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  • Maitane Valdecantos impartirá el taller «Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual»

    Maitane Valdecantos impartirá el taller «Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual»

    El próximo martes 3 de Febrero, Maitane Valdecantos impartirá un taller en la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche, del Ilustre Colegio de Abogados del Señoría de Vizcaya y ahondará en las cuestiones prácticas y de actualidad en materia de Propiedad Intelectual.

    Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual

    Como apuntaba Valdecantos en su artículo publicado en www.elderecho.com, “con la llegada de la Sociedad de la Información, hemos asistido a una verdadera revolución en la forma de entender la Propiedad Intelectual. La innovación en soportes y formatos, ha traído también consigo el acceso a las obras a través de Internet y ha sofisticado y multiplicado las posibilidades de acceso ilícito.

    En este contexto, con una normativa que va dos pasos por detrás de la realidad, y con unos patrones tradicionales que no logran alcanzar las soluciones esperadas, el día 30 de octubre, fue aprobado por el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que entrará en vigor, con ciertas excepciones, el 1 enero de 2015.

    Dicho Proyecto, que se ha caracterizado por la falta de consenso en toda su tramitación, y por poner de acuerdo a sectores históricamente enfrentados, introduce novedades relevantes”. Estas novedades son, precisamente, las que componen el programa del taller.

    Programa del taller

    El taller, que llevará por título “Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual”, se impartirá entre las 16:00 y las 19:00 horas bajo el siguiente programa:

    1. La reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
    * Revisión del concepto de copia privada (pendiente de resolución de cuestión prejudicial por el TJUE)
    * Revisión del sistema de citas y reseñas
    – El “Canon AEDE”
    – El “Canon a las Universidades”
    * Refuerzo de las facultades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual
    – Especial alusión a las webs de enlaces
    * Control de las Entidades de Gestión

    2. La sentencia del TJUE sobre el caso Bestwater, la sentencia del juzgado de Primera Instancia de Mahón sobre la grabación en cince con teléfono móvil, la sentencia AP de Castellón sobre el caso “bajatelotodo”, la sentencia de la AN sobre Elite Torren, la sentencia de la AN sobre GOEAR y otra jurisprudencia relevante.

    3. Coyuntura actual y posible evolución:
    * El cierre voluntario de Google News, el cierre parcial de Series ly, Magnovideo y Papyrefb2, el procedimiento sobre “seriespepito” y otros casos de relevancia.

    Maitane Valdecantos

    Maitane Valdecantos, es abogada economista, especializada en Derecho del Entretenimiento, Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho TIC, y dirige el área de dicha materia en Grupo Eurotax.

    Además, es colaboradora de El Derecho – Ediciones Francis Lefebvre y de la plataforma Audiovisuales.com, y publica puntualmente, artículos jurídicos para la revista colegial del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

    Asimismo, es formadora y ponente en diversos cursos, máster, seminarios y jornadas sobre la temática jurídica de la que es especialista.

    Escuela de Práctica Jurídica

    En sus más de 30 años de historia, la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya se ha convertido en un referente en la formación de la abogacía vizcaína y vasca.

    Inscripción

    La inscripción está abierta y puede hacerse hasta el 30 de Enero de 2015 remitiendo el boletín de inscripción que puede descargarse en este enlace: Boletín de inscripción.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

     

  • Maitane Valdecantos, entrevistada en el diario DEIA

    Maitane Valdecantos, entrevistada en el diario DEIA

    El pasado domingo se publicaba en la contraportada del diario DEIA una entrevista a Maitane Valdecantos, abogada responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo EUROTAX. Valdecantos, que también preside la comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento del Colegio de Abogados de Bizkaia, era preguntada acerca de la Propiedad Intelectual y las reformas aprobadas recientemente en la legislación de sus derechos.

    La solución pasa por la educación

    En la entrevista, Valdecantos explica cómo el endurecimiento de las penas no ha terminado con el problema de la piratería, ya que «las páginas de descargas se alojan fuera de estas fronteras y ya está. La solución pasa por la educación y, en algunos casos, el cambio de modelo de negocio».

    Respecto a los usuarios que hayan descargado ilegalmente algún contenido, advierte que «salvo algunas excepciones, no se va a ir contra el consumidor final. Aunque en determinados casos quieren que los prestadores de esos servicios faciliten datos de los usuarios. Otra cosa es que lo hagan».

    Me parece más duro pagar por comer que por la cultura

    En cuanto a la pérdida que supone para los creadores la utilización ilícita de sus obras, Valdecantos afirma que «la música ha cambiado su modelo de negocio y otras artes deberán hacerlo si quieren sobrevivir. Es verdad que hay gente que hipoteca su vida para crear y hay que buscar un equilibrio para que pueda vivir de lo que hace» y, frente a la demanda de gratuidad de la cultura recuerda que «hay cultura gratuita. El problema está en que tú quieres consumir la cultura a la carta, la que te gusta y cuando te gusta y no pagar. También comer es un derecho fundamental y pagamos por comer. Puestos, me parece más duro pagar por comer que por la cultura».

    La entrevista completa puede leerse haciendo click en este enlace

  • Principales novedades introducidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

    Principales novedades introducidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

    Artículo publicado en www.elderecho.com por Maitane Valdecantos, abogada economista, responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo Eurotax, presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya y miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), de la Asociación Internet & Euskadi, y de la Academia del Cortometraje.

    Con la llegada de la Sociedad de la Información, hemos asistido a una verdadera revolución en la forma de entender la Propiedad Intelectual. La innovación en soportes y formatos, ha traído también consigo el acceso a las obras a través de Internet y ha sofisticado y multiplicado las posibilidades de acceso ilícito.

