Etiqueta: Patricia Cavada

  • Fomento del trabajo autónomo, la economía social e impulso del emprendimiento

    Fomento del trabajo autónomo, la economía social e impulso del emprendimiento

    Dos proyectos de ley para fomentar el trabajo autónomo, la economía social e impulsar el emprendimiento fueron aprobados por el Gobierno el pasado 14 de Mayo.

    Se trata del proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y Economía Social, y del proyecto de ley de Sociedades Laborales y Participadas.

    Con estas medidas, se refuerzan los mecanismos de protección de los autónomos (en especial los económicamente dependientes) y se amplían incentivos como la capitalización de la prestación por desempleo o su compatibilidad con el inicio de una actividad emprendedora. Además, se fijan nuevos incentivos para la incorporación de socios trabajadores a las cooperativas y sociedades laborales, y se amplían las posibilidades de las llamadas reservas de mercado para entidades de la economía social.

    Con todo esto, el Gobierno espera que el autoempleo pueda crecer en torno a las  550.000 personas para el año 2019.

     LAS NOVEDADES

     La nueva ley introduciría novedades, entre las cuales, cabe destacar las siguientes:

     1.- Tarifa Plana para autónomos: Se fija la cuantía de la cuota por contingencias comunes en cincuenta euros exactos durante seis meses.

    2.- Ayudas para nuevos emprendedores: Se extiende, con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo, y así facilitar la inversión y los gastos iniciales para iniciar una actividad emprendedora. Hasta ahora, los hombres de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 podían solicitar el 100% para el pago único de la inversión.

    De este modo, y para iniciar una actividad por cuenta propia, la prestación por desempleo se podrá utilizar de tres formas:

    a) Capitalizando el 100% en un único pago.

    b) Capitalizando sólo una parte y utilizar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social.

    c) Destinando el total de la prestación al abono de las cuotas mensuales.

    3.- Posibilidad de compatibilizar prestación por desempleo con alta en el régimen de autónomos. Los autónomos de cualquier edad, podrán compatibilizar durante un máximo de 270 días la prestación por desempleo con el alta en el régimen de autónomos, una posibilidad hasta ahora reservada a los menores de 30 años.

    4.- Posibilidad de no capitalizar el desempleo. Si tras el alta en una actividad, dentro de los 60 meses siguientes, se produjese la baja de ésta, se podrá volver a solicitar la reanudación del desempleo. Hasta ahora, el límite era de 24 meses.

    5.-Ampliación de la bonificación a los familiares autónomos. Podrán disfrutar de una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social durante 24 meses (en lugar de 18 meses). Durante los 18 primeros meses la bonificación será del 50% y los 6 meses siguientes del 25%.

    6.- Por último, creación de una bonificación de 800 euros/año.  Existirá una bonificación durante tres años (2.440 euros) para las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales. El objetivo de esta medida es facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades que forman parte de la Economía Social.

    Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Laboral

    Foto: (Pixabay con licencia Creative Commons CCO Public Domain)

  • Tarifa reducida de 500 euros para contratos indefinidos

    Tarifa reducida de 500 euros para contratos indefinidos

    El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en el Debate sobre el Estado de la Nación 2015, comenzado ayer 24 de febrero de 2015, ante el Congreso de los Diputados, que cuando finalice la tarifa plana de 100 euros para las contingencias comunes, prorrogada hasta el 31 de marzo de 2015, quisiera incluir una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos, cuyos primeros 500 € del salario no cotizarán a la Seguridad Social.

    Además, también propone la posibilidad de incluir una Bonificación Especial para la conciliación de los autónomos, cuya finalidad sea que, en caso de tener que dedicarse al cuidado de los hijos menores de siete años o familiares en situación de dependencia, puedan contratar a un trabajador; Aplicándose una bonificación del 100% de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes para autónomos durante un año.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Tulane Public Relations (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

  • Principales efectos de la excedencia laboral

    Principales efectos de la excedencia laboral

    Mediante este artículo se pretende ofrecer al lector una explicación clara y detallada sobre cómo actuar ante una solicitud, por parte de un trabajador, de una excedencia en su empresa, principalmente si nos encontramos ante una excedencia voluntaria por cuidado de hijos, o por intereses particulares.

    Introducción

    La excedencia como tal es la decisión de un trabajador para solicitar un cese temporal de su relación laboral y luego volver al correspondiente puesto de trabajo. Consiste en una suspensión del contrato laboral durante un  tiempo.

    El tema de la excedencia queda regulado en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, pero debemos complementar esta información con la jurisprudencia existente, pues nos ayuda a comprender la mejor manera de actuar en estos casos.

     Artículo 46 ET. Excedencias.

    1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
    2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
    3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

    También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

    La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

    El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

    No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

    1. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
    1. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
    2. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.

    Excedencia voluntaria: por motivos particulares

    La excedencia voluntaria supone la suspensión temporal de la relación laboral entre empresa y trabajador.

    Lo más importante en este tipo de excedencia es que no hay que tener causa que lo motive, es decir, que en principio el trabajador no necesita alegar justificación alguna cuando lo solicite (preaviso mínimo de 15 días).

    El Estatuto de los Trabajadores establece que lo puede pedir cualquier trabajador que tenga al menos un año de antigüedad en la empresa. Y se puede pedir por un mínimo de cuatro meses y un máximo de cinco años.

    ¿Se puede pedir el paro mientras tanto? No, en estos casos no se puede pedir ninguna ayuda o prestación.  Se considera que el trabajador no se encuentra en situación legal de desempleo, ya que se ha suspendido voluntariamente la prestación del servicio. Tendrá que esperar a que termine su periodo de excedencia voluntaria  y solicitar el reingreso, o bien encontrar un nuevo empleo y cuando éste termine, pedir el paro.

    ¿Un empleado en situación de excedencia puede trabajar en otra empresa? La respuesta es afirmativa. Puede trabajar sin problemas en otras empresas incluidas las del mismo sector, siempre que no exista una cláusula de condición resolutoria en el contrato que lo prohíba y que no se incurra en competencia desleal (por ejemplo: se lleva clientes a su nueva empresa).

    ¿Qué ocurre cuando llega la hora del regreso de la excedencia? El empleado deberá comunicar a la empresa su deseo de volver al puesto de trabajo (mínimo 15 días de antelación).

    La duración de la misma se suele marcar a priori, pero puede establecerse un periodo abierto dentro de los límites legales, en cuyo caso el empleado podría solicitar la reincorporación en cualquier momento. De cualquier forma, la empresa nunca podrá garantizar una incorporación automática.

    El pacto alcanzado mediante fechas fijas impedirá que ninguna de las partes pueda adelantar la reincorporación (Sentencias del Tribunal Supremo de 1986 y 1987), debiendo esperar al vencimiento del plazo marcado para que surja el derecho de preferencia.

    ¿Qué sucede si el puesto de trabajo está ocupado? El trabajador tiene derecho “preferente”, como bien hemos indicado en el artículo 46.5 del ET. Es decir, si la empresa vuelve a tener necesidades para cubrir dicho puesto de trabajo o alguno de categoría similar, deberá acudir a este empleado antes que al mercado laboral.

    Según la jurisprudencia existente, un puesto puede estar ocupado por otra persona contratada para realizar sus funciones o incluso por la amortización del puesto por la reasignación de sus funciones entre otros trabajadores (doctrina unificada y expresada recientemente en una Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de Junio de 2011), siempre atendiendo a lo contemplado por el convenio colectivo aplicable.

    Cuando nos llega la solicitud de reingreso y no existen plazas disponibles, la empresa debe responder acerca de la imposibilidad de la reincorporación dado que no existe un puesto vacante, y que se le informará en cuanto sea posible colocarle en una categoría igual o similar. Ahora bien, si podemos ofertar una plaza correspondiente a una categoría profesional inferior, y si el trabajador en excedencia lo acepta, también tendría que aceptar el salario correspondiente al mismo y no el anteriormente disfrutado.

    Excedencia voluntaria: por cuidado de hijos

    Como bien hemos indicado en el artículo 46.3 del ET: “Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

    Se trata de un derecho individual que lo puede solicitar tanto el padre como la madre para el cuidado de su hijo menor de 3 años.

    ¿Tanto el padre como la madre lo pueden solicitar simultáneamente? Sí. Se trata de un derecho individual por lo que es indiferente que la otra parte lo haya solicitado en su empresa.

    ¿Y si los dos trabajan en la misma empresa y lo piden a la vez? El Estatuto de los Trabajadores estipula que si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas.

