Categoría: Fiscalidad

  • LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    En las líneas que siguen, vamos a tratar la sucesión, tanto por causa de muerte (mortis causa en adelante), como la sucesión por contrato (sucesión inter vivos en adelante).

    Para ello, realizamos un acercamiento general a sucesión, presentando en el primer epígrafe las cuestiones burocráticas y medidas provisionales en casos de sucesiones mortis causa; en el segundo, las tres fases principales de toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos;en el tercero, cuatro particularidades de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; y en el cuarto y último epígrafe, una breve referencia a las consecuencias fiscales de la sucesión.

    CUESTIONES BUROCRÁTICAS Y MEDIDAS PROVISIONALES EN CASOS DE SUCESIÓN MORTIS CAUSA

    Cuestiones burocráticas

    Cuando una persona fallece, se abre la sucesión, por lo que será necesario que consigamos el “Certificado médico de defunción” que es el documento oficial que acredita la muerte de la persona. En ese documento se plasma el momento del fallecimiento, momento que será el que determine:

    • Si el heredero/legatario es capaz para suceder.
    • El momento al que tiene que sobrevivir el heredero del causante para transmitir algún derecho a sus herederos.

    Tras tener el certificado médico de la defunción, tenemos que “Inscribir la defunción en el Registro Civil”, donde se da fe de la fecha, hora y lugar del fallecimiento, dado que, aunque los efectos civiles del fallecimiento se dan desde el fallecimiento, para su pleno reconocimiento es necesario inscribirlo. Tras la inscripción de la defunción, nos facilitarán la “Licencia para el entierro”, y se procederemos a ello, siempre transcurridas al menos, 24 horas desde el momento del fallecimiento.

    Transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, solicitaremos la “Certificación de actos de última voluntad”, acompañando a la solicitud el certificado de defunción, para conocer si existe o no testamento.

    En el caso que exista, se nos informará del Notario que lo realizó, y tendremos que acudir al mismo, con el certificado de defunción y el de últimas voluntades, para que el Notario ponga a nuestra disposición copia del mismo.

    En caso de que no exista testamento, habrá que realizar un “Acta de declaración de herederos” ante Notario.

    Tras los 15 días hábiles desde el fallecimiento, también podremos iniciar los trámites ante la compañía aseguradora que en su caso tuviera contratado un seguro de vida y accidentes el finado. Para ello, deberemos localizar la póliza de seguro y acudir a la compañía con el certificado de defunción.

    Medidas provisionales

    Tras el fallecimiento de una persona se extingue la personalidad civil de la misma, por lo que se produce una situación temporal en la que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido carecen de titular. A esta circunstancia la denominamos estado de “herencia yacente», y se prolongará hasta que el heredero acepte o repudie la herencia.

    Al tratarse de una situación que puede alargarse en el tiempo, existe la posibilidad de que el testador, los herederos, el Juzgado o incluso el Notario nombren a una persona que se encargue de administrar y defender los intereses de la herencia yacente adecuadamente.

    FASES PRINCIPALES DE TODA SUCESIÓN

    En toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos, diferenciamos tres grandes fases:

    1.- La vocación o llamamiento

    Es el llamamiento potencial a favor de todos los sucesores de una persona, y puede ser testamentaria o abintestato. La testamentaria se realiza llamando a los sucesores que consten en el testamento del causante; mientras que para la declaración de herederos abintestato tendremos que acudir al Notario y realizar un acta de declaración de herederos abintestato, para el que necesitaremos los documentos que se precisan en el artículo 55 de la Ley del Notariado.

    2.- Aceptación o repudiación de la herencia.

    2.1 Concepto y características

    La aceptación o repudiación es el ejercicio positivo o negativo del iusdelationis, que es el derecho a aceptar o rechazar el llamamiento a la sucesión que se realiza, cuyas características más relevantes son las siguientes:

    Es un acto voluntario y libre, puesto que no se puede obligar a nadie a aceptar o repudiar. El Código Civil, prevé en el artículo 1001 del Código Civil, la opción de que los acreedores de un llamado a una herencia soliciten cobrar de dicha herencia, pero hay que tener claro que el que los acreedores soliciten cobrar de lo que le correspondería al llamado, no supone que este haya aceptado la herencia.