    En este contexto, con una normativa que va dos pasos por detrás de la realidad, y con unos patrones tradicionales que no logran alcanzar las soluciones esperadas, el día 30 de octubre, fue aprobado por el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que entrará en vigor, con ciertas excepciones, el 1 enero de 2015.

    Dicho Proyecto, que se ha caracterizado por la falta de consenso en toda su tramitación, y por poner de acuerdo a sectores históricamente enfrentados, introduce novedades relevantes, no exentas de crítica, entre las que cabe destacar las siguientes:

     

    1. Revisión del concepto de copia privada

    En cuanto a la copia privada, se han venido a limitar los supuestos en que se considera que ésta se produce y que procede ser compensada, manteniéndose la compensación equitativa y única con cargo a los Presupuestos Generales del Estado como sistema transitorio a la espera de armonización comunitaria.

    Hay que traer a colación a este respecto, que el Tribunal Supremo ha planteado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la compatibilidad del Real Decreto 1657/2012 con la Directiva Europea de 2001 que regula la materia de derechos de autor.

    Las cuestiones planteadas, se refieren, en primer lugar, a si el sistema de compensación económica por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que establece que los Estados miembros podrán fijar excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en cualquier soporte, efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6.

    En segundo lugar, y en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, se pregunta  si la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

    Hasta que dichas cuestiones sean resueltas, el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la resolución de los recursos presentados por EGEDA, DAMA y VEGAP (todas ellas Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) contra Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre.

     

    2. Modificación del sistema de citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.

     

              a. Compensación equitativa a favor de editores y otros titulares, por parte de los agregadores de contenidos (CANON AEDE o TASA GOOGLE)

     Uno de los aspectos más polémicos y criticados durante toda la tramitación del Proyecto de Ley, ha sido el llamado CANON AEDE o TASA GOOGLE, que no es ni un canon ni una tasa.

    Se trata pues de una compensación equitativa que se impone a agregadores de contenidos. El articulado dice así:

     “La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.”

     A continuación, y tras precisar que las imágenes, obras fotográficas y meras fotografías, necesitarán en todo caso de autorización de su titular, el texto parece dejar fuera de esta compensación equitativa a los buscadores.

     Sin perjuicio de las numerosas críticas que ha recibido esta novedad, especialmente por su carácter irrenunciable, y por el hecho de que sus titulares (esos a quienes se compensará), pueden decidir ser agregados o no, ciertas concreciones jurisprudenciales del TJUE pueden poner aún más en jaque la aplicación práctica de este precepto, tal y como recoge David Maeztu en su post “El canonAEDE, muerto antes de nacer”

     Y es que con fecha 21 de octubre de 2014, la sentencia del TJUE en el caso BESTWATER, amparándose en lo ya argumentado en la sentencia del caso SVENSSON, resuelve que “la puesta a disposición en un sitio web de una obra inserta en otro sitio web a través de un vínculo mediante la técnica de la «transclusión,» tal como se utiliza en el litigio principal, no puede ser llamada «comunicación al público» en el sentido del artículo 3,apartado 1, de la Directiva 2001/29, en la medida en que la obra en cuestión no se transfiere a un nuevo público o es divulgada en un modo o técnica específica diferente de la comunicación original.»

     Habrá que ver cómo se producen los acontecimientos, y si tras tanto revuelo, el canon AEDE queda en una cuestión meramente residual en la práctica.


              b. “Canon” a las Universidades

    Otro de los extremos más cuestionados de esta reforma, es que el texto analizado, introduce también en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, la obligación de Universidades y Centros de Investigación de pagar una remuneración equitativa por “los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, que se utilicen para la ilustración con fines educativos y de investigación científica, y que se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión asimilable al 10% del total de una obra”.

    Se indica también, que en defecto de previo acuerdo entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación (y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

    Actualmente, la remuneración equitativa por este concepto, viene determinada por CEDRO en sus tarifas generales y serían las siguientes:

    • Para reproducciones efectuadas mediante fotocopia es de 4,12 euros/alumno/año académico 2013-14.
    • Para reproducción digital y puesta a disposición en una intranet es de 5 euros/alumno/año académico 2013-14

    Además, lo aquí preceptuado, será de aplicación incluso a obras difundidas bajo licencias de Creative Commons, precisamente por la imposibilidad de renunciar a este derecho por imperativo legal.

    3. Refuerzo de las potestades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual

     El texto analizado, adiciona un nuevo artículo, el 158 ter, que refuerza las potestades de la Sección Segunda y amplía la consideración de infractor, con una clara alusión a las webs de enlaces.

    Así, se recoge que “La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información a través de un procedimiento cuyo objeto será el restablecimiento de la legalidad.”

     Además, dicho procedimiento podrá dirigirse frente a:

    • Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio.
    • Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

    En cuanto al propio procedimiento, merece destacarse que en caso de falta de retirada voluntaria, la Sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, para que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor, e incluso podrá valorarse la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la información declarado infractor.

     Por último, se recoge también, que el incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros.    

     

    4. Control de las Entidades de Gestión

     Probablemente, en atención a la devaluación social de la imagen de las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual, se han introducido una serie de instrumentos dirigidos a controlar y vigilar su actuación, con una serie de obligaciones de las mimas para con sus asociados y para con las Administraciones Públicas, que incluyen la rendición anual de cuentas y la realización de auditorías.

     También se ha introducido un régimen sancionador, que establece un cuadro de infracciones y sanciones para poder exigir a las Entidades de Gestión, responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones legales.

    Analizadas las que, a mi juicio, son las novedades más relevantes introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, debemos poner también nuestra atención, en la Disposición final cuarta, en la cual se hace alusión al carácter transitorio de esta reforma, y a la necesidad y promesa de reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.

    Así recoge dicha Disposición que “El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento. Con vistas a esa reforma deberán evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza del regulador.”