    Para solicitar este tipo de excedencia no se requiere antigüedad alguna en la empresa; Se puede pedir hasta que el hijo cumpla los tres años, por tanto, la duración máxima de esta excedencia es de tres años. Sin embargo, no se establece duración mínima. Eso significa que la podríamos pedir sólo, por ejemplo, por seis meses. Incluso se puede pedir de forma fraccionada, es decir, por intervalos de tiempo y ello siempre que no superemos el límite máximo de los tres años.

    Los tres años de máximo empiezan a contar desde el nacimiento del hijo (por naturaleza) o desde la resolución judicial o administrativa (acogimiento o adopción), y no a contar desde que la solicitamos. Por ejemplo si el hijo tiene año y medio, sólo se podrá pedir como máximo un año y medio de excedencia.

    A diferencia del caso anterior, el tiempo en el que el trabajador permanezca en situación de excedencia computa a efectos de antigüedad, se considerará que existe una cotización efectiva  para causar derecho a las prestaciones de maternidad, paternidad, jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

    ¿Se puede pedir el paro mientras tanto? Como en el caso anterior, NO, en estos casos no se puede pedir ninguna ayuda o prestación. Sin embargo, eso no dificulta para después pedir el paro. Supongamos que el trabajador se reincorpora y después la empresa lo despide por causas objetivas, pues el trabajador podría solicitar su prestación por desempleo.

    Durante todo el tiempo que dura la excedencia el trabajador tendrá derecho a asistir a todos los cursos de formación profesional que se impartan en su empresa, debiendo ser avisado por el empresario de la convocatoria de los mismos (TSJ Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social, Sección 1ª), sentencia de 19 abril de 2010).

    La situación de excedencia de un trabajador no impide que se pueda prestar servicios en otra empresa distinta que por su ubicación, horarios o jornada, le pueda venir mejor. El único inconveniente es que pudiese existir una competencia desleal en relación a la anterior empresa.

    ¿Qué ocurre cuando llega la hora del regreso de la excedencia? El empleado debería comunicar a la empresa su deseo de volver al puesto de trabajo, aunque no es obligatorio un tiempo mínimo de preaviso (TSJ País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª), sentencia de 27 marzo de 2012). El primer año de excedencia, el trabajador tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Los otros dos años el trabajador tiene derecho al reingreso en la empresa en un puesto de trabajo del mismo grupo profesional.

    ¿Qué sucede si el puesto de trabajo está ocupado? La empresa tiene obligación de reincorporar al trabajador en la empresa. En caso de despido del trabajador tras la reincorporación, el despido podría llegar a ser NULO (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 23 de Septiembre de 2013); no cabe el despido improcedente.

    Resumiendo…

    Los tipos de excedencia y sus características principales son las siguientes:

    • Excedencia voluntaria:
      1. Por cuidado de hijos: se concede para el cuidado de hijos en los casos de nacimientos, adopción o acogimiento de un menor. La duración máxima de la excedencia es de tres años. Esta excedencia computa a efectos de antigüedad, cotizaciones y asistencia a cursos de formación. El reingreso está garantizado durante el primer año en el mismo puesto de trabajo, y los otros dos años siguientes se garantiza un puesto de categoría equivalente.
      2. Por cuidado de familiares: se concede para el cuidado de familiares en los casos de incapacidad o enfermedad grave hasta el segundo grado. La duración máxima es de dos años y el periodo computa a efectos de antigüedad y asistencia a cursos de formación. Durante el primer año se reserva el puesto de trabajo y los siguientes en otro de categoría equivalente.
      3. Por intereses particulares: se concede con al menos un año de antigüedad. No computa a efectos de antigüedad, cotizaciones o prestaciones sociales. Se reserva un derecho preferente al reingreso o en una vacante igual o similar categoría.
    • Excedencia forzosa:
    1.    Para el ejercicio de un cargo público: se concede para ejercer funciones sindicales de ámbito provincial o superior, o para ejercer un cargo público, hasta lo que dure el ejercicio del cargo. Se reserva el puesto de trabajo y computa a efectos de antigüedad.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Jörg Schreier (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • El descuelgue del convenio colectivo, una medida a la orden del día

    El descuelgue del convenio colectivo, una medida a la orden del día

    1. Introducción

    La Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, apostando por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo, recoge una medida cuyo objetivo es incentivar la flexibilidad interna en la empresa. Se trata de una alternativa a la destrucción del empleo. Con todo esto, lo que se pretende es ofrecer al empresario, una serie de herramientas que le permitan afrontar los cambios del mercado y las situaciones de dificultad económica y productiva mediante la modificación y la adaptación de las condiciones de trabajo.

    1. La negociación colectiva

    Dentro del conjunto de medidas que recoge la reforma laboral, se haya una, cuyo objetivo se trata de favorecer la flexibilidad interna en las empresas.

    Se pretende fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas por las que atraviesa la empresa.

    Se reforma la materia de la negociación colectiva (concretamente el articulo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), previendo la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, dando prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula la ultractividad de los convenios colectivos.

    Se recoge la posibilidad de inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo. De esta manera, cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede prescindir de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo al que está adscrita y aplicar temporalmente otras distintas que le resulten más favorables en función de la coyuntura económica o productiva. Para ello tiene que acreditar que existe una causa económica, productiva, organizativa o técnica que hace necesario el descuelgue.

    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos. Por otro lado, los cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción se reputan causas técnicas.  Se aceptan como causas organizativas los cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y como causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

    De todos modos, dada la extensión que tienen estos términos, lo conveniente sería esperar a la interpretación que realice la jurisdicción social a la hora de enjuiciar los asuntos concretos que se vayan planteando.

    La inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, por parte de la empresa, solo pueden afectar a las siguientes materias:

    • Jornada de trabajo.
    • Horario y distribución del tiempo de trabajo.
    • Régimen de trabajo a turnos.
    • Sistema de remuneración y cuantía salarial.
    • Sistema de trabajo y rendimiento.
    • Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del Estatuto de los trabajadores.
    • Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

    Respecto al procedimiento (41.4 del Estatuto de los Trabajadores) para llevar a cabo la negociación colectiva, es necesario el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario, para que puedan consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades. La negociación deberá ir precedida de un periodo de consultas de duración no superior a 15 dias, para que las partes puedan negociar, con buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Para llegar a un acuerdo se requerirá la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de los representantes sindicales.

    En los casos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su presentación a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente, o una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión.

    Cuando el periodo de consultas termine con acuerdo, se presumirá que concurren las causas anteriormente descritas, y sólo podrá ser impugnado anta la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

    Si el periodo de consultas termina en desacuerdo, la ley ofrece una doble vía para superarlo, así posibilita que cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de 7 días para pronunciarse, y si ésta no alcanzara un acuerdo, las partes pueden recurrir a los procedimientos que a tal efecto deben establecerse en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico para solventar de manera efectiva dichas discrepancias.

    Si el período de consultas finalizara sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos anteriormente mencionados o no hubieran solucionado la discrepancia, el legislador, desconfiando de los mecanismos autónomos de solución de conflictos colectivos, alude al arbitraje externo, pues cualquiera de las partes puede someter el asunto a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, u órganos similares de las comunidades autónomas.

    Otro aspecto importante en la reforma lo constituye la consolidación de la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial o territorial:

    La reforma profundiza en este punto impidiendo que existan resquicios para limitar esa prioridad. Así, a partir de ahora, la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias (84.2 Estatuto de los Trabajadores):

    1. a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.
    2. b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.
    3. c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.
    4. d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.
    5. e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.
    6. f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
    7. g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos al determinar las cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando en su caso las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

    Asimismo, para evitar que se perpetúen situaciones de bloqueo en la negociación colectiva, la norma prevé que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

    3.- Conclusión

    Con la llegada de la reforma laboral, se han cambiado las reglas de concurrencia y por ende se altera la estructura de la negociación colectiva, al suprimir en gran medida la dispositividad de los sujetos negociadores y las posibilidades de articulación por parte de los acuerdos interprofesionales.

    El cambio más importante realizado resulta la prohibición de alterar esa prioridad absoluta del convenio de empresa respecto a las materias anteriormente mencionadas por acuerdos interprofesionales o por convenios sectoriales, posibilidad que estuvo presente en el precepto derogado. Esta vía fue utilizada, por ejemplo, en el convenio general de la construcción, para ordenar la negociación colectiva, estructura pactada que carece ahora de aplicación práctica alguna al contradecir el tenor de la ley.

