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  • ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LA  LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA

    ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA

    Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, popularmente conocida como “ley de custodia compartida”, se ha producido un cambio significativo en la regulación de los criterios que deben guiar la decisión judicial sobre la atribución del uso de la vivienda familiar en los casos de ruptura de los progenitores.

    Esta ley, aprobada por el Parlamento Vasco en uso de la competencia que le reconocen los arts. 149.1.8º de la Constitución y 10.5 del Estatuto de Autonomía, resulta de aplicación en el ámbito territorial de la CAPV, siempre que el progenitor o progenitores que tengan la autoridad parental sobre sus hijos/as ostenten vecindad civil vasca.

    Así pues, la regulación que contiene la ley vasca difiere notablemente de la prevista en el Código Civil y, por tanto, de la que resultaba de aplicación con anterioridad al día 10 de octubre de 2015 que, si bien flexibilizada por la interpretación que del artículo 96 del Código Civil había venido realizando el Tribunal Supremo, resultaba excesivamente simplista y únicamente preveía a quién debía atribuirse el uso de la vivienda en los supuestos de custodia monoparental (“a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”) y, por tanto, la decisión sobre esta cuestión en los casos de guarda y custodia compartida quedaba sometida al libre criterio judicial (entre otras, SSTS 593/2014, de 24 de octubre y 215/2016, de 6 de abril).

    Tal vez la equiparación que la ley vasca realiza entre la custodia compartida y la exclusiva, priorizando sutilmente la primera, y/o tal vez las soluciones desproporcionadas a las que abocaba en ocasiones la parca regulación del Código Civil, han conducido al legislador vasco a regular de forma amplia esta cuestión en el extenso artículo 12 de la ley, que comienza declarando los tres elementos que el juez debe ponderar por lo que a la atribución del uso de la vivienda familiar se refiere: el interés superior de los hijos/as, las necesidades de los miembros de la pareja y la titularidad de la vivienda.

    Atribución en supuestos de custodia monoparental.

    En los casos de custodia exclusiva, el uso de la vivienda familiar debe otorgarse preferentemente al progenitor a quien corresponda la guarda y custodia de los hijos/as comunes “si es lo más conveniente para el interés de estos/as” (sin dar por sentado, por tanto, que efectivamente lo sea). Precisamente, la ley brinda, de forma novedosa, la posibilidad de sustituir la atribución del uso de la vivienda familiar por el de otra vivienda propiedad de uno o ambos miembros de la pareja si es idónea para satisfacer la necesidad de vivienda de los hijos/as menores y, en su caso, del progenitor más necesitado.
    También podrá atribuirse, por contra, al progenitor no custodio si objetivamente tiene mayores dificultades de acceso a otra vivienda y el custodio dispone de medios suficientes para cubrir la necesidad de vivienda de los/las menores y es, además, compatible con el interés superior de estos/as.

    Atribución en supuestos de custodia compartida.

    En los supuestos de custodia compartida, la ley no establece en principio una solución preferente entre las dos que propone: una, que el uso de la vivienda sea atribuido por periodos alternos a ambos progenitores y dos, que se atribuya al progenitor que objetivamente tenga mayores dificultades de acceso a una vivienda si ello es compatible con el interés superior de los hijos/as.

    Debemos apuntar, no obstante, que la primera solución, conocida entre otras denominaciones como “nido compartido” y consistente en que sean los menores los que residan de forma continuada en el domicilio familiar y los progenitores quienes entren y salgan, viene considerándose por los tribunales un “foco asegurado de conflictos del que hay que proteger al menor” (SSAP Vizcaya 420/2016, de 30 de junio y 299/2016, de 12 de mayo), que “puede dar lugar a graves problemas de convivencia” y por tanto, la solución “pasa por el hecho de que esta atribución del uso de la vivienda que fue familiar sea de carácter transitoria” (SAP Vizcaya 285/2016, de 4 de mayo).

    Limitaciones temporales.

    Por otra parte, el legislador vasco prevé como limitaciones temporales a la atribución del uso de la vivienda, las siguientes: primero, en aquellos casos en los que la atribución a uno de los progenitores se realice por razones de necesidad, se establece una limitación temporal de hasta dos años, susceptible de prórroga; segundo, en los casos en que la atribución se realice por otorgársele la guarda y custodia de los hijos/as, ya sea exclusiva o compartida, y si la vivienda es privativa del otro progenitor o común a ambos, se limita al tiempo en el que dure la obligación de prestarles alimentos.

    Esta última previsión se aparta de la regulación del Código Civil y la interpretación que, de la misma, ha realizado el Tribunal Supremo, en el sentido de entender que, alcanzada la mayoría de edad, los hijos/as no ostentan automáticamente un derecho a mantenerse en el uso de la vivienda familiar, a pesar de que subsista la obligación de los progenitores de prestarles alimentos (entre otras, STS 624/2011, de 5 de septiembre). Por el contrario, el legislador vasco parece haber optado por prolongar la atribución del uso más allá de la minoría de edad y en tanto en cuanto dure la obligación de prestar alimentos a los hijos/as. No obstante, el texto de la ley es ciertamente contradictorio en este punto y ello ha permitido que, por el momento, la SAP Vizcaya 16/2016, de 15 de enero, acogiéndose a la doctrina jurisprudencial, haya señalado que lo que la ley vasca prevé es asimismo la extinción del derecho de uso por finalización y cese de la guarda, es decir, por alcanzar la mayoría de edad.

    Compensación económica por pérdida de uso.

    Más allá de los límites temporales señalados, la ley contempla, en el caso de que la vivienda se atribuya a uno de los progenitores siendo ésta privativa del otro o común de ambos, la fijación de una compensación por la pérdida del uso a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario, teniendo en cuenta las rentas pagadas por alquiler de viviendas similares y la capacidad económica de los miembros de la pareja, lo cual viene a resolver de forma satisfactoria aquellas situaciones en las que se daba un claro enriquecimiento injusto y/o abuso de derecho como consecuencia de la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores.

    Causas de extinción.

    El artículo 12, apartado 11, regula asimismo las causas de extinción del derecho de uso que son, además de las pactadas entre las partes, las siguientes: el fallecimiento del beneficiario del uso; la mejora de la situación económica del beneficiario del uso o el empeoramiento relevante de la situación económica de la otra parte (cuando se haya atribuido por razones de necesidad, se entiende); el matrimonio o convivencia marital del beneficiario del uso con otra persona; la finalización o cese de la guarda o de la obligación de prestar alimentos; y el vencimiento del plazo previsto en la atribución temporal judicialmente adoptada.

    Lo cierto es que la previsión sobre la extinción del derecho de uso por “matrimonio o convivencia marital del beneficiario del uso con otra persona” colisiona de forma manifiesta con lo que hasta la fecha había venido sentando la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales que, como criterio general (a salvo de la SAP Almería 59/2007, de 19 marzo), sostenían que dicha convivencia en nada debía afectar a la atribución del uso de la vivienda familiar, sin perjuicio de que pudiera resultar procedente el pago de una indemnización de daños y perjuicios a favor del progenitor no adjudicatario (AAP Madrid de 5 de mayo de 2000 y 16 de julio de 2002).

    Así, deberíamos entender que tal previsión únicamente resulta aplicable en el supuesto de que la vivienda familiar se haya atribuido a uno de los progenitores por razones de necesidad y no por habérsele atribuido la guarda y custodia de los hijos/as menores, en cuyo caso será preciso además ponderar si la nueva relación sentimental supone o no una mejora de su situación económica o si cabe, en atención a las circunstancias, el recurso a la teoría del enriquecimiento injusto y/o abuso de derecho que, dicho sea de paso, decaerá en el caso de que haya sido acordada una compensación económica a favor del progenitor no adjudicatario.

    Imagen: Pixabay . CCO Public domain

  • El nuevo Derecho Civil Vasco en materia sucesoria

    El nuevo Derecho Civil Vasco en materia sucesoria

    ¿Le preocupa la continuación de su empresa familiar una vez se produzca el revelo generacional? ¿Le gustaría que fueran sus nietos quienes heredaran directamente su patrimonio? ¿Quiere saber qué repercusiones podría tener la aceptación de una herencia con deudas?

    La reciente Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco ha instaurado una nueva realidad sucesoria en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma mediante el establecimiento, por primera vez en su historia, de un ordenamiento sucesorio único para toda la población vasca.

    A través de esta Ley se da fin a la fragmentación legislativa que regía en el ámbito de los tres Territorios Históricos con anterioridad, en los que podíamos distinguir hasta cinco núcleos normativos regulados, a su vez, en dos normas, de forma que, por ejemplo, dos eran las leyes de aplicación e innumerables las diferencias en la regulación de la herencia de un vecino de Galdakao y otro de Bilbao.

    La Ley de Derecho Civil Vasco ha diseñado un sistema que, sin perjuicio de la conservación de ciertas instituciones forales singulares en determinados ámbitos geográficos (troncalidad y régimen de comunicación foral de bienes en Bizkaia y plena libertad de testar en Ayala), permite a los ciudadanos vascos ordenar su sucesión desde un plano de mayor igualdad.

    ¿A quiénes resulta de aplicación esta Ley?

    Esta nueva Ley resulta de aplicación a todas aquellas personas que tengan vecindad civil vasca, la cual fue adquirida el pasado día 3 de octubre de forma automática por quienes gozaban de vecindad civil en cualquiera de los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a las reglas de adquisición, modificación y pérdida que prevén los arts. 14 y 15 del Código Civil, esto es, por nacimiento, por residencia continuada durante dos años en algún territorio de la CAPV manifestando su voluntad de adquirirla, o durante diez años sin declaración en contrario durante ese periodo de plazo. 

    ¿Cuáles son las principales novedades que introduce?

    a) Legítima o sucesión forzosa.

    En materia de legítima, es decir, en las restricciones que la Ley establece a la libertad de testar del causante en favor de determinados parientes, la nueva Ley vasca amplía la libertad de disposición respecto al colectivo de los descendientes (hijos, nietos, etc.) y ascendientes (padres, abuelos, etc.), reforzando, en cambio, la posición del cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, en clara respuesta al sentir de la sociedad vasca.

    Deben destacarse las siguientes novedades:

    1. Se reduce la cuota legitimaria de los descendientes de los dos tercios del Código Civil o los cuatro quintos de la Ley 3/1992, de Derecho Civil Foral del País Vasco, a un tercio del caudal hereditario (art. 49).

    Ahora bien, la nueva Ley regula una legítima colectiva en sustitución de la legítima individual, que se traduce en que el causante vasco tiene absoluta libertad para optar, dentro del colectivo de legitimarios (hijos, nietos, etc.), a favor de quien o quienes dispone de ese tercio que ineludiblemente les corresponde y en qué proporciones, apartando a todos los demás de cualquier derecho en su herencia (art. 51 LDCV); una suerte de desheredación que no requiere de causa alguna y que puede articularse incluso mediante la simple omisión de tales parientes en el testamento (art. 48 LDCV).

    1. Se suprime a los ascendientes del colectivo de legitimarios, de forma que únicamente heredarán si así lo dispone el causante, a excepción de las sucesiones intestadas.
    1. Se aumenta la cuota legitimaria del cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, a quienes se equipara a efectos sucesorios y se les reconoce, además del usufructo de la mitad o dos tercios de todos los bienes de la herencia, un derecho de habitación en la vivienda conyugal o de la pareja de hecho, mientras se mantengan en estado de viudedad, no hagan vida marital ni tengan un hijo no matrimonial o no constituyan una nueva pareja de hecho (art. 54 LDCV).

    Además, se prevé la posibilidad de legar a favor de éstos el usufructo universal de la herencia sin necesidad de recurrir a la institución de la cautela socini; usufructo universal que, en adelante, los hijos o descendientes necesariamente deberán respetar.

    1. Por último, la nueva Ley vasca contempla, en contra de la taxativa prohibición que recoge el Código Civil, la posibilidad de que la legítima sea objeto de renuncia aun antes del fallecimiento del causante, mediante pacto sucesorio.

    b) Formas de ordenar la sucesión voluntaria.

    La Ley vasca amplía el abanico de instrumentos a disposición del causante para decidir el destino de sus bienes. Así, además de las formas testamentarias previstas en el Código Civil, la Ley extiende a todo el ámbito territorial de la CAPV la utilización de instituciones típicamente forales, tales como el testamento “hilburuko”, el testamento mancomunado, la sucesión por comisario y los pactos sucesorios.

    A través de estos últimos y con apoyo en la legítima colectiva puede articularse de forma más óptima la transmisión de pequeñas empresas familiares, dado que los empresarios ostentan la facultad de elegir al descendiente que consideren más apto para la continuación del negocio familiar. Se supera así la ruptura a la que la empresa familiar venía abocada en muchos casos por la aplicación del sistema del Código Civil.

    c) Sucesión legal o intestada

    La Ley de Derecho Civil Vasco modifica el orden de prelación para los casos en que opere la sucesión intestada, por ejemplo, cuando el causante haya fallecido sin testamento, situando al cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por delante de los ascendientes, aunque eso sí, únicamente heredarán en defecto de hijos y descendientes del causante, sin perjuicio de sus derechos legitimarios.

    d) Responsabilidad civil por deudas

    La responsabilidad del heredero por las deudas de la herencia queda en todo caso limitada en la nueva Ley al valor de los bienes que integran la misma, por lo que se resuelven así los problemas derivados de herencias absolutamente deficitarias en las que los herederos debían hacer frente a las cargas de la herencia incluso con su patrimonio personal.

    Conclusiones

    En definitiva, la recién estrenada Ley de Derecho Civil Vasco sienta una nueva realidad en materia hereditaria presidida por una mayor libertad de testar y tendente a posibilitar una adecuada planificación sucesoria, en coherencia con el principio de libertad civil que propugna en su articulado.

    Este cambio de paradigma no implica que los testamentos otorgados con anterioridad al día 3 de octubre hayan devenido ineficaces, si bien es cierto que podrían surgir conflictos intertemporales y problemas interpretativos de distinta índole, cuya resolución vendrá de la mano de las reglas en materia de Derecho transitorio.

    Sandra Castellanos.

    Foto: Pixabay CC0 Public Domain.

  • Sandra Castellanos recibe el Premio Extraordinario Fin de Carrera

    Sandra Castellanos recibe el Premio Extraordinario Fin de Carrera

    El pasado 20 de Noviembre, Sandra Castellanos recibió el Premio Extraordinario Fin de Carrera del Grado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, correspondiente al curso 2013/2014.

    Sandra Castellanos, que ha iniciado su carrera profesional en el Área Legal de Grupo Eurotax y que actualmente cursa un Máster en Abogacía por la Universidad del País Vasco, ha sido galardonada con este premio por la Decana de la Facultad de Derecho, a propuesta del Vicerrectorado de Grado e Innovación.