    Quizá por ello, esta reforma parcial, ha sido tildada de “oportunidad perdida” para adaptar la normativa a la realidad, pues parece no satisfacer a sector alguno. A buen seguro, será causa de numerosos problemas de interpretación y aplicación, y desde luego, es generadora de inseguridad jurídica en cuanto a lo que sucederá a partir del día 1 de enero de 2015.

     

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: andreas (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

  • Jornada «Contratación de Nuevas Tecnologías y sus implicaciones legales»

    Jornada «Contratación de Nuevas Tecnologías y sus implicaciones legales»

    El próximo 21 de Noviembre se celebrará en Bilbao la jornada “La contratación de nuevas tecnologías y sus implicaciones legales”. Organizada por Induing con la colaboración de Grupo Eurotax, tendrá lugar en la Sala García Campos del Hotel Carlton, entre las 10:00 y las 14:00.

    Nuevas tecnologías e Implicaciones Legales

    Gracias a nuevas tecnologías como la computación en la nube, el IoT (Internet de las cosas) o el Big Data, las pymes pueden mejorar su productividad y flexibilidad, ofreciendo mayor valor en sus servicios.

    Sin embargo, para gestionar estos recursos tecnológicos es fundamental el conocimiento previo de las obligaciones del proveedor y de la propia empresa interesada, así como el diseño de un plan maestro de uso de nuevas tecnologías dentro del plan estratégico de la empresa.

    Objetivos de la jornada


    La jornada está dirigida a todas las personas que necesiten obtener la información legal y tecnológica unificada, CEO’s, CIO’s, IT Managers, Responsables de Compra, Calidad, Asesoría Jurídica y Responsables de LOPD en la empresa y tiene como objetivo formar a las empresas de forma práctica y amena en el uso de las nuevas tecnologías, combinando sus ventajas competitivas y sus implicaciones legales.

    Ponentes

    El evento será impartido por Maitane Valdecantos y Luis A. Alonso.

    Maitane Valdecantos es presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual Industrial y Derecho del Entretenimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya y Responsable de Propiedad Intelectual, Industrial y TICs de Grupo Eurotax.

    Luis A. Alonso es Service & Account Manager en S&M Cloud, compañía referente en la migración de los sistemas informáticos de sus clientes a nuevas tecnologías, Profesor invitado en el E-MBA de la UPV/EHU, con dilatada experiencia en la implantación de Sistemas de Información para empresas.

    Programa

    Los contenidos de la jornada están agrupados en los siguientes bloques:

    • Nuevas tecnologías en la empresa
    • Ventajas
    • Nuevas oportunidades de negocio
    • Riesgos que conlleva
    • Obligaciones del proveedor tecnológico y del contratante
    • 
Responsabilidad LOPD, LSSICE, directivas, Propiedad Intelectual
    • Casos de éxito en la internacionalización apoyándose en nuevas tecnologías

    Inscripción y precios especiales

    El precio de la inscripción a la jornada “Contratación de Nuevas Tecnologías y sus implicaciones legales” es de 90 euros y puede hacerse en la web de Induing, a la que se puede llegar clickando el enlace adjunto, o enviando un mail a networking@induing.com.

    Los clientes de Grupo Eurotax pueden beneficiarse de un 25% de descuento introduciendo el código AYX25 en el proceso de inscripción.

    Para inscribirse a las jornadas clickar aquí

  • Legalidad en Internet: Maitane Valdecantos en EBE Euskadi 2014

    Legalidad en Internet: Maitane Valdecantos en EBE Euskadi 2014

    El pasado 25 de Octubre se celebró el evento EBE Euskadi 2014 en el Bizkaia Aretoa, la sede que la Universidad del País Vasco tiene frente al museo Guggenheim, que contó con la participación de Maitane Valdecantos, abogada responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo Eurotax.

    EBE Euskadi 2014

    En esta ocasión, el programa del evento estaba articulado en torno a la participación en los medios sociales desde una perspectiva de género, la legalidad en Internet y el impacto de las Redes Sociales en Radio y Televisión.

    La organización de esta nueva edición del EBE Euskadi 2014 corrió a cargo de la Asociación Internet & Euskadi con la colaboración de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Irekia y EiTB.

    Legalidad en Internet

    La participación de Maitane Valdecantos se produjo en la mesa redonda que llevaba por título “Legalidad en Internet: Cómo cumplir la ley y no morir en el intento”, moderada por Alberto Cabello, en la que compartió charla con Marta Moreno, docente e investigadora en la Universidad del País Vasco; Ruth Sala, abogada penalista especializada en delitos tecnológicos y prueba digital; Álvaro Bohórquez, periodista y blogger, y Mikel Ortíz, docente y biólogo.

    La mesa redonda, que abordó temas como el “efecto Streisand”, el derecho al olvido o la Ley de Cookies, puede verse en este reproductor:

    Fuente: Irekia – Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco

    Foto: Mikel Aguirregabiria (Licencia Creative Commons)

  • Maitane Valdecantos impartirá un taller en la Escuela de Práctica Jurídica

    Maitane Valdecantos impartirá un taller en la Escuela de Práctica Jurídica

    El próximo viernes 9 de Mayo, Maitane Valdecantos impartirá un taller en la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche, del Ilustre Colegio de Abogados del Señoría de Vizcaya y ahondará en las cuestiones prácticas y de actualidad en materia de Propiedad Intelectual.

    La Propiedad Intelectual en la Sociedad de la Información

    El nacimiento y desarrollo de la sociedad de la información, ha supuesto una revolución en cuanto al acceso a las obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Se han ampliado los servicios y los soportes mediante los que consumir este tipo de obras, se ha creado una vía más de explotación alternativa a los considerados canales tradicionales, y se ha implantado dicha modalidad gozando cada día de una mayor aceptación entre los usuarios.