    En épocas de crisis las cláusulas de descuelgue, especialmente, de descuelgue salarial, adquieren una relevancia fundamental, al tratarse de uno de los mecanismos que pueden resultar de gran ayuda para que las empresas superen la situación negativa en la que se hallan inmersas, al tiempo que coadyuva al mantenimiento del nivel de empleo. Así se aspira a favorecer la adaptabilidad de las empresas en contextos económicos cambiantes, persiguiendo un equilibrio entre la flexibilidad interna demandada por las empresas y la seguridad requerida por los trabajadores, e intentando convertir este instrumento en una alternativa real frente a medidas de flexibilidad externa, que inciden negativamente sobre el volumen de empleo.

     Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • El impacto del despido colectivo tras la reforma laboral

    El impacto del despido colectivo tras la reforma laboral

    Mediante este artículo se pretende realizar un análisis de la situación del despido colectivo después de la Reforma Laboral, con objeto de clarificar cómo debe realizarse a partir ahora este tipo de despido.

    1. Introducción

    El Real Decreto-Ley 3/2012 (convertido la Ley 3/2012 de 6 de julio), de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral introdujo modificaciones esenciales en la regulación del despido colectivo, modificando así el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores:

    “Se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte al menos a:

    1. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
    2. El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
    3. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen a más de trescientos trabajadores.

    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

    Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

    También se entenderá como despido colectivo, la extinción de contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas que hemos visto anteriormente.

    El despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este período de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.

    La citada consulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.

    La comunicación de apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a la autoridad laboral…”.

    1. El despido colectivo, la causa principal de los ERE

    El expediente de regulación de empleo, abreviado con sus siglas ERE, es un procedimiento administrativo presentado por las empresas, o por los responsables legales de los trabajadores, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones de trabajo o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

    Según el Estudio Jurídico Vizcaíno Casas, un expediente de regulación de empleo supone un despido colectivo.

    Como ya hemos mencionado anteriormente, la nueva Reforma Laboral (Ley 3/2012), ha introducido modificaciones en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores destinado al Despido Colectivo. Entra todas ellas, destaca la supresión de la exigencia de obtención de autorización administrativa, que constituía un mecanismo de control del cumplimiento de los requisitos formales, de manera que, tras la entrada en vigor de la reforma, dicho control se realiza después, es decir, una vez se han ejecutado los despidos a través de la impugnación de los mismos ante la jurisdicción social.

    La Autoridad Laboral ahora asume funciones de carácter asistencial, que podrían entenderse encuadradas como funciones de control de cumplimiento de requisitos formales, siendo conveniente que tal posibilidad se previese de forma expresa en la normativa de desarrollo.

    Citamos algunas sentencias han recaído desde la entrada en vigor de la reforma: TSJ de Cataluña en Sentencia de 23 de mayo de 2012, TSJ de Madrid en Sentencia de 30 de mayo de 2012…, que declaran la nulidad del despido colectivo por inobservancia de requisitos formales.

    Hasta ahora, la mayoría de compañías que querían aplicar un ERE (Expediente de Regulación de empleo) pactaban con el comité de empresa las compensaciones, ya que de este modo, la autoridad laboral no se oponía si no existían irregularidades legales. Para lograr el pacto, las indemnizaciones solían ser más elevadas. Ahora, sin embrago, la empresa solicitará el ERE alegando una de las causas establecidas para lograrlo. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente.

    Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Por tanto, se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización por despido procedente, la más baja (20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades).Las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas. También si tienen «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos.

    Debemos de hacer mención una nueva exigencia en materia de procedimiento de este tipo de despido: además de la existencia de la fase inicial del ERE, cuya regulación a excepción de la supresión de la autorización administrativa permanece inalterada, existe una fase individual, consistente en la necesidad de justificar en la carta de despido en qué medida las causas (que con carácter general debían de haber sido previamente alegadas y debidamente documentadas) habilitan para la extinción procedente de los contratos de trabajo que se pretenden. La Sentencia del TSJ País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 21 de febrero de 2012, nos indica que no basta con hacer referencia a una de las causas legales de extinción, siendo imprescindible que se especifiquen los hechos concretos que motivan de decisión extintiva para que el trabajador pueda ejercer con garantía su derecho a impugnarla. Citamos la doctrina jurisprudencial, reproducida, en sentencias como las de fecha 19 de septiembre y 30 de septiembre de 2012 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que en estos casos no concurren los criterios de suficiencia, no se indican cifras de ninguna especie ni dato que permita al despedido poder comprobar la realidad de alguna manera.

    Desde que entró en vigor las nuevas medidas de reforma laboral se han disparado los ajustes en las empresas, sobre todo han aumentado los despidos colectivos. El número de trabajadores afectados por ERE se ha duplicado en la CAV en los siete primeros meses de 2012 respecto al año pasado.

    Como se ha mencionado anteriormente, el despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Este período de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores.

    Actualmente, se han anulado despidos colectivos por no respetar el proceso de consultas con los sindicatos, por no presentar la documentación necesaria para justificar la medida, por no abonar la indemnización legal correspondiente, por detectar los jueces irregularidades durante el mismo como abrir negociaciones individuales con los trabajadores saltando por encima del comité,…etc. (Sentencia de 22 de junio 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

    ¿Lo pactado en un ERE anterior vincula? Claro que sí. Pretender desvincularse de la obligación que una empresa contrae en un ERE anterior, resulta contrario a las reglas de la buena fe, atacando así la confianza suscitada en la parte social por los propios actos de la empresa (STSJ de Madrid de 11/06/2012).

    ¿Puede una empresa iniciar trámites para proceder a un despido colectivo después de que los trabajadores presenten demanda de extinción de contratos por retraso en el abono de salarios? No. La Sentencia de 9 de julio de 2012 del TSJ de Murcia, expone que se trata de un despido colectivo nulo. Se trata de una actuación en fraude de ley. En este supuesto, la empresa inicia el expediente de manera veloz y sin cumplir las garantías mínimas derivadas de un estéril periodo de consultas (4 días), despidiendo a un buen número de trabajadores que tenían pendiente un juicio sobre la misma cuestión. Se trata de un fraude de ley de carácter procesal, pues se inicia un expediente de despido colectivo con la finalidad de reducir la indemnización de 45 a 20 días, y con incidencia sobre los procesos ya iniciados, quedando demostrada la verdadera intención empresarial.

    Cabe señalar la Sentencia de 25 de junio de 2012 de la AN (Sala de lo Social sección 1ª), donde declara nulo un despido colectivo por actuación fraudulenta, dado que se presentó un despido colectivo con los mismos objetivos que un ERE presentado con anterioridad, con la

    intención de sustraerse del procedimiento legal y beneficiarse de un procedimiento más flexible que el precedente.

    Destacamos la importancia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de julio de 2.012, que califica de nulo por incumplimiento de los requisitos formales legal y reglamentariamente establecidos, así como por inexistencia de acreditación de la causa económica alegada (previsión de pérdidas) el despido colectivo efectuado. El tribunal entiende que no se acredita la causa objetiva económica alegada (previsión de pérdidas), debiendo existir una causa concreta y próxima y objetiva que justifique la extinción y destrucción de empleo, y no la mera conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio. Finalmente, el Tribunal entiende se comete igualmente por la empresa un abuso de derecho, e incumplimiento de los requisitos formales establecidos legal y reglamentariamente, al no poner a disposición de la representación legal de los trabajadores la obligatoria información económica y contable, que por otra parte obraba en su poder a la fecha de la iniciación del expediente.

    Cuando el despido colectivo afecta a varios centros de trabajo, ¿son posibles las negociaciones por centros? No. El periodo de consultas, constituye el centro de gravedad del despido colectivo y traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 1998/59 /CE, del Consejo, cuya finalidad es asegurar la información, la consulta y la participación de los trabajadores. Las negociaciones por centros de trabajo convierten al despido colectivo en Despido Nulo. Ni la Directiva un el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores contemplan la posibilidad de parcelar el proceso de negociación por centros de trabajo. Se apuesta por un proceso único, con resultado homogéneo para la totalidad de los trabajadores afectados por la decisión extintiva empresarial. (Sentencia de 25 de julio de la AN (Sala de lo Social 1ª)).

    ¿Existe libertad empresarial a la hora de la elección de los trabajadores que quiere despedir? En principio si. Salvo criterios conculcadores de derechos fundamentales o libertades públicas o caso de fraude de ley, la empresa puede elegir el trabajador que quiera despedir (Sentencia de 21 de febrero del TSJ País Vasco). El Ordenamiento Jurídico Español no regula los criterios de selección que puedan tenerse en cuenta por el empresario para determinar aquellos trabajadores que van a resultar afectados por un despido colectivo. Solamente establece una prioridad de permanencia en la empresa para los representantes de los trabajadores y para los trabajadores integrantes de los servicios de prevención y delegados de prevención. El control judicial queda reducido, a aquellos casos en que el trabajador afectado aporte indicios de discriminación o vulneración de un derecho fundamental, a los casos en que no se respeten el derecho de permanencia, o cuando se actúa con fraude de ley o abuso de derecho.