    La aceptación/repudiación es un acto irrevocable, pero se puede impugnar cuando en el consentimiento hubiera mediado algún vicio que anule el consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación).

    El acto de aceptar /repudiar la herencia es una declaración de voluntad pura e indivisible, lo que significa que, en caso de aceptar la herencia, se acepta en su totalidad, y en caso de repudiarla, se repudia también en su totalidad. El llamado, por tanto, cuando le ofrecen la herencia, sólo podrá contestar con un “sí” o con un “no”, sin posibilidad de aceptar o repudiarla sólo en parte.

    El acto de aceptación /repudiación de la herencia tiene efecto retroactivo, lo que significa que los efectos de aceptación/repudiación de la herencia se retrotraen al momento de la muerte dela persona de quien se hereda y tanto para aceptar como para repudiar una herencia es necesario tener capacidad de obrar plena.

    2.2 Aceptación y repudiación

    a) La aceptación, se puede realizar de dos formas:

    Pura y simplemente. Lo característico de este tipo de aceptación es que se produce la confusión de patrimonios del causante y del aceptante. Esto significa que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido pasan a ser del aceptante, por lo que el aceptante estará obligado a pagar las deudas del causante, incluso con su patrimonio propio. Es lo que en latín se denomina responsabilidad ultra vires hereditatis, que significa más allá del haber hereditario.

    Esta aceptación, a su vez, puede ser expresa o tácita. Si es expresa, se realizará en documento público o privado; si la aceptación es tácita, se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar. En este punto, es importante señalar que los actos de mera conservación o administración provisional del haber hereditario no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.

    En relación con lo anterior, conviene señalar que el 1005 del Código Civil, que establece que “Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente”.

    A beneficio de inventario. .En la aceptación a beneficio de inventario, no se produce la confusión de patrimonios, por lo que el heredero sólo responderá de las obligaciones del causante con la masa hereditaria, no haciendo suyas las deudas y obligaciones del fallecido. La aceptación a beneficio de inventario la debemos realizar ante Notario, y la responsabilidad que se deriva de ella es intra vires hereditatis, que significa dentro del haber hereditario.

    b) La repudiación, tendrá que hacerse siempre ante Notario, siendo dos sus características más relevantes. La primera es que en caso de que un heredero sea también legatario, está facultado para poder aceptar uno de los llamamientos y repudiar otro; la segunda es que el ordenamiento jurídico entiende que en caso de repudiar por testamento también se repudia de la sucesión abintestato, por lo que en el caso de abrirse la sucesión abintestato, el repudiante no será llamado a dicha sucesión abintestato. Sin embargo, en caso de que el heredero repudie la herencia abintestato y sin noticia de su título testamentario, podrá todavía aceptarla por el título testamentario.

    En cuanto a los efectos posibles de la repudiación son tres: que se llame al sustituto, se acrezca el derecho de los coherederos del repudiante o la apertura de la sucesión abintestato.

    3.- Partición de la herencia

    Antes de la partición de la herencia debemos realizar un inventario y avalúo del haber hereditario. Puede que el testador nos haya facilitado el proceso, habiendo determinado en el testamento los bienes, derechos y obligaciones de los que disponía y la forma en la que quería que se distribuyeran los mismos tras su fallecimiento; como también puede que el testador haya designado a alguna persona para que se encargara de partir su patrimonio.

    En defecto de alguna de las primeras dos opciones se aplica el 1057 del Código Civil, que establece queel Secretario judicial o Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de Peritos.

    Siendo, así las cosas, el contador-partidor presentará la partición propuesta, y el Secretario Judicial o el Notario la aprobarán, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios” (se desarrolla este procedimiento en el artículo 66 en la Ley del Notariado).