    No obstante, dicho progreso tecnológico, ha colocado a una institución como la del Derecho de Autor y derechos conexos, en una coyuntura de absoluta necesidad de adaptación, que está siendo lenta y marcada por la Jurisprudencia nacional y comunitaria, que parece avanzar con más celeridad que la legislación en la materia y que mantiene en continuo conflicto a dos posturas diferenciadas.

    El taller consistirá en una breve exposición teórica de la normativa de Propiedad Intelectual y de Sociedad de la Información así como de las modificaciones que están siendo tramitadas y su incidencia, y en el análisis de supuestos prácticos de absoluta actualidad que han sido resueltos recientemente por la Jurisprudencia nacional y Comunitaria, de aplicación a nuestro sistema.

    Problemática y cuestiones prácticas de la propiedad intelectual en la era digital

    El taller, que llevará por título “Problemática y cuestiones prácticas de la propiedad intelectual en la era digital”, se impartirá entre las 10:00 y las 13:00 horas bajo el siguiente programa:

    1. Nociones generales de propiedad intelectual: sujetos, obras y derechos.
    2. La Sociedad de la Información y las obras protegidas.
    3. Las modalidades de negocio: licencias de explotación comercial y licencias de explotación libre.
    4. Las medidas de protección del TRLPI y la compatibilidad con la LSSICO.
    5. Límites e infracciones.
    6. Acciones: jurisdicción civil y jurisdicción penal.
    7. La STJUE sobre “enlaces legales”, las sentencias “nito75” y “UPC Telekabel” y otra jurisprudencia relevante.

    Maitane Valdecantos

    Maitane Valdecantos, es abogada economista, especializada en Derecho del Entretenimiento, Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho TIC, y dirige el área de dicha materia en Grupo Eurotax.

    Además, es colaboradora de El Derecho – Ediciones Francis Lefebvre y de la plataforma Audiovisuales.com, y publica puntualmente, artículos jurídicos para la revista colegial del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

    Asimismo, es formadora y ponente en diversos cursos, máster, seminarios y jornadas sobre la temática jurídica de la que es especialista.

    Escuela de Práctica Jurídica

    En sus más de 30 años de historia, la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya se ha convertido en un referente en la formación de la abogacía vizcaína y vasca.

    Inscripción

    La inscripción está abierta y puede hacerse remitiendo el boletín de inscripción que puede descargarse en este enlace: Boletín de inscripción.

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    Maitane Valdecantos Flores
    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

  • La relevancia del Merchandising en la Industria Audiovisual

    La relevancia del Merchandising en la Industria Audiovisual

    1. Introducción

    La necesidad de obtener financiación para la producción de una obra audiovisual se torna cada vez más complicada y requiere de mayores esfuerzos por parte de las productoras.

    Es por ello, que a las fórmulas tradicionales de obtención de recursos, hubo que adicionar otras técnicas que permitieran conseguir fondos. Una de ellas, es el denominado “merchandising”, que nació como forma de recuperación de parte de la inversión realizada en la producción, para configurarse después como una fuente de ingresos de relevancia tal, que en ocasiones, la explotación de esta vía, ha reportado mayores beneficios que la explotación de la obra audiovisual en sí misma.

    2. ¿Qué es el Merchandising?

    Se podría definir el contrato de merchandising, como un contrato atípico por el que el titular de los derechos de explotación de una obra, en este caso audiovisual, (habitualmente suele ser el productor) licencia, a cambio de una remuneración, el uso de un elemento de dicha obra a un tercero para comercializar un producto o servicio sobre dicho elemento.

    El elemento que se licencia a través de estos contratos, suele consistir en personajes de la obra, tramas completas, en la imagen de los actores, el título de la obra, fotogramas de la película o marcas entre otros muchos, lo cual permite englobar todo ello en tres grandes tipos de merchandising que son: el carácter merchandising, el brand merchardising y el personality merchandising.

    3. Tipos de contratos de merchandising en función de su objeto

    a) El Character merchandising

    La división en tipos de contratos de merchandising trae causa en el objeto sobre el que recaen los mismos, y que en ese caso, se trata de creaciones inmateriales que se encuentran protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

    Se trata por tanto, de una explotación secundaria habitualmente de un personaje, de las características esenciales de su personalidad, su nombre, su imagen y su apariencia física. Esto es, se licencia un elemento creativo y original de la obra audiovisual.

    Es importante, separar al personaje de la persona que lo interpreta (en este supuesto, estaríamos ante un contrato de personality merchandising), aunque en ocasiones, resulta más que complicada esta separación.

    Pongamos el caso, ¿qué explotación secundaria estoy licenciando: la de Carrie Mathison de la serie Homeland o la de Claire Danes? O un ejemplo de ficción española, ¿dónde acaba “el Luisma” de Aída y empieza Paco León?

    A pesar de las diferencias que manifiestamente existen en cuanto a las distintas contrataciones, la habitualidad de este supuesto, ha llevado a la doctrina, a crear una subclase, el “image merchandising” que participa de ambos contratos, aunque está bastante más influenciada por el merchandising de imagen. Se utiliza para supuestos como los anteriormente citados, en los que el público asocia el personaje de ficción al actor, y por tanto, persona y personaje se confunden.

    b) El brand merchandising

    En el licenciamiento a través del merchandising de signos distintivos, nos encontramos con que el objeto, son obviamente las marcas, pero no cualquier tipo de marca, sino aquellas renombradas, con reputación en el mercado, con capacidad para atraer al público, y hacer que adquieran productos y/o servicios distintos a los que la marca en sí identifica.

    Esta es una de las características fundamentales de este tipo de cesión temporal de derechos, y es que se utiliza el valor de la marca, para identificar productos y servicios que no sean ni iguales ni parecidos a aquellos para los que la marca está registrada.

