Etiqueta: Eurotax Abogados

  • Mis datos personales han sido sustraídos. ¿Puedo reclamar?

    Mis datos personales han sido sustraídos. ¿Puedo reclamar?

    Nueve mil cincuenta y tres millones ciento cincuenta y seis mil trescientos ocho (9.053.156.308). Este es, según la web breachlevelindex.com el número de datos personales que han sido objeto de pérdida o sustracción como consecuencia de ciber ataques desde 2013. Las cifras de sustracción de datos o data breach, lejos de contenerse, están avocadas a seguir creciendo por dos factores incuestionables. Por un lado, debido al imparable apogeo de Internet y las Nuevas Tecnologías en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Por otro, por la falta de diligencia de personas, empresas o instituciones responsables del tratamiento de los datos y el incumplimiento de las medidas de seguridad requeridas.

    Así pues, en este contexto, ¿qué podríamos hacer los titulares de los datos afectados por un ciberataque o data breach? ¿Tendría el responsable o encargado del tratamiento alguna responsabilidad derivada de un ataque causado por terceros? ¿En ese caso, podríamos los afectados por el data breach solicitar alguna indemnización?. Sin duda, suelen ser éstas unas de las cuestiones más recurrentes, a las que trataremos de dar respuesta en el presente artículo.

    Efectivamente, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD) contempla una doble responsabilidad del responsable o encargado del tratamiento por el incumplimiento de la normativa de protección de datos: la administrativa y la civil. A tales efectos, la primera consistiría en la imposición de sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), con fundamento en lo dispuesto por los arts. 43 y siguientes de la LOPD. Por otro lado, la meritada responsabilidad civil se traduciría en un derecho a indemnización a los interesados que hubiesen sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos, con base en el art. 19 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados”.

    Sin embargo, lo cierto es que la vía administrativa no puede derivar, en ningún caso, en un derecho de indemnización a favor de una particular, tal y como ha admitido la jurisprudencia y la propia AEPD(1). Esto es, acudir a la Agencia, en principio, no nos permitirá reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que podríamos haber sufrido. Es por ello que, por lo que aquí interesa, a continuación, abordaremos exclusivamente el derecho de indemnización que nos reconoce el art. 19 de la LOPD.

    1.-¿Quién puede solicitar la indemnización?.

    Por lo tanto, en primer lugar, debemos determinar qué sujetos estarían facultados para solicitar la indemnización del art. 19. A este respecto, el apartado primero establece que sólo podrán solicitar la indemnización los interesados. Por interesado debe entenderse, en virtud de lo establecido por el art. 3 letra e) de la LOPD “persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento”. Asimismo, en la letra c) del mismo artículo se define tratamiento como “cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

    Consecuentemente, sólo podrán solicitar la indemnización del art. 19 de la LOPD las personas físicas titulares de los datos objeto de tratamiento, quedando excluidas expresamente las personas jurídicas (por mor del art. 2.2 del Reglamento de la LOPD, en lo sucesivo, RLOPD).

    2.-¿A quién le podemos reclamar la indemnización?

    Si, efectivamente, estamos facultados para solicitar la indemnización, lo siguiente que cabe preguntarse es contra quién la deberíamos solicitar. Así, según el propio art. 19 en su apartado primero, deberíamos dirigirnos frente a los responsables o encargados del tratamiento.

    Por responsable del fichero o tratamiento puede entenderse, en virtud de la letra d) del artículo 3 de la LOPD la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”, y por encargado del tratamiento, con arreglo a lo dispuesto por la letra g) la “persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.

    No obstante, cabe preguntarse qué ocurriría en los casos en los que se decide contratar a un tercero independiente para que preste los servicios de tratamiento de datos y ficheros, situación cada vez más común en la práctica. Pese a que la LOPD no establece nada al respecto, lo que devendría en una aplicación del principio general de la no presunción de solidaridad del art. 1137 del Código Civil(2), lo cierto es que la jurisprudencia ha venido proclamando la solidaridad en aras a favorecer a los afectados (3). Esto es, en principio, todos los partícipes responderían en pie de igualdad, lo que nos facilitaría mucho las cosas a la hora de plantearnos la posibilidad de reclamar. Deberíamos observar también, en todo caso, las condiciones y términos en los que se sustancia la relación contractual entre los distintos sujetos intervinientes.

    3.-¿Cómo puedo reclamar esa indemnización?

    El cauce que deba seguirse para hacer valer el derecho de indemnización del art. 19 de la LOPD dependerá de la naturaleza de los ficheros en cuestión. Esto es, si estamos ante ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas (art. 19.2 LOPD). Por el contrario, si los ficheros son de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria (art. 19.3 LOPD), es decir, ante los órganos jurisdiccionales civiles.

    De este modo, la LOPD está realizando una remisión, en primer lugar, a las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de la Administración, y en segundo lugar, a las normas generales sobre responsabilidad civil.

    En todo caso, la Ley no precisa nada más sobre el procedimiento a seguir, plazos procesales de ejercicio de la acción etc. A tales efectos, la doctrina entiende aplicable el procedimiento ordinario para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales regulado en el art. 249.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil(4).  Aún así, también suelen realizarse interpretaciones analógicas de otros preceptos de la propia LOPD e incluso del derecho de indemnización recogido en la Ley 5/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

    Lo que sí queda claro es que no resulta preceptivo acudir con carácter previo a la vía administrativa o plantear una denuncia ante la AEPD para poder reclamar el derecho de indemnización en vía civil. Aún así, parece muy recomendable hacerlo, en aras a obtener pruebas, y en su caso, una resolución, que permitan acreditar posteriormente ante la jurisdicción ordinaria la existencia de un incumplimiento y, especialmente, de daños o lesiones en los bienes o derechos del interesado (5).

    4.-¿Qué requisitos tienen que darse para que proceda la indemnización?.

    Sin duda alguna, si en algún aspecto se proyectan con mayor incidencia las consecuencias negativas de la falta de concreción y regulación de la LOPD, ese es precisamente el de las condiciones que deben concurrir para hacer valer el derecho de indemnización. La LOPD se limita a enunciar en su art. 19.1 que procederá la indemnización cuando los interesados “como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento” hayan sufrido un “daño o lesión en sus bienes o derechos”. Por consiguiente, el texto legal exige dos requisitos: por un lado, la existencia de un incumplimiento del contenido de la LOPD y, por otro, que ello haya supuesto la producción de un daño o lesión en los bienes o derechos del interesado.

    Así pues, en lo que atañe al primero de ellos –la antijuridicidad–, esto es, que exista un incumplimiento del contenido de la Ley, sólo procederá la indemnización cuando se vulnere el contenido de la LOPD en sentido estricto, excluyéndose el resto de normativa e incluso el RLOPD. No obstante, el precepto se refiere en sentido amplio a “lo dispuesto en la presente Ley”, por lo que debe entenderse que cualquier incumplimiento de la LOPD por parte del responsable del tratamiento puede hacer surgir un eventual derecho de indemnización a favor de los afectados o interesados, no sólo el incumplimiento de las infracciones tipificadas en el Título VII(6). Del mismo modo, tampoco serán indemnizables aquellos daños o lesiones que hubiese sufrido el interesado como consecuencia de un comportamiento del responsable o encargado que, efectivamente, resulta dañoso o lesivo, pero que se ha realizado con el estricto el cumplimiento y observancia de las normas y exigencias de la LOPD(7).

    En lo concerniente al segundo –el daño o lesión en los bienes o derechos del interesado– la LOPD es extremadamente somera en su formulación. Lo único que queda claro es que la indemnización sólo procederá cuando el tribunal competente haya constatado, en cada caso, la existencia de un daño o lesión que produzca un menoscabo susceptible de valoración económica.  Sin embargo, nada se establece en relación a las características que tiene que cumplir el daño o lesión, la prueba de su efectividad o, incluso, si resultaría procedente solicitar daños morales. A tales efectos, la ausencia de regulación expresa determina la aplicación de las normas generales de responsabilidad civil del Código Civil –y en caso de reclamaciones a órganos administrativos, las de responsabilidad patrimonial de la Administración- (8). Finalmente, debemos entender que, pese al silencio de la LOPD, procede reclamar también los daños morales, siguiendo la línea jurisprudencial actual (9), pero sin obviar los problemas que plantea en la práctica la acreditación de aquéllos.

    5.-Regulación en el Reglamento General de Protección de Datos (10).

    A modo de colofón, procede, en última instancia, realizar mención a la nueva regulación del referido derecho de indemnización contenida en el art. 82 del nuevo RGPD, que acaba con la inseguridad jurídica de la LOPD en ciertas cuestiones.

    Así pues, entre otras, reconoce expresamente la posibilidad de solicitar daños morales (art. 82.1, “daños inmateriales”), amplía el ámbito de legitimación pasiva (art. 82.2, “cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento”) y proclama la solidaridad de todos los responsables o encargados para garantizar la indemnización efectiva del interesado (art. 82.4).

    6.-Conclusión.

    Al comienzo del artículo nos planteábamos una serie de preguntas. Preguntas que, probablemente, nos vendrían inmediatamente a la mente al tener conocimiento de un ciberataque o data breach que ha terminado por afectar a nuestros datos de carácter personal.

    Como se ha visto, ante las referidas situaciones, los titulares de los datos no estaríamos indefensos. Pese a la exigua regulación existente al respecto, hemos de concluir que los ciudadanos tenemos dos vías para exigir la responsabilidad de las empresas o instituciones que son responsables del tratamiento de nuestros datos: el planteamiento de una denuncia ante la AEPD, o bien, de una acción judicial de reclamación de daños y perjuicios, con fundamento en el art. 19 de la LOPD.

    Escoger el camino del art. 19 es la única vía existente para exigir a esas empresas o instituciones una eventual indemnización por daños y perjuicios –en los términos que se han expuesto– que repercuta económicamente en la propia persona.

    Así pues, efectivamente, los ciudadanos tenemos derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios a una empresa o institución que, como consecuencia de determinadas conductas incumplidoras o negligentes, ha permitido o facilitado la sustracción de nuestros datos personales por parte de terceros o hackers.

