Etiqueta: Reforma Laboral

  • Últimas tendencias en materia de “extinción del contrato de trabajo”

    Últimas tendencias en materia de “extinción del contrato de trabajo”

    Dentro de su compromiso con la formación integrada de los profesionales que lo componen, Grupo Eurotax organizó el pasado día 29 de Octubre una Jornada de Formación Interna centrada en los aspectos más actuales que afectan a “la extinción del contrato de trabajo”.

    El evento se celebró en su sede de Bilbao y contó con profesionales vinculados a la actividad mercantil, laboral, fiscal y administrativa.

    En la Jornada que fue impartida por el letrado Aitor Rodríguez, especialista en derecho laboral de Grupo Eurotax, se analizaron aspectos referidos a la actualidad de la normativa en materia de “extinción del contrato de trabajo”: tipos de extinción, forma y efectos de los mismos, indemnizaciones y tipo legales, incidencias fiscales, últimas tendencias jurisprudenciales, etc.

    TIPOLOGÍA, FORMA E INDEMNIZACIÓN

    En términos generales se analizó el régimen legal en materia de despido, dimisiones, extinciones concursales, las distintas resoluciones voluntarias del contrato de trabajo, los documentos legales más habituales con la finalidad de recoger una unidad de criterios y de información coordinada para la actuación en cada caso concreto.

    En cuanto a la tipología de la materia, se hizo referencia a todos los tipos de extinción, realizando matizaciones específicas en función de la naturaleza de cada acción, deteniéndose en las extinciones más habituales y en los criterios judiciales aplicados para la resolución de los distintos conflictos.

    Refiriéndonos al  análisis de la forma, requisitos y criterios que establece el Estatuto de los trabajadores, la exposición se detuvo especialmente en las distintas consecuencias que la ausencia de dichos requisitos puede acarrear, las distintas formas de subsanación existentes y el impacto económico que dichas circunstancias tienen para las empresas y trabajadores.

    En el apartado de indemnizaciones y topes legales se remarcaron los topes legales que deben aplicarse actualmente a las distintas extinciones, con una puntual reflexión sobre la metodología a aplicar a la hora de calcular las bases reguladoras de las indemnizaciones y las consecuencias de un cálculo impreciso o erróneo y los topes cubiertos por el Fogasa en las distintas modalidades.  Además se compartió y debatió acerca de las acciones legales más habituales en esta materia.

    FORMACIÓN E IDONEIDAD CONTINUA

    En opinión de los profesionales y de la dirección, la idoneidad de la formación adaptada a las circunstancias siempre cambiantes del mercado laboral y de la normativa vigente, y el análisis de cada caso en concreto apoyado en un conocimiento pleno, es lo que da sentido a la prestación de un servicio jurídico profesional coordinado, efectivo y orientado a las necesidades del cliente.

    Finalizada la formación, los asistentes recibieron documentación específica sobre la materia, incorporando testimonios de las últimas resoluciones y tendencias jurisprudenciales.

  • Impulso al autoempleo y al trabajo autónomo

    Impulso al autoempleo y al trabajo autónomo

    En materia de autoempleo y  fomento y promoción del trabajo autónomo se modifica la normativa y se producen novedades  aprobadas en la Ley 31/2015 de 9 de Septiembre.

    Estas medidas estarán vigentes a partir del 10 de Octubre de 2015.

    1.- Se introduce la posibilidad de que los trabajadores autónomos económicamente dependientes, contraten trabajadores por cuenta ajena en determinados supuestos:

     En principio, estos trabajadores no pueden tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, la nueva Ley introduce la posibilidad de que estos trabajadores contraten a un solo trabajador cuando haya una interrupción de su actividad profesional derivada de las siguientes causas:

    • Riesgo durante el embarazo y lactancia natural de un menor de 9 meses.
    • Periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, preadoptivo o permanente.
    • Cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.
    • Tener a su cargo un familiar, hasta segundo grado, con una discapacidad igual o superior al 33 %.

    La jornada de trabajo en los tres primeros casos será equivalente a la reducción de la actividad del trabajador autónomo, con un máximo del 75 % y su duración estará vinculada al mantenimiento de la situación de cuidado de menor o a la persona en situación de dependencia, con una duración máxima en todo caso, de 12 meses.

    2.- Incentivos al trabajo autónomo:

    • Reducciones y bonificaciones de la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia:

    Los trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, empleen trabajadores o no, disfrutarán de los siguientes beneficios:

    • Si optan por cotizar por la base mínima: la cuota será de 50 euros mensuales durante los 6 meses inmediatamente siguientes al alta.
    • Si optan por cotizar por una base superior: la base se reducirá un 80 % de la cuota mínima.
    • Y, en todo caso, durante los 6 meses siguientes podrá reducirse el 50 % de la cuota mínima, durante los 3 siguientes a esos el 30 % de la cuota mínima y durante 3 meses más, igualmente el 30 %.