    PARTICULARIDADES DE LA LEY 5/2015, DE 25 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL VASCO

    La sucesión en el Derecho Civil Vasco tiene sus particularidades, entre las que señalamos las siguientes cuatro:

    1.- Formas e incluso libertad de testar

    En cuanto a las formas de testar, la Ley 5/2015, permite que la sucesión se defiera por testamento, por pacto sucesorio, o por disposición de la Ley; como también permite que una parte de los bienes se dispongan por testamento y parte por disposición de la Ley.

    En cuanto a las modalidades de testamento, la Ley 5/2015 reconoce tres formas de ordenar la sucesión mortis causa: el testamento en peligro de muerte, la sucesión por testamento mancomunado o de hermandad y sucesión por comisario. Figuras que el Código Civilno prevé.

    La Ley Vasca prevé también el pacto sucesorio, que es una forma de sucesión inter vivos, (prohibida expresamente por el artículo 657del Código Civil) diferenciando tres tipos de pactos sucesorios, que son: el de institución de sucesor en bienes, el pacto de renuncia, y el pacto de disposición de un tercero.

    Las características principales de todos los pactos sucesorios son la bilateralidad y la irrevocabilidad del pacto, puesto que el pacto sólo se podrá revocar por cuatro razones: por la concurrencia de alguna causa pactada;por el incumplimiento grave de las cargas o condiciones establecidas en el pacto; por  haber incurrido el instituido en causa de indignidad o desheredación;por conducta del instituido que impida la normal convivencia familiar; o en casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio de los instituidos, o extinción de la pareja de hecho, cuando el pacto sucesorio se haya otorgado en atención a ese matrimonio o pareja de hecho, exceptuando, en el caso de la pareja de hecho, que su extinción haya ocurrido por contraer matrimonio entre los mismos miembros de la pareja.

    En cuanto a los requisitos de validez del pacto sucesorio, se puntualizan dos. La necesidad de que los otorgantes sean mayores de edad y que el pacto se otorgue en escritura pública.

    Es de destacar asimismo que en el Valle de Ayala disponen de la libertad absoluta de testar, no imponiéndoles a los vecinos de este Valle ninguna restricción a la voluntad del testador. Cuestión impensable en el Código Civil.

    2.- La troncalidad

    La troncalidad es una institución que en el Código Civil no existe, mediante la que se limita la voluntad del causante para trasmitir ciertos bienes, con la que pretende que los bienes raíces sitos en la tierra llana de Vizcaya o términos municipales de Aramaio o Llodio sigan estando vinculados a la familia vizcaína.

    Con esta limitación se pretende proteger el carácter familiar del patrimonio, ya que el propietario de los denominados bienes troncales solamente podrá disponer de ellos respetando los parientes tronqueros, de los que hablaremos en el apartado en el que nos referimos a los legitimarios.

    Lo recogido en las líneas precedentes es únicamente una pincelada a esta institución, con la que se pretende apuntar que en caso de que existan bienes raíces en el patrimonio del finado, tendremos que tener en cuenta que la forma de suceder ese bien estará predispuesta por Ley.

    3.- Normas especiales acerca del caserío en Guipúzcoa

    La Ley 5/2015 recoge unas normas por medio de las cuales se pretende que los que tienen vecindad civil vasca y local guipuzcoana, y ostenten un caserío sito en el Territorio Histórico de Guipúzcoa transmitan indivisamente el caserío, por lo que en caso de que seque el causante tenga un caserío en dicho territorio histórico, tendremos que estar a las normas específicas acerca del caserío.

    4.- Legítimas, legitimarios e institución de apartamiento

    Las legítimas en el Derecho Civil Vasco distan de las del Derecho Común, ya que en Derecho Civil Vasco la cuantía de la legítima de los descendientes es de un tercio del caudal hereditario; mientras que, en Derecho Común, la legítima de hijos y descendientes la constituyen las dos terceras partes del haber hereditario.