    Se trata, pues, de un mecanismo jurídico plenamente válido y eficaz, pero que apenas se ejercita en la práctica. En primer lugar, porque no se tiene conocimiento de su propia existencia y viabilidad. Y, en segundo lugar, porque los responsables del tratamiento, principalmente grandes empresas, tratan de suscribir, en todo momento, acuerdos de renuncia a acciones judiciales, precisamente, para evitar tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias.

    7.- Referencias bibliográficas.

    (1). Vid. Resolución AEPD nº R/00011/2007, 13 de octubre de 2008 y Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2004.

    (2). Vid. en este sentido: VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Daños causados por el incumplimiento de la ley en el tratamiento de datos personales. Concordancias, discordancias y concurso de normas.” Práctica de Derecho de Daños, nº 112, Sección Estudios, Enero-Febrero 2013.

    (3). Entre otras: Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2006 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de febrero de 2007.

    (4). VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Daños causados… op. cit.

    (5). Recomendación comúnmente realizada por profesionales especializados en la materia como MAITANE VALDECANTOS y PABLO FERNÁNDEZ BURGUEÑO. Vid. en este sentido: FERNÁNDEZ, Carlos B. “Nuevo filón para los bufetes: demandas masivas por fallos de ciberseguridad” [en línea]. Publicado en Cinco Días, sección Legal, el 2 de octubre de 2017.

    (6). ÉCIJA BERNAL, Álvaro. El ejercicio del derecho a la indemnización derivado del art. 19 de la LOPD [en línea]. Blog Ecix Group.

    (7). ABERASTURI GORRIÑO, Unai. “El derecho a la indemnización en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Protección de Datos de Carácter Personal”. Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 41-42, 2013, p. 189.

    (8). VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Daños causados… op. cit. apartado VI.

    (9). La jurisprudencia ha venido proclamando una expansión de los daños morales que ha permitido su reclamación en pretensiones indemnizatorias en las que la normativa aplicable no lo disponía expresamente. A tales efectos, vid., entre otras:  Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012 y de 7 de marzo de 2005, Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) de 12 de junio de 2006, Sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) de 12 de junio de 2006 y de 30 de enero de 2009 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 16 de septiembre de 2009.

    (10).  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 (art. 99).

     

    Mikel Recuero Linares

    Imagen: Grupo Eurotax

  • LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    En las líneas que siguen, vamos a tratar la sucesión, tanto por causa de muerte (mortis causa en adelante), como la sucesión por contrato (sucesión inter vivos en adelante).

    Para ello, realizamos un acercamiento general a sucesión, presentando en el primer epígrafe las cuestiones burocráticas y medidas provisionales en casos de sucesiones mortis causa; en el segundo, las tres fases principales de toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos;en el tercero, cuatro particularidades de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; y en el cuarto y último epígrafe, una breve referencia a las consecuencias fiscales de la sucesión.

    CUESTIONES BUROCRÁTICAS Y MEDIDAS PROVISIONALES EN CASOS DE SUCESIÓN MORTIS CAUSA

    Cuestiones burocráticas

    Cuando una persona fallece, se abre la sucesión, por lo que será necesario que consigamos el “Certificado médico de defunción” que es el documento oficial que acredita la muerte de la persona. En ese documento se plasma el momento del fallecimiento, momento que será el que determine:

    • Si el heredero/legatario es capaz para suceder.
    • El momento al que tiene que sobrevivir el heredero del causante para transmitir algún derecho a sus herederos.

    Tras tener el certificado médico de la defunción, tenemos que “Inscribir la defunción en el Registro Civil”, donde se da fe de la fecha, hora y lugar del fallecimiento, dado que, aunque los efectos civiles del fallecimiento se dan desde el fallecimiento, para su pleno reconocimiento es necesario inscribirlo. Tras la inscripción de la defunción, nos facilitarán la “Licencia para el entierro”, y se procederemos a ello, siempre transcurridas al menos, 24 horas desde el momento del fallecimiento.

    Transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, solicitaremos la “Certificación de actos de última voluntad”, acompañando a la solicitud el certificado de defunción, para conocer si existe o no testamento.

    En el caso que exista, se nos informará del Notario que lo realizó, y tendremos que acudir al mismo, con el certificado de defunción y el de últimas voluntades, para que el Notario ponga a nuestra disposición copia del mismo.

    En caso de que no exista testamento, habrá que realizar un “Acta de declaración de herederos” ante Notario.

    Tras los 15 días hábiles desde el fallecimiento, también podremos iniciar los trámites ante la compañía aseguradora que en su caso tuviera contratado un seguro de vida y accidentes el finado. Para ello, deberemos localizar la póliza de seguro y acudir a la compañía con el certificado de defunción.

    Medidas provisionales

    Tras el fallecimiento de una persona se extingue la personalidad civil de la misma, por lo que se produce una situación temporal en la que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido carecen de titular. A esta circunstancia la denominamos estado de “herencia yacente», y se prolongará hasta que el heredero acepte o repudie la herencia.

    Al tratarse de una situación que puede alargarse en el tiempo, existe la posibilidad de que el testador, los herederos, el Juzgado o incluso el Notario nombren a una persona que se encargue de administrar y defender los intereses de la herencia yacente adecuadamente.

    FASES PRINCIPALES DE TODA SUCESIÓN

    En toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos, diferenciamos tres grandes fases:

    1.- La vocación o llamamiento

    Es el llamamiento potencial a favor de todos los sucesores de una persona, y puede ser testamentaria o abintestato. La testamentaria se realiza llamando a los sucesores que consten en el testamento del causante; mientras que para la declaración de herederos abintestato tendremos que acudir al Notario y realizar un acta de declaración de herederos abintestato, para el que necesitaremos los documentos que se precisan en el artículo 55 de la Ley del Notariado.

    2.- Aceptación o repudiación de la herencia.

    2.1 Concepto y características

    La aceptación o repudiación es el ejercicio positivo o negativo del iusdelationis, que es el derecho a aceptar o rechazar el llamamiento a la sucesión que se realiza, cuyas características más relevantes son las siguientes:

    Es un acto voluntario y libre, puesto que no se puede obligar a nadie a aceptar o repudiar. El Código Civil, prevé en el artículo 1001 del Código Civil, la opción de que los acreedores de un llamado a una herencia soliciten cobrar de dicha herencia, pero hay que tener claro que el que los acreedores soliciten cobrar de lo que le correspondería al llamado, no supone que este haya aceptado la herencia.

    La aceptación/repudiación es un acto irrevocable, pero se puede impugnar cuando en el consentimiento hubiera mediado algún vicio que anule el consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación).

    El acto de aceptar /repudiar la herencia es una declaración de voluntad pura e indivisible, lo que significa que, en caso de aceptar la herencia, se acepta en su totalidad, y en caso de repudiarla, se repudia también en su totalidad. El llamado, por tanto, cuando le ofrecen la herencia, sólo podrá contestar con un “sí” o con un “no”, sin posibilidad de aceptar o repudiarla sólo en parte.

    El acto de aceptación /repudiación de la herencia tiene efecto retroactivo, lo que significa que los efectos de aceptación/repudiación de la herencia se retrotraen al momento de la muerte dela persona de quien se hereda y tanto para aceptar como para repudiar una herencia es necesario tener capacidad de obrar plena.

    2.2 Aceptación y repudiación

    a) La aceptación, se puede realizar de dos formas:

    Pura y simplemente. Lo característico de este tipo de aceptación es que se produce la confusión de patrimonios del causante y del aceptante. Esto significa que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido pasan a ser del aceptante, por lo que el aceptante estará obligado a pagar las deudas del causante, incluso con su patrimonio propio. Es lo que en latín se denomina responsabilidad ultra vires hereditatis, que significa más allá del haber hereditario.

    Esta aceptación, a su vez, puede ser expresa o tácita. Si es expresa, se realizará en documento público o privado; si la aceptación es tácita, se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar. En este punto, es importante señalar que los actos de mera conservación o administración provisional del haber hereditario no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.

    En relación con lo anterior, conviene señalar que el 1005 del Código Civil, que establece que “Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente”.

    A beneficio de inventario. .En la aceptación a beneficio de inventario, no se produce la confusión de patrimonios, por lo que el heredero sólo responderá de las obligaciones del causante con la masa hereditaria, no haciendo suyas las deudas y obligaciones del fallecido. La aceptación a beneficio de inventario la debemos realizar ante Notario, y la responsabilidad que se deriva de ella es intra vires hereditatis, que significa dentro del haber hereditario.

    b) La repudiación, tendrá que hacerse siempre ante Notario, siendo dos sus características más relevantes. La primera es que en caso de que un heredero sea también legatario, está facultado para poder aceptar uno de los llamamientos y repudiar otro; la segunda es que el ordenamiento jurídico entiende que en caso de repudiar por testamento también se repudia de la sucesión abintestato, por lo que en el caso de abrirse la sucesión abintestato, el repudiante no será llamado a dicha sucesión abintestato. Sin embargo, en caso de que el heredero repudie la herencia abintestato y sin noticia de su título testamentario, podrá todavía aceptarla por el título testamentario.

    En cuanto a los efectos posibles de la repudiación son tres: que se llame al sustituto, se acrezca el derecho de los coherederos del repudiante o la apertura de la sucesión abintestato.

    3.- Partición de la herencia

    Antes de la partición de la herencia debemos realizar un inventario y avalúo del haber hereditario. Puede que el testador nos haya facilitado el proceso, habiendo determinado en el testamento los bienes, derechos y obligaciones de los que disponía y la forma en la que quería que se distribuyeran los mismos tras su fallecimiento; como también puede que el testador haya designado a alguna persona para que se encargara de partir su patrimonio.

    En defecto de alguna de las primeras dos opciones se aplica el 1057 del Código Civil, que establece queel Secretario judicial o Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de Peritos.

    Siendo, así las cosas, el contador-partidor presentará la partición propuesta, y el Secretario Judicial o el Notario la aprobarán, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios” (se desarrolla este procedimiento en el artículo 66 en la Ley del Notariado).

    PARTICULARIDADES DE LA LEY 5/2015, DE 25 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL VASCO

    La sucesión en el Derecho Civil Vasco tiene sus particularidades, entre las que señalamos las siguientes cuatro:

    1.- Formas e incluso libertad de testar

    En cuanto a las formas de testar, la Ley 5/2015, permite que la sucesión se defiera por testamento, por pacto sucesorio, o por disposición de la Ley; como también permite que una parte de los bienes se dispongan por testamento y parte por disposición de la Ley.