    Es decir, estas bonificaciones pueden alcanzar una duración máxima de 18 meses.

    Además, si estos trabajadores son menores de 30 años (de 35 si son mujeres), podrán aplicarse una bonificación adicional del 30 % de la cuota mínima, en los 12 siguientes meses, llegándose así a una duración máxima de 30 meses.

    • Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.

    Los titulares de la prestación por desempleo que causen alta como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la prestación con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo pendiente de percibir (hasta ahora, esta posibilidad se limitaba a los menores de 30 años).

    • Capitalización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia o destinarla al control efectivo de una entidad en la que trabaja por cuenta propia.

    El importe puede alcanzar el 100 % de la prestación si el trabajador pretende constituirse como trabajador autónomo, o aportarlo para poseer el control efectivo de una entidad mercantil nueva o constituida dentro de los 12 meses anteriores y ejercer en ella una actividad profesional por cuenta propia.  El importe puede destinarse a gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad y el pago de tasas y tributos y hasta el 15 % de la misma a servicios específicos de asesoramiento, formación e información.

    Cuando el pago único no alcanza el 100 %, se podrá solicitar la subvención de la cotización del trabajador autónomo.

    • Capitalización de la prestación por cese de actividad el inicio de una actividad por cuenta propia o destinarla al control efectivo de una entidad en la que trabaja por cuenta propia.

    Quienes tengan derecho a la prestación por cese de actividad y tengan pendiente de recibir al menos 6 meses, podrán percibir su importe de una sola vez cuando acrediten que vana realizar una actividad como trabajadores autónomos, o aportando al capital social de una entidad mercantil nueva o constituida dentro de los 12 meses anteriores para poseer su control efectivo y ejercer en ella una actividad profesional por cuenta propia.

    • Bonificaciones de Seguridad Social por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos.

    El cónyuge y familiares de trabajadores autónomos, que se incorporen al Régimen de Autónomos, en el que no hayan estado de alta en los 5 años inmediatamente anteriores y colaboren con ellos, tendrán derecho a las siguientes bonificaciones:

    • 50 % de la cuota mínima, durante los 18 meses siguientes a la fecha del alta.
    • 25% de dicha cuota mínima, durante los 6 meses siguientes.

    Una vez se regule en el sistema de la Seguridad Social el alcance del encuadramiento de la pareja de hecho del trabajador autónomo, estás bonificaciones también les serán de aplicación.

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Pixabay (CCo Public Domain)

  • Ciertos salarios de tramitación se pueden reclamar al Estado.

    Ciertos salarios de tramitación se pueden reclamar al Estado.

    Los salarios de tramitación son las cantidades que tiene derecho a percibir un trabajador cuando su despido es declarado improcedente y el empresario opta finalmente por la readmisión. La cuantía total equivale a la suma de los salarios que se han dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declare la improcedencia o hasta que el trabajador haya encontrado otro empleo, si esta colocación es anterior a la sentencia.

     Estos salarios de tramitación causan especial temor en los empresarios, ya que el tiempo medio que se demora un procedimiento judicial de despido oscila entre 3 y 6 meses, dependiendo de la carga de trabajo del Juzgado dónde se turne el procedimiento, aumentando estos tiempos en plazas grandes cómo Madrid, Barcelona, Santander…

    Cuando se puede reclamar

    Cuando la sentencia que declara la improcedencia del despido se dicta pasados más de 90 días hábiles desde la presentación de la demanda, el empresario obligado a pagar los salarios de tramitación puede reclamar al Estado el abono de la cantidad correspondiente al tiempo que exceda ese periodo. En caso de insolvencia provisional del empresario el propio trabajador despedido podrá efectuar la reclamación.

    Desde la publicación del Real Decreto 418/2014 de 6 de Junio, se han simplificado los trámites administrativos exigidos para agilizar la gestión de estos expedientes y reducir demoras en el abono de estas cantidades, ya que el procedimiento administrativo  anterior era muy complejo e ineficaz, interviniendo en el diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas. Desde la publicación del Real Decreto 418/2014, la instrucción del expediente hasta la propuesta de resolución se lleva a cabo en las áreas de empleo de las Delegaciones del Gobierno, para lo que, la Disposición final segunda del RDL atribuye unas competencias específicas para ejercer dicha función.

    En cuanto al procedimiento para efectuar la reclamación, el empresario o el trabajador podrán reclamar las cantidades que excedan los 90 días hábiles de salarios de tramitación en el plazo de 1 año desde la firmeza de la sentencia, la solicitud puede presentarse en los registros administrativos ordinarios, o mediante el registro electrónico habilitado al efecto telemáticamente.

    Documentación a acompañar

    En la solicitud administrativa deberá indicarse el período considerado de salarios de tramitación a cargo del Estado, acompañándose en todo caso la siguiente documentación:

    a) Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.

    b) Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles en los supuestos a que se refiere el artículo 119 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, especificando el motivo de la suspensión, en su caso, o la no existencia de ésta. En todo caso, deberán figurar las fechas de: despido, presentación de la demanda, sentencia y notificación y firmeza de la misma.

    c) Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido por la empresa reclamante, con desglose mensual de cuota patronal y cuota obrera, referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia por la que se declara el despido improcedente.

    d) Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período. Si, en estos casos, el empresario no pudiera obtener el informe de vida laboral del trabajador, habrá de ser la correspondiente Área o Dependencia de Trabajo e Inmigración quien lo solicite de oficio.

    Tramitación

    La propuesta de resolución de cada expediente se remitirá a los servicios centrales del Ministerio de Justicia, que será el competente para la resolución efectiva y para la aprobación del correspondiente gasto que haga efectivo el pago de los salarios de tramitación reclamados. Es destacable el plazo establecido por esta norma para la instrucción y terminación del procedimiento, disponiéndose que La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los 15 días siguientes al de la fecha de entrada de la reclamación en el registro del órgano competente para su tramitación, y estableciéndose un plazo para que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adopte y notifique la resolución que en derecho proceda en el plazo de un 1 desde la recepción de la propuesta

    En el caso de que el solicitante no reciba notificación en el plazo indicado, la solicitud administrativa podrá entenderse desestimada, pudiendo el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso el percibo de las cantidades interesadas, para lo que el solicitante cuenta con 1 año de plazo desde el día en que se debía recibir la resolución administrativa, tras el que prescribiría su acción judicial.

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    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Pixabay (CCO Public Domain)

  • Incidencia de la ultraactividad en el Convenio de Oficinas y Despachos

    Incidencia de la ultraactividad en el Convenio de Oficinas y Despachos

    1. Introducción

    Desde que se publicara la Ley 3/2012, de 7 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el panorama jurídico que regulaba el régimen de la ultraactividad de los convenios colectivos se ha visto afectado de manera notable, causando variedad de dudas e incertidumbres tanto a empresarios y trabajadores como a los distintos operadores jurídicos.

    En Vizcaya, el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos (2009-2012) afecta aproximadamente a 22.000 empleados de diversas actividades, habiendo provocado su pérdida de vigencia gran cantidad de protestas y movilizaciones, sumiendo en una situación de incertidumbre tanto a trabajadores como empresarios, no habiéndose alcanzado a día de hoy una solución satisfactoria para las partes implicadas.

    2. Incidencia de la ultraactividad en la Reforma Laboral del Convenio de oficinas y despachos (2009 – 2012)

    2.1.– El texto del Convenio Colectivo disponía en su artículo 3º(vigencia, prórroga y denuncia), una duración de 4 años, venciendo dicho plazo el pasado 31 de Diciembre de 2012. Una vez fué alcanzada dicha fecha, se prorrogó temporalmente la vigencia del mismo ya que las partes se comprometían a iniciar las deliberaciones del siguiente Convenio en un plazo de 15 días a contar desde la entrega del anteproyecto, bien por la representación de los trabajadores, bien por la representación empresarial, existiendo en virtud de dicho precepto una voluntad de permanencia en el tiempo.

    2.2.– La Ley 3/2012, de 7 de julio, de Medidas Urgentes Para la Reforma del Mercado Laboral (Ley 3/2012 en adelante), estableció mediante, su artículo 86.3º, que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se acuerde uno nuevo o se dicte un laudo arbitral, perderá su vigencia salvo pacto en contrario, y se aplicará, si lo hubiere, el Convenio Colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación, y en defecto del mismo, el Estatuto de los Trabajadores.

    2.3.– Habiéndose alcanzado el pasado 15 de Diciembre de 2013 el plazo establecido por la ley 3/2012, que determinaba teóricamente el fin de la ultraactividad del Convenio Colectivo; patronal y sindicatos han mantenido varias sesiones de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo respecto de las cláusulas aplicables para los próximos años, no obstante, a día de hoy no han alcanzado ningún tipo de acuerdo, habiendo rechazado ciertos sindicatos el texto planteado por la patronal (CEBEK), por lo que no se ha llegado a la firma de ningún acuerdo.

    2.4.– La situación actual supone un clima de confusión e incertidumbre para empresarios y trabajadores, suponiendo una serie de incógnitas que hasta el momento no pueden ser resueltas sin asumir el riesgo de acabar inmersos en un procedimiento judicial. En este sentido, muchas empresas han tratado de proteger sus intereses entregando a sus trabajadores una serie de cartas en las que se informa de la pérdida de vigencia de su convenio y la posibilidad de que se produzcan una serie de cambios en cuanto a la normativa aplicable a las relaciones laborales, pretendiendo con ello evitar que los trabajadores consoliden las condiciones que se estaban aplicando como condición más beneficiosa.

    Dichas notificaciones han derivado en la interposición gran cantidad de denuncias tanto a nivel social como jurisdiccional, creando un panorama de hostilidad entre empresarios y trabajadores y quebrando la paz social que, en mayor o menor medida, se mantenía en los centros de trabajo; viéndose los trabajadores, en algunos casos, obligados a iniciar las acciones correspondientes para impugnar las modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo, que en ocasiones han entendido que suponían dichas cartas informativas.

    3. Interpretación de los tribunales

    En relación a la interpretación que están aplicando los juzgados y tribunales sobre las consecuencias de la falta de acuerdo para la firma de los convenios colectivos que en virtud de las disposiciones de la reforma laboral han perdido su vigencia, se pueden distinguir dos interpretaciones distintas:

    1. Existe sector doctrinal que defiende que el objetivo de la Ley 3/2012 y de la reforma laboral en general, pretende establecer un mecanismo que ponga fin a la situación de petrificación que ha supuesto la ultraactividad de los convenios colectivos, tratando con ello de promover las negociaciones entre las partes, ello en consonancia con el principio de flexibilidad imperante en la reforma laboral pretendida, suponiendo la falta de acuerdo en dichas negociaciones, la caducidad del propio convenio a falta de un acuerdo expreso. Dicho sector, interpreta que la ley tiene un carácter imperativo que no permite que las partes acuerden el mantenimiento de vigencia del convenio colectivo una vez ha transcurrido el plazo de un año desde su denuncia.

    2. Por otra parte, otras voces se pronuncian en el sentido de que sí existe un margen de disposición para las partes firmantes del Convenio Colectivo, de forma que si han acordado en el articulado del mismo, una voluntad de otorgarle permanencia en el tiempo, dicha voluntad será válida y se podrá prorrogar la vigencia del mismo.

    Está segunda corriente doctrinal es la que se está imponiendo a pesar de lo dispuesto en la ley 3/2012. Esta tesis la han asumido tanto la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su Sentencia 149/2013, de 23 de Julio, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia 2059/2013, de fecha 26/11/2013, que reconoce la vigencia del convenio de la enseñanza concertada vasca, que se encontraba en una situación similar a la de Oficinas y Despachos de Bizkaia al incluir en su articulado una voluntad de mantener su vigencia hasta la aprobación de un nuevo convenio.

    A pesar de lo expuesto, no existe todavía un criterio Judicial definitivo en cuanto a cómo proceder en relación a la aplicación o no de los convenios que han perdido vigencia teórica, no obstante, es cuestión de tiempo que los tribunales se resuelvan los recursos interpuestos, estableciendo un criterio definitivo a seguir.

    4. Últimas noticias respecto al convenio de de Oficinas y Despachos de Bizkaia

    En relación al convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, una reciente publicación de prensa de «El Correo», de fecha 16/01/2014, dice que CC.OO de Euskadi ha presentado un conflicto colectivo en el PRECO, como paso previo para acudir a los Juzgados de lo Social, con el objetivo de exigir a la patronal que reconozca la vigencia del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, no obstante, y hasta que se dicte una sentencia al respecto, cabe recomendar cautela a la hora de tomar una decisión respecto al convenio a aplicar en las distintas empresas, ya que existe gran cantidad de riesgos tanto económicos como sociales en el caso de que las empresas decidan unilateralmente aplicar el convenio de ámbito estatal, o a falta del mismo, el Estatuto de los Trabajadores.

    Cabe hacer mención, como posible solución al problema de la ultraactividad de los Convenios Colectivos, a la posibilidad que asiste a empresarios y trabajadores de pactar un convenio de empresa, siendo esta una de las soluciones apuntadas muchos Jueces y Magistrados a los que hemos tenido la posibilidad de escuchar en sus diversas charlas y ponencias, no habiendo sido tan comentada dicha posibilidad en los medios de comunicación, ofreciendo esta vía alternativa una oportunidad para las empresas de plantear una solución que englobe las necesidades y expectativas de empresa y trabajadores de forma consensuada.

    5. Conclusión

    En la humilde opinión del letrado que suscribe, la reforma laboral ha abordado el problema de la ultraactividad de los Convenios Colectivos desde un plano exclusivamente teórico, alejándose de la realidad social existente en cada sector, pretendiendo que en el plazo de un año desde la denuncia de los distintos convenios colectivos se alcancen los acuerdos necesarios para suscribir, con el consenso necesario, nuevos textos que regulen las relaciones laborales de los distintos sectores y actividades.

    En este sentido, y lejos de conseguir el fin pretendido, el resultado obtenido ha sido acentuar las diferencias existentes entre patronales y sindicatos, quebrándose la paz social y viéndose abocadas ambas partes a un oscuro abismo en una pugna de intereses en la que ninguna de las partes enfrentadas tienen la certeza de que lo que están haciendo es lo correcto, derivando dicha situación en una judicialización del conflicto o en la búsqueda de soluciones alternativas como la aplicación de un pacto de empresa.

    Aitor_Rodriguez

     

     


    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Mikhail Shapaev (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • El descuelgue del convenio colectivo, una medida a la orden del día

    El descuelgue del convenio colectivo, una medida a la orden del día

    1. Introducción

    La Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, apostando por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo, recoge una medida cuyo objetivo es incentivar la flexibilidad interna en la empresa. Se trata de una alternativa a la destrucción del empleo. Con todo esto, lo que se pretende es ofrecer al empresario, una serie de herramientas que le permitan afrontar los cambios del mercado y las situaciones de dificultad económica y productiva mediante la modificación y la adaptación de las condiciones de trabajo.

    1. La negociación colectiva

    Dentro del conjunto de medidas que recoge la reforma laboral, se haya una, cuyo objetivo se trata de favorecer la flexibilidad interna en las empresas.

    Se pretende fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas por las que atraviesa la empresa.

    Se reforma la materia de la negociación colectiva (concretamente el articulo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), previendo la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, dando prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula la ultractividad de los convenios colectivos.

    Se recoge la posibilidad de inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo. De esta manera, cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede prescindir de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo al que está adscrita y aplicar temporalmente otras distintas que le resulten más favorables en función de la coyuntura económica o productiva. Para ello tiene que acreditar que existe una causa económica, productiva, organizativa o técnica que hace necesario el descuelgue.

    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos. Por otro lado, los cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción se reputan causas técnicas.  Se aceptan como causas organizativas los cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y como causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

    De todos modos, dada la extensión que tienen estos términos, lo conveniente sería esperar a la interpretación que realice la jurisdicción social a la hora de enjuiciar los asuntos concretos que se vayan planteando.

    La inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, por parte de la empresa, solo pueden afectar a las siguientes materias:

    • Jornada de trabajo.
    • Horario y distribución del tiempo de trabajo.
    • Régimen de trabajo a turnos.
    • Sistema de remuneración y cuantía salarial.
    • Sistema de trabajo y rendimiento.
    • Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del Estatuto de los trabajadores.
    • Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

    Respecto al procedimiento (41.4 del Estatuto de los Trabajadores) para llevar a cabo la negociación colectiva, es necesario el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario, para que puedan consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades. La negociación deberá ir precedida de un periodo de consultas de duración no superior a 15 dias, para que las partes puedan negociar, con buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Para llegar a un acuerdo se requerirá la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de los representantes sindicales.

    En los casos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su presentación a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente, o una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión.

    Cuando el periodo de consultas termine con acuerdo, se presumirá que concurren las causas anteriormente descritas, y sólo podrá ser impugnado anta la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

    Si el periodo de consultas termina en desacuerdo, la ley ofrece una doble vía para superarlo, así posibilita que cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de 7 días para pronunciarse, y si ésta no alcanzara un acuerdo, las partes pueden recurrir a los procedimientos que a tal efecto deben establecerse en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico para solventar de manera efectiva dichas discrepancias.

    Si el período de consultas finalizara sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos anteriormente mencionados o no hubieran solucionado la discrepancia, el legislador, desconfiando de los mecanismos autónomos de solución de conflictos colectivos, alude al arbitraje externo, pues cualquiera de las partes puede someter el asunto a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, u órganos similares de las comunidades autónomas.

    Otro aspecto importante en la reforma lo constituye la consolidación de la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial o territorial:

    La reforma profundiza en este punto impidiendo que existan resquicios para limitar esa prioridad. Así, a partir de ahora, la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias (84.2 Estatuto de los Trabajadores):

    1. a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.
    2. b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.
    3. c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.
    4. d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.
    5. e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.
    6. f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
    7. g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos al determinar las cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando en su caso las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

    Asimismo, para evitar que se perpetúen situaciones de bloqueo en la negociación colectiva, la norma prevé que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

    3.- Conclusión

    Con la llegada de la reforma laboral, se han cambiado las reglas de concurrencia y por ende se altera la estructura de la negociación colectiva, al suprimir en gran medida la dispositividad de los sujetos negociadores y las posibilidades de articulación por parte de los acuerdos interprofesionales.

    El cambio más importante realizado resulta la prohibición de alterar esa prioridad absoluta del convenio de empresa respecto a las materias anteriormente mencionadas por acuerdos interprofesionales o por convenios sectoriales, posibilidad que estuvo presente en el precepto derogado. Esta vía fue utilizada, por ejemplo, en el convenio general de la construcción, para ordenar la negociación colectiva, estructura pactada que carece ahora de aplicación práctica alguna al contradecir el tenor de la ley.

    En épocas de crisis las cláusulas de descuelgue, especialmente, de descuelgue salarial, adquieren una relevancia fundamental, al tratarse de uno de los mecanismos que pueden resultar de gran ayuda para que las empresas superen la situación negativa en la que se hallan inmersas, al tiempo que coadyuva al mantenimiento del nivel de empleo. Así se aspira a favorecer la adaptabilidad de las empresas en contextos económicos cambiantes, persiguiendo un equilibrio entre la flexibilidad interna demandada por las empresas y la seguridad requerida por los trabajadores, e intentando convertir este instrumento en una alternativa real frente a medidas de flexibilidad externa, que inciden negativamente sobre el volumen de empleo.

     Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

    Patricia-Cavada-Blog
    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Principales claves para entender la reforma laboral

    Principales claves para entender la reforma laboral

    1.- ¿Tienen los trabajadores derecho a formación?

    Se apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales.

    Para ello la reforma incluye el derecho a 20 horas de formación anuales pagados por la empresa para los trabajadores con más de un año de antigüedad. El contenido de la actividad formativa tiene que estar relacionado al puesto de trabajo. Se creará una cuenta de formación que recogerá la recibida por el trabajador a lo largo de su vida laboral.

    Habrá un contrato para la formación y aprendizaje, en el que se amplía la edad máxima de 30 años para acceder a este tipo de contratación hasta que la tasa de desempleo baje del 15%, entonces bajará hasta los 25 años. Existen reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social para este tipo de contratos.

    Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para actuar como agencias privadas de colocación (colaboración público-privada), ya que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Las empresas de trabajo temporal colaborarán con los servicios públicos de empleo en la colocación de trabajadores.

    2.- ¿Qué ayudas hay para jóvenes desempleados?

    Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores: Creación de un contrato indefinido para emprendedores, empresas de menos de 50 trabajadores, que incluye una deducción en la cuenta fiscal de la empresa de 3.000 euros para el primer trabajador menor de 30 años, que esté en desempleo. El periodo de prueba de este contrato será de un año. Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, el trabajador podrá cobrar durante un tiempo un 25% de la prestación de la prestación de paro y el empleador deducirse fiscalmente el 50% del coste para la empresa, pero solo durante un año.

    Asimismo, se racionaliza el sistema de bonificaciones para la contratación indefinida, con independencia de los incentivos fiscales mencionados anteriormente. Para contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo se darán las siguientes bonificaciones:

    1. Jóvenes entre 16 y 30 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación de hasta 3.000 euros en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante 3 años. La bonificación se incrementa según aumenta la antigüedad del trabajador. En el primer año será 1.000 euros, el segundo 1.100 euros y el tercer año 1.200 euros (se aplicarán 100 euros más si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).
    2. Parados de larga duración: bonificaciones de hasta 4.500 euros en las cuotas de la Seguridad Social por la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años (en desempleo, al menos 12 meses de los 18 anteriores). La bonificación se incrementa según aumenta la antigüedad del trabajador, 1.300 € en el primer año, 1.300 € en el segundo y 1.300 € en el tercer año de contrato (se elevarán a 1.500 euros si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    Se modifica el contrato a tiempo parcial: los trabajadores con jornada parcial podrán realizar horas extraordinarias, con el límite legal del trabajo a tiempo parcial.

    Se regula por primera vez en España el teletrabajo: Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo en la empresa.

    Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros al año durante 3 años. En el caso de mujeres será de 700 euros al año.

    La reforma constata la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para aquellos jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.

    3.- ¿Podrán las empresas modificar las condiciones laborales de sus trabajadores?

    El sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional ordinaria un mecanismo de adaptación más viable y eficaz. Dentro de un determinado grupo profesional, un trabajador podrá desempeñar distintas funciones y puestos en una misma empresa.

    Se mejora la movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo:

    Se incluye la movilidad geográfica requiriendo a existencia de razones técnicas, económicas, organizativas o de producción que lo justifiquen para poder trasladar a trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia.

    Además, se facilita que el empresario pueda modificar la jornada de trabajo, el horario, sistema de remuneración, sistema de rendimiento…etc.

    El empresario podrá por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción suspender el contrato de trabajo.

    Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con una duración máxima de 240 días. Para la obtención de esta bonificación el empresario deberá garantizar el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año.

    Pero si finalmente se extinguen los contratos, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial, hasta un máximo de 180 días.

    Por último, en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, dando prioridad al convenio colectivo de empresa. Es decir, que los representantes de los trabajadores y el empresario podrán consensuar en convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y se regula el régimen de ultractividad de los convenios colectivos. Siendo este acuerdo prioritario sobre cualquier otro. En caso de la falta de acuerdo, las partes se someterán a un arbitraje a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas.

    La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada “ultractividad” que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios.

    4.- ¿Qué ha cambiado entonces en los despidos?

