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  • Principales novedades en el IVA para 2015

    Principales novedades en el IVA para 2015

    La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras y el Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, introducen distintas novedades en la regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

    Dichas novedades pueden ser sistematizadas en tres grandes grupos, en consonancia con los principales objetivos perseguidos con la reforma:

    Modificaciones de índole técnica

    Modificaciones de índole técnica, bien aclarando algún aspecto de la tributación, bien suprimiendo determinados límites o requisitos, en el ámbito de discreción que la Directiva de IVA permite a los Estados miembros, como es el caso del régimen de la no sujeción al Impuesto:

    a) Supuestos de no sujeción al IVA por transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial.

    Se incorpora en la redacción del artículo la doctrina del TJUE (“Sentencia Caprabo”) que aclara que para poder aplicar la no sujeción se debe traspasar el negocio existente incorporando la estructura organizativa, en la medida en la que se trate de una unidad económica autónoma. Adicionalmente se establece expresamente que la exigencia de que los bienes y derechos transmitidos constituyan una unidad económica autónoma debe cumplirse no sólo en sede del adquirente (como hasta ahora) sino también en sede del transmitente.

    b) Las operaciones realizadas por Entes Públicos.

    c) Renuncia a la exención en operaciones inmobiliarias (segundas entregas de inmuebles).

    Se modifica la referencia a los Entes Públicos por las Administración Públicas incorporándose expresamente la definición de que se entiende por Administración Pública a estos efectos.

    La no sujeción también se aplicará a las prestaciones de servicios realizadas por una entidad integrante del Sector público (sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales de titularidad íntegra de una Administración pública) que tengan por destinatario a  dicha Administración pública que es su socio único (los denominados servicios internos). Con ello se viene a dar rango legal a la doctrina sobre los denominados órganos técnico-jurídicos que ya venía aplicando la Administración tributaria.

    Se permite la deducción de las cuotas de IVA soportadas comunes a las operaciones no sujetas y no sujetas realizadas por las Administraciones públicas (entidades duales) siempre y cuando se aplique un criterio razonable de reparto.

    Se modifica el régimen de deducción de los organismos públicos de radio y televisión reconociendo que se considerarán actividades comerciales (darán derecho a la plena deducción) aquellas actividades que generen o sean susceptibles de generar ingresos de publicidad no provenientes del sector público.

    Se establece la posibilidad de que los empresarios adquirentes de este tipo de inmuebles puedan renunciar a la exención aún en el caso de tener derecho a la deducción parcial del IVA soportado por la adquisición. La normativa anterior sólo permitía la renuncia a la exención en aquellos casos que el empresario adquirente tenga derecho a la deducción total del IVA soportado en el inmueble sobre el cual se haya de ejercitar la renuncia a la exención.

    d) Excepción a la exención en la transmisión de suelo urbanizado o en curso de urbanización.

    Se suprime la exigencia de que la transmisión sea realizada por el promotor con la finalidad de garantizar la neutralidad del impuesto en los procesos de transmisiones de terrenos, una vez que la urbanización se ha iniciado.

    e) Juntas de Compensación «no fiduciarias».

    Se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la Junta de Compensación y los propietarios, con el fin de eliminar la distorsión que causaba el distinto tratamiento a efectos del Impuesto de la actuación en los procesos de urbanización de dichas Juntas, según intervinieran en su condición o no de fiduciarias (en este último caso, la Junta no podía deducir el impuesto soportado por los servicios de urbanización).

    f) Entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje.

    Se elimina la referencia al 15% del coste total de la contraprestación.

    g) Modificación de la base imponible.

    Se incorporan medidas para flexibilizar el procedimiento de modificación de la base imponible regulado en el artículo 80 de la LIVA, en especial:

    Se amplía el plazo para poder realizar la modificación en el caso de concurso a 3 meses desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración de concurso.

    En el caso de créditos incobrables, a las entidades con importe neto de cifra de negocio inferior a 6 millones de euros se les permite modificar la base en el plazo especial de 6 meses (plazo general de 1 año).

    Respecto a las operaciones en régimen especial del criterio de caja, se introduce una regla especial para declarar un crédito incobrable, de tal manera que se permite la modificación de la base imponible cuando se produzca el devengo de dicho régimen especial por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación, sin tener que esperar a un nuevo transcurso del plazo de 6 meses o 1 año que marca la normativa a computar desde el devengo del impuesto.

    h) Prorrata especial.