    En cuanto a las modalidades de testamento, la Ley 5/2015 reconoce tres formas de ordenar la sucesión mortis causa: el testamento en peligro de muerte, la sucesión por testamento mancomunado o de hermandad y sucesión por comisario. Figuras que el Código Civilno prevé.

    La Ley Vasca prevé también el pacto sucesorio, que es una forma de sucesión inter vivos, (prohibida expresamente por el artículo 657del Código Civil) diferenciando tres tipos de pactos sucesorios, que son: el de institución de sucesor en bienes, el pacto de renuncia, y el pacto de disposición de un tercero.

    Las características principales de todos los pactos sucesorios son la bilateralidad y la irrevocabilidad del pacto, puesto que el pacto sólo se podrá revocar por cuatro razones: por la concurrencia de alguna causa pactada;por el incumplimiento grave de las cargas o condiciones establecidas en el pacto; por  haber incurrido el instituido en causa de indignidad o desheredación;por conducta del instituido que impida la normal convivencia familiar; o en casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio de los instituidos, o extinción de la pareja de hecho, cuando el pacto sucesorio se haya otorgado en atención a ese matrimonio o pareja de hecho, exceptuando, en el caso de la pareja de hecho, que su extinción haya ocurrido por contraer matrimonio entre los mismos miembros de la pareja.

    En cuanto a los requisitos de validez del pacto sucesorio, se puntualizan dos. La necesidad de que los otorgantes sean mayores de edad y que el pacto se otorgue en escritura pública.

    Es de destacar asimismo que en el Valle de Ayala disponen de la libertad absoluta de testar, no imponiéndoles a los vecinos de este Valle ninguna restricción a la voluntad del testador. Cuestión impensable en el Código Civil.

    2.- La troncalidad

    La troncalidad es una institución que en el Código Civil no existe, mediante la que se limita la voluntad del causante para trasmitir ciertos bienes, con la que pretende que los bienes raíces sitos en la tierra llana de Vizcaya o términos municipales de Aramaio o Llodio sigan estando vinculados a la familia vizcaína.

    Con esta limitación se pretende proteger el carácter familiar del patrimonio, ya que el propietario de los denominados bienes troncales solamente podrá disponer de ellos respetando los parientes tronqueros, de los que hablaremos en el apartado en el que nos referimos a los legitimarios.

    Lo recogido en las líneas precedentes es únicamente una pincelada a esta institución, con la que se pretende apuntar que en caso de que existan bienes raíces en el patrimonio del finado, tendremos que tener en cuenta que la forma de suceder ese bien estará predispuesta por Ley.

    3.- Normas especiales acerca del caserío en Guipúzcoa

    La Ley 5/2015 recoge unas normas por medio de las cuales se pretende que los que tienen vecindad civil vasca y local guipuzcoana, y ostenten un caserío sito en el Territorio Histórico de Guipúzcoa transmitan indivisamente el caserío, por lo que en caso de que seque el causante tenga un caserío en dicho territorio histórico, tendremos que estar a las normas específicas acerca del caserío.

    4.- Legítimas, legitimarios e institución de apartamiento

    Las legítimas en el Derecho Civil Vasco distan de las del Derecho Común, ya que en Derecho Civil Vasco la cuantía de la legítima de los descendientes es de un tercio del caudal hereditario; mientras que, en Derecho Común, la legítima de hijos y descendientes la constituyen las dos terceras partes del haber hereditario.

    En cuanto a los legitimarios, el Derecho Civil Vasco diferencia dependiendo de si nos referimos a bienes no troncales o bienes troncales. En cuanto a los primeros, establece que los legitimarios serán los hijos o descendientes en cualquier grado y el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por su cuota usufructuaria en concurrencia con cualquier clase de herederos; en cuanto a los bienes tronqueros, se establece que estos tienen que transmitirse primeramente en línea recta descendente, los hijos y demás descendientes; en caso de no haber descendientes, en línea recta ascendente, los ascendientes por la línea donde proceda el bien raíz, cualquiera que sea al título de adquisición, precisando en este sentido que respecto de los bienes raíces adquiridos por los cónyuges durante la vigencia de un matrimonio, o por los miembros de una pareja de hecho durante la vigencia de la misma, ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho son tronqueros. Aunque estos bienes s transmitan a los hijos o descendientes, los cónyuges o miembros de la pareja de hecho adquirentes siguen siendo tronqueros de la línea ascendente, cualquiera que sea el grado de parentesco con el descendiente titular. Para terminar, se precisa que, en defecto de los anteriores, los bienes troncales se transmitirán a los parientes en línea recta colaterales dentro del cuarto grado por la línea donde procede el bien raíz.

    Finalmente, en cuanto al apartamiento, precisar que en Derecho Civil Vasco no es preceptivo que cada legitimario reciba una parte de la legítima como pasa en Derecho Común, dado que puede darse el caso en el que alguno de los descendientes del causante reciba la legítima en su totalidad.

    CONSECUENCIAS FISCALES DE LA SUCESIÓN.

    En este caso no vamos a entrar a analizar los impuestos que gravan la sucesión, pero es importante que se tenga en cuenta que la sucesión tendrá que tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que variará dependiendo de la Comunidad Autónoma del finado y que, en su caso, también tendrá que tributar por el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, que dependerá de la normativa del Ayuntamiento al que pertenezca el terreno de Naturaleza Urbana.

    También tendremos que tener en cuenta que en función del territorio en el que se encuentre el finado tributará en base a una normativa u otra, por lo que el plazo para presentar el impuesto puede variar. Es por ello por lo que recomendamos consultar a un profesional en esta materia en aras de una correcta tributación, ya que en caso de no tributar o hacerlo mal, Hacienda puede iniciar un procedimiento sancionador.

    Elia Barinagarrementería

    Imagen: Pixabay. CCO public domain

     

  • Validez de la cláusula de no competencia

    Validez de la cláusula de no competencia

    En España, al igual que en la Comunidad Europea, rige en el sistema económico el principio de libre competencia, al considerarlo como el sistema más eficaz para la asignación de recursos que sirve para el aprovechamiento de los mismos y para conseguir el impulso de la economía.

    Para que este principio pueda llevarse a la práctica no deben existir barreras para la creación de nuevas empresas y su asentamiento en el mercado; pero hay que tener en cuenta que para entrar en el mercado, donde ya se encuentran otras empresas, los empresarios, en su competencia para ganar clientela, tienen que actuar de una manera legal. Así la ley entiende que esa competencia deberá realizarse de la manera debida y de un modo que no perjudique al mercado en sí.

    Por lo que se refiere a la defensa de la competencia en nuestro país existen dos normas fundamentales: por un lado, la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia y, por otro lado, la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal.

    Además del principio de libre competencia, el artículo 35 de la CE señala que los españoles tienen derecho al trabajo y a la libre elección de la profesión, de modo que si existe alguna limitación de estos derechos constitucionales, deberán establecerse cumpliendo las exigencias necesarias para ello.

    La regulación legal de la cláusula que limita la competencia –limitando de esta forma el derecho del trabajador, recogido en el artículo 35 CE– aparece recogida en el artículo 21 ET y en el artículo 8.3 del Real Decreto 1382/1985 (de 1 de agosto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección), y recibe el nombre de “pacto de no competencia o concurrencia”. De la dicción de dichos artículos podemos entender que se trata de un concierto entre el empresario y el trabajador de mutuo acuerdo por el cual se limita la libre elección de profesión del trabajador una vez finalizada la relación laboral. El trabajador no podrá desempeñar la misma actividad laboral que realizaba y de este modo el empresario se asegura su posición en el mercado, limitando el incremento de una mayor competencia con la cual podría ver disminuida su seguridad en el mercado. Un ejemplo claro es la sentencia del Tribunal Superior de Justica de Cataluña de 8 de abril del 2003 reconoce la finalidad del pacto para “evitar que los conocimientos e información adquiridos por el trabajador, por razón del cargo que ocupaba en la empresa, de la organización y técnicas productivas, le coloque en una situación de ventaja en el momento de competir con su anterior empleador en una empresa que produce o comercializa idénticos o similares productos y se dirige a un mismo círculo de clientes.”

    A pesar de que estas cláusulas conllevan una restricción a la libre competencia, serán admisibles siempre que se establezcan de una manera limitada y que resulten necesarias para que la empresa mantenga su estabilidad y adecuado funcionamiento.

    Tras la entrada en vigor de la CE, se promueve un cambio en las leyes laborales que ofrecen una mayor protección al trabajador. Uno de esos cambios se concreta en el pacto de no competencia, pues el artículo 21 ET establece que se trata de un reconocimiento legal que debe crearse por la concurrencia de las voluntades de los afectados. El TS en este sentido señala que el reconocimiento del Derecho del Trabajo conllevó una “trascendental modificación del régimen normativo” del deber laboral de no competencia, para una vez finalizado el contrato laboral, que pasó, de constituir una propia obligación legal, a convertirse en un pacto específico, requerido de precisas e insoslayables exigencias, que se incorpora a la concreta relación laboral concertada.

    El pacto de no competencia presenta los siguientes rasgos característicos:

    • En primer lugar, la obligación de no competir durante un tiempo después de finalizado el contrato laboral se convierte en una obligación estrictamente contractual nacida de un contrato celebrado entre las partes. La actual normativa permite, frente a la anterior, que sea el trabajador el que voluntariamente decida si desea coartar su libertad de trabajo a cambio de una compensación económica.
    • En segundo lugar, en este pacto de no competencia, surgen unas obligaciones que se encuentran limitadas legalmente. Existen unas condiciones legales que se deben cumplir para que el acuerdo sea válido, para evitar que se celebran pactos abusivos que puedan perjudicar al trabajador. Los límites legales más importantes y necesarios son: la fijación de una compensación, el establecimiento de unos plazos máximos y mínimos de tiempo dependiendo de la función del trabajador y que el empresario tenga un interés comercial o industrial. En relación al interés podemos entender que es por ambas partes, el empresario pretende evitar una posible competencia relevante y el trabajador ser compensado económicamente. Comprendemos que el pacto de no competencia se entiende como un contrato oneroso en el que se establecen obligaciones recíprocas y sinalagmáticas entre las partes.
    • Por último, cabe señalar, que el pacto se presenta como una obligación accesoria del contrato de trabajo. Es un pacto celebrado entre el empresario y el trabajador en los términos que establece el art. 21 ET como una obligación que se integra y forma parte del contrato principal. En el artículo 1255 del Código Civil se establece que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”, en sentido técnico-jurídico, el pacto contemplado en el artículo 21.2 ET constituye un verdadero “pacto”, por lo que él mismo debe reunir todos los requisitos propios de un contrato completo.

    Análisis de los requisitos generales del pacto de no competencia

    El artículo 21.2 ET establece que “el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores solo será válido si concurren los requisitos siguiente: a) que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y b)que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”. A su vez, el artículo 8.3 del Real Decreto 1238/1985 establece que en el caso de un Alto Directivo, “el pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. b) Que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada”.

    Al estar hablando de un pacto postcontractual, el mismo, afecta únicamente al trabajador una vez que finaliza la relación laboral (con independencia de las causas por las que finalice), mientras que la compensación económica establecida por el mismo, normalmente va aparejada con el salario que es entregado por el empresario cada mes; aunque puede suceder, que la compensación económica se pague una vez que el contrato de trabajo se extinga.

    Cuando se incorpora una cláusula de no competencia en un contrato, le resulta aplicable por analogía el artículo 1261 del CC que afirma que “no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes; 2º Objeto cierto que sea materia del contrato; 3º Causa de la obligación que se establezca”.

    El primero de los requisitos señalados –el consentimiento– se puede definir como la manifestación de la voluntad de las partes. Para que se dé, resulta necesario que concurran la oferta y la aceptación sobre el objeto del contrato.

    Para que el consentimiento sea válido, es preciso que las partes intervinientes en la redacción contractual laboral tengan capacidad para la realización de un contrato de trabajo. En virtud del artículo 7 del ET se prescribe que “podrán contratar la prestación de su trabajo: a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil; b)Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo. Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda ésta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación. El pacto de no competencia, por tratarse de una cláusula que se incluye en el contrato de trabajo, quedará supeditada a este artículo, pues nuestro ordenamiento no hace ninguna referencia específica en cuanto al mismo. Asimismo al no realizar el ET ninguna mención a reglas especiales, respecto al consentimiento para contratar, se aplicará la teoría general sobre el derecho de los contratos. Por tanto, las previsiones que el Código Civil establece en el artículo 1265son de aplicación al pacto de no competencia postcontractual.

    Aunque por lo general el consentimiento pueda ser expreso o tácito, el pacto de no competencia postcontractual necesita del consentimiento expreso de las partes, pues por un lado, se trata de una restricción de un derecho del trabajador, y, por otro lado, es preciso que las partes estipulen una compensación económica como requisito exigido para la validez del pacto. En este sentido la STS de 6 de marzo de 1991 señala al respecto que “el mismo (el pacto) sea expreso, bien escrito o verbal, debiendo probarse aquél (…) una cosa es que no sea necesario que el pacto sea escrito y otra que no tenga que ser expreso y probarse el mismo”. El trabajador debe de prestar de manera inequívoca el consentimiento en torno a este pacto, pues de lo contrario, no será legalmente válido.  Si éste no se realiza al mismo tiempo que el contrato en el que se establecen los elementos esenciales de aquél, no será suficiente que el trabajador haya aceptado estas cláusulas; necesitará prestar de nuevo su consentimiento para el nacimiento del pacto de no competencia. Surgen dudas en cuanto si al trabajador individual se le ha de trasladar el consentimiento de un convenio colectivo en el que se haya aceptado el pacto de no competencia postconstitucional, pero al tratarse de un pacto de carácter individual éste impide que sea ello posible.

    En relación a los requisitos generales de este pacto, cabe señalar que su validez no queda condicionada a ninguna exigencia formal. Lo único a lo que el artículo 21.2 ET hace referencia es a que éste ha de ser expreso; pero en cuanto a su forma, “el pacto de no competencia accesorio al contrato de trabajo podrá ser tanto escrito como verbal” rigiendo por ello el principio general de libertad de forma de conformidad con nuestro ordenamiento.

    A su vez, el artículo 8.1 ET afirma que “el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél”. Como el precepto que regula el pacto de no competencia no hace referencia a una forma en concreto, será de aplicación este artículo por analogía.

    Análisis de los requisitos necesarios del pacto de no competencia

    A tenor de lo establecido en el artículo 21.2 del ET se entienden como requisitos necesarios, para la validez de la cláusula de no competencia: el interés industrial o comercial de empresario,  la satisfacción de una compensación económica adecuada y la temporalidad (esta última es también un requisito aunque no se aprecie de manera explícita). Asimismo, la STS de 2 de julio de señala al respecto que “… el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, en cuanto supone una restricción de la libertad en el trabajo consagrado en el art. 35 CE y que al reflejo del art. 4 ET, recogido en el art. 21.2, y en el art. 8.3 del Decreto regulador de esta relación especial, preceptos similares, requieren para su validez y licitud, aparte de su limitación en el tiempo, la concurrencia de dos requisitos. Por un lado, que se justifique un interés comercial o industrial por el empresario. Por otro lado, que se establezca una compensación económica”.

    a.- El interés industrial, se entiende en su acepción más amplia. Se encuentra referido al conjunto de saberes industriales con que cuenta el trabajador (patentes de invención, procedimientos de fabricación, diseños…), así como al conjunto de características en torno al carácter comercialde la empresa, como pueden ser los clientes. Esta cláusula se estipulará sobre la relación que tenga el trabajador con la empresa, es decir, en relación al valor que tiene para el empresario la explotación y el negocio, señalando que este valor se puede medir de manera económica. Es necesario que aparezca un riesgo que nace de la situación que ocupaba el trabajador en la empresa. En este sentido no vale cualquier interés; lo que interesa es el puesto que ocupó el trabajador que se encuentra en una situación privilegiada. En conclusión, en relación a este término, se puede decir que el interés empresarial (sin el que la cláusula es inválida) necesita ser un interés efectivo, legítimo e industrial o comercial. Por ello, la competencia que se prohíbe tendrá que ser la efectuada por los trabajadores que hubieran desarrollado algún tipo de actividad que pudiera hacer peligrar los intereses sobre la competencia del empresario.

    b.-La compensación económica es un elemento determinante, sin cuya existencia, el pacto de no competencia sería inválido. En consecuencia, este requisito tiene carácter obligatorio e indispensable. El legislador en el artículo 21.2 de ET no fija una determinada cantidad. La mención que hace es que “satisfaga al trabajador con una compensación adecuada” pretendiendo que ésta sea válida y equitativa, limitando a dar libertad para la determinación de los módulos de cálculos. Queda por saber cuál es la suma adecuada y cuáles son los patrones para hallar esta cuantía. Para resolver esta cuestión deben considerarse tres aspectos:

    – Desde un punto subjetivo es necesario estipular quien puede proceder a la fijación de la cuantía indemnizatoria.

    – Desde un punto objetivo el problema consiste saber que requisitos debe reunir para que pueda entenderse válidamente fijada; y

    – Desde un punto temporal, el análisis persigue acotar en qué momento debería quedar fijada la compensación económica

    La fijación de la indemnización no puede quedar al arbitrio de una de las partes, pues son el empresario y el trabajador quienes, de mutuo acuerdo, fijan la compensación que estiman conveniente a favor de sus intereses. En este sentido la STS de de 28 de junio de 1990 señala que “la indemnización es así ofrecida y aceptada como compensación por esa no concurrencia”

    En cuanto al momento en el que se debe fijar la compensación, para nuestro ordenamiento es indiferente cuándo se realice, pues lo que importa y lo que permite la validez de la cláusula es que el importe quede determinado.

    El mayor problema se plantea respecto a la determinación de la cantidad apropiada, pues el precepto no sólo establece que es necesaria una compensación económica, sino que señala que la misma ha de ser adecuada. La STS de 27 de marzo de 1990 afirma que no es sólo necesaria la previsión de una cuantía, sino que, además, esta debe ser expresa y debe poseer identidad propia, para que el requisito de determinabilidad se entienda cumplido. Por su parte, el artículo 1271 CC establece que “la indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes”. Con ello se pretende que las partes cuando concluyan el acuerdo, estipulen la cantidad o los criterios con los que se va a determinar dicha cantidad, pues de lo contrario la cláusula no será válida.

    Como ya se ha adelantado, el legislador permite a las partes el establecimiento de la cantidad para la compensación económica, limitándose a prescribir en los artículos 21.2 ET y 8.3 RDAD que la cantidad debe de ser adecuada, pero carecen de algún criterio de cuantificación. En virtud de ello, son las partes las que delimitan la cantidad adecuada y se considera suficiente la conformidad del trabajador para conceder validez al pacto, entendiendo como cantidad adecuada aquella que hace referencia a la equivalencia de las prestaciones; se trata de que se consiga alcanzar un equilibrio entre los intereses de ambas partes. El indeterminado concepto de adecuación de la compensación económica exigido en el artículo 21.2 ET ha llevado a la doctrina laboralista a proponer algún criterio o módulo a tener necesariamente en cuenta para estimar que la compensación pactada cumple dicho requisito legal.

    Para el cálculo de la indemnización, se deberá tener en cuenta el salario realmente percibido por el trabajador que establece la base para su cálculo; además se debe tener presente la pérdida de la posible ganancia que pueda sufrir el trabajador. Aunque esta sea la postura mayoritaria, estos criterios no pueden ser acogidos por dos razones: en primer lugar, porque el pacto de no competencia no lleva aparejada la inactividad laboral sino que lo que se impide es que se realice la misma actividad que estaba desempeñando por un determinado periodo de tiempo; y, en segundo lugar, porque abonar al trabajador la misma cantidad que recibía cuando prestaba sus servicios sería gravar desproporcionadamente al empresario. La libertad contractual que encontramos en este pacto y el hecho de que sean las partes las que fijen la cuantía, permiten al trabajador valorar si obtiene ganancias o pérdidas a la hora de sus futuras posibilidades en el mercado laboral.

    Hoy en día, el medio utilizado con carácter habitual es que se fije un porcentaje sobre el salario que tenga el trabajador a la extinción del contrato de trabajo, una parte de la última remuneración percibida, o aplicar un porcentaje sobre el promedio de un período prefijado de salario del trabajador.

    c.-En cuanto a la duración temporal de la prohibición, la ley marca una diferencia dependiendo del tipo de trabajador. Así, se impone una prohibición de dos años para los técnicos, y de seis meses para el resto de trabajadores. Se establece un mayor tiempo para los técnicos porque estos pueden suponer una mayor peligrosidad para los empresarios, ya que entre sus competencias se encuentra el conocimiento de las técnicas de producción y el perfeccionamiento de las mismas, la comercialización, el conocimiento de la clientela, o lo relativo a las marcas o patentes. En este sentido el, RD 1382/1985 regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección –estableciendo para estos trabajadores ­­­– en el pacto de no competencia, una duración de dos años.

    Antes de comentar el siguiente requisito esencial, es preciso hacer alguna matización sobre el ámbito y extensión de la actividad que se prohíbe. En cuanto a las mismas, el parámetro básico es el de la actividad efectiva y habitualmente desarrollada. Respecto a la territorialidad, la ley no dice nada, puesto que no establece ninguna delimitación espacial o geográfica del ámbito excluyente. Sobre lo que no se plantea ninguna duda, es que esta delimitación no puede quedar al arbitrio de los empresarios. “La doctrina, ha mantenido que es más beneficioso no coartar la libertad de trabajo, por un lado, y de que el ámbito de actuación  tener en cuenta no puede ser el del empleador sino el del trabajador, de otro”, lo cual puede ponerse en duda, pues debe presumirse que no existe ningún interés empresarial, aunque no se trate, en principio, del ámbito de actuación del empresario, pues éste puede tener la intención de expandirse. Al igual que la doctrina, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de febrero de 2003 nos dice que “tampoco puede establecerse en el pacto de no competencia un ámbito territorial superior al que originariamente había sido contratado el trabajador”.

    Ana Casal Serrano

  • Posibilidad de modificación y extinción de la pensión compensatoria

    Posibilidad de modificación y extinción de la pensión compensatoria

    La pensión compensatoria está recogida en el artículo 97 del Código Civil (CC en adelante) y es la pensión que se puede otorgar al cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, siempre que el divorcio o separación le implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio.

    El CC no lo recoge como tal, pero el Tribunal Supremo (TS en adelante), en la Sentencia 749/2002 de 16 de julio de 2002, dispuso  la aplicación analógica del artículo 97 CC a casos en los que uno de los convivientes de la convivencia “more uxorio” se vea perjudicado por la extinción de la prolongada convivencia “more uxorio”; de lo que cabe deducir que la pensión compensatoria también es aplicable a casos de rupturas de uniones de hecho.

    La pensión compensatoria se fija mediante convenio regulador o sentencia, y puede ser temporal, por tiempo indefinido, o consistir en una prestación única.

    En cuanto al importe de la misma, la precisarán los cónyuges en caso que lleguen a un acuerdo entre ellos; y a falta de acuerdo, el Juez, en sentencia, determinará el importe de la pensión, atendiendo a determinadas circunstancias que se recogen en el artículo 97 CC.

    La cuestión que se plantea en las siguientes líneas es la posibilidad de modificar o incluso extinguir la pensión compensatoria, dado que es frecuente la duda de si lo pactado en el convenio regulador o en su caso en la sentencia, es inamovible. La respuesta es clara. NO. La pensión compensatoria se puede modificar o incluso extinguir.

    VÍAS PARA EXTINGUIR O MODIFICAR LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    El artículo 90 CC permite la extinción o la modificación de la pensión compensatoria en vía extrajudicial, o vía judicial.  Si se acude a la vía extrajudicial, se redactará un nuevo Convenio Regulador que se homologará por el juez competente. En el caso de acudir a la vía judicial, el procedimiento se inicia con una Demanda de Modificación de Medidas, que se tramitará por el procedimiento judicial que corresponda.

    Conviene matizar que puede darse el caso en el que las partes hayan intentado una modificación de medidas en vía extrajudicial, pero que no hayan conseguido ponerse de acuerdo. En ese caso, podrán acudir a la vía judicial para solventar la cuestión.

    FORMAS DE ATACAR LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    Existen dos formas principales de atacar la pensión compensatoria. La primera, y la más radical, supone la posibilidad de extinguirla; la segunda, más liviana, supone modificarla, ya sea para limitar la cuantía mensual por la que se fijó, bien sea para limitar la misma en el tiempo.

    1.- EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    El artículo 101 del CC, recoge expresamente tres casos en los que procede la extinción de la pensión compensatoria. Cuando el acreedor contrae nuevas nupcias, cuando vive maritalmente con otra persona, y cuando cesa la causa que motivó el establecimiento de la pensión.

    a.- Cuando el acreedor contrae nuevas nupcias

    En principio, es la causa de extinción más sencilla de utilizar, porque es la que menos problemas de prueba presenta, ya que para acreditar que el acreedor ha contraído nuevas nupcias, en base al artículo 6 de la Ley del Registro Civil, sólo habrá que solicitar al Registro Civil el estado civil del ya ex cónyuge, acreditando un interés legítimo a consultar dicha información.

    b.- Cuando el acreedor vive maritalmente con otra persona

    En cuanto a esta causa de extinción,es más complicada de alegar, ya que “vivir maritalmente” es un concepto jurídico que no está del todo claro.

    El concepto «vivir maritalmente»  ha sido objeto de interpretación por el TS en su Sentencia nº 42/2012, de 9 de febrero. donde se puso de manifiesto que no era claro lo que se debe entender por “vivir maritalmente”, dado que hay un sector la entiende como equivalente a convivencia matrimonial, mientras que otros entienden que cualquier tipo de convivencia estable de pareja equivale a vivir maritalmente.

    La misma Sentencia manifiesta que para dar sentido al concepto de “vivir maritalmente”, deben utilizarse dos cánones interpretativos: el de la finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada. Añade la Sentencia que en general, se sostiene que se produce esta convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges, es decir, more uxorio, y ello produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones”.

    De lo arriba enunciado, cabe concluir que, aunque el vivir maritalmente con otra persona es una causa de extinción de la pensión compensatoria, habrá que probar el more uxorio del acreedor de la pensión con otra persona, entendiendo como more uxorio la relación semejante a la matrimonial.

    c.- Cuando cesa la causa que la motivó

    Esta causa de extinción, es la que, en mi opinión, más problemas presenta, puesto que el hecho de que cese la causa que motivó el establecimiento de la pensión compensatoria es un concepto relativo.

    Me explico. Imaginemos que dos personas, a las que llamaremos Berta y Antonio, se divorcian, y fijan en el Convenio Regulador una pensión compensatoria a favor de Berta, por no haber trabajado ésta anteriormente, y, por tanto, por ser Berta dependiente económicamente de Antonio.

    En el caso en el que Berta empezara a trabajar, Antonio podría alegar que la circunstancia que motivó la pensión compensatoria (el que Berta no trabajara), ha cesado, por lo que podría instar la extinción de pensión compensatoria. Antonio argumentaría que habiéndose incorporado Berta al mercado laboral y teniendo sus propios ingresos, ya no es dependiente económicamente, y que, por tanto, la pensión compensatoria carece de sentido.

    En el caso en el que Berta cobrara lo mismo o más que Antonio, no se dudaría sobre la independencia económica de Berta y, por tanto, de la improcedencia de la pensión compensatoria; pero el supuesto no es tan claro si Berta, por la razón que sea, cobrara menos que Antonio.

    Ante este último supuesto, se podría pensar que sigue siendo legítimo el cobro de la pensión compensatoria, porque sigue habiendo un desequilibrio entre lo que cobran los dos ex cónyuges. Pero no. Ha de dejarse patente, tal y como ha hecho el TS en su reciente Sentencia nº 55/2017, de 27 de enero, que la pensión compensatoria, no es un mecanismo equiparador de economías dispares, ni dador de cualidades profesionales, que no se tienen ni se han conseguido personalmente.Por lo tanto, una vez extinguida la causa que motivó el establecimiento de la pensión compensatoria (que en este caso es que Berta no trabajara), se entiende extinguido también el derecho a la percepción de la pensión.

    2.- MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

    El artículo 100 del CC, recoge, que “Fijada la pensión y las bases de su actualización en la Sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen”. Volvemos, por tanto, a enfrentarnos a un concepto jurídico indeterminado, que ha sido interpretado por el TS en su Sentencia nº 700/2011 de 3 de octubre, en la que se afirma que “Conforme al artículo 90 CC EDL 1889/1 , para que se pueda modificar lo fijado en convenio es preciso que la alteración sea sustancial , de lo que se deduce:

    1) Que haya existido y se acredite dicha alteración, de tal manera que las circunstancias difieran de las tenidas en cuenta por el juez o los cónyuges en el convenio;

    2) Que dicha alteración sea sustancial, esto es, de importancia tal que haga suponer que de haber existido en el momento la separación o divorcio se habrían adoptado medidas distintas, al menos en la cuantía de las prestaciones económicas;

    3) Que no se trata de una modificación o alteración transitoria o esporádica, sino con caracteres de estabilidad o permanencia en el tiempo;

    4) Que la modificación o alteración no haya sido provocada o buscada voluntariamente o de propósito, para obtener la modificación, y la sustitución de las acordadas por medidas más beneficiosas”.

    Una vez expuestos los requisitos que ha de tener la modificación sustancial, pasamos a analizar las dos formas de modificación de la pensión compensatoria:

    a.- La limitación en el tiempo de la pensión compensatoria.

    El artículo 97 del CC sostiene que la pensión compensatoria puede ser temporal o vitalicia. En su día, se dudó de la posibilidad de limitar temporalmente la pensión compensatoria vitalicia, pero el TS expresó en su Sentencia nº 1113/2008 21 de noviembre,  que“Si cabe la extinción del derecho o su modificación por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro interesado (…) ningún obstáculo debe ponerse a la delimitación temporal en función de las circunstancias que concurran”.Se entiende, por tanto, que se puede limitar temporalmente una pensión que en principio era vitalicia.

    En relación con lo anterior, en la misma línea se pronuncia la Sentencia del TS nº 5454/2008 de 14 de octubre, especificando cual es el objetivo de la pensión compensatoria, recogiendo expresamente que “El artículo 97 no tiene por finalidad perpetuar el equilibrio de los cónyuges separados o divorciados, sino que la “ratio” del precepto es restablecer un desequilibrio que puede ser coyuntural, y la pensión compensatoria aporta un arco que puede hacer posible o contribuir a la readaptación”.

    Se concluye, por tanto, afirmando que la pensión compensatoria se puede limitar en el tiempo, incluso la vitalicia puede transformarse en temporal, si se demuestra la idoneidad o aptitud del cónyuge “desfavorecido” para superar el desequilibrio económico. En estos casos el TS considera que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de este desequilibrio. Sin embargo, nos hallamos ante un juicio prospectivo en el que el juez ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, tal y como ha venido apuntando la jurisprudencia del TS, en sus Sentencias nº 508/2011, de 27 de junio   y nº 622/2012, de 23 de octubre, entre otras.

    b.- Limitación de la cuantía de la pensión compensatoria.

    El artículo 100 del CC recoge la posibilidad de modificar la pensión compensatoria cuando se den alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge. Esto supone que en caso de que se produzca una modificación sustancial en el patrimonio del deudor, se podrá reducir la cuantía de la pensión compensatoria, siempre que la modificación sustancial tenga un carácter notorio y sustancial; mientras que en el caso en el que se modifique sustancialmente la fortuna del deudor, la pensión compensatoria se podría limitar cuantitativamente, por ser menor el desequilibrio al que se enfrenta el acreedor.

    La clave aquí estriba en determinar qué se considera alteración sustancial, para lo que me remito a lo expuesto en párrafos anteriores, y en especial a lo que determina la Sentencia del TS nº700/2011 de 3 de octubre, que también ha sido objeto de análisis.

    CONCLUSION

    Es posible modificar la cuantía y/o la temporalidad de la pensión compensatoria, e incluso extinguirla, sólo hay que saber cómo.

    Elia Barinagarrementeria Perosanz.

  • ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LA  LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA

    ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA

    Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, popularmente conocida como “ley de custodia compartida”, se ha producido un cambio significativo en la regulación de los criterios que deben guiar la decisión judicial sobre la atribución del uso de la vivienda familiar en los casos de ruptura de los progenitores.

    Esta ley, aprobada por el Parlamento Vasco en uso de la competencia que le reconocen los arts. 149.1.8º de la Constitución y 10.5 del Estatuto de Autonomía, resulta de aplicación en el ámbito territorial de la CAPV, siempre que el progenitor o progenitores que tengan la autoridad parental sobre sus hijos/as ostenten vecindad civil vasca.

    Así pues, la regulación que contiene la ley vasca difiere notablemente de la prevista en el Código Civil y, por tanto, de la que resultaba de aplicación con anterioridad al día 10 de octubre de 2015 que, si bien flexibilizada por la interpretación que del artículo 96 del Código Civil había venido realizando el Tribunal Supremo, resultaba excesivamente simplista y únicamente preveía a quién debía atribuirse el uso de la vivienda en los supuestos de custodia monoparental (“a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”) y, por tanto, la decisión sobre esta cuestión en los casos de guarda y custodia compartida quedaba sometida al libre criterio judicial (entre otras, SSTS 593/2014, de 24 de octubre y 215/2016, de 6 de abril).

    Tal vez la equiparación que la ley vasca realiza entre la custodia compartida y la exclusiva, priorizando sutilmente la primera, y/o tal vez las soluciones desproporcionadas a las que abocaba en ocasiones la parca regulación del Código Civil, han conducido al legislador vasco a regular de forma amplia esta cuestión en el extenso artículo 12 de la ley, que comienza declarando los tres elementos que el juez debe ponderar por lo que a la atribución del uso de la vivienda familiar se refiere: el interés superior de los hijos/as, las necesidades de los miembros de la pareja y la titularidad de la vivienda.

    Atribución en supuestos de custodia monoparental.

    En los casos de custodia exclusiva, el uso de la vivienda familiar debe otorgarse preferentemente al progenitor a quien corresponda la guarda y custodia de los hijos/as comunes “si es lo más conveniente para el interés de estos/as” (sin dar por sentado, por tanto, que efectivamente lo sea). Precisamente, la ley brinda, de forma novedosa, la posibilidad de sustituir la atribución del uso de la vivienda familiar por el de otra vivienda propiedad de uno o ambos miembros de la pareja si es idónea para satisfacer la necesidad de vivienda de los hijos/as menores y, en su caso, del progenitor más necesitado.
    También podrá atribuirse, por contra, al progenitor no custodio si objetivamente tiene mayores dificultades de acceso a otra vivienda y el custodio dispone de medios suficientes para cubrir la necesidad de vivienda de los/las menores y es, además, compatible con el interés superior de estos/as.

    Atribución en supuestos de custodia compartida.

    En los supuestos de custodia compartida, la ley no establece en principio una solución preferente entre las dos que propone: una, que el uso de la vivienda sea atribuido por periodos alternos a ambos progenitores y dos, que se atribuya al progenitor que objetivamente tenga mayores dificultades de acceso a una vivienda si ello es compatible con el interés superior de los hijos/as.

    Debemos apuntar, no obstante, que la primera solución, conocida entre otras denominaciones como “nido compartido” y consistente en que sean los menores los que residan de forma continuada en el domicilio familiar y los progenitores quienes entren y salgan, viene considerándose por los tribunales un “foco asegurado de conflictos del que hay que proteger al menor” (SSAP Vizcaya 420/2016, de 30 de junio y 299/2016, de 12 de mayo), que “puede dar lugar a graves problemas de convivencia” y por tanto, la solución “pasa por el hecho de que esta atribución del uso de la vivienda que fue familiar sea de carácter transitoria” (SAP Vizcaya 285/2016, de 4 de mayo).

    Limitaciones temporales.

    Por otra parte, el legislador vasco prevé como limitaciones temporales a la atribución del uso de la vivienda, las siguientes: primero, en aquellos casos en los que la atribución a uno de los progenitores se realice por razones de necesidad, se establece una limitación temporal de hasta dos años, susceptible de prórroga; segundo, en los casos en que la atribución se realice por otorgársele la guarda y custodia de los hijos/as, ya sea exclusiva o compartida, y si la vivienda es privativa del otro progenitor o común a ambos, se limita al tiempo en el que dure la obligación de prestarles alimentos.

    Esta última previsión se aparta de la regulación del Código Civil y la interpretación que, de la misma, ha realizado el Tribunal Supremo, en el sentido de entender que, alcanzada la mayoría de edad, los hijos/as no ostentan automáticamente un derecho a mantenerse en el uso de la vivienda familiar, a pesar de que subsista la obligación de los progenitores de prestarles alimentos (entre otras, STS 624/2011, de 5 de septiembre). Por el contrario, el legislador vasco parece haber optado por prolongar la atribución del uso más allá de la minoría de edad y en tanto en cuanto dure la obligación de prestar alimentos a los hijos/as. No obstante, el texto de la ley es ciertamente contradictorio en este punto y ello ha permitido que, por el momento, la SAP Vizcaya 16/2016, de 15 de enero, acogiéndose a la doctrina jurisprudencial, haya señalado que lo que la ley vasca prevé es asimismo la extinción del derecho de uso por finalización y cese de la guarda, es decir, por alcanzar la mayoría de edad.

    Compensación económica por pérdida de uso.

    Más allá de los límites temporales señalados, la ley contempla, en el caso de que la vivienda se atribuya a uno de los progenitores siendo ésta privativa del otro o común de ambos, la fijación de una compensación por la pérdida del uso a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario, teniendo en cuenta las rentas pagadas por alquiler de viviendas similares y la capacidad económica de los miembros de la pareja, lo cual viene a resolver de forma satisfactoria aquellas situaciones en las que se daba un claro enriquecimiento injusto y/o abuso de derecho como consecuencia de la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores.

    Causas de extinción.

    El artículo 12, apartado 11, regula asimismo las causas de extinción del derecho de uso que son, además de las pactadas entre las partes, las siguientes: el fallecimiento del beneficiario del uso; la mejora de la situación económica del beneficiario del uso o el empeoramiento relevante de la situación económica de la otra parte (cuando se haya atribuido por razones de necesidad, se entiende); el matrimonio o convivencia marital del beneficiario del uso con otra persona; la finalización o cese de la guarda o de la obligación de prestar alimentos; y el vencimiento del plazo previsto en la atribución temporal judicialmente adoptada.

    Lo cierto es que la previsión sobre la extinción del derecho de uso por “matrimonio o convivencia marital del beneficiario del uso con otra persona” colisiona de forma manifiesta con lo que hasta la fecha había venido sentando la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales que, como criterio general (a salvo de la SAP Almería 59/2007, de 19 marzo), sostenían que dicha convivencia en nada debía afectar a la atribución del uso de la vivienda familiar, sin perjuicio de que pudiera resultar procedente el pago de una indemnización de daños y perjuicios a favor del progenitor no adjudicatario (AAP Madrid de 5 de mayo de 2000 y 16 de julio de 2002).

    Así, deberíamos entender que tal previsión únicamente resulta aplicable en el supuesto de que la vivienda familiar se haya atribuido a uno de los progenitores por razones de necesidad y no por habérsele atribuido la guarda y custodia de los hijos/as menores, en cuyo caso será preciso además ponderar si la nueva relación sentimental supone o no una mejora de su situación económica o si cabe, en atención a las circunstancias, el recurso a la teoría del enriquecimiento injusto y/o abuso de derecho que, dicho sea de paso, decaerá en el caso de que haya sido acordada una compensación económica a favor del progenitor no adjudicatario.

    Imagen: Pixabay . CCO Public domain

  • 25 años al servicio de los clientes y el Derecho

    25 años al servicio de los clientes y el Derecho

    » La semana pasada, con puntualidad británica al cumplir 25 años desde su colegiación en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, Santiago Jauregi recibió la medalla conmemorativa con la que la Mutualidad de la Abogacía obsequia a quienes van traspasando las barreras del tiempo en la profesión. El mérito para alcanzar esa meta,  con las tremendas dificultades surgidas en los últimos años tanto en la profesión como en la sociedad en general, ha de ser compartido tanto con la familia, socios y compañeros de Eurotax Abogados como, muy especialmente, con los clientes que durante tantos años han demostrado su confianza en la firma proyectándonos con cercanía y amabilidad a sus familias, amistades, conocidos, relaciones…  Muchísimas gracias a todos por estos 25 años.

    Apropiándonos del texto de la placa de la Mutualidad de la Abogacía, también en Eurotax » nos comprometemos a seguir trabajando para que tú y las generaciones futuras sigáis confiando en nosotros«, ¡ por lo menos otros 25 años ¡

  • El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El pasado 18 de octubre la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acogido, por primera vez en nuestro país, la jurisprudencia sentada por la reciente sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, en virtud de la cual, reconoce el derecho de una trabajadora, contratada para realizar un proyecto de investigación, a percibir una indemnización de veinte días por año trabajado.

    Así, pese a que el contrato de investigación suscrito entre las partes ha sido calificado como temporal, en atención a su similitud con un contrato de obra o servicio, el Tribunal ha optado por elevar la indemnización correspondiente por extinción a veinte días.

    Analizado el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora frente a la sentencia de Instancia, la Sala considera que la terminación del contrato ha de considerarse ajustada a derecho y pese a su calificación de temporal, plantea ésta la aplicabilidad, al supuesto de autos, de la reciente jurisprudencia sentada por el TJUE.

    Superados los posibles obstáculos, entre otros el principio de congruencia – en cuanto que ni en la vista oral, como tampoco en la formalización/impugnación del recurso se suscita una cuestión de ese tenor (indemnizatoria), estima la Sala su capacidad para decidir sobre el derecho de la trabajadora a recibir algún tipo de indemnización complementaria a la ya recibida, puesto que la ejercitada acción de despido, bien nulidad, bien improcedencia conlleva; la primera el binomio readmisión/salarios de tramitación y la segunda, indemnización para reparar el daño causado por la empresa ante la extinción contractual.

    Es por ello que, a juicio de la Sala, su valoración no alteraría la naturaleza de la acción por despido en su momento entablada por la actora, ni la modificación es de tal naturaleza que hiciera irreconocible el debate, pues se limitaría a fijar la indemnización a la que finalmente tendría derecho…

    El Superior Vasco justifica el aumento indemnizatorio en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión, así como en la interpretación realizada por el TJUE en la ya citada sentencia respecto a la aplicación de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo Marco, no pudiendo ser interpretados de forma restrictiva por tratarse de un derecho social de la Unión.

    Razona la sentencia que la jurisprudencia europea en cuestión, no crea un nuevo derecho a una indemnización, sino que lo que hace es recordar cuál es la interpretación auténtica de la Directiva 1999/70/CE, que recoge sobre el ‘Principio de no Discriminación’ que por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

    En conclusión, a juicio del Tribunal la terminación del contrato de investigación es asimilable al que se produce por una causa ‘productiva’ (suficiente para el despido objetivo) no existiendo por tanto motivo que justifique que la trabajadora perciba una indemnización distinta a la que percibiría un trabajador indefinido despedido por causa objetiva.

    Situación actual

    Por lo que respecta al alcance temporal de la sentencia, entendemos que podrán reclamar el derecho al percibo o complemento hasta la cuantía de veinte días aquellos trabajadores interinos o temporales cuyos contratos finalicen a partir de este momento, así como aquellos cuyas relaciones laborales se vieron extinguidas en un plazo no superior a un año, plazo previsto por la normativa para el ejercicio de tal derecho.

    Y ello, pese a que el supuesto concreto analizado por el TJUE –origen de la jurisprudencia ahora analizada- haga referencia a trabajadores interinos y no temporales, quienes hasta el momento no gozaban de derecho indemnizatorio por extinción en nuestro ordenamiento, ya que el objetivo pretendido por la norma comunitaria y la interpretación de sus tribunales se encuentra dirigido a la no discriminación entre trabajadores.

    En cualquier caso, la exigencia pasa, como ya se han pronunciado distintos profesionales, por una reforma parcial del Estatuto de los Trabajadores, buscando su adecuación a la normativa comunitaria y su actual jurisprudencia.

     

    Sobre el alcance y términos de esta primera resolución fue entrevistado el pasado 19 de octubre D. Santiago Jauregui Arco,  socio fundador y actual CEO de Grupo Eurotax.

    Puede escuchar la entrevista completa en la Cadena Ser accediendo al siguiente link

    alberto-fernandez-blog

     

     

     

    Fotografia: Grupo Eurotax

  • Desayuno de trabajo EUROTAX-MARSH «RIESGO CORPORATIVO»; Bilbao – viernes 11 noviembre 9,15 h

    Desayuno de trabajo EUROTAX-MARSH «RIESGO CORPORATIVO»; Bilbao – viernes 11 noviembre 9,15 h

    Eurotax ha iniciado entre sus clientes una campaña de concienciación sobre la necesidad de todas las empresas en adecuarse al cumplimiento de la nueva normativa legal de Compliance en materia de buenas prácticas empresariales .

    Los recientes requisitos instaurados respecto a la publicidad sobre la política social corporativa, canales de denuncias anónimos, sistema disciplinario interno, mapa de riesgos empresariales, programas y manual de cumplimiento de protocolos , formación continua en la materia, y designación de «Director de cumplimiento» en cada empresa han generado, como hemos podido constatar en estas últimas semanas, la honda preocupación de todas ellas por tener el mejor asesoramiento posible al objeto de tomar la mejor decisión al respecto, ya gestionando las nuevas exigencias legales a nivel interno ya externalizándolas a un despacho profesional y así poder seguir centrándose en la actividad fundamental de cada compañía derivando la responsabilidad del cumplimiento normativo exigible a profesionales externos, más acostumbrados y cualificados para ello.

    riesgo corporativo 2

    Han sido tantas las solicitudes de información recibidas que hemos decidido realizar una serie de desayunos de trabajo con las empresas interesadas donde, con la colaboración de los más cualificados expertos de MARSH con quienes llevamos ya varias jornadas internas de formación y coordinación, podremos, durante aproximadamente una hora, tratar en cada uno de ellos con unas veinte empresas de características similares las circunstancias particulares de cada una de las mismas al objeto de focalizar perfectamente las necesidades de cada empresa en función de una tamaño e idiosincrasia particular ( empresa familiar, número de socios, administrador único o consejo de administración, exportadores, riesgos laborales acentuados, redes digitales, mobbing, discriminación por sexo o minorías sociales, ….. ).

    Les rogamos que , en orden ir preparando las diferentes jornadas adecuadamente, nos lo comuniquen lo antes posible quedando a su entera disposición para cualquier aclaración que precisen esperando celebrar una jornada amena y formativa.

  • GRUPO DE EMPRESAS LABORAL –  DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    GRUPO DE EMPRESAS LABORAL – DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    En el tráfico mercantil resulta habitual que varias empresas, aparentemente independientes, tengan una interrelación en su forma de operar en el mercado; habitualmente se trata de personas jurídicas con un objetivo común, que aúnan esfuerzos para generar unas sinergias que les permitan obtener beneficios mutuos sin perder su identidad particular.

    Son muchas y variadas las causas que pueden llevar a distintas empresas a formar un grupo mercantil, pudiendo generarse agrupaciones entre empresas del mismo sector, o de distintos sectores, en las que son unas clientes de otras, o existen unas relaciones más directas, cómo puede ser la adquisición de las acciones de otra empresa para tomar el control de las decisiones de esta, estableciéndose una relación de sociedad matriz y sociedad subordinada. También puede surgir dicha agrupación de empresas de la división de una empresa en varias particiones, circunstancia que puede tener distintos intereses: el establecimiento de un control más especializado de los distintos procesos de producción; la limitación de los riesgos de ciertas operaciones, políticas de presencia en el mercado…

    Dichas agrupaciones mercantiles no siempre tendrán responsabilidad respecto de las deudas generadas con los trabajadores de cada mercantil integrante del grupo, no obstante, los Tribunales están habilitados para llevar a cabo el denominado «levantamiento del velo«, es decir, penetrar en el sustrato jurídico de las distintas sociedades para indagar las interioridades negociables subyacentes entre ellas, evitando así la interposición de empresas ficticias carentes de patrimonio que no puedan hacer frente a sus responsabilidades laborales.

    A falta de disposiciones legales que determinen la existencia de un grupo de empresas laboral, los Juzgados y tribunales han venido estableciendo los criterios que determinan su existencia, distinguiéndose así los grupos de empresas laborales con los grupos de empresas mercantiles regulados en el artículo 42.1 del código de comercio.

    Para demostrar que un grupo de empresas a efectos mercantiles lo es también a efectos laborales, se tiene en cuenta una serie de circunstancias elaboradas por la jurisprudencia de nuestros tribunales. En este sentido, no tienen por qué concurrir la totalidad de dichos elementos de manera simultánea, ya que en ocasiones basta con una de ellas dependiendo de la intensidad que pueda tener la misma.

    Por tanto, cada circunstancia deberá ser analizada de forma separada, distinguiéndose los siguientes  requisitos:

    a.- Dirección Unitaria.

    Corresponde a la identidad entre los órganos de administración e incluso accionariado. Entre los elementos que delatan un funcionamiento unitario del grupo de empresas encontramos:

    • Que las sociedades funcionan de forma unitaria en el mismo centro de trabajo de la sociedad dominante.
    • Que no hay distinción de las actividades llevadas a cabo por cada una de las empresas.
    • Que el sistema de incentivos basado en beneficios se calcula sobre los beneficios obtenidos por todas las empresas del grupo, y no únicamente en aquella en la que prestan sus servicios los trabajadores.
    • La utilización de los mismos medios de comunicación (teléfono, fax, etc.) para todas las sociedades del grupo.

    b.- Apariencia externa de unidad empresarial.

    Se relaciona con una identidad única ante el mercado de todas las empresas existentes en el grupo, pudiendo confundirse por el consumidor una sociedad con otra.