    El gran impacto para los miles de trabajadores que cada día temen perder su puesto de trabajo llega de la mano del despido:

    El Despido Procedente por Causas Objetivas (económicas, técnicas organizativas o de producción ), sigue manteniendo la misma indemnización de 20 días, con el tope de 12 mensualidades de salario.

    Despido Colectivo: Las empresas que quieran realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y por tanto acogerse a pagar la indemnización mínima (20 días por año trabajado con un máximo de un año) no necesitarán el visto bueno de la Autoridad Laboral. Hasta ahora, la mayoría de compañías que querían aplicar un ERE pactaban con el comité de empresa las compensaciones, ya que de este modo, la autoridad laboral no se oponía si no existían irregularidades legales. Para lograr el pacto, las indemnizaciones solían ser más elevadas. Ahora, sin embrago, la empresa solicitará el ERE alegando una de las causas establecidas para lograrlo. Si existe conflicto con los trabajadores, solo un juez podrá parar el expediente.

    Las causas que una empresa puede alegar para presentar un ERE se amplían. Por tanto, se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización por despido procedente, la más baja (20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades).Las empresas podrán hacer despidos colectivos no solo si ya están en pérdidas. También si tienen «pérdidas actuales o previstas» o una «disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos. Se prevé un aluvión de despidos de 20 días que los trabajadores tendrán que pelear ante el juez para intentar una improcedencia en la salida.

    Despido Exprés: El nuevo texto elimina la figura del “despido exprés”, con el que el empleador asumía 45 días por una extinción improcedente para evitarse un farragoso proceso judicial y costes salariales de tramitación.

    El despido improcedente, pasa de 45 días de indemnización, con el tope de 42 mensualidades, a 33 días de indemnización, con un tope de 24 mensualidades.

    Los trabajadores que tengan contrato indefinido a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, mantendrán todos sus derechos preexistentes, con ciertas limitaciones respecto al tope indemnizatorio. Es importante hacer énfasis en esto, pues la nueva indemnización por despido improcedente solo se aplicará a los contratos de trabajo convertidos en indefinidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la reforma (entra en vigor el 12/02/2012). Los trabajadores con contratos antiguos (antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley), conservan gran parte de sus derechos hasta esa fecha. La indemnización por despido es la que había, pero con ciertas observaciones, tal y como contempla la disposición transitoria quinta, pues se mantienen los 45 días de indemnización por año trabajado, con el tope de 42 mensualidades, pero manteniendo este tope siempre y cuando para el cálculo de la indemnización correspondiente al periodo anterior a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, se sobrepasen los 720 días máximos de la nueva regulación, y a su vez supere los 1.260 días de la anterior regulación.

    La máxima antigüedad de un empleado con un contrato indefinido en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley- computable a efectos de indemnización, es 28 años (45 días x 28 años = 1.260 días de indemnización, es decir, 1.260 / 30 = 42 mensualidades de tope), siempre que el cálculo de la parte de la indemnización anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, supere los 720 días, y a la vez supere los 1.260 días.

    El tope de 42 mensualidades para los contratos indefinidos existentes a la fecha de entrada en vigor del RDL (12/02/2012), solo se mantiene, si la parte correspondiente al cálculo de la indemnización anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, supera los 720 días, y a la vez, supera también los 1.260 días, pues en caso de superar los 720 días, pero no los 1.260 días, el nuevo tope serán esos días obtenidos en el cálculo previo a la entrada en vigor del RDL 3/2012 (este nuevo tope será el que afecte a la indemnización total, no solo al periodo previo a la entrada en vigor del RDL). Es decir, hay que calcular dos partes indemnizatorias, la «pre» entrada en vigor del Real Decreto Ley y la «post» Real Decreto Ley 3/2012. Si el cálculo previo a la entrada en vigor del RDL, supera los 720 días (24 mensualidades), el tope pasa a ser la indemnización obtenida en este cálculo pre entrada en vigor del RDL 3/2012, con el máximo de 42 mensualidades de indemnización total del empleado, si es que se superasen los 1.260 días. Si por el contrario, en ese cálculo previo a la entrada en vigor del RDL no se llega al tope de 720 días, el tope de la indemnización total del empleado se queda en esos 720 días marcados por la nueva regulación.

    Para el cálculo de los días de indemnización correspondientes desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, hasta la fecha del despido, se computarán los 33 días por año trabajado, de conformidad con la nueva regulación, mientras que para el periodo previo a la entrada en vigor, corresponden 45 días de indemnización por cada año trabajado.

    Lo veremos más claro, si transcribimos la disposición transitoria quinta, del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral:

    «La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.»

    Fondo de Garantía Salarial: En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de 24 trabajadores, una parte de la indemnización, por despido objetivo o colectivo, que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a 8 días por año de servicio.

    Vuelve a prohibirse la encadenación de contratos temporales sin límite: Con la finalidad de completar las medidas de fomento de la contratación indefinida e intentar reducir la dualidad laboral, se adelanta el fin de la suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el párrafo 5 del articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores. A partir del 1 de Enero de 2013, volverá a ser de aplicación esta previsión.

    5.- ¿Cómo afecta la reforma a los Directivos?

    La reforma también incluye una limitación a los directivos de banca. De este modo, el directivo que tenga que ser sancionado por su gestión en una entidad financiera no tendrá derecho a indemnización. Se fijará un límite de dos años cuando sí exista indemnización por cese de actividad.

    Los directivos de empresas públicas que cesen y se reincorporen a su puesto anterior en la Administración no tendrán indemnización por despido. El resto de los directivos de empresas públicas que sean cesados cobrarán una indemnización por despido de 7 días por año trabajado con un límite de seis mensualidades.

    El gobierno impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones Públicas.

    Respecto al absentismo, el nuevo marco eliminará la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.

    La nueva reforma laboral se tramitará como proyecto de Ley para lograr el máximo consenso posible en el Parlamento. De este modo, tras la aprobación del texto en el Consejo, la reforma será remitida al Congreso para su convalidación y, a continuación, se deberá votar su tramitación como proyecto de Ley, trámite durante el que las formaciones políticas podrían introducir enmiendas.

    6.- Resumiendo….

    La reforma laboral entró el vigor el pasado 12 de febrero y no solo afectará a quienes logren un nuevo contrato. Todos los trabajadores, en mayor o menor medida, se enfrentan a unas nuevas reglas del juego dentro de un marco diferente al que había establecido la reforma anterior.

    1. ¿Qué ventajas tendrán los jóvenes a la hora de lograr contratos?

    La reforma quiere que las pequeñas y medianas empresas cuenten con jóvenes. Por eso, se les permitirá tener a los empleados de menos edad con un periodo de prueba de un año. Además, la empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de 30 años. Todo ello si se trata de un nuevo empresario quien contrata a su primer trabajador.

    Las empresas (de cualquier tamaño) que contraten jóvenes de menos de 30 años, también tienen bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que abonen por ellos. 1.000 euros en el primer año de contrato, de 1.100 euros en el segundo y de 1.200 euros en su tercer año de contrato (se aplicarán 100 euros más si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    1. ¿Qué ayudas hay para contratar a parados de más de 45 años?

    Hay bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social si se trata de desempleados de larga duración. La empresa podrá ahorrarse 1.300 euros al año los tres primeros años de su contratación (se elevarán a 1.500 euros si el trabajador es mujer en sectores donde el colectivo esté poco representado).

    1. ¿Hasta cuándo se podrá encadenar un contrato temporal?

    Se adelanta el fin de la suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el párrafo 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. A partir del 1 de Enero de 2013, volverá a ser de aplicación esta previsión.

    1. ¿Tienen los trabajadores derecho a formación?

    Todos los trabajadores con más de un año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por la empresa. Se amplía hasta los 30 años el contrato de formación y aprendizaje, hasta que el paro baje del 15%.

    1. ¿Qué tipos de despido pueden aplicar ahora las empresas?

    Depende de si el despido se considera procedente o improcedente. Si es procedente (porque la empresa puede acogerse a causas económicas, organizativas, etc.) la indemnización será de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

    Si el despido es considerado improcedente o logra un pacto con su empresa, podrá cobrar 45 días por los años trabajados hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma y a partir de esa fecha acumulará 33 días por año trabajado. En estos caso, el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 24 meses (720 días de salario), salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior a la reforma resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe sea superior a 42 mensualidades.

    Si su contrato empieza mañana, y llega a ser despedido en el futuro de modo improcedente, cobrará 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses.

    1. ¿Será más fácil para las empresas despedir a sus trabajadores?

    La reforma amplía y clarifica las causas del despido colectivo. Así, se entiende que concurren causas económicas cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos». Las empresas no necesitará el visto bueno de la Autoridad Laboral.

    1. ¿Podrá el empresario reducir la jornada laboral de sus trabajadores en época de crisis?

    Sí. El requisito es que la empresa acumule nueve meses consecutivos de caída de ingresos o ventas. En este caso podrá modificar las condiciones laborales de sus trabajadores (salarios, jornada, sistema de rendimientos, cambio de categoría profesional, etc).

    1. ¿A qué está obligado un parado?

    Los desempleados que están apuntados en las listas de los servicios públicos de empleo y están cobrando una prestación por paro «podrán realizar servicios de interés general en beneficios de la comunidad» a través de convenios con las Administraciones públicas.

    1. ¿Se acaba con la prórroga indefinida de los convenios que finalizan?

    La denominada «ultraactividad» o prórroga automática e indefinida de los convenios que caducan ha sido limitada a dos años a contar desde el momento que se denuncia. Si no hay acuerdo, se deberá acudir a un arbitraje.

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    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: NAVFAC (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)