    Como ya se ha comentado en alguna otra entrada, las marcas notorias y renombradas, gozan de una protección especial recogida en el artículo 8 de la Ley de Marcas, y es que el titular de ellas, puede impedir que se registren signos idénticos o semejantes, aunque los productos y servicios sean distintos de aquéllos para los que la marca está registrada.

    Y es éste, el nicho de negocio que se aprovecha a través de la figura del merchandising, que se aleja de la licencia de marca, en que como se ha comentado, no se dirige a autorizar la utilización de la misma para las clases en las que se encuentra registrada, sino para la producción y comercialización de productos y servicios distintos a los que esta identifica: pensemos por ejemplo, en la ropa textil que se comercializa del Athletic Club, o en los llaveros de Coca Cola.

    c) El personality merchandising

    Como ya hemos adelantado, se trata de una modalidad de merchandising, que se dirige a utilizar la imagen de una persona para distinguir los productos y/o servicios de una mercantil en el tráfico económico.

    Tiene una especial relevancia en la industria audiovisual, por la dificultad que hemos citado en párrafos anteriores, de separar en ocasiones, la persona del personaje, y permite una explotación comercial de la propia imagen amparada por lo dispuesto en la Ley 1/1982, de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

    4. El Merchandising y la Publicidad

    Suele calificarse el merchandising como una modalidad publicitaria por cuanto que se trata de una técnica que permite aumentar las ventas de un producto o servicio, a través de la incorporación a éste de un elemento inmaterial que tenga notoriedad y sea atractivo para el público.

    No obstante, hay posturas encontradas respecto a la inclusión de esta figura como supuesto al que le sea aplicable la normativa recogida en la Ley 34/ 1988 General de Publicidad, puesto que el articulado en ella recogido, no parece encajar con la esencia del merchandising, contrato, por tanto, considerado atípico, opinión que comparte quien escribe este post.

    5. Productor Audiovisual ¿legitimado?

    La Ley de propiedad Intelectual recoge en su artículo 88 que “por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor con las limitaciones establecidas en este Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra”.

    Por lo tanto, ¿se presume en virtud de esta cesión ex lege, que el productor es el titular de los derechos de explotación para explotaciones secundarias?

    Hay que tener en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, recoge un principio por el que las cesiones de derechos de los autores, han de ser interpretadas de forma restrictiva, y por tanto, el productor no podrá otorgar licencias para un uso de merchandising, salvo que expresamente se haya reservado este derecho por vía contractual.

    6. Conclusión

    El merchandising se ha posicionado en el mercado, no sólo como una alternativa para la obtención de financiación, sino como una fuente de ingresos de gran relevancia para las producciones audiovisuales.

    Teniendo en cuenta la atipicidad de este contrato, se regirá por los pactos establecidos por las partes y por las normas imperativas que regulan el contrato en general, por lo que el éxito de una explotación secundaria, radicará en la correcta reserva de derechos que se hayan de ceder para su utilización para merchandising, y en su correcta transmisión a terceros.

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    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: Sam Howzit (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

  • Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    1. Introducción

    El desarrollo de Internet y el aumento de los medios de comunicación y difusión de contenidos, ha propiciado el acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier punto del mundo, ampliando las posibilidades de intervención y las relaciones.

    Es innegable, que la red supone un instrumento para el ejercicio de la democracia, y para la promoción de la diversidad cultural y de pensamiento y que, a pesar de existir otros medios para hacerlo, se erige como cauce universal y de fácil acceso para expresar ideas y opiniones y para difundir informaciones, incluso aquellas que los medios de comunicación convencionales no están interesados en publicar por motivos económicos, ideológicos, políticos, o de otra índole. Sólo debemos fijarnos, en el titánico nacimiento de blogs, redes sociales o periódicos y revistas digitales, que permiten a la ciudadanía interactuar y pronunciarse.

    Por ello, las regulaciones, buscan encontrar el equilibrio entre las libertades, derechos e intereses legítimos en juego, siendo en este ámbito, frecuentes los conflictos entre las libertades de expresión y de información, y otros derechos, también fundamentales, como son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen o a la protección de los datos personales.

    2. La libertad de expresión y la libertad de información

    La libertad de expresión y de información, son reconocidas como Derechos Fundamentales de todo individuo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

    Dicho artículo preceptúa que “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

    Por su parte, la Constitución Española, en su artículo 20 indica que :

         “1. Se reconocen y protegen los derechos:

             a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

               b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

               c) A la libertad de cátedra.

              d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

        2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

        3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

         4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

         5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

    Es decir, el mismo artículo de la Constitución Española que reconoce el derecho a la libertad de expresión y de información, introduce uno de sus límites más específicos en el punto 4, que lo conforman el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

    3. El derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen

    Estos derechos, reconocidos igualmente como derechos fundamentales en el artículo 18 de la Constitución Española, son además citados en ella en varias ocasiones, alzándose como límite para el ejercicio de otros derechos, como es el caso del citado artículo 20 o del artículo 105 respecto al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros.

    El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, fueron posteriormente regulados a través de la Ley Orgánica de 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen.

    Son especialmente relevantes a estos efectos, los artículos 7 y 8, especificando el primero de ellos, una serie de actos que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas, y el segundo de ellos, comportamientos que no tendrán dicha consideración.

    4. Intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

    Como ya adelantábamos, el artículo 7 de la LO 1/1982 de 5 de mayo, indica que serán consideradas intromisiones ilegítimas

         1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

         2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.

         3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

         4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

         5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

         6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

         7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

    A estos efectos, pasaremos a analizar el supuesto más frecuente de intromisión ilegítima, que no es otro que el que se recoge en los puntos 3 y 7 del artículo 7, que se refieren al derecho al honor.

    5. Conflictos entre derechos fundamentales

    Como se ha adelantado en líneas anteriores, las libertades de expresión e información, pueden afectar a:

          – derecho a la protección de los datos de carácter personal

         – derecho a la intimidad personal y familiar: a mantener en secreto ese círculo íntimo personal y familia que todo ser humano posee y que desea mantener fuera del conocimiento de los demás.

         – derecho a la propia imagen: poder de disposición sobre la información gráfica de sus rasgos físicos, que le permite impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por parte de un 3º sin autorización, independientemente de la finalidad perseguida por quien la capta.

         – derecho al honor: protege la propia estima en el que se individuo se tiene, y el prestigio que tiene cualquier persona, su buen nombre, reputación o fama.

    6. Principio general para la resolución de conflictos entre derechos

    Cuando se generan conflictos entre derechos de tal relevancia como los citados, se resuelve en pro de la libertad de expresión e información por su especial posición institucional siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

         – Veracidad: no se exige que sea absoluta, sino que exista un nivel de diligencia profesional, consistente en la comprobación de la veracidad de los hechos, a través de las averiguaciones oportunas, de forma que hayan sido previamente contrastadas.

         – Interés general o relevancia pública: lo publicado ha de ser de interés público, concepto muy distinto de la curiosidad del público.

         – Adecuación de las expresiones y términos empleados: no se amparan la utilización de términos o calificativos formalmente injuriosos, vejatorios y ofensivos.

    7. La colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión e información: solución jurisprudencial

    Es manifiesto, que el derecho al honor se encuentra limitado por las libertades de expresión y de información, y que estas últimas, se encuentran limitadas por el derecho al honor cuando no se cumplan los requisitos anteriormente citados.

    A este respecto, recoge la jurisprudencia una serie de presupuestos a tener en cuenta para la ponderación de de dichos derechos y libertades estableciendo, entre otras la STS de 29 de mayo de 2.012 que:

          – “la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información, porque no comprende la narración de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.”

    Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos, es necesario separarlos y sólo cuando sea imposible hacerlo, habrá de atenderse al elemento preponderante (STC 107/1988, 105/1990 Y 172/1990).

         – “la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información y expresión sobre el derecho al honor, por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático.

    También se ha de tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aún cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige.

         – “la técnica de ponderación exige valorar también el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    La protección del derecho al honor deberá prevalecer frente a libertad de expresión cuando se empleen frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto que sería por lo demás, incompatible con la Norma Fundamental.

    8. Conclusión

    Somos dueños y esclavos de nuestras palabras. Estas dos caras de la moneda, se materializan en la libertad de expresión e información y en la obligación de responder, en su caso, por los atentados frente a otros derechos fundamentales igualmente protegidos que en nuestro ejercicio cometamos.

    La especial protección de estos últimos, capaz de servir de restricción a la libertad de expresión e información, se torna aún más relevante, con la aparición de los medios telemáticos, dado que cuando se publica un contenido ilícito o lesivo contra los derechos de alguna persona, el alcance de la difusión de dicho contenido publicado en un estado concreto, se convierte en universal, por lo que se produce un efecto multiplicador del daño.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: Kristin Schmit (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

     

  • Las invenciones protegibles: Patentes y Modelos de Utilidad

    Las invenciones protegibles: Patentes y Modelos de Utilidad

    1. Introducción

    La regulación en materia de patentes influye de forma decisiva en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica.

    No todas las creaciones son invenciones, y no todas las invenciones son patentables, por lo que, existen ciertos extremos a tener muy en cuenta en el proceso de innovación de las empresas, de cara a plantear una estrategia de activos intangibles.

    2. Concepto de Patente

    El derecho de patentes protege esa creación espiritual, de enorme influjo en el progreso técnico e industrial, que se llama invención.

    Pero, ¿qué se considera una invención? ¿Coincide con la acepción coloquial? Podríamos definir una invención en materia de propiedad industrial como una solución técnica, esto es, la respuesta a un problema técnico que no había sido resuelto aún y que el estado de conocimientos de que se parte no permite encontrar de un modo obvio.

    La patente es, por tanto, un título jurídico que faculta a su titular para ejercitar, frente a cualquiera, un derecho de exclusión, impidiendo la realización de la invención patentada sin su consentimiento.

    La patente le dará al inventor la seguridad de que, mientras la patente no sea anulada por los Tribunales o transcurra el plazo de la exclusiva, nadie va a poder explotar su invención. Y si lo hace, tendrá una acción rápida y eficaz para perseguir la infracción y hacerla cesar. Por tanto, se configura como un verdadero monopolio, que bloquea la explotación de la invención a todo el mercado a excepción de su titular.

    Precisamente por esta limitación que supone al libre mercado, se exige a la invención una serie de requisitos para poder ser patentada, puesto que de lo contrario, se convertiría en un privilegio injusto, que interfiere en la libertad económica e industrial.

    3. Patentabilidad de las invenciones

    Son patentables las invenciones nuevas (Art. 6.1 LPE), que impliquen actividad inventiva (Art. 8.1 LPE) y sean susceptibles de aplicación industrial (Art.9 LPE), aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

    En virtud de lo dispuesto en el art. 4.4 LPE, no se considerarán invenciones:

    – Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

    – Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

    – Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

    – Las formas de presentar informaciones.

    Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 4.6 LPE, no se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos, que sí podrán ser patentados.

    Por otro lado, aún siendo invenciones, no podrán ser objeto de patente en virtud de lo dispuesto en el art.5 LPE:

    – Aquéllas cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

    – Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

    – Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

    Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

    – El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

    Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

    La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

    4. Periodo de protección y mantenimiento de la patente

    La Patente, otorgará protección a su titular durante un periodo de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, y con efectos desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de la concesión de la misma.

    No obstante, la propia solicitud de la patente, otorga un periodo de protección provisional, desde la publicación de la solicitud hasta la concesión de la misma.

    5. Principio de Prioridad

    El principio de prioridad expresa un criterio muy preciso para la resolución del conflicto que surge cuando varios sujetos pretenden la titularidad del mismo derecho o de derechos incompatibles y hay que decidir cuál de ellos tiene derecho preferente a ostentarla.

    ¿Cómo resuelve este principio la situación anteriormente descrita? Pues bien, indica que entre varios sujetos que aspiran, independientemente de los otros a la obtención de una patente para la misma invención, ostenta mejor derecho a la concesión el primer solicitante.

    La fecha a la que se refiere la propiedad, como ya se ha adelantado, no es la creación (no es preferido frente a los restantes quien primero ideó la invención); ni tampoco la de la expedición del título (no se protege de entre los aspirantes al que consiguió la patente con anterioridad a los demás); sino, precisamente, la fecha de la solicitud (entre varios aspirantes a la protección es preferido el que formuló la solicitud en fecha anterior).

    La prioridad la ostenta en principio la primera solicitud de la patente formulada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Actúa pues, con ánimo territorial, en el sentido de que no surte efecto alguno para ser tenida como petición anterior, la presentada ante la Oficina de patentes de un país extranjero.

    Ahora bien, este principio general reconoce una importante excepción, que esel supuesto de la “prioridad unionista”, consistente en el derecho que tiene el inventor que haya solicitado patente en cualquiera de los países de la Unión, de pedirla dentro de los doce meses siguientes en otro u otros de dichos países, con los siguientes efectos: que en el país en que se reclama la protección se considere que la solicitud en él presentada tiene como fecha de prioridad la del depósito de la primera solicitud en el país extranjero perteneciente a la Unión; y que se estime que no perjudican a la novedad de la invención los actos de publicidad y divulgación que hayan tenido lugar durante el tiempo transcurrido entre la solicitud extranjera y la solicitud nacional.

    Esta institución tiene como finalidad, como es obvio, hacer posible que el inventor obtenga protección en una serie de países distintos, sin necesidad de hacer en todos ellos una protección simultánea de patente, lo que resultaría impracticable.

    6. Particularidad del Modelo de Utilidad

    Serán protegibles como Modelos de Utilidad, las invenciones que siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja práctica para su uso o fabricación.

    A este respecto, se exige un nivel de actividad inventiva, inferior al requerido para solicitar una patente, motivo por el cual, el periodo de protección que confiere este título, también es menor.

    En particular, podrán registrarse como modelos de utilidad, los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.

    No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

    El estado de la técnica con referencia al que debe juzgarse la novedad o actividad de las invenciones protegibles como Modelo de Utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como Modelo ha sido divulgado en España.

    Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

    La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención, pero la duración de la protección de los modelos de utilidad es de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

    7. Conclusión

    Las patentes se erigen como uno de las instituciones más relevantes para el progreso industrial de un país, en cuanto que aportan a su industria medios nuevos que incrementan los ya existentes, abriendo así nuevas posibilidades al conjunto de medios que se aplican.

    Además, se configura como la más relevante fuente de información sobre el estado de la inventiva mundial, toda vez que si bien existen conocimientos no patentados denominados “know how”, la tecnología de los países más avanzados se encuentra en su mayor parte en las patentes concedidas.

    Cuando se desarrolla una invención, ha de valorarse la opción de patentarla y considerarla parte de los activos relevantes de la sociedad, e incluso de la estrategia de negocio.

    Una de las cuestiones clave para la explotación de la invención, la constituye la forma en que la empresa proteja los resultados de sus innovaciones para evitar que terceros se puedan aprovechar gratuitamente de los esfuerzos realizados por la empresa innovadora.

    Las empresas, pueden mantener los resultados en secreto, a través del «secreto industrial” pero siempre han de valorar la protección que otorgan los títulos de propiedad industrial, ya que si bien publican la invención y cómo se llega a ella, bloquean a cualquier competidor que pueda llegar a idéntica solución técnica, permitiendo sacar una mayor rentabilidad a las inversiones realizadas, por la vía de la concesión de licencias sobre la invención objeto de patente, y todo ello, sin olvidar la repercusión y visibilidad que otorga al inventor.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: tuppus (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Conociendo el derecho de autor

    Conociendo el derecho de autor

    La ley, entrando en la esencia misma de la institución, define la Propiedad Intelectual como un derecho integrado por facultades de carácter personal y patrimonial, que atribuye al autor la disposición y explotación de la obra.

    Sus prerrogativas personales (su derecho moral) se encuentran recogidas de forma expresa en el texto legal, como base de las facultades de índole patrimonial, que también le corresponden, por lo que es acertado atribuir al autor, la plena disposición de su creación.

    El derecho patrimonial sobre la misma, no se limita únicamente a la facultad del autor de explotar la obra, sino que se erige como un derecho exclusivo, el derecho a ser el único que pueda llevar a cabo dicha explotación, que podrá ejercitarse, por sí mismo, o a través de aquéllos con quienes lo convenga.

    1. Adquisición de los derechos

    La Ley, confiere estos derechos al autor, por el sólo hecho de su creación. Es decir, no exige ningún requisito formal ni material, ni la inscripción de la obra, ni su registro (diferencia fundamental de la propiedad industrial), ni su fijación en un soporte determinado, ni siquiera haber sido publicada, para otorgar su protección. La única salvedad a este respecto, es el cumplimiento de ciertas características relativas a la paternidad y a la materialización de la obra que a continuación se expondrán.

    Por tanto, el hecho de la creación es el que convierte al titular de la obra en titular de la propiedad intelectual, y le atribuye las facultades personales y patrimoniales, sin cumplir ningún otro requisito complementario.

    A efectos de dicha autoría, además, se genera una presunción legal de cara a la prueba de paternidad de la obra, siendo que se presumirá autor, salvo prueba en contra, a quien aparezca como tal en la creación, mediante su nombre, firma, o signo que lo identifique.

    2. Creaciones protegidas

    El art.10 de la Ley, contiene una declaración en la que incluye los grupos de obras a las que alcanza la protección jurídica de la propiedad intelectual, que son “las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.

    a) La LPI, por tanto, exige únicamente para proteger las creaciones literarias, artísticas o científicas, y a sus autores que:

    b) La obra cumpla el requisito de la originalidad, cuyo significado y alcance, ha sido muy debatido, inclinándose la doctrina mayoritaria por considerarlo como el hecho de que la obra pertenezca efectivamente al autor, es decir, que sea obra suya, y no copia de la obra de otro.

    La obra sea expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, no quedando protegidas las ideas sino su materialización.

    3. El derecho de autor, y los derechos afines al derecho de autor

    a) El autor como titular originario

    La propiedad intelectual consagra y garantiza el derecho exclusivo de los autores, siendo esencialmente una institución dedicada a tutelar los intereses espirituales y económicos del autor.

    Cualquier otra protección (como la que efectivamente presta a los intérpretes y ejecutantes, a los productores de medios y de reproducción y multiplicación, a los empresarios de la divulgación, difusión o publicación o representación de la obra y a los derechohabientes del autor mismo), se concibe como derivada de la que corresponde al autor, y tiene su fundamento y razón de ser en el derecho reconocido al autor.

    Por tanto, se podría decir que el autor es el titular originario, de la propiedad intelectual.

    b) Los derechos conexos, vecinos o afines a los del autor

    Con esta denominación se recogen como objeto de protección ciertas manifestaciones personales o técnico-empresariales, que no constituyen una creación literaria, artística o científica, pero sí vinculación con la difusión de las obras de ingenio, que son:

    * El derecho de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

    * El derecho de los Productores

    * El derecho de los organismos de radiodifusión

    A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras.

    4. Duración de los derechos de autor

    Como norma general, la duración de las facultades de los derechos de autor en nuestra normativa nacional, es de la vida del autor y 70 años después de su muerte.

    5. Derechos que ostenta el autor de la obra protegida

    a) Contenido económico del derecho de explotación

    Los derechos de propiedad intelectual bloquean la utilización de la creación protegida, habida cuenta que la obra sólo puede ser explotada por el autor o sus causahabientes.

    Y en este aspecto, dichos derechos, son considerados como verdaderos monopolios, suspendiendo la competencia sobre ese bien concreto: la creación.

    Ese es el verdadero valor económico de la obra.

    Por tanto, no se trata tan sólo de una simple facultad de obtener retribuciones económicas de cualquiera que reproduzca la creación, ni si quiera sólo de la facultad de autorizar la misma, sino que la exclusiva se materializa en que únicamente su titular está facultado para realizar dicha explotación, siendo que cualquier otro que realice dicha actividad, para hacerlo de manera lícita, deberá aparecer como causahabiente, bien por ser su sucesor, bien por haber obtenido de él una cesión o licencia de derecho.

    Por ello, los derechos de propiedad intelectual son derechos de exclusión, puesto que además de un sentido positivo (sólo el titular puede realizar la explotación o autorizar para que exploten la obra), posee un sentido negativo, que se materializa en la facultad de impedir a los demás el disfrute de la cosa de la que es dueño.

    Además de las facultades que confiere el derecho de explotación de la obra, la ley reconoce al autor unos derechos denominados derechos de remuneración equitativa, que se regulan para situaciones que se conocen como límites al derecho de los autores, y que permiten determinadas utilizaciones de las obras, sin autorización del titular, con la contrapartida, por parte de los beneficiarios de dichas limitaciones, de satisfacer al titular una remuneración equitativa.

    Dentro de la vertiente patrimonial del derecho de autor, nos encontramos con el reconocimiento legal de las siguientes facultades:

    * Derecho de reproducción. Se entiende por reproducción, la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, en cualquier forma, de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella.

    * Derecho de distribución. Se trata en este caso, de la puesta a disposición del público del original o copias de la obra, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

    * Derecho de comunicación pública. Se define, como todo acto por el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares a cada uno de ellas

    * Derecho de transformación. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

    Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación, corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.

    b) Contenido del derecho moral

    Ese derecho moral del autor, que hemos venido mencionando, se materializa en una serie de facultades que son:

    * Derecho de disposición de la obra, que le faculta para decidir si la obra ha de ser publicada y cómo.

    * Determinación de la designación del autor con su nombre, bajo seudónimo o de manera anónima.

    * Reconocimiento de la paternidad de la obra

    * Respeto de la integridad de la obra

    * Facultad de modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural

    * Derecho de arrepentimiento, que consiste en retirar la obra de comercio por cambio de sus convicciones, intelectuales o morales, previa indemnización de los daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación.

    * Derecho a acceder al ejemplar único de la obra en poder de otro

    6. Conclusión

    Todo autor, sea cual fuere el tipo de obra que cree, ha de conocer el contenido y límites de los derechos que le otorga su condición como tal.

    El sistema del derecho de autor, se diferencia fundamentalmente del de copyright, en que el primero centra más su atención en la protección de quien crea, y el segundo en la creación propiamente dicha, y es por ello, que nuestra regulación, enumera una serie de facultades morales que asisten al autor, por el mero hecho de serlo, más amplia que el sistema de copyright.

    No obstante, para apreciar la manifestación monopolística de los derechos de propiedad intelectual hay que situarse dentro de su contenido patrimonial, es decir, en aquel sector de facultades que tienden a reservar a su titular las posibilidades de lucro que se deriven de reproducir o materializar su creación.

    En todo caso, el conjunto de todas ellas, describen el sistema jurídico aplicable en protección de quien crea.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: dfulmer (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)