    Se disminuye el porcentaje de comparación en la deducción de las cuotas de IVA soportadas respecto de la prorrata general al 10% frente al 20% anterior; por lo tanto, se ampliará el número de supuestos en los que será de aplicación la prorrata especial frente a la general.

    i) Solicitud de devolución a empresarios no establecidos ni en la Comunidad europea ni en Ceuta, Melilla o Islas Canarias.

    No se exigirá la existencia de reciprocidad en la solicitud de devolución de cuotas de IVA soportadas  en los servicios de hostelería, restauración y transporte vinculados a la asistencia a ferias, congresos y exposiciones, así como la compra de moldes, plantillas y equipos que se utilicen en la fabricación de bienes que vayan a ser exportados.

    j) Régimen de grupo de sociedades.

    Se adecua la redacción de los requisitos subjetivos para pasar a formar parte del grupo en el sentido de que exista una vinculación entre las entidades en el ámbito financiero, económico y de organización.

    k) IVA a la importación.

    Se establece como gran novedad la posibilidad de que determinados operadores puedan diferir el ingreso del IVA a la importación en el modelo de presentar el modelo 303, sin necesidad de ingresar el IVA en el mismo momento de la importación.

    l) Exención educativa.

    Con efectos 1 de enero de 2015, se extiende la aplicación de la denominada «exención educativa» a los servicios de atención a niños en el centro docente prestados en tiempo interlectivo, tanto durante el comedor escolar como en servicio de guardería fuera del horario escolar, equiparando, a tal efecto, el tratamiento en el Impuesto de estos servicios prestados por el centro docente, con independencia de que se realice con medios propios o ajenos.

    Modificaciones relacionadas con la lucha contra el fraude fiscal

    a) Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo.

    Se incorpora un nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo en las entregas de productos en los que se ha constatado la existencia de fraude, en particular, teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles, tabletas digitales, plata, platino y paladio.

    En el caso de los productos electrónicos antes mencionados, esta nueva regla de inversión se aplicará en todo caso si el adquirente es un revendedor, mientras que si el adquirente no es un revendedor (adquisición para uso empresarial) sólo operará la inversión del sujeto pasivo cuando el importe de la operación exceda de 10.000 euros (IVA excluido).

    b) Nuevos supuestos de infracciones y sanciones relativas a las comunicaciones en el caso de aplicación de la regla de la inversión del sujeto pasivo.

    En particular un nuevo tipo de infracción referido a la ausencia de comunicación o bien a la comunicación incorrecta por parte de los empresarios a los que les resulta de aplicación la regla de la inversión del sujeto pasivo, imponiéndose una sanción. La conducta se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 1% de las cuotas devengadas respecto a las que se ha producido el incumplimiento en la comunicación, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000 euros.

    Modificaciones generadas como consecuencia de la adaptación de la normativa a diversas Directivas Europeas y a la jurisprudencia del TJUE

    a) Normas de localización.

    A partir del 1 de enero de 2015 son de aplicación las nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuados por vía electrónica por las que dichos servicios se entenderán localizados en el Estado miembro donde esté establecido el destinatario de los mismos, tanto si es empresario o profesional o bien una persona que no lo sea y con independencia de donde radique la sede del prestador del mismo (hasta ahora esta regla sólo era aplicable si el destinatario era empresario). Como consecuencia de esta modificación, por tanto, los servicios de por vía electrónica cuyo adquirente sea un consumidor final se entenderán localizados en España (excepto Canarias) si es allí donde está establecido el consumidor final, de manera que, con independencia de donde esté establecido el prestador, deberá repercutir el IVA según el tipo español y no el del país de establecimiento del prestador.

    Formalmente se añade un capítulo “Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica” diferenciándose entre si el prestador del servicio está  fuera de la Unión Europea o bien si está en otro Estado de la Unión Europea. Y con la finalidad de facilitar el ingreso del IVA se crea un sistema de ventanilla única.

    b)

    El ámbito de aplicación del Impuesto se ajusta a la Directiva IVA, excluyendo del territorio de la Comunidad a las regiones ultraperiféricas francesas, las islas del Canal e islas Aland e incluyendo las regiones de Akrotiri y Dhekelia.

    c) Productos sanitarios.