    Llevará a estimar que existe un grupo de empresas a efectos laborales si la misma induce a terceros de buena fe, que han contratado con la empresa, a confusión sobre la identidad real del empresario. Esta doctrina, y su finalidad, está recogida en la temprana sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1987 (RJ 1987/6973) que se pronuncia como sigue: “quien crea una apariencia verosímil está obligado frente a los que de buena fe aceptan esa apariencia como una realidad a fin de no fomentar la posible aparición de empresas ficticias que carezcan de las mínimas garantías de responsabilidad dejando a los trabajadores indefensos”.”

    c.-Confusión de patrimonios sociales o caja única.

    Los elementos necesarios para poder apreciar que existe una confusión patrimonial entre diversas empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial han sido identificados por el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de marzo de 2002, Rec. 1666/2001 (RJ 2002, 4659) con “la interrelación de bienes, intereses, derechos y obligaciones de las personas físicas y de las personas jurídicas demandadas que genere una situación de «confusión de actividades, propiedades y patrimonios”. Entre los indicios valorados por la doctrina judicial para apreciar la confusión de patrimonios podríamos destacar la existencia de un régimen de caja única. Así lo estima la sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 2012, Autos 124/12 (AS 2012/1678), que declara la existencia de un grupo de empresas a los efectos laborales al apreciar que “una de las empresas del grupo era la única encargada de comprar la mercadería y distribuirla entre los diferentes supermercados, cobrar todas las facturas y atender todos los gastos de las diferentes empresas del grupo, incluyendo los salarios de todos los trabajadores del Grupo”.

    En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2012, Autos 21/2012 (AS 2012, 1773), en cambio, la confusión de patrimonios es apreciada por cuanto el grupo de empresas disfrutaba de una financiación común garantizada con los activos de todas las empresas a través de un “contrato de financiación sindicado”, existían saldos deudores y acreedores entre todas las empresas del grupo e incluso se suscribió una póliza de seguro de responsabilidad civil en favor de varias empresas del grupo.

    Esa misma financiación común fue apreciada, como elemento determinante de la existencia de un grupo de empresas laboral por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 11 de mayo de 2012, Rec. 625/2012 (JUR 2012\206611) en la que afirmaba que “concurren indicios sólidos del grupo de empresas tales como la concesión entre ellas de importantes créditos, incluida la empleadora del demandante, suscribiendo al efecto diversos contratos de financiación con entidades bancarias, para refinanciar sus deudas, constituyendo en garantía de dichas operaciones hipoteca sobre determinados activos de otras sociedades del Grupo”.

    d.- Confusión de plantillas.

    la confusión de plantillas exige un grado superior de intensidad o habitualidad en la prestación sucesiva o simultánea de servicios por los trabajadores. Y ello por cuanto la prestación sucesiva de servicios no lleva, necesariamente, a apreciar la existencia de un único empleador y por tanto de un grupo de empresas laboral.

    La confusión de plantillas, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 31 de enero de 1991 (RJ 1991/200), aparece cuando, con su actuación, la dirección de un grupo empresarial destina a sus trabajadores “a una y otra de las empresas vinculadas como si de un mero cambio de puesto de trabajo se tratara. No podrían explicarse de otra manera la simultaneidad de prestación de servicios a varias empresas del grupo, o la frecuencia de las transferencias de una a otra, o la disonancia que en más de una ocasión se produjo entre la adscripción formal a una empresa y la prestación efectiva de servicios en otra distinta. Las consecuencias jurídico – laborales de dicha actuación no pueden ser otra que reconocer que aunque en el plano formal existan varios empresarios, existe una única relación de trabajo con un único empleador.

    Fue asimismo apreciada por la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de julio de 2012, Autos 124/2012 (AS 2012/1678), al haberse reconocido durante el periodo de consultas aperturado en la tramitación de un despido colectivo, la antigüedad de los trabajadores en cualquiera de las empresas del grupo. Dicho reconocimiento es, según la Audiencia Nacional, prueba suficiente de la existencia de una confusión de plantillas “puesto que si no hubiera sido así, si los trabajadores hubieran rotado entre las empresas del grupo después de finalizar contratos en otras empresas del grupo, no habría razón para el reconocimiento de toda la antigüedad en un grupo de empresas”.

    También existe confusión de plantillas si los trabajadores de una empresa reciben a través del mismo teléfono y de los mismos medios de comunicación (fax, etc.) las peticiones de ofertas, y realizan, atienden y mandan los pedidos sin distinción de qué empresa facturaba o bajo qué nombre viniera el pedido. Este es el supuesto contemplado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 30 de mayo de 2012, Autos 17/2012 (AS 2012\1672), donde concluía el Tribunal que esta práctica

    La existencia de grupo de empresas a efectos laborales supone, como consecuencia fundamental para el trabajador, que todas las empresas del grupo responderán de manera solidaria respecto de todas las obligaciones contraídas con el trabajador. Esto significa que en caso de que la empresa adeude algún tipo de salario o indemnización, el trabajador podrá requerir el pago a cualquiera de las sociedades del grupo de forma solidaria.

                    Resulta destacable la existencia del grupo de empresas a efectos laborales en los supuestos de despido cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, causas objetivas; en estos supuestos la empresa tendrá que acreditar que la causa que se alega en la carta de despido se da en todas las sociedades del grupo y no solo en la sociedad mediante la cual ha sido contratado o despedido el trabajador, resultando improcedente ,por falta de acreditación de la causa, el despido que se haya justificado atendiendo únicamente a la situación contable de una sola de las empresas del grupo laboral, (la causa objetiva debe concurrir en todas y cada una de las empresas, lo que ya no puede probarse en acto de juicio pues no fue alegado en la carta, y permitir prueba sobre este extremo implicaría causar indefensión al trabajador), circunstancia que tendrá gran relevancia para el trabajador al tener la posibilidad de incrementar el importe de su indemnización hasta los máximos legalmente reconocidos para dicha modalidad de despido.

    Corresponde a las empresas denunciadas la obligación de demostrar la inexistencia de grupo de empresas a efectos laborales. La jurisprudencia se ha pronunciado en torno a este asunto, obligando al trabajador a demostrar únicamente que existe un grupo de empresas a efectos mercantiles, y en este caso, será el grupo de empresas quien tendrá que demostrar que no constituye un grupo de empresas a efectos laborales, ya que, para un trabajador, resulta casi imposible conocer todas las relaciones internas de las empresas para probar dichos extremos.

    Conclusión.

    Cómo conclusión, en cuanto a las consecuencias de la existencia de un grupo de empresas laboral, cabe decir que existe una gran incertidumbre jurídica para los grupos mercantiles que ostentan esta situación, ya que la más reciente doctrina jurisprudencial (entre otras, la última Sentencia del TS de 20 de abril de 2015, en la que cabe mencionar que existe un voto particular en contra), han declarado la nulidad de varios despidos colectivos (telemadrid, coca-cola…) al entender que existe una “mala fe negociadora” cuándo una empresa que no había declarado su situación de grupo de empresas a efectos laborales, declara dicha condición cuándo se inicia el período de consultas en un despido colectivo, entendiendo que dicha mala fe negociadora vicia el procedimiento de despido colectivo, mereciendo el mismo la declaración de nulidad (en procedimientos colectivos la consecuencia no es la improcedencia cómo en los individuales en los que no se acredita la causa, sino que en este supone se entiende que hay una mala fe que vicia el procedimiento y supone la nulidad o inexistencia del despido, debiendo reponer al trabajador en la situación anterior al despido con abono de salarios de tramitación).

    Finalmente, cabe concluir que a juicio del este letrado, el concepto de grupo de empresas laboral, que en origen pretendía evitar injusticias contra los trabajadores por parte de las argucias mercantiles para evadir responsabilidades, se ha convertido en un arma arrojadiza contra las empresas al no existir una disposición normativa expresa que determine su constitución y consecuencias, resultando necesario un desarrollo legislativo inmediato que permita garantizar los derechos de los trabajadores a la vez que dote de una mínima seguridad jurídica a los operadores mercantiles, acotando con ello las paradojas generadas por la creación de un concepto a base de sentencias que resuelven distintos casos concretos.

    Aitor_Rodriguez

    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Pixabay (CCO Public Domain)

  • Entrevista a Maitane Valdecantos sobre la adaptación de los abogados a LexNET.

    Entrevista a Maitane Valdecantos sobre la adaptación de los abogados a LexNET.

    Nos encontramos tan solo a unas semanas de la fecha que la Ley 42/2015 prevé como obligatoria para la comunicación telemática de los Abogados y Procuradores con los Juzgados y Tribunales. Esto es, 1 de Enero de 2016.

    Dicha ley, se enmarca dentro del compromiso de utilización de las tecnologías de comunicación electrónica como medio habitual de actuación de la Administración de Justicia con los profesionales del derecho y ciudadanos.

    En este sentido, se establece el 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal.

    Entrevista a la letrada

    http://https://www.youtube.com/watch?v=AS23RKFeSEg&feature=youtu.be

    Con motivo de la entrada en vigor de dicha ley Wolters Kluwer ha entrevistado a Maitane Valdecantos, abogada, responsable IP & IT en Grupo Eurotax, Presidenta de la Comisión de PI y Dº del entretenimiento y Coordinadora de formación Papel “0” del ICASV.

    La letrada, que en estos momentos es una de las responsables de oficiar los cursos de formación que se realizan en el ICASV sobre el tema en cuestión, nos habla de las diferencias entre LexNET y Justicia SIP (plataforma de la C.A. País Vasco), su modo de acceso,  sus posibles problemas, superación del límite previsto de MB para envío de documentación, convivencia de las distintas plataformas en España, etc.

    Reforma de la legislación y entrada en vigor

    Ley 42 /2015 , de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disp. Adicional 12ª.

    “La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

    No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.

    ……….”

    Como apunta la letrada, el cambio que supone dicha adaptación a los medios de comunicación telemática, es comparable a lo que supuso la llegada del Euro o en términos jurídicos, la entrada en vigor de la LEC 2000 y concluye afirmando que «de una manera u otra acabaremos adaptándonos a dichos cambios».

    Video entrevista: Wolters Kluwer