    3.- Resumiendo…

    Desde que entro en vigor las nuevas medidas para la reforma del mercado laboral en el mes de febrero, se han disparado los cambios en las empresas, utilizando sobre todo los despidos colectivos, tramitados mediante los ERE.

    Los despidos colectivos tienen que estar fundamentados en causas económicas, organizativas o de producción.

    Ya no es necesario que el ejecutivo autonómico o central dé su visto bueno a un expediente, lo que facilita el terreno a los empresarios para acomodar la plantilla a sus necesidades. No obstante el despido colectivo deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores.

    Pero prácticamente la única manera de poner freno a un ERE, es impugnarlo ante la jurisdicción social.

    Hoy en día, acudir a los jueces es la única salida que tienen los trabajadores para hacer frente a la voluntad unilateral del empresario.

    Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Phil and Pam Gradwell (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Principales claves para entender la reforma laboral

    Principales claves para entender la reforma laboral

    1.- ¿Tienen los trabajadores derecho a formación?

    Se apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales.

    Para ello la reforma incluye el derecho a 20 horas de formación anuales pagados por la empresa para los trabajadores con más de un año de antigüedad. El contenido de la actividad formativa tiene que estar relacionado al puesto de trabajo. Se creará una cuenta de formación que recogerá la recibida por el trabajador a lo largo de su vida laboral.

    Habrá un contrato para la formación y aprendizaje, en el que se amplía la edad máxima de 30 años para acceder a este tipo de contratación hasta que la tasa de desempleo baje del 15%, entonces bajará hasta los 25 años. Existen reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social para este tipo de contratos.

    Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para actuar como agencias privadas de colocación (colaboración público-privada), ya que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Las empresas de trabajo temporal colaborarán con los servicios públicos de empleo en la colocación de trabajadores.

    2.- ¿Qué ayudas hay para jóvenes desempleados?

    Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores: Creación de un contrato indefinido para emprendedores, empresas de menos de 50 trabajadores, que incluye una deducción en la cuenta fiscal de la empresa de 3.000 euros para el primer trabajador menor de 30 años, que esté en desempleo. El periodo de prueba de este contrato será de un año. Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, el trabajador podrá cobrar durante un tiempo un 25% de la prestación de la prestación de paro y el empleador deducirse fiscalmente el 50% del coste para la empresa, pero solo durante un año.

    Asimismo, se racionaliza el sistema de bonificaciones para la contratación indefinida, con independencia de los incentivos fiscales mencionados anteriormente. Para contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo se darán las siguientes bonificaciones:

    1. Jóvenes entre 16 y 30 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación de hasta 3.000 euros en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante 3 años. La bonificación se incrementa según aumenta la antigüedad del trabajador. En el primer año será 1.000 euros, el segundo 1.100 euros y el tercer año 1.200 euros (se aplicarán 100 euros más si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).
    2. Parados de larga duración: bonificaciones de hasta 4.500 euros en las cuotas de la Seguridad Social por la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años (en desempleo, al menos 12 meses de los 18 anteriores). La bonificación se incrementa según aumenta la antigüedad del trabajador, 1.300 € en el primer año, 1.300 € en el segundo y 1.300 € en el tercer año de contrato (se elevarán a 1.500 euros si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    Se modifica el contrato a tiempo parcial: los trabajadores con jornada parcial podrán realizar horas extraordinarias, con el límite legal del trabajo a tiempo parcial.

    Se regula por primera vez en España el teletrabajo: Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo en la empresa.

    Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros al año durante 3 años. En el caso de mujeres será de 700 euros al año.

    La reforma constata la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.

    3.- ¿Podrán las empresas modificar las condiciones laborales de sus trabajadores?

    El sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional ordinaria un mecanismo de adaptación más viable y eficaz. Dentro de un determinado grupo profesional, un trabajador podrá desempeñar distintas funciones y puestos en una misma empresa.

    Se mejora la movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo:

    Se incluye la movilidad geográfica requiriendo a existencia de razones técnicas, económicas, organizativas o de producción que lo justifiquen para poder trasladar a trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia.

    Además, se facilita que el empresario pueda modificar la jornada de trabajo, el horario, sistema de remuneración, sistema de rendimiento…etc.

    El empresario podrá por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción suspender el contrato de trabajo.

    Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con una duración máxima de 240 días. Para la obtención de esta bonificación el empresario deberá garantizar el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año.

    Pero si finalmente se extinguen los contratos, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial, hasta un máximo de 180 días.

    Por último, en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, dando prioridad al convenio colectivo de empresa. Es decir, que los representantes de los trabajadores y el empresario podrán consensuar en convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y se regula el régimen de ultractividad de los convenios colectivos. Siendo este acuerdo prioritario sobre cualquier otro. En caso de la falta de acuerdo, las partes se someterán a un arbitraje a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas.

    La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada “ultractividad” que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios.

    4.- ¿Qué ha cambiado entonces en los despidos?

    El gran impacto para los miles de trabajadores que cada día temen perder su puesto de trabajo llega de la mano del despido:

    El Despido Procedente por Causas Objetivas (económicas, técnicas organizativas o de producción ), sigue manteniendo la misma indemnización de 20 días, con el tope de 12 mensualidades de salario.

    Despido Colectivo: Las empresas que quieran realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y por tanto acogerse a pagar la indemnización mínima (20 días por año trabajado con un máximo de un año) no necesitarán el visto bueno de la Autoridad Laboral. Hasta ahora, la mayoría de compañías que querían aplicar un ERE pactaban con el comité de empresa las compensaciones, ya que de este modo, la autoridad laboral no se oponía si no existían irregularidades legales. Para lograr el pacto, las indemnizaciones solían ser más elevadas. Ahora, sin embrago, la empresa solicitará el ERE alegando una de las causas establecidas para lograrlo. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente.

    Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Por tanto, se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización por despido procedente, la más baja (20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades).Las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas. También si tienen «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos. Se prevé un aluvión de despidos de 20 días que los trabajadores tendrán que pelear ante el juez para intentar una improcedencia en la salida.

    Despido Exprés: El nuevo texto elimina la figura del “despido exprés”, con el que el empleador asumía 45 días por una extinción improcedente para evitarse un farragoso proceso judicial y costes salariales de tramitación.

    El despido improcedente, pasa de 45 días de indemnización, con el tope de 42 mensualidades, a 33 días de indemnización, con un tope de 24 mensualidades.

    Los trabajadores que tengan contrato indefinido a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, mantendrán todos sus derechos preexistentes, con ciertas limitaciones respecto al tope indemnizatorio. Es importante hacer énfasis en esto, pues la nueva indemnización por despido improcedente solo se aplicará a los contratos de trabajo convertidos en indefinidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la reforma (entra en vigor el 12/02/2012). Los trabajadores con contratos antiguos (antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley), conservan gran parte de sus derechos hasta esa fecha. La indemnización por despido es la que había, pero con ciertas observaciones, tal y como contempla la disposición transitoria quinta, pues se mantienen los 45 días de indemnización por año trabajado, con el tope de 42 mensualidades, pero manteniendo este tope siempre y cuando para el cálculo de la indemnización correspondiente al periodo anterior a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, se sobrepasen los 720 días máximos de la nueva regulación, y a su vez supere los 1.260 días de la anterior regulación.

    La máxima antigüedad de un empleado con un contrato indefinido en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley- computable a efectos de indemnización, es 28 años (45 días x 28 años = 1.260 días de indemnización, es decir, 1.260 / 30 = 42 mensualidades de tope), siempre que el cálculo de la parte de la indemnización anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, supere los 720 días, y a la vez supere los 1.260 días.

    El tope de 42 mensualidades para los contratos indefinidos existentes a la fecha de entrada en vigor del RDL (12/02/2012), solo se mantiene, si la parte correspondiente al cálculo de la indemnización anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, supera los 720 días, y a la vez, supera también los 1.260 días, pues en caso de superar los 720 días, pero no los 1.260 días, el nuevo tope serán esos días obtenidos en el cálculo previo a la entrada en vigor del RDL 3/2012 (este nuevo tope será el que afecte a la indemnización total, no solo al periodo previo a la entrada en vigor del RDL). Es decir, hay que calcular dos partes indemnizatorias, la «pre» entrada en vigor del Real Decreto Ley y la «post» Real Decreto Ley 3/2012. Si el cálculo previo a la entrada en vigor del RDL, supera los 720 días (24 mensualidades), el tope pasa a ser la indemnización obtenida en este cálculo pre entrada en vigor del RDL 3/2012, con el máximo de 42 mensualidades de indemnización total del empleado, si es que se superasen los 1.260 días. Si por el contrario, en ese cálculo previo a la entrada en vigor del RDL no se llega al tope de 720 días, el tope de la indemnización total del empleado se queda en esos 720 días marcados por la nueva regulación.