    En cuanto a los legitimarios, el Derecho Civil Vasco diferencia dependiendo de si nos referimos a bienes no troncales o bienes troncales. En cuanto a los primeros, establece que los legitimarios serán los hijos o descendientes en cualquier grado y el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por su cuota usufructuaria en concurrencia con cualquier clase de herederos; en cuanto a los bienes tronqueros, se establece que estos tienen que transmitirse primeramente en línea recta descendente, los hijos y demás descendientes; en caso de no haber descendientes, en línea recta ascendente, los ascendientes por la línea donde proceda el bien raíz, cualquiera que sea al título de adquisición, precisando en este sentido que respecto de los bienes raíces adquiridos por los cónyuges durante la vigencia de un matrimonio, o por los miembros de una pareja de hecho durante la vigencia de la misma, ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho son tronqueros. Aunque estos bienes s transmitan a los hijos o descendientes, los cónyuges o miembros de la pareja de hecho adquirentes siguen siendo tronqueros de la línea ascendente, cualquiera que sea el grado de parentesco con el descendiente titular. Para terminar, se precisa que, en defecto de los anteriores, los bienes troncales se transmitirán a los parientes en línea recta colaterales dentro del cuarto grado por la línea donde procede el bien raíz.

    Finalmente, en cuanto al apartamiento, precisar que en Derecho Civil Vasco no es preceptivo que cada legitimario reciba una parte de la legítima como pasa en Derecho Común, dado que puede darse el caso en el que alguno de los descendientes del causante reciba la legítima en su totalidad.

    CONSECUENCIAS FISCALES DE LA SUCESIÓN.

    En este caso no vamos a entrar a analizar los impuestos que gravan la sucesión, pero es importante que se tenga en cuenta que la sucesión tendrá que tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que variará dependiendo de la Comunidad Autónoma del finado y que, en su caso, también tendrá que tributar por el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, que dependerá de la normativa del Ayuntamiento al que pertenezca el terreno de Naturaleza Urbana.

    También tendremos que tener en cuenta que en función del territorio en el que se encuentre el finado tributará en base a una normativa u otra, por lo que el plazo para presentar el impuesto puede variar. Es por ello por lo que recomendamos consultar a un profesional en esta materia en aras de una correcta tributación, ya que en caso de no tributar o hacerlo mal, Hacienda puede iniciar un procedimiento sancionador.

    Elia Barinagarrementería

    Imagen: Pixabay. CCO public domain

     

  • Convocatoria de subvenciones para la promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del territorio histórico de Bizkaia

    Convocatoria de subvenciones para la promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del territorio histórico de Bizkaia

    Objeto

    Apoyar la promoción de la empleabilidad mediante contratos de trabajo con personas jóvenes desempleadas de hasta 30 años.

    Los contratos de trabajo objeto de subvención has de ser contratos indefinidos y de duración mínima de 1 año (quedan excluidos los contratos en prácticas), para jóvenes en situación de desempleo durante 1 mes mínimo, siempre y cuando la empresa registre un incremento del nivel de empleo neto.

    Entidades solicitantes

    a) Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia, así como el centro de trabajo.

    b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

    Acciones subvencionables

    a) Contratos indefinidos y contratos de duración determinada de 12 meses. Quedan excluidos los contratos en los que no figure la duración mínima de 12 meses y los contratos en prácticas.

    b) Se subvencionarán los contratos formalizados entre el 16 de septiembre de 2016 y el 15 de Septiembre de 2017.

    c) Los contratos deberán ser a jornada completa o a jornada parcial siempre que sea de un mínimo del 50 % de jornada.

    d) Los contratos subvencionados se realizarán con persona jóvenes de hasta 30 años inclusive a la fecha de inicio del contrato.

    e) Las personas contratadas deberán prestar sus servicios en centros de trabajo radicados en el Territorio Histórico de Bizkaia y deberán ser residentes en Bizkaia, durante toda la vigencia del contrato.

    f) Las personas contratadas deberán acreditar desempleo de un mes inmediatamente antes del inicio del contrato.

     

    Cuantía de las Ayudas

    1.- Para contratos de duración determinada de 12 meses, la subvención será el 25 % del salario bruto anual.

    2.-  Para contratos indefinidos la subvención será el 35 % del salario bruto anual.

     

    Obligaciones de la entidades beneficiarias

    1.- La empresa beneficiaria queda obligada a mantener la estabilidad de la persona trabajadora, durante 12 meses.  En el caso de no cumplirse la estabilidad, la empresa, para no perder la subvención, deberá contratar a otra persona que cumpla los mismos requisitos simultáneamente o dentro de los 2 meses siguientes al que se produjo la baja del contrato subvencionado.  Si hubiesen transcurrido 6 meses desde el inicio del contrato subvencionado, no se admitirá la sustitución del contrato.

     

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Pixabay (CCo Public Domain)

  • Se eleva el umbral de exención a la obligación de declarar por el sistema Intrastat

    Se eleva el umbral de exención a la obligación de declarar por el sistema Intrastat

    La obligación de suministrar la información requerida por el sistema Intrastat, a través de la presentación de las correspondientes declaraciones mensuales, está a cargo de todo sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, que expida mercancías desde el territorio estadístico español y al de otro Estado miembro de la Unión Europea (flujo expedición) o que introduzca mercancías en el territorio estadístico español desde el de otro Estado miembro (flujo introducción), siempre que el valor acumulado anual de dichas operaciones del año natural anterior o del corriente haya alcanzado el denominado umbral de exención.

    En este sentido, la Orden HAP/50/2015, de 21 de enero (BOE de 27 de enero), por la que se regulan los umbrales relativos a las estadísticas de intercambio de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea, establece que, respecto de las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2015, quedan sometidos a la obligación de presentar la declaración mensual Intrastat:

    –          En el flujo Introducción, los obligados estadísticos que en el año natural anterior realizaron introducciones intracomunitarias de mercancías por un importe facturado total, igual o superior a 400.000 euros.

    –          En el flujo Expedición, los obligados estadísticos que en el año natural anterior realizaron expediciones intracomunitarias de mercancías por un importe facturado total, igual o superior a 400.000 euros.

    En el caso de que un operador intracomunitario, inicialmente dispensado de presentar declaraciones Intrastat, alcanzara en el curso del año un valor acumulado de 400.000 euros, en expedición o introducción, deberá presentar las declaraciones mensuales de Intrastat, en el flujo de que se trate, correspondientes al mes en el que se haya alcanzado dicho valor, quedando obligado durante el resto de año y durante el año natural siguiente, a presentar las correspondientes declaraciones mensuales.

    En el supuesto de declaraciones correspondientes a operaciones relativas al año 2014, el umbral de exención aplicable será de 250.000 euros, tal y como se señala en la Orden HAP/178/2014, de 11 de febrero (BOE del 13 de febrero).

    Natalia_Palomares

     

     


    Natalia Palomares Burgo

    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Rock Cohen (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Nuevos porcentajes de retenciones para 2015

    Nuevos porcentajes de retenciones para 2015

    Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se elevaron al 21 por 100 determinados tipos de retención e ingreso a cuenta. Dicha elevación resultaba en Bizkaia, en algunos casos, de aplicación obligatoria en virtud de lo dispuesto en el Concierto Económico, y, en otros casos, se adoptó en aras de razones de coherencia del sistema tributario por propia voluntad de las Instituciones Forales.

    Sin embargo, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y otras normas tributarias, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, contemplan una reducción generalizada de los tipos de retención.

    Así, con fecha 19 de diciembre de 2014 se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta. Este Decreto Foral tiene por objeto rebajar los tipos de retención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, tanto en los tipos de aplicación obligatoria de la normativa estatal como en aquellos en que siga resultando conveniente por razones de coherencia.

    En este sentido, en dicha norma se establecen, entre otros, los siguientes porcentajes de retenciones para el ejercicio 2015:

    • Rendimientos de actividades profesionales:

                                       * Con carácter general: el 19%.

                                       * El 9% en el año de inicio de la actividad y los dos siguientes.

    * El 15% para los profesionales que en el ejercicio anterior tuvieran unos rendimientos íntegros de tales actividades inferiores a 15.000 euros, siempre que el 75% de sus ingresos provengan de dichas actividades.

    • Rendimientos derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos: el 20%.
    • Rendimientos derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, participación en fondos propios de entidades y cesión a terceros de capitales propios: el 20%.

    Finalmente, cabe reseñar que para este ