del espacio del recinto y en el tiempo definido.
    • Como colofón, el encuentro se cerrará con el merecido reconocimiento y la entrega de Premios a los desarrollos mejor situados.
    • Durante todo el evento, conviene destacar el ambiente propicio para el Networking, el contacto entre profesionales y la comunidad y la posibilidad de sentir la tecnología de primera mano probando dispositivos como  iBeacons, Oculus Rift, Impresoras 3d…

    Si quieres asistir puedes conseguir tus entradas haciendo un click aquí.

  • Entrevista a Maitane Valdecantos – Grupo Eurotax presente en el BIME Hack Day

    Entrevista a Maitane Valdecantos – Grupo Eurotax presente en el BIME Hack Day

    Grupo Eurotax estará presente a través de la letrada Maitane Valdecantos en el BIME Hack Day , que se celebrará entre los días 30 y 31 de Octubre en el BEC (Bilbao Exhibition Center).

    Bizkaia International Music Experience (BIME) es un encuentro internacional para profesionales que trabajan con el sector de la música, las nuevas tecnologías y el emprendimiento cuyo espacio pretende potenciar las nuevas vías de negocio a través de la era digital y que cuenta con representantes en el top de la industria de los videojuegos, las apps, así como otras nuevas tecnologías y el marketing.

    Con motivo de su intervención,  BIME  ha publicado la entrevista a Maitane Valdecantos que a continuación os pasamos a reproducir íntegramente.

     “Nuestros proyectos deben ser jurídicamente seguros para no acabar como la orquesta del Titanic”

    Normalmente cuando acometemos proyectos tecnológicos, nos surgen un montón de dudas sobre aquello que es legal o no lo es. Coger una foto de otro sitio para mi web, utilizar una banda sonora para mi video, reutilizar una pieza de diseño, etc… ¿a quién no le ha pasado?

    Por ello siempre es recomendable (y en muchos casos imprescindible) la ayuda de un profesional. Sobre todo porque “más vale prevenir que curar”.

    Nadie mejor que Maitane Valdecantos nos lo puede explicar: es la Presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

    A Maitane le apasionan encuentros como BIME Hack Day donde se comparte conocimiento, se aprende y puedes encontrar un montón de personas en proyectos creativos. Gracias a su experiencia como abogada economista, en el área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo Eurotax nos pondrá al día para proteger nuestros proyectos y evitar problemas legales.

    ¿Para qué público está dirigida tu ponencia y por qué les va a interesar?

    La ponencia estará dirigida a todos aquellos profesionales, que de una forma u otra, intervengan en procesos creativos (música, tecnología, audiovisual, sector literario, diseño, etc), puesto trataré de contestar a preguntas que surgen en dichos procesos, y que en base a mi experiencia, más dudas plantean a quienes están en ellos inmersos. Por supuesto, también será apta para toda aquélla persona que tenga interés en los sectores culturales o pretenda dedicarse a ellos.

    ¿Por qué les va a interesar? Es una buena pregunta, y creo que la respuesta más sencilla es, porque les afecta directamente. Cuando comenzamos con un proyecto, volcamos en él ilusión, talento y dinero, pero éste, además de ser técnicamente viable, tiene que ser jurídicamente seguro y ¿sabemos cómo hacerlo jurídicamente seguro?

    Ése es el fin de la ponencia,  que “podamos seguir tocando sin desafinar”. Y para que no veamos a nuestro proyecto convertirse en la orquesta del Titanic, y no tengamos que asistir al hundimiento de nuestro barco, trataré de responder de forma práctica a aspectos imprescindibles relacionados con la seguridad jurídica resolviendo cuestiones como las siguientes: ¿Cómo protejo mi obra? ¿Puedo utilizar música, fotografías, gráficos, vídeos o textos de terceros? ¿Cómo lo puedo hacer para evitar problemas legales? ¿Cómo consigo que mi proyecto pueda ser explotado y cómo quiero comercializarlo?

    ¿Qué esperas encontrar en BIME Hack Day y por qué animas a la gente a venir?

    Me gustan especialmente los eventos multidisciplinares, y BIME Hack Day reúne a profesionales de diferentes sectores, que darán una visión de 360 grados, tanto en formación (ponencias), como en ejecución (hackathon), todo ello al servicio de la creatividad y de la innovación, ¿se puede pedir más?

    Además, creo que el ecosistema creado por el Festival, potenciará la imaginación y la colaboración, bañándolas de una gran dosis de diversión.

    Respecto a la temática de tu ponencia, ¿cuáles son las principales novedades y qué ves importante en el futuro próximo?

    La industria cultural y del entretenimiento ha sufrido en las últimas décadas una verdadera revolución con la llegada de la Sociedad de la Información.

    Así, en materia de propiedad intelectual, hemos asistido a una era de innovación con la aparición de nuevas formas de expresión artística con TIC, nuevos formatos, implementación de las medidas tecnológicas de protección, llegada de las redes sociales, de las redes P2P, del juego online o del transmedia y como consecuencia de todo ello, de la multiplicación y sofisticación de los métodos para acceder, consumir y utilizar de forma no autorizada el contenido de terceros.

    Por ello, creo que ése es el gran reto, encontrar el equilibrio entre derechos. Conseguir que se respalde el derecho al acceso al conocimiento, garantizando de igual modo el respeto por el trabajo ajeno. Y ello vendrá propiciado por cambios normativos que se adapten a una realidad social, y por sociedades convencidas del valor de la cultura, y es aquí donde la educación se impone a la sanción.

    ¿Para cerrar esta entrevista, te gustaría comentar algo más?

    Siempre que tengo posibilidad de hacerlo, creo necesario para el sector reivindicar la función preventiva de la abogacía.

    En ocasiones, se da la imagen de que sólo aparecemos cuando hay problemas, y me agrada que se conozca nuestra faceta más útil, aquella que nos permite apartar obstáculos a nuestros clientes.

    Los abogados, debemos ser parte en el proceso productivo para evitar sanciones e indemnizaciones innecesarias y para prevenir imprevistos que impidan el normal desarrollo de la actividad de aquéllos a quienes asesoramos.  

    Fuente: BIME Hack Day 16 octubre, 2015 «

    Fotografía: El Correo

  • Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    1. Introducción

    El desarrollo de Internet y el aumento de los medios de comunicación y difusión de contenidos, ha propiciado el acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier punto del mundo, ampliando las posibilidades de intervención y las relaciones.

    Es innegable, que la red supone un instrumento para el ejercicio de la democracia, y para la promoción de la diversidad cultural y de pensamiento y que, a pesar de existir otros medios para hacerlo, se erige como cauce universal y de fácil acceso para expresar ideas y opiniones y para difundir informaciones, incluso aquellas que los medios de comunicación convencionales no están interesados en publicar por motivos económicos, ideológicos, políticos, o de otra índole. Sólo debemos fijarnos, en el titánico nacimiento de blogs, redes sociales o periódicos y revistas digitales, que permiten a la ciudadanía interactuar y pronunciarse.

    Por ello, las regulaciones, buscan encontrar el equilibrio entre las libertades, derechos e intereses legítimos en juego, siendo en este ámbito, frecuentes los conflictos entre las libertades de expresión y de información, y otros derechos, también fundamentales, como son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen o a la protección de los datos personales.

    2. La libertad de expresión y la libertad de información

    La libertad de expresión y de información, son reconocidas como Derechos Fundamentales de todo individuo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

    Dicho artículo preceptúa que “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

    Por su parte, la Constitución Española, en su artículo 20 indica que :

         “1. Se reconocen y protegen los derechos:

             a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

               b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

               c) A la libertad de cátedra.

              d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

        2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

        3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

         4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

         5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

    Es decir, el mismo artículo de la Constitución Española que reconoce el derecho a la libertad de expresión y de información, introduce uno de sus límites más específicos en el punto 4, que lo conforman el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

    3. El derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen

    Estos derechos, reconocidos igualmente como derechos fundamentales en el artículo 18 de la Constitución Española, son además citados en ella en varias ocasiones, alzándose como límite para el ejercicio de otros derechos, como es el caso del citado artículo 20 o del artículo 105 respecto al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros.

    El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, fueron posteriormente regulados a través de la Ley Orgánica de 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen.

    Son especialmente relevantes a estos efectos, los artículos 7 y 8, especificando el primero de ellos, una serie de actos que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas, y el segundo de ellos, comportamientos que no tendrán dicha consideración.

    4. Intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

    Como ya adelantábamos, el artículo 7 de la LO 1/1982 de 5 de mayo, indica que serán consideradas intromisiones ilegítimas

         1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

         2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.

         3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

         4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

         5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

         6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

         7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

    A estos efectos, pasaremos a analizar el supuesto más frecuente de intromisión ilegítima, que no es otro que el que se recoge en los puntos 3 y 7 del artículo 7, que se refieren al derecho al honor.

    5. Conflictos entre derechos fundamentales

    Como se ha adelantado en líneas anteriores, las libertades de expresión e información, pueden afectar a:

          – derecho a la protección de los datos de carácter personal

         – derecho a la intimidad personal y familiar: a mantener en secreto ese círculo íntimo personal y familia que todo ser humano posee y que desea mantener fuera del conocimiento de los demás.

         – derecho a la propia imagen: poder de disposición sobre la información gráfica de sus rasgos físicos, que le permite impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por parte de un 3º sin autorización, independientemente de la finalidad perseguida por quien la capta.

         – derecho al honor: protege la propia estima en el que se individuo se tiene, y el prestigio que tiene cualquier persona, su buen nombre, reputación o fama.

    6. Principio general para la resolución de conflictos entre derechos

    Cuando se generan conflictos entre derechos de tal relevancia como los citados, se resuelve en pro de la libertad de expresión e información por su especial posición institucional siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

         – Veracidad: no se exige que sea absoluta, sino que exista un nivel de diligencia profesional, consistente en la comprobación de la veracidad de los hechos, a través de las averiguaciones oportunas, de forma que hayan sido previamente contrastadas.

         – Interés general o relevancia pública: lo publicado ha de ser de interés público, concepto muy distinto de la curiosidad del público.

         – Adecuación de las expresiones y términos empleados: no se amparan la utilización de términos o calificativos formalmente injuriosos, vejatorios y ofensivos.

    7. La colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión e información: solución jurisprudencial

    Es manifiesto, que el derecho al honor se encuentra limitado por las libertades de expresión y de información, y que estas últimas, se encuentran limitadas por el derecho al honor cuando no se cumplan los requisitos anteriormente citados.

    A este respecto, recoge la jurisprudencia una serie de presupuestos a tener en cuenta para la ponderación de de dichos derechos y libertades estableciendo, entre otras la STS de 29 de mayo de 2.012 que:

          – “la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información, porque no comprende la narración de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.”

    Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos, es necesario separarlos y sólo cuando sea imposible hacerlo, habrá de atenderse al elemento preponderante (STC 107/1988, 105/1990 Y 172/1990).

         – “la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información y expresión sobre el derecho al honor, por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático.

    También se ha de tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aún cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige.

         – “la técnica de ponderación exige valorar también el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    La protección del derecho al honor deberá prevalecer frente a libertad de expresión cuando se empleen frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto que sería por lo demás, incompatible con la Norma Fundamental.

    8. Conclusión

    Somos dueños y esclavos de nuestras palabras. Estas dos caras de la moneda, se materializan en la libertad de expresión e información y en la obligación de responder, en su caso, por los atentados frente a otros derechos fundamentales igualmente protegidos que en nuestro ejercicio cometamos.

    La especial protección de estos últimos, capaz de servir de restricción a la libertad de expresión e información, se torna aún más relevante, con la aparición de los medios telemáticos, dado que cuando se publica un contenido ilícito o lesivo contra los derechos de alguna persona, el alcance de la difusión de dicho contenido publicado en un estado concreto, se convierte en universal, por lo que se produce un efecto multiplicador del daño.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: Kristin Schmit (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

     

  • El impacto del despido colectivo tras la reforma laboral

    El impacto del despido colectivo tras la reforma laboral

    Mediante este artículo se pretende realizar un análisis de la situación del despido colectivo después de la Reforma Laboral, con objeto de clarificar cómo debe realizarse a partir ahora este tipo de despido.

    1. Introducción

    El Real Decreto-Ley 3/2012 (convertido la Ley 3/2012 de 6 de julio), de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral introdujo modificaciones esenciales en la regulación del despido colectivo, modificando así el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores:

    “Se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte al menos a:

    1. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
    2. El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
    3. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen a más de trescientos trabajadores.

    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

    Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

    También se entenderá como despido colectivo, la extinción de contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas que hemos visto anteriormente.

    El despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este período de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.

    La citada consulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.

    La comunicación de apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a la autoridad laboral…”.

    1. El despido colectivo, la causa principal de los ERE

    El expediente de regulación de empleo, abreviado con sus siglas ERE, es un procedimiento administrativo presentado por las empresas, o por los responsables legales de los trabajadores, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones de trabajo o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

    Según el Estudio Jurídico Vizcaíno Casas, un expediente de regulación de empleo supone un despido colectivo.

    Como ya hemos mencionado anteriormente, la nueva Reforma Laboral (Ley 3/2012), ha introducido modificaciones en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores destinado al Despido Colectivo. Entra todas ellas, destaca la supresión de la exigencia de obtención de autorización administrativa, que constituía un mecanismo de control del cumplimiento de los requisitos formales, de manera que, tras la entrada en vigor de la reforma, dicho control se realiza después, es decir, una vez se han ejecutado los despidos a través de la impugnación de los mismos ante la jurisdicción social.

    La Autoridad Laboral ahora asume funciones de carácter asistencial, que podrían entenderse encuadradas como funciones de control de cumplimiento de requisitos formales, siendo conveniente que tal posibilidad se previese de forma expresa en la normativa de desarrollo.

    Citamos algunas sentencias han recaído desde la entrada en vigor de la reforma: TSJ de Cataluña en Sentencia de 23 de mayo de 2012, TSJ de Madrid en Sentencia de 30 de mayo de 2012…, que declaran la nulidad del despido colectivo por inobservancia de requisitos formales.

    Hasta ahora, la mayoría de compañías que querían aplicar un ERE (Expediente de Regulación de empleo) pactaban con el comité de empresa las compensaciones, ya que de este modo, la autoridad laboral no se oponía si no existían irregularidades legales. Para lograr el pacto, las indemnizaciones solían ser más elevadas. Ahora, sin embrago, la empresa solicitará el ERE alegando una de las causas establecidas para lograrlo. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente.

    Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Por tanto, se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización por despido procedente, la más baja (20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades).Las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas. También si tienen «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos.

    Debemos de hacer mención una nueva exigencia en materia de procedimiento de este tipo de despido: además de la existencia de la fase inicial del ERE, cuya regulación a excepción de la supresión de la autorización administrativa permanece inalterada, existe una fase individual, consistente en la necesidad de justificar en la carta de despido en qué medida las causas (que con carácter general debían de haber sido previamente alegadas y debidamente documentadas) habilitan para la extinción procedente de los contratos de trabajo que se pretenden. La Sentencia del TSJ País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 21 de febrero de 2012, nos indica que no basta con hacer referencia a una de las causas legales de extinción, siendo imprescindible que se especifiquen los hechos concretos que motivan de decisión extintiva para que el trabajador pueda ejercer con garantía su derecho a impugnarla. Citamos la doctrina jurisprudencial, reproducida, en sentencias como las de fecha 19 de septiembre y 30 de septiembre de 2012 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que en estos casos no concurren los criterios de suficiencia, no se indican cifras de ninguna especie ni dato que permita al despedido poder comprobar la realidad de alguna manera.

    Desde que entró en vigor las nuevas medidas de reforma laboral se han disparado los ajustes en las empresas, sobre todo han aumentado los despidos colectivos. El número de trabajadores afectados por ERE se ha duplicado en la CAV en los siete primeros meses de 2012 respecto al año pasado.

    Como se ha mencionado anteriormente, el despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este período de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.

    Actualmente, se han anulado despidos colectivos por no respetar el proceso de consultas con los sindicatos, por no presentar la documentación necesaria para justificar la medida, por no abonar la indemnización legal correspondiente, por detectar los jueces irregularidades durante el mismo como abrir negociaciones individuales con los trabajadores saltando por encima del comité,…etc. (Sentencia de 22 de junio 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

    ¿Lo pactado en un ERE anterior vincula? Claro que sí. Pretender desvincularse de la obligación que una empresa contrae en un ERE anterior, resulta contrario a las reglas de la buena fe, atacando así la confianza suscitada en la parte social por los propios actos de la empresa (STSJ de Madrid de 11/06/2012).

    ¿Puede una empresa iniciar trámites para proceder a un despido colectivo después de que los trabajadores presenten demanda de extinción de contratos por retraso en el abono de salarios? No. La Sentencia de 9 de julio de 2012 del TSJ de Murcia, expone que se trata de un despido colectivo nulo. Se trata de una actuación en fraude de ley. En este supuesto, la empresa inicia el expediente de manera veloz y sin cumplir las garantías mínimas derivadas de un estéril periodo de consultas (4 días), despidiendo a un buen número de trabajadores que tenían pendiente un juicio sobre la misma cuestión. Se trata de un fraude de ley de carácter procesal, pues se inicia un expediente de despido colectivo con la finalidad de reducir la indemnización de 45 a 20 días, y con incidencia sobre los procesos ya iniciados, quedando demostrada la verdadera intención empresarial.

    Cabe señalar la Sentencia de 25 de junio de 2012 de la AN (Sala de lo Social sección 1ª), donde declara nulo un despido colectivo por actuación fraudulenta, dado que se presentó un despido colectivo con los mismos objetivos que un ERE presentado con anterioridad, con la

    intención de sustraerse del procedimiento legal y beneficiarse de un procedimiento más flexible que el precedente.

    Destacamos la importancia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de julio de 2.012, que califica de nulo por incumplimiento de los requisitos formales legal y reglamentariamente establecidos, así como por inexistencia de acreditación de la causa económica alegada (previsión de pérdidas) el despido colectivo efectuado. El tribunal entiende que no se acredita la causa objetiva económica alegada (previsión de pérdidas), debiendo existir una causa concreta y próxima y objetiva que justifique la extinción y destrucción de empleo, y no la mera conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio. Finalmente, el Tribunal entiende se comete igualmente por la empresa un abuso de derecho, e incumplimiento de los requisitos formales establecidos legal y reglamentariamente, al no poner a disposición de la representación legal de los trabajadores la obligatoria información económica y contable, que por otra parte obraba en su poder a la fecha de la iniciación del expediente.

    Cuando el despido colectivo afecta a varios centros de trabajo, ¿son posibles las negociaciones por centros? No. El periodo de consultas, constituye el centro de gravedad del despido colectivo y traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 1998/59 /CE, del Consejo, cuya finalidad es asegurar la información, la consulta y la participación de los trabajadores. Las negociaciones por centros de trabajo convierten al despido colectivo en Despido Nulo. Ni la Directiva un el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores contemplan la posibilidad de parcelar el proceso de negociación por centros de trabajo. Se apuesta por un proceso único, con resultado homogéneo para la totalidad de los trabajadores afectados por la decisión extintiva empresarial. (Sentencia de 25 de julio de la AN (Sala de lo Social 1ª)).

    ¿Existe libertad empresarial a la hora de la elección de los trabajadores que quiere despedir? En principio si. Salvo criterios conculcadores de derechos fundamentales o libertades públicas o caso de fraude de ley, la empresa puede elegir el trabajador que quiera despedir (Sentencia de 21 de febrero del TSJ País Vasco). El Ordenamiento Jurídico Español no regula los criterios de selección que puedan tenerse en cuenta por el empresario para determinar aquellos trabajadores que van a resultar afectados por un despido colectivo. Solamente establece una prioridad de permanencia en la empresa para los representantes de los trabajadores y para los trabajadores integrantes de los servicios de prevención y delegados de prevención. El control judicial queda reducido, a aquellos casos en que el trabajador afectado aporte indicios de discriminación o vulneración de un derecho fundamental, a los casos en que no se respeten el derecho de permanencia, o cuando se actúa con fraude de ley o abuso de derecho.

    3.- Resumiendo…

    Desde que entro en vigor las nuevas medidas para la reforma del mercado laboral en el mes de febrero, se han disparado los cambios en las empresas, utilizando sobre todo los despidos colectivos, tramitados mediante los ERE.

    Los despidos colectivos tienen que estar fundamentados en causas económicas, organizativas o de producción.

    Ya no es necesario que el ejecutivo autonómico o central dé su visto bueno a un expediente, lo que facilita el terreno a los empresarios para acomodar la plantilla a sus necesidades. No obstante el despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores.

    Pero prácticamente la única manera de poner freno a un ERE, es impugnarlo ante la jurisdicción social.

    Hoy en día, acudir a los jueces es la única salida que tienen los trabajadores para hacer frente a la voluntad unilateral del empresario.

    Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

    Patricia-Cavada-Blog
    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Phil and Pam Gradwell (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)