    Para el cálculo de los días de indemnización correspondientes desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, hasta la fecha del despido, se computarán los 33 días por año trabajado, de conformidad con la nueva regulación, mientras que para el periodo previo a la entrada en vigor, corresponden 45 días de indemnización por cada año trabajado.

    Lo veremos más claro, si transcribimos la disposición transitoria quinta, del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral:

    «La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.»

    Fondo de Garantía Salarial: En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de 24 trabajadores, una parte de la indemnización, por despido objetivo o colectivo, que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a 8 días por año de servicio.

    Vuelve a prohibirse la encadenación de contratos temporales sin límite: Con la finalidad de completar las medidas de fomento de la contratación indefinida e intentar reducir la dualidad laboral, se adelanta el fin de la suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el párrafo 5 del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores. A partir del 1 de Enero de 2013, volverá a ser de aplicación esta previsión.

    5.- ¿Cómo afecta la reforma a los Directivos?

    La reforma también incluye una limitación a los directivos de banca. De este modo, el directivo que tenga que ser sancionado por su gestión en una entidad financiera no tendrá derecho a indemnización. Se fijará un límite de dos años cuando sí exista indemnización por cese de actividad.

    Los directivos de empresas públicas que cesen y se reincorporen a su puesto anterior en la Administración no tendrán indemnización por despido. El resto de los directivos de empresas públicas que sean cesados cobrarán una indemnización por despido de 7 días por año trabajado con un límite de seis mensualidades.

    El gobierno impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones Públicas.

    Respecto al absentismo, el nuevo marco eliminará la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.

    La nueva reforma laboral se tramitará como proyecto de Ley para lograr el máximo consenso posible en el Parlamento. De este modo, tras la aprobación del texto en el Consejo, la reforma será remitida al Congreso para su convalidación y, a continuación, se deberá votar su tramitación como proyecto de Ley, trámite durante el que las formaciones políticas podrían introducir enmiendas.

    6.- Resumiendo….

    La reforma laboral entró el vigor el pasado 12 de febrero y no solo afectará a quienes logren un nuevo contrato. Todos los trabajadores, en mayor o menor medida, se enfrentan a unas nuevas reglas del juego dentro de un marco diferente al que había establecido la reforma anterior.

    1. ¿Qué ventajas tendrán los jóvenes a la hora de lograr contratos?

    La reforma quiere que las pequeñas y medianas empresas cuenten con jóvenes. Por eso, se les permitirá tener a los empleados de menos edad con un periodo de prueba de un año. Además, la empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de 30 años. Todo ello si se trata de un nuevo empresario quien contrata a su primer trabajador.

    Las empresas (de cualquier tamaño) que contraten jóvenes de menos de 30 años, también tienen bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que abonen por ellos. 1.000 euros en el primer año de contrato, de 1.100 euros en el segundo y de 1.200 euros en su tercer año de contrato (se aplicarán 100 euros más si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    1. ¿Qué ayudas hay para contratar a parados de más de 45 años?

    Hay bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si se trata de desempleados de larga duración. La empresa podrá ahorrarse 1.300 euros al año los tres primeros años de su contratación (se elevarán a 1.500 euros si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    1. ¿Hasta cuándo se podrá encadenar un contrato temporal?

    Se adelanta el fin de la suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el párrafo 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. A partir del 1 de Enero de 2013, volverá a ser de aplicación esta previsión.

    1. ¿Tienen los trabajadores derecho a formación?

    Todos los trabajadores con más de un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por la empresa. Se amplía hasta los 30 años el contrato de formación y aprendizaje, hasta que el paro baje del 15%.

    1. ¿Qué tipos de despido pueden aplicar ahora las empresas?

    Depende de si el despido se considera procedente o improcedente. Si es procedente (porque la empresa puede acogerse a causas económicas, organizativas, etc.) la indemnización será de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

    Si el despido es considerado improcedente o logra un pacto con su empresa, podrá cobrar 45 días por los años trabajados hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma y a partir de esa fecha acumulará 33 días por año trabajado. En estos caso, el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 24 meses (720 días de salario), salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior a la reforma resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe sea superior a 42 mensualidades.

    Si su contrato empieza mañana, y llega a ser despedido en el futuro de modo improcedente, cobrará 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses.

    1. ¿Será más fácil para las empresas despedir a sus trabajadores?

    La reforma amplía y clarifica las causas del despido colectivo. Así, se entiende que concurren causas económicas cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos». Las empresas no necesitará el visto bueno de la Autoridad Laboral.

    1. ¿Podrá el empresario reducir la jornada laboral de sus trabajadores en época de crisis?

    Sí. El requisito es que la empresa acumule nueve meses consecutivos de caída de ingresos o ventas. En este caso podrá modificar las condiciones laborales de sus trabajadores (salarios, jornada, sistema de rendimientos, cambio de categoría profesional, etc).

    1. ¿A qué está obligado un parado?

    Los desempleados que están apuntados en las listas de los servicios públicos de empleo y están cobrando una prestación por paro «podrán realizar servicios de interés general en beneficios de la comunidad» a través de convenios con las Administraciones públicas.

    1. ¿Se acaba con la prórroga indefinida de los convenios que finalizan?

    La denominada «ultraactividad» o prórroga automática e indefinida de los convenios que caducan ha sido limitada a dos años a contar desde el momento que se denuncia. Si no hay acuerdo, se deberá acudir a un arbitraje.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: NAVFAC (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Guía práctica sobre las vacaciones anuales de los trabajadores

    Guía práctica sobre las vacaciones anuales de los trabajadores

    Regulación de las vacaciones laborales. principales conflictos en su disfrute

    El objeto de este artículo es ofrecer al lector una explicación clara y detallada sobre la regulación legal de las vacaciones anuales de los trabajadores. De cómo deben de abordar el tema de las vacaciones las empresas con sus empleados.

    1. Introducción

    Las vacaciones son el período de descanso anual a que tienen derecho los trabajadores. La remuneración de las mismas ha de ser el salario habitual del trabajador.

    Su regulación, como podrá comprobarse a continuación, es más bien escueta, por lo que no es infrecuente que la cuestión de las vacaciones haya sido, y continúe siendo, una fuente de conflictos entre empresas y trabajadores, que ha obligado a los tribunales a concretar e interpretar la regulación legal, siendo muy interesantes los últimos pronunciamientos en esta materia.

    2. Normativa aplicable

    La duración mínima y efectivo disfrute de las vacaciones está protegido por la ley e incluso por la Constitución Española.

    A. En la Constitución española de 1978 actualmente vigente, concretamente en el artículo 40.2 dice lo siguiente:

    «40.2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.»

    B. Pero las vacaciones anuales principalmente se regulan en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que dice lo siguiente:

    «Art. 38. Vacaciones anuales.

    • El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.
    • El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones. En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y preferente.
    • El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

    Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan».

    C. Otra normativa primordial aplicable al tema en cuestión es el Convenio Colectivo aplicable a la empresa.

     Para ejercer correctamente el derecho a disfrutar de las vacaciones, es imprescindible estar seguro de que se está aplicando el convenio que corresponde obligatoriamente a cada empresa según su actividad y localización del centro de trabajo. Las empresas no pueden escoger el convenio que deseen.

    Por el principio de jerarquía, por encima del convenio colectivo, del contrato y de cualquier norma interna que tenga la empresa, se encuentra el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto serás nulas de pleno derecho cualesquier norma de aquellos, que empeoraran, limitaran o anularan de cualquier forma lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, anteriormente citado.

    3. Disfrute de las vacaciones

    Adentrándonos en el caso concreto en el que nos encontramos, el problema que se plantea es el siguiente:

    ¿Cómo deben abordar las empresas el tema de las vacaciones con sus empleados?

    Entrando en el análisis del régimen legal de las vacaciones, como hemos citado en un principio, las vacaciones son el período de descanso anual a que tienen derecho los trabajadores. La remuneración de las mismas ha de ser el salario habitual del trabajador.