    En ejecución de la sentencia del TJUE en el asunto C-360/11, de 17 de enero de 2013, se suprime la aplicación del tipo reducido a las sustancias para la obtención de medicamentos y a los equipos médicos, productos sanitarios, aparatos y complementos que no se destinen al uso exclusivo de personas con deficiencias físicas, mentales o sensoriales.

    En este sentido, se incorpora un Anexo octavo donde se enuncian los bienes a los que se aplicará el tipo reducido del 10% (gafas, lentes de contacto, dispositivos de punción, de lectura automática de glucosa…).

    Pasan a tributar del 4% al 21% las sustancias medicinales y los principios activos de los medicamentos para uso humano, así como los productos intermedios para la fabricación de dichos medicamentos.

    Asimismo, incrementan su tributación del 10% al 21% las sustancias medicinales y los principios activos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso veterinario, así como los equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado con fines veterinarios.

    d) Régimen especial de agencias de viajes.

    En cumplimiento de la Sentencia en el asunto C-189/11 de 26 de septiembre de 2013, se modifican distintas cuestiones del régimen especial de agencias de viajes, entre otras, la eliminación de la repercusión expresa del IVA al 6%, la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación a los empresarios que, aun no siendo agencias de viajes, realicen actividades similares a las organizaciones de viajes, y se establece que el único sistema de determinación de la base imponible es el de operación por operación (como en el REBU).

    Con respecto a la aplicación del régimen especial, la nueva regulación es muy clara al afirmar que dicho régimen será de aplicación a las agencias de viajes minoristas que actúen en nombre propio frente al viajero, aunque los transportes y alojamientos los contraten a través de otras agencias mayoristas o turoperadores, que, a su vez, también estará obligados a aplicar el régimen especial.

    En lo que se refiere a la determinación de la base imponible, se establece que sólo se permitirá el cálculo de la misma, operación por operación, eliminando la posibilidad que existía de realizarla de forma global para cada periodo impositivo. Igualmente, la reforma incluye la posibilidad de renunciar a la aplicación del régimen especial, y la adopción del régimen general, respecto de los servicios que presten a empresarios o profesionales que tengan derecho a deducción del impuesto, siguiendo la línea del modelo sueco, el cual no había sido puesto en tela de juicio por el TJUE.

    e) Regla especial de determinación de la base imponible cuando las contraprestaciones no sean monetarias.

    Consecuencia de la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2012, en el asunto C-549/11, se incorpora el criterio del valor acordado por las partes que tendrá que expresarse de forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las reglas de valoración del autoconsumo. Recordemos que, hasta esta modificación, la base imponible de este tipo de operaciones tenía una regla de valoración en base al valor de mercado. Por tanto, el cambio supone pasar de un régimen de valor de mercado a uno de valor al coste (norma supletoria de valoración de los autoconsumos).

    f) Servicios prestados por fedatarios públicos.

    Se elimina la exención de los servicios prestados por fedatarios públicos en relación con operaciones financieras exentas o no sujetas a IVA. Por lo tanto, pasan a estar sujetos  y no exentos de IVA los servicios prestados por notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles en relación con las operaciones financieras exentas.

    Por último, se incorporan diversas modificaciones con una mera finalidad aclaratoria, como la calificación como bienes corporales de ciertas transmisiones de participaciones o acciones en sociedades cuya posesión asegure la atribución de la propiedad o disfrute de un inmueble, y otra serie de modificaciones de carácter técnico que tienen por objeto actualizar las referencias normativas y las remisiones a determinados procedimientos que se contienen en la Ley del Impuesto.

     

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Alan Cleaver (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

  • La condena en costas y el IVA: sujeción, devengo y emisión de factura

    La condena en costas y el IVA: sujeción, devengo y emisión de factura

    Cuando nos encontramos con una condena en costas en un procedimiento judicial surge frecuentemente la duda de si estamos ante un supuesto sujeto y no exento del Impuesto sobre el Valor Añadido y, además, si es necesario o no expedir nueva factura a favor de la parte condenada en costas.

    En cuanto a la primera cuestión, según se establece en los artículos 4 y 11 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (NFIVA), con carácter general los servicios profesionales prestados por abogados y procuradores, relativos a su intervención en procesos judiciales, están sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

    Sin embargo, el artículo 78 de la NFIVA establece que no se incluirán en la base imponible, entre otras, las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que por su naturaleza y función no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto.

    Así, lo primero que deberíamos delimitar es la naturaleza fáctica de la condena en costas; es decir, si se trata de una prestación de servicios profesionales o una indemnización.

    En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que el elemento esencial para que un determinado abono tenga la consideración de indemnización a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, es que no constituya remuneración de ninguna operación sujeta al mismo y, por consiguiente, que no sea contraprestación de ningún acto de consumo; es decir, hay que atender a la naturaleza del compromiso asumido, ya que, para que exista sujeción al IVA, dicho compromiso ha de suponer un consumo.

    En base a lo anterior, en principio podríamos señalar que la condena en costas a la parte vencida en un proceso supone la obligación de abonar una indemnización a la parte ganadora equivalente a los gastos por ella soportados, entre los que se encuentran los relativos a los servicios jurídicos contratados. Por lo tanto, en una primera aproximación al supuesto de hecho que nos ocupa podría considerarse que la cuantía que debe abonarse a la parte vencedora en concepto de condena en costas no forma parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la medida en que no constituye la contraprestación de ninguna operación sujeta al mismo. Así, la parte vencedora tampoco debería repercutir el Impuesto sobre la cantidad que le ha de abonar la parte condenada en costas.

    No obstante, no podemos perder de vista el hecho de que la normativa del Impuesto establece la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios profesionales prestados por abogados y procuradores de forma independiente a la parte que tiene derecho a cobrar las costas. Por lo tanto, el importe que debe abonarse a la parte vencedora en juicio será la contraprestación de los servicios que le hayan prestado los citados profesionales más el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.

    En cuanto al momento del devengo del Impuesto, según lo dispuesto en el artículo 75 NIVA en las prestaciones de servicios como aquellas relativas a abogacía y representación procesal, el Impuesto sobre el Valor Añadido se devenga cuando se prestan los citados servicios, con independencia de que la contraprestación correspondiente a los mismos se satisfaga con posterioridad, salvo que se realicen pagos anticipados por ellos, en cuyo caso el Impuesto se devenga en el momento del cobro total o parcial del precio, por los importes efectivamente percibidos.

    Así, podríamos concluir que el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los servicios prestados de los abogados y procuradores contratados para el desarrollo de un proceso judicial se produce en el momento en el que realizan su última actuación procesal o profesional en el curso de dicho proceso, tomando en consideración todas las instancias judiciales, procedimientos e incidentes correspondientes al mismo.

    Respecto a la necesidad de expedir nueva factura en el caso de condena en costas, hay que tener en cuenta que dado que el importe de la tasación de costas tiene por causa una actuación profesional de defensa jurídica prestada a quien ha ganado el pleito, es esta parte la que debe considerarse destinataria de los servicios en cuestión, aun cuando finalmente el obligado a su pago sea el contrario condenado en costas.

    El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 30 de noviembre de 2005, entendió que el sujeto pasivo del IVA (el Letrado y Procurador en este caso concreto) viene obligado a repercutir su importe sobre la persona para quien se realiza la operación gravada, es decir, la parte que ha ganado en costas, quien en virtud de la condena en costas no hace sino obtener el reintegro de lo abonado de quien resulta vencido en el proceso. No estamos ante un supuesto de repercusión del IVA en el Estado sino ante el reintegro al litigante que obtiene una sentencia favorable con condena en costas, por parte de quien resulta condenada en tal concepto, de los gastos por aquél realizados.

    Por lo tanto, la parte condenada en costas no tendrá derecho a que se expida factura a su nombre, ni a recuperar el importe de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba satisfacer, al no ser la destinataria de tales servicios.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Manu_H (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Bizkaia: Nuevo tratamiento fiscal para determinadas situaciones postlaborales

    Bizkaia: Nuevo tratamiento fiscal para determinadas situaciones postlaborales

    El pasado 17 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia la NORMA FORAL 2/2014, de 11 de junio (en vigor desde su publicación con efectos desde el día 1 de enero de 2014), por la que se establece un tratamiento fiscal alternativo para determinadas situaciones postlaborales relacionadas con la denominada economía social, aplicable a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que cumplan los siguientes requisitos:

    a) Que hayan prestado sus servicios en una entidad de la que tengan la condición de socio durante, al menos, cinco años con antelación al cese de su actividad laboral.

    b) Que no hayan percibido la totalidad o parte de las cantidades a que tuvieran derecho como consecuencia de su condición de socio en el momento del cese de su actividad laboral por alguna de las circunstancias siguientes:

    • Por haberse establecido o acordado un aplazamiento en el pago de las cantidades correspondientes.
    • Por haber concedido un préstamo a la entidad para la que prestaba sus servicios.
    • Por haberse aportado temporalmente al capital en la condición de socio inactivo.

    c) Que no hayan ejercido funciones de dirección o administración de la entidad en los últimos cinco años anteriores al cese de su actividad laboral.

    d) Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, en el capital de la entidad no haya sido superior al 20 por 100 en ningún momento de los cinco años anteriores al cese de la actividad laboral, incluyendo las participaciones que detenten las personas que tengan con el contribuyente alguna de las relaciones a que hace referencia la letra c) del apartado Dos del artículo 6 de la Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    e) Que la entidad haya sido declarada en concurso de acreedores en el plazo de los cinco años siguientes al cese de la actividad laboral.

    f) Que, como consecuencia de lo anterior, se prevea que el contribuyente no pueda recuperar la totalidad de las cantidades a que hace referencia la letra b) anterior.

    Según dispone esta nueva regulación, estos contribuyentes podrán optar por imputar las ganancias patrimoniales derivadas de las cantidades a que tuvieran derecho como consecuencia de su condición de socio en el momento del cese de su actividad laboral, en la parte de las mismas que se corresponda con los importes que no hayan percibido, al mismo momento temporal en que se deba imputar la pérdida patrimonial porque se prevea que no se van a poder recuperar.

    La opción podrá ejercitarse hasta el momento en que finalice el plazo voluntario de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período impositivo en que se haya dictado el auto de declaración del concurso de acreedores de la entidad.

    Así, el contribuyente que se haya acogido a lo dispuesto en esta disposición tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hubiera satisfecho en relación con las ganancias patrimoniales indicadas, que será devuelta por la Administración tributaria en el plazo de los seis meses siguientes al ejercicio de la opción, sin incluir intereses de demora.

    Respecto a la compensación de las pérdidas derivadas de las cantidades no percibidas por el contribuyente, se podrá optar por aplicar el régimen general de integración y compensación de pérdidas patrimoniales previsto en el artículo 65 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o compensarlas con la parte de las ganancias patrimoniales derivadas de las cantidades a que tuvieran derecho en el momento del cese de su actividad laboral pendientes de integrar en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio de que se trate.

    Con esta nueva regulación se pretende ofrecer una respuesta normativa específica a situaciones extraordinarias relacionadas con aquellos trabajadores que habían dejado de forma temporal en sus empresas los recursos a que tenían derecho al concluir su vida laboral con el fin de permitir el mantenimiento de su actividad e intentar reducir la exposición al apalancamiento, y así amparar a los contribuyentes de menor capacidad económica de las consecuencias desproporcionadas que de dichas situaciones puedan derivarse.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Jeff Belmonte (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Evolución y nueva regulación Impuesto sobre el patrimonio en Bizkaia: Novedades Norma Foral 5/2013, de 5 de diciembre

    Evolución y nueva regulación Impuesto sobre el patrimonio en Bizkaia: Novedades Norma Foral 5/2013, de 5 de diciembre

    El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció en España en 1977 como un tributo de carácter excepcional, en el marco de la profunda reforma del sistema tributaria iniciada ese año, y complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, estableció así con carácter excepcional y transitorio un Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas pendiente de configuración definitiva, como señalaba su propia Exposición de Motivos.

    Sin embargo, con el tiempo, las posteriores regulaciones acabaron con su carácter extraordinario. De hecho, en Bizkaia, la Norma Foral 11/1991, de 17 de diciembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, supuso la incorporación con carácter estable de este impuesto al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia con un triple objetivo: efectuar una función de carácter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una mayor justicia redistributiva, complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

    No obstante, según se señala en la Exposición de Motivos de la Norma Foral 7/2008, de 10 de diciembre, que aprobó medidas tributarias para 2009, desde el momento de su establecimiento, las transformaciones, tanto del entorno económico internacional como las mismas modificaciones introducidas en el tributo, hicieron que éste perdiera su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que en su momento fue diseñado. Así, esta Norma Foral derogó, con efectos a partir del 1 de enero de 2008, la Norma Foral 11/1991, de 17 de diciembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    Lo cierto es que el Impuesto sobre el Patrimonio ha sido siempre una figura fiscal controvertida.  De hecho, en el ámbito del Derecho Comparado, resulta complicado encontrar una figura similar al Impuesto sobre el Patrimonio español en otros países del entorno de la OCDE, ya que lo que en España se grava a través de un único tributo, en otros países se divide en varias figuras: activos inmobiliarios, resto de patrimonio, etc…

    Es también significativo el hecho de que en casi todos los Estados del mencionado entorno se hace tributar a la herencia, mientras que durante la última década en España prácticamente se desterró, por la competencia fiscal entre comunidades, el impuesto de sucesiones. Es ahora cuando esa tendencia se está invirtiendo por el efecto que la crisis está provocando en el gasto público; por ejemplo, en Bizkaia la Norma Foral 5/2013, de 5 de diciembre, ha modificado el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, derogando la exención de adquisiciones mortis causa y de percepciones de contratos de seguros de vida por parte de cónyuges, parejas de hecho y parientes en línea recta por consanguineidad o adopción.

    En esta línea podemos situar también a los Estados Unidos de América, donde el Impuesto sobre el Patrimonio (Wealth Tax) grava con un impuesto máximo del 35% el valor del patrimonio de la persona física en el momento de realizar un traspaso, incluyendo donaciones y herencias, respondiendo a un concepto anglosajón de principios del siglo XX según el cual se entendía negativo y poco incentivador para las nuevas generaciones la herencia de grandes patrimonios.

    En este sentido, son varios los argumentos que, tradicionalmente, se aducen en contra del establecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio:

     – tiene una eficacia recaudatoria dudosa, si bien hay que tener en cuenta que el el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José Maria Iruarrizaga, anunció en rueda de prensa con motivo de la presentación de la Campaña de Renta y Patrimonio 2013 que por este impuesto se espera recaudar 80,5 millones de euros de 7.500 contribuyentes.

     – fomenta la doble imposición, para quienes entienden que renta y riqueza no constituyen realidades impositivas distintas.

     – resulta fácilmente eludible por parte de las grandes fortunas, que disponen de medios para mantener una estructura que permita camuflar el patrimonio como patrimonio empresarial en vez de personal, haciendo que, en definitiva, en la práctica este impuesto recaiga sobre los patrimonios medios.

     – su utilidad censal es reducida, ya que en la actualidad la Administración tributaria dispone de suficientes medios técnicos a su alcance para disponer de la información necesaria para la eficaz gestión de los tributos.

     – tal y como hemos reseñado, es prácticamente inexistente en los países de nuestro entorno.

     – dificulta la atracción de capitales y también la retención de los mismos, fomentando además el riesgo de deslocalización.

    Sin embargo, a pesar de lo controvertido de esta figura tributaria, lo cierto es que tres años después de su derogación, la situación económica y financiera se vio afectada a nivel mundial por una crisis sin precedentes que aconsejó, con carácter transitorio para los años 2011 y 2012, restablecer el derogado impuesto a través de la Norma Foral 4/2011, de 28 de diciembre, eso sí, con significativas modificaciones en la definición del ámbito subjetivo de aplicación y del nivel de carga impositiva del mismo. Esta restauración, en principio temporal, se justificaba en la necesidad de asegurar la estabilidad de la economía y favorecer la recuperación y el empleo, para lo que resultaba esencial la aplicación del principio de equidad, en busca de una mayor contribución a la salida de la crisis por parte de quienes tienen una mayor capacidad económica.

    Así, para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio se elevó hasta 800.000 euros la reducción de la base imponible para todos los contribuyentes, en concepto de mínimo exento, y se incrementó la exención por vivienda habitual a un importe de 400.000 euros, actualizándose además la tarifa para tener en cuenta la pérdida de valor del dinero.

    Posteriormente, y ante el fin de la vigencia de la Norma Foral 4/2011, de 28 de diciembre, previsto para el 31 de diciembre de 2012, se estimó necesario aprobar una nueva Norma Foral que reincorporara el Impuesto sobre el Patrimonio al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia en los ejercicios 2013 y siguientes, ya que, debido a la evolución de la situación económica, se planteaba la necesidad de mantener el esfuerzo de solidaridad exigido a los contribuyentes que disponen de un patrimonio más elevado.

    Para ello, la Norma Foral 2/2013, del 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio, recoge las siguientes novedades:

    – se modifica la exención para bienes afectos a actividades y participaciones, modificando la regla para determinar la parte exenta cuando haya activos afectos y no afectos y excluyendo de la exención en todo caso ciertos tipos de bienes, como la mayoría de inmuebles y las participaciones en instituciones de inversión colectiva.

    – se unifican las reglas de determinación de la base imponible del impuesto aplicables a los bienes inmuebles: para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, el 25% del valor mínimo atribuible; el 50% de dicho valor para los ejercicios 2016 y siguientes, con el fin de que dos contribuyentes propietarios de inmuebles similares los integren con el mismo valor en la base imponible del impuesto.

    – se modifican las reglas de determinación de la base imponible de actividades económicas, valores de renta fija cotizados, valores de renta variable cotizados y no cotizados, seguros sobre la vida y valoración de las deudas.

    – se refuerza la aplicación de la cláusula de no confiscatoriedad articulada en torno a la existencia de una reducción de la cuota, en atención al límite conjunto entre las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, incorporando una serie de normas que impidan que dicha cláusula ampare realidades patrimoniales ajenas a las que a través de su aplicación deben ser protegidas.

    – se modifica la tarifa (ahora con seis tramos, con tipos de hasta el 2%; en la regulación anterior hasta el 2,5%).

    Esperemos que este restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio en Bizkaia, una vez corregidas las deficiencias técnicas y de equidad que se apreciaban en la regulación anterior, contribuya realmente a la justicia, progresividad y equidad del sistema tributario de nuestro Territorio Histórico, no penalice la generación de riqueza a través de las actividades productivas, y sirva con eficacia a la eliminación de la evasión fiscal.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Jeff Belmonte (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Nueva normativa sobre la deducibilidad de ciertos gastos en Bizkaia

    Nueva normativa sobre la deducibilidad de ciertos gastos en Bizkaia

    La Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias, recoge la modificación relativa al tratamiento de los gastos deducibles en el ámbito empresarial, tanto en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como con el Impuesto sobre Sociedades, aplicable para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, y, por lo tanto, a tener en cuenta para el cierre del ejercicio en curso.

    En dicha Norma Foral se establecen reglas que delimitan los supuestos en los que van a considerarse deducibles determinados gastos cuya correlación con los ingresos puede desenvolverse en unos términos menos claros, por lo que es preciso establecer una serie de pautas que permitan determinar con precisión qué gastos están correlacionados con los ingresos y tienen carácter deducible y cuáles no, entre las que destacan las siguientes:

    • se detallan los supuestos en los que los gastos de representación o las atenciones con proveedores o clientes tienen carácter deducible y en cuáles no, incluyendo, además, mecanismos que permitan el control del destino y finalidad de los mencionados gastos.
    • se hace un esfuerzo para concretar cuándo los vehículos, embarcaciones y aeronaves deben considerarse exclusivamente afectos a las actividades económicas de los contribuyentes y cuándo no, a los efectos de establecer la deducibilidad de los gastos relativos a la adquisición y utilización de los mismos, incluyendo una regla novedosa de imputación al 50 por 100 de los vehículos que sean utilizados simultáneamente para la realización de actividades económicas y para finalidades privadas, especificando igualmente los supuestos en los que no se van a considerar afectos los citados elementos patrimoniales ni consiguientemente deducibles los gastos relacionados con ellos.
    • además, respecto a los vehículos de turismo y similares, se establece un importe máximo de precio de adquisición de los mismos que se entiende como razonable, que se ha fijado en 25.000 euros, y, por lo tanto, solamente van a ser deducibles los gastos relativos a vehículos que no superen ese precio de adquisición, o si lo superan, lo serán en la parte proporcional hasta ese importe, tanto en relación con los gastos relativos a la adquisición como en los gastos relacionados con la utilización del vehículo, y por lo tanto, los contribuyentes que adquieran vehículos de superior precio asumirán a su costa el incremento de gastos que ello implica.

    Así, las novedades más relevantes que recoge dicha Norma Foral son las siguientes:

    • No son deducibles en ningún caso los gastos derivados de operaciones en las que se incumpla la normativa sobre la limitación de los pagos realizados en efectivo según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, ya que se entiende que el pago en efectivo puede facilitar la realización de actos defraudatorios.

    En dicha disposición se establece que no pueden pagarse en efectivo cantidades iguales o superiores a 2.500 euros cuando una de las partes interviene en calidad de empresario o profesional. Dicho importe puede aumentar hasta los 15.000 euros cuando el pagador, siendo una persona física y justificando que no tiene su domicilio social en España, no actúe en calidad de empresario o profesional.

    • Sin que suponga una modificación de la situación preexistente, se establece expresamente que no son deducibles los sobornos, siguiendo así la recomendación C (2009) 64 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, sobre medidas fiscales para reforzar la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales, en la que se recomendaba la tipificación de su no deducibilidad.
    • Se limita la deducibilidad de los obsequios y regalos y de los gastos de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos. Para este supuesto conviene recordar lo que constituye la premisa básica de todo gasto para su deducibilidad, ahora limitada: que se trate de gastos relacionados con la actividad económica.o Respecto a los obsequios y regalos, serán deducibles 300 euros por persona y año (se debe identificar al perceptor);

                            o Los gastos de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos serán deducibles en un 50%, con el límite del 5% del volumen de ingresos.

    • Se fijan nuevas normas relativas a la deducibilidad de los gastos derivados de la utilización de elementos de transporte:

                             o La regla general sigue siendo la no deducibilidad de los gastos relacionados con elementos de transporte, con determinadas excepciones si se acredita la utilización del vehículo de forma habitual y relevante en la actividad.

                            Siendo así, se permite deducir el 50% de los gastos derivados de la utilización de elementos de transporte, con el límite del menor de 2.500 euros o el 50% del resultado de multiplicar por 25.000 el porcentaje de amortización, para los casos de arrendamiento, cesión o depreciación, y el límite de 3.000 euros por la utilización (incluye combustible, reparaciones, peajes, y parkings).

                             o Ambos límites se reducen proporcionalmente al tiempo de utilización del vehículo, y si una persona utiliza varios vehículos simultáneamente, los límites se aplican por persona y año.

                            o Si el sujeto pasivo prueba fehacientemente la afectación exclusiva del vehículo al desarrollo de la actividad, o se imputa su uso como retribución en especie a la persona que lo utiliza, se permite su deducibilidad al 100%, con los límites de la cantidad menor de 5.000 euros y el resultado de multiplicar 25.000 euros por el porcentaje de amortización, para los casos de arrendamiento, cesión o depreciación y 6.000 euros por la utilización (incluye combustible, reparaciones, peajes, y parkings).

                         Se presume la afectación exclusiva en el caso de vehículos destinados al servicio de enseñanza de conductores, servicio de vigilancia, los destinados a alquiler de forma exclusiva y habitual, vehículos mixtos de transporte de mercancías, y los dedicados al transporte de viajeros mediante contraprestación.

                         o Con carácter general, serán deducibles los gastos que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento, depreciación y cualquier otro vinculado a la utilización de los vehículos utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.

                        No obstante, si son utilizados por personas vinculadas a la entidad, en el caso de personas jurídicas, será deducible el 50%, con carácter general, o el 100%, si se prueba la utilización exclusiva en el desarrollo de la actividad o se imputa como retribución en especie, con los límites señalados con carácter general por amortización o arrendamiento y por utilización.

                    o No son deducibles con carácter general los gastos relacionados con la adquisición, arrendamiento, amortización o utilización en general de embarcaciones, de buques de recreo o de deportes náuticos ni de aeronaves, si bien en caso de facturación residual se permite la deducción hasta el límite de la cantidad ingresada, no siendo de aplicación el límite señalado cuando el sujeto pasivo acredite disponer de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de la actividad económica consistente en la explotación de los citados medios de transporte de forma continuada en el tiempo.

    Tal y como expresa la propia norma en su Exposición de Motivos, con esta nueva regulación se pretende incorporar medidas adicionales en determinadas áreas de nuestra normativa que faciliten la persecución de las conductas fraudulentas, obviamente con la necesaria seguridad jurídica para los obligados tributarios que cumplen adecuadamente con sus obligaciones tributarias.

    Natalia_Palomares

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Images_Of_Money(flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)