    3.1. El derecho al disfrute de las vacaciones

    El derecho al disfrute efectivo de vacaciones está previsto con la finalidad de garantizar una mejor protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, procurándoles un tiempo de descanso más prolongado que el diario y el semanal, que les permita recuperarse de la fatiga producida por el ejercicio de la actividad laboral durante el año, y contribuya a protegerles contra los efectos nocivos del descanso insuficiente, de manera que puedan trabajar en mejores condiciones físicas y psicológicas y, por consiguiente, con menos riesgos.

    Conviene destacar el período anual de vacaciones no es sustituible por compensación económica. Se trata además de una prohibición que no puede ser eludida por acuerdo de las partes, ya sea de forma individual en el contrato de trabajo, o ya sea mediante convenio colectivo.

    Hay que tener en cuenta, que el derecho a disfrutar de unas vacaciones anuales por parte de los trabajadores es un derecho mínimo necesario, irrenunciable e indisponible, sin que sea lícito el pacto que lo suprima, reduzca o intenta sustituirlas por compensaciones económica, ya que de lo contrario se vulneraría lo establecido en el artículo 3.5 Estatuto de los Trabajadores que recoge que, «los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo», así como lo dispuesto en el articulo 38 Estatuto de los Trabajadores, y lo contenido en el propio artículo 12.2 del Convenio de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) número 132 que establece que «son nulos los pactos o acuerdos individuales o colectivos que supongan la sustitución de las vacaciones, por una cantidad de dinero».

    Pero existe una excepción, y es la extinción del contrato de trabajo antes del disfrute de las vacaciones. En este caso sí debe incluirse en el finiquito correspondiente una compensación económica equivalente al periodo de vacaciones no disfrutado por el trabajador. Es decir, deben abonarse al trabajador tantos días de salario como días de vacaciones no disfrutadas le correspondan. Esta cantidad está sujeta a cotización a la Seguridad Social y se incluye en la base de cotización para desempleo.

    3.2. La duración de las vacaciones anuales

    Por lo que se refiere a su duración, como bien establece el Estatuto de los Trabajadores, ésta puede ser pactada en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo, pero con la garantía de que nunca será inferior a los 30 días naturales que marca el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, los pactos respecto de las vacaciones podrán ampliar su duración, pero no reducirla con respecto al mínimo legal establecido.

    Existen convenios colectivos que amplían la duración de las vacaciones anuales, como pueden ser el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Mensajería (31 días naturales), Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia (31 días naturales), Convenio Colectivo del Sector de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia (32 días naturales), Convenio Colectivo de Peluquerías y Salones de Belleza de Bizkaia (31 días naturales).

    El derecho a unas vacaciones periódicas retribuidas como se ha mencionado anteriormente, está constitucionalmente reconocido a todos los trabajadores, concretamente en el artículo 40.2 de nuestra Constitución Española, además de ser un principio de derecho social comunitario que no admite ningún tipo de excepciones, es un derecho cuya única configuración y sentido, es la reposición de energías por parte del trabajador para la reanudación de la prestación laboral, que supone reducir, en palabras del propio Tribunal Constitucional, a la persona del trabajador a un nuevo factor de producción, negarlas, supondría una limitación de la libertad durante aquel período para desplegar la propia personalidad del momento que cada uno estime más conveniente.

    En ningún caso se podrán imponer a los trabajadores sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones:

    El artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores establece: «No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber».

    ¿Qué queremos decir con «naturales»?, Los días naturales serían todos los 365 con los que cuenta el año, independientemente de los días festivos o fines de semana.

    Expongamos varios ejemplos:

    1) Si un trabajador empieza sus vacaciones un viernes y las termina el martes de la siguiente semana, incorporándose el miércoles, en total harían 5 días de vacaciones. Como se trata de días naturales contamos el sábado y domingo, aunque la jornada del trabajador sea de lunes a viernes.

    2) Si un trabajador va a comenzar sus vacaciones un lunes y terminarlas el domingo, incorporándose por lo tanto el lunes, en total harían 7 días de vacaciones, aunque en dichos días nos encontremos con un día festivo.

    No obstante, existen Convenios Colectivos que optan por no establecer las vacaciones en días naturales, sino en días laborables (aquél que no es festivo ni está en el fin de semana); como por ejemplo, el Convenio Colectivo para el sector de Construcción Bizkaia (22 días laborables). Esta práctica, totalmente legal, sólo implica un modo diferente de contabilizar los días de vacaciones, de forma que 30 días naturales equivalen a 22 laborables (para el cómputo de días vacacionales resulta idéntico contar los fines de semana que no hacerlo).

    La duración de las vacaciones se fija legalmente con referencia al año, luego, si un trabajador no ha trabajado durante todo el año, sólo tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado. Esto resulta plenamente aplicable a los contratos de duración determinada en los que, y salvo que convenio colectivo establezca una regulación distinta, el periodo de vacaciones será proporcional al periodo de tiempo trabajado. Por ejemplo, si un trabajador ha iniciado su contrato de trabajo el 1 de Julio de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2011, serían 6 meses trabajados y por lo tanto le corresponderá 15 días naturales de vacaciones.

    Regulación distinta a lo fijado en el párrafo anterior, aparece en el Convenio Colectivo para el sector de Construcción Bizkaia que establece que «…para tener derecho al disfrute de las vacaciones se requerirá una antigüedad mínima en la empresa de seis meses…»

    Todo ello, no debe confundirse con la aplicación del régimen de vacaciones a contratos a tiempo parcial o en casos de reducción de jornada. Por ejemplo, si tienes un contrato por el que trabajas a media de jornada, no te corresponderían la mitad de las vacaciones, sino las mismas. Cuestión distinta será que la retribución de esos días sí se pague en proporción a la media jornada que se trabaja o a la reducción de jornada de la que se disfrute.

    3.3. Fijación de las fechas para el disfrute de las vacaciones

    Otra cuestión es la forma en que se fijan las fechas concretas de disfrute de las vacaciones:

    Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, los períodos de disfrute deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, y para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los convenios colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones.

    Destacamos los principales aspectos de varios convenios colectivos:

    1) El Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios establece «… como período de disfrute para 15 de los 30 días, el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año… La elección de los turnos de vacaciones se realizará mediante un sistema rotativo. Los trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria, tendrán preferencia para escoger las vacaciones en fechas coincidentes con el período vacacional escolar anual».

    2) El Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Mensajería determina que, «el disfrute de las vacaciones podrá dividirse en dos o más períodos, si existe acuerdo entre empresa y trabajador, procurando que coincidan preferentemente en período estival. Se dará preferencia a la mayor categoría y, dentro de ésta, a la mayor antigüedad para elegir los períodos de disfrute compatibles con las necesidades del servicio».

    3) El Convenio Colectivo del sector de Comercio de Alimentación de Bizkaia estipula que, «las vacaciones se disfrutarán en turnos rotativos… La determinación de las fechas, se hará de mutuo acuerdo entra la empresa y trabajadores, o representantes de los mismos, si los hubiera».

    4) El Convenio Colectivo de Industria Química Estatal determina que, de los 30 días naturales de vacaciones, «…como mínimo, quince días habrán de disfrutarse de forma ininterrumpida entre los meses de junio a septiembre, salvo el supuesto de aquellas empresas que hayan acordado con los representantes de los trabajadores un calendario que contemple distribución distinta de las vacaciones…».

    5) El Convenio Colectivo para el Sector Comercio General de Bizkaia indica que,…» las vacaciones se disfrutarán entre los meses de junio a septiembre…entre los trabajadores en turnos rotativos».

    6) El Convenio Colectivos para el Sector Comercio Textil de Bizkaia establece que,..» el período de disfrute de vacaciones será de junio a septiembre. En caso de necesidad de la empresa no puedan disfrutarse la totalidad de las vacaciones en dichos períodos, se disfrutarán en los mismos necesariamente 3 semanas, y el resto voluntad de la empresa, estando obligada en éste caso a conceder 5 días naturales más de vacaciones. El período de disfrute será rotativo».

    7) El Convenio Colectivo para el sector de Construcción de Bizkaia estipula que, «el período de disfrute de las vacaciones será el comprendido entre los meses de Mayo a Septiembre, ambos inclusive. Si por iniciativa de la empresa y con el con sentimiento de trabajador, el disfrute de las vacaciones se produjera fuera del plazo antes indicado, el trabajador tendrá derecho a una compensación igual al importe de 6 días de trabajo».

    8) El Convenio Colectivo para el sector de Hostelería de Bizkaia determina que, «la empresa, dentro del plazo de un mes a partir de la publicación del Calendario Oficial de Fiestas Abonables, aprobado por la Delegación Territorial del Trabajo, señalará con intervención del Comité o Delegados de Personal, el calendario de vacaciones del personal. El cuadro de distribución de vacaciones se expondrá en el tablón de anuncios con una antelación de dos meses como mínimo al comienzo de las mismas, para el conocimiento del personal. Este cuadro será confeccionado por el sistema de rotación teniendo como base el calendario de vacaciones del año anterior. Si la empresa cierra un mes de vacaciones, el empleado se verá obligado a disfrutar sus vacaciones en tal período de cierre, si están debidamente anunciadas con dos meses de antelación».

    9) El Convenio Colectivo para el sector de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia indica que, «las vacaciones se disfrutarán dentro del período de Julio a Septiembre, siendo rotativo su disfrute… Todos los trabajadores tendrán derecho a escoger vacaciones voluntariamente fuera de este período, siempre y cuando se preavise con un mes de antelación a la elaboración del calendario».

    10) El Convenio Colectivo para el sector de Locales y Campos Deportivos de Bizkaia menciona que, «aquellos/as trabajadores/as que por razones de mayor actividad en la empresa tengan que disfrutar la totalidad de sus vacaciones en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, tendrán derecho a 2 días más de vacaciones, y si disfrutan 15 días tendrán derecho a 1 día más de vacaciones».

    11) El Convenio Colectivo para el sector Industria de la Madera de Bizkaia nos dice que, «las vacaciones se disfrutarán en turnos rotativos, salvo acuerdo entre las partes, entre el 30 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, y preferentemente entre el 15 y 15 de ambos meses, suprimiéndose el criterio de la antigüedad para preferencia o época».

    12) El Convenio Colectivo para el sector de Oficinas y Despachos de Bizkaia indica que, «las vacaciones se iniciarán siempre en día laborable que no sea víspera de fiestas y terminarán en día inmediatamente anterior al de la incorporación al trabajo, salvo que la empresa tenga establecido un período fijo anual para las vacaciones de todos los trabajadores».

    13) El Convenio Colectivo para el sector de Peluquerías y Salones de Belleza de Bizkaia nos dices que, «las vacaciones no podrán comenzar en día festivo, ni en víspera de fiesta».

    14) El Convenio Colectivo para el grupo de empresas Asociación de Asentadores Mayoristas de Pescado de Mercabilbao estipula que, «Las vacaciones se disfrutarán entre los meses de mayo a octubre, ambos inclusive. Si las vacaciones se disfrutaran fuera de dicho período (mayo a octubre), los días a disfrutar serán 34, en vez de 30 días naturales. Las vacaciones se disfrutarán entre los trabajadores en turnos rotativos…»

    15) El Convenio Colectivo Provincial de la Industria siderometalúrgica de Bizkaia nos dice que, «El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador… Estas vacaciones se iniciarán el primer día laboral de la semana, disfrutándose preferentemente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. En aquellas empresas en que las vacaciones coincidan con el cierre de las mismas, disfrutarán en las mismas fechas en que tradicionalmente se viniere haciendo. Entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores se podrán fijar los periodos de vacaciones de todo el personal, ya sea en turnos organizados sucesivamente, ya sea con la suspensión total de actividades laborales, sin más excepción que las tareas de conservación, reparación y similares».

    Las vacaciones son una de las materias de la relación laboral donde más se ha desarrollado la acción sindical en la empresa. Son habituales los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores para la fijación del calendario de vacaciones. En la negociación colectiva se pueden recoger mejoras y ampliaciones de las condiciones de disfrute de las vacaciones. Así por ejemplo, se pueden ampliar los 30 días naturales; se pueden señalar como fechas preferentes de disfrute los meses de verano; se pueden limitar la facultad del empresario de excluir para las vacaciones las fechas de mayor actividad productiva estacional; se pueden «restaurar» las preferencias de los trabajadores con responsabilidades familiares; y se pueden precisar las cuantías de las retribuciones durante las vacaciones (en ningún cado inferior a la «normal» o «media» que percibía habitualmente el trabajador).

    Para las empresas que en sus convenios colectivos no indiquen nada al respecto sobre la la forma en que se fijan las fechas de las vacaciones, y por consiguiente, éstas se establezcan absolutamente de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, todo esto tipo de negociaciones, son perfectamente recomendables que se hagan entre empresario y los trabajadores, a principios de cada año.

    La forma de concretar el periodo de disfrute es, en orden a compaginar los derechos de todos los trabajadores y los intereses de la propia empresa, la elaboración de un calendario laboral anual de vacaciones, de modo que todos los trabajadores conozcan en qué fechas disfrutarán sus vacaciones. El calendario, dependiendo el tipo de convenio colectivo aplicable, se deberá confeccionar durante el primer trimestre o cuatrimestre del año. La fecha de disfrute debe conocerse, como mínimo, con dos meses de antelación al comienzo del disfrute.

    Aunque la normativa admite varias interpretaciones, la más justa sería considerar cada año natural por separado, de forma que en el ingreso en la empresa se disfruten vacaciones por el tiempo trabajado, y en los siguientes años, las vacaciones se disfruten completas, referidas a ese año. Aunque esto lo aplicaríamos a trabajadores con contratos indefinidos, dado que en contratos temporales, el trabajador disfrutará de sus vacaciones dentro del periodo de duración de su contrato de trabajo. Por ejemplo: si un trabajador inicia un contrato temporal en fecha de 03 de Noviembre de 2011 y finaliza el 02 de Mayo de 2012, éste trabajador podrá solicitar sus vacaciones dentro de este periodo.

    Finalmente, y si a pesar de lo establecido en el Estatuto o en el Convenio Colectivo específico de cada empresa, no se alcanzase un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, éstos podrán acudir al Juzgado de lo Social, a través de un proceso especial y urgente especifico para ello, para que resuelva y fije el periodo de disfrute. Contra la decisión del Juzgado en materia de vacaciones no cabe recurso alguno (arts.125 y 126 RD. Legislativo 2/1995 del TR de la Ley de Procedimiento Laboral).

    3.4. Coincidencia del periodo de vacaciones con el inicio de una incapacidad temporal

    Si bien, una vez iniciado el período de disfrute de vacaciones por un trabajador, las mismas no se interrumpen por el hecho de haberse iniciado un proceso de incapacidad temporal al tratarse de una situación cuyo riesgo debe ser asumido por el trabajador, y así lo han reiterado en diversas ocasiones nuestros tribunales (recientemente el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de junio de 2009); Se trata de una matización que hace el TS, y no tiene apoyo en ninguna norma concreta, pero considera que la IT que sobreviene durante las vacaciones es un riesgo que debe de soportar el trabajador. No deja de ser una conclusión discutible, sobre todo cuando la IT tiene lugar al poco de iniciarse el período vacaciones y supone que se frustre por completo la finalidad de las propias vacaciones al comprender todo o un período sustancial de descanso.

    Más complicado ha sido un acuerdo en relación a los efectos del inicio de un proceso de incapacidad temporal con anterioridad al inicio del período de vacaciones pactado.

    Así, para una parte de la doctrina, actualmente abandonada, el trabajador que por encontrarse en situación de incapacidad temporal no pudiese disfrutar de las vacaciones en las fechas colectivamente pactadas, sólo tenía derecho a que se le fijase un nuevo período para ello o a ser indemnizado cuando en la empresa existiese una condición más beneficiosa en este sentido (Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2006, 5 de junio de 2007, 25 de julio de 2007, 3 de octubre de 2007, 20 de diciembre de 2007 y 13 de febrero de 2008) o cuando así lo estableciese el Convenio Colectivo de aplicación.

    Sin embargo, realizando una nueva interpretación del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su sentencia de 20 de enero de 2.009 establece en su fundamentación jurídica que «De lo que antecede resulta que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de devengo de las vacaciones anuales y/o el período de prórroga fijado por el propio Derecho nacional, incluso cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante todo el período de devengo y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas.»

    En este sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2.009, que amparándose en la STJCE reconoce el derecho del trabajador a disfrutar del periodo de vacaciones frustrado por la situación de IT iniciada con anterioridad al inicio del mismo y así se recoge en unificación de doctrina cuando se dice «… la situación de incapacidad temporal, que surge con anterioridad al período vacacional establecido y que impide disfrutar de este último en la fecha señalada, tampoco puede ni debe erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute de dicha vacación anual que todo trabajador ostenta por la prestación de servicios en la empresa. Y es conveniente señalar, al respecto, que tiene que ser distinto el tratamiento que merece la incapacidad temporal que surge durante el disfrute de la vacación, pues es un riesgo que, en tal situación, ha de asumir el propio trabajador, con aquella otra que se produce con anterioridad al período vacacional y que impide el disfrute de éste en la fecha preestablecida en el calendario previsto, a tal efecto, en la empresa. En este último caso necesariamente, ha de hacerse compatible el derecho a la baja por incapacidad temporal, sea esta por enfermedad común o por maternidad, con el correspondiente al disfrute de la vacación anual».

    Todo esto tiene lugar, aunque durante la baja se hubiese agotado el año natural en el que se han generado las vacaciones, y se tengan que disfrutar en el año siguiente. El derecho a vacaciones no se pierde aunque el trabajador se encuentre de baja por enfermedad durante todo el año en que se han generado las vacaciones, o incluso, durante el periodo adicional que pueda contemplar el convenio para su disfrute. Por el contrario, si tras la baja aun queda año natural para fijar las vacaciones, pero el trabajador no las solicita, las perdería de forma definitiva.

    Hasta estas sentencias, la excepción sólo estaba prevista si la IT era derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad. Pero finalmente, y debido a los pronunciamientos europeos y a la unificación de doctrina del Tribunal Supremo podemos decir que sí cabe, por tanto, a contrario de lo que hasta ahora venía ocurriendo, la posibilidad de disfrutar las vacaciones en una fecha distinta a la inicialmente fijada por encontrarse el trabajador en una situación de IT distinta a las enumeradas por el Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando el trabajador se encuentre en IT al inicio de sus vacaciones.

    No obstante, existen convenios colectivos que tal vez por su antigüedad, aún no reflejan la nueva interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y del Tribunal Supremo, comentada anteriormente.

    Presentamos los más destacados:

    1) El Convenio Colectivo de Industria Química Estatal (BOE 29-08-2007) manifiesta que, «Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 50 del presente convenio, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan». Como vemos, existe una limitación de los derechos de los trabajadores, dado que solo enumera las situaciones de IT mencionadas en el Estatuto de los Trabajadores.

    2) El Convenio Colectivo del sector de Comercio de Alimentación de Bizkaia (BOB 02.02.2009), y el Convenio Colectivo para el Sector Comercio General de Bizkaia (BOB 22-01-2008) estipulan que, «señaladas las fechas del disfrute de las vacaciones, si el trabajador antes de su inicio fuere dado de baja médica afectado por una incapacidad laboral transitoria determinante de su hospitalización, y la misma se extendiera al período vacacional previsto, la empresa dentro del mismo año natural le fijará un nuevo período, salvo que esta o el centro de trabajo permanezca cerrada con ocasión de las vacaciones. Si dentro del año natural el trabajador no pudiera disfrutarlas por continuar en IT, el derecho a su disfrute se entenderá caducado a todos los efectos». Como ya hemos comentado anteriormente, la empresa deberá reconocer un período de vacaciones tras la reincorporación del trabajador, aunque sea en el año siguiente al que se hayan generado y no se han podido disfrutar. Además, no tiene por que existir hospitalización del trabajador. En cambio, existe una parte en estos dos Convenios que amplía los derechos de los trabajadores: «Si una vez comenzadas las vacaciones y dentro de ese espacio de tiempo el trabajador permaneciese más de 2 días en situación de hospitalización, sin excepción alguna, prescrita por facultativo especialista de la Seguridad Social y motivada a su vez por IT derivada de enfermedad o accidente no laboral notificada a la empresa, mediante la entrega de los partes de baja y de confirmación en los plazos reglamentarios, el disfrute de las vacaciones quedará suspendido y la empleadora le señalará un nuevo período vacacional de tantos días como los que le quedasen pendientes de disfrutar, siempre que el trabajador en todo caso sea dado de alta médica dentro del año natural y pueda dentro del mismo disfrutarlas».

    3) El Convenio Colectivo para el sector Textil de Bizkaia (BOB 07.01.2008), el Convenio Colectivo para el sector de Construcción de Bizkaia (BOB 17-11-2009), el Convenio Colectivo para el sector de Limpieza de Edificios y Locales de Bizkaia (BOB 09-01-2008), Convenio Colectivo para el sector Oficinas y Despachos de Bizkaia (BOB 06-06-2011), determinan que, el trabajador que fuese dado de baja por IT, con anterioridad al comienzo del disfrute de sus vacaciones, mantendrá el derecho a disfrutar de éstas hasta el transcurso del año natural. Como ya se ha dicho anteriormente, aunque durante la baja se hubiera agotado el año natural en el que se han generado las vacaciones, el trabajador tendrá derecho a disfrutarlas en el año siguiente. A mayor abundamiento, en estos convenios también se amplían los derechos de los trabajadores: Si durante el período de disfrute de las vacaciones, el personal entrase en situación de IT, que requiriese prescripción facultativa, la hospitalización o internamiento domiciliario (C.C Textil Bizkaia), solo hospitalización (C.C Construcción Bizkaia, 7 días según el C.C. Limpieza Edificios y Locales de Bizkaia), quedarán interrumpidas para su posterior disfrute dentro del año natural.

    4) El Convenio Colectivo de la Industria siderometalúrgica de Bizkaia expresa que, «tendrán derecho al disfrute y abono de las vacaciones pactadas de mutuo acuerdo y dentro del año natural, los trabajadores que no hayan podido iniciar su disfrute en la fecha fijada por estar en IT, siempre que reúnan alguno de los requisitos siguientes: accidente de trabajo, IT con hospitalización, IT superior a 30 días». De nuevo podemos ver, una limitación de los derechos de los trabajadores, dado que condiciona este derecho al cumplimiento de unas determinadas situaciones. Aunque este Convenio Colectivo también amplía los derechos de los trabajadores: «En caso de que la situación de I.T., se produzca una vez iniciado el período vacacional, para que el trabajador tenga derecho al disfrute y abono de los días de vacaciones que ha permanecido en I.T., necesariamente ha de producirse una hospitalización mínima de 5 días.

    4. Conclusiones

    Como hemos podido observar en este artículo, las normas principales aplicables a este caso en concreto son el Estatuto de los trabajadores (art.38), y el Convenio Colectivo aplicable a cada empresa.

    a) ¿Cuántos días de vacaciones tiene un trabajador? Las vacaciones anuales retribuidas serán, como mínimo, de 30 días naturales al año (independientemente de los días festivos y fines de semana), correspondiendo los mismos días de vacaciones tanto para jornada completa como para jornada parcial, y/o tengas reducción de jornada, y/o reducción de jornada por ERE.

    b) ¿Puede la empresa obligar a los trabajadores a cobrar las vacaciones en vez de disfrutarlas? No, porque la normativa establece que no son compensables económicamente. Aunque el trabajador firmase un documento por el cual aceptase el pago de las vacaciones, sería nulo dado que, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y en este caso en su artículo 38 hace una prohibición expresa del pago. Pero existe una excepción, y es la extinción del contrato de trabajo antes del disfrute de las vacaciones. En este caso sí debe incluirse en el finiquito correspondiente una compensación económica equivalente al periodo de vacaciones no disfrutado por el trabajador. Es decir, deben abonarse al trabajador tantos días de salario como días de vacaciones no disfrutadas le correspondan. Esta cantidad está sujeta a cotización a la Seguridad Social y se incluye en la base de cotización para desempleo.

    c) ¿Puede la empresa imponer a los trabajadores la fecha de las vacaciones? No. Las fechas de las vacaciones hay que asignarlas de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, y para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los Convenios Colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones. La fecha de disfrute debe conocerse, como mínimo, con dos meses de antelación al comienzo del disfrute. Este plazo de preaviso se utiliza cuando es la empresa la que establece la fecha de vacaciones de los trabajadores, siendo siempre la elección de forma no arbitraria.

    d) ¿Un trabajador pierde las vacaciones que coincidan con una baja por IT? No, si esa incapacidad se hubiese iniciado previamente al comienzo de sus vacaciones. Como viene estableciendo recientemente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS, Sala de lo Social, de 24 de Junio de 2009, rec. 1542/2008), unificando su doctrina en aplicación de los criterios establecidos previamente por una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de enero de 2009, dictada en los asuntos acumulados C-350/06 y C-520/06, y en la que el Tribunal de Luxemburgo concluía que un trabajador no pierde el derecho a vacaciones anuales retribuidas que no haya podido ejercitar por causa de enfermedad. Por todo ello, podemos concluir que la vertiente actual de la jurisprudencia se centra en el derecho de los trabajadores a la fijación de una nueva fecha de disfrute de su período vacacional si éste no ha podido ser disfrutado en su momento por haberse iniciado un proceso de incapacidad temporal con anterioridad; a poder ser fijado igualmente más allá del año natural correspondiente; así como a una compensación económica en caso de extinción de la relación laboral.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: David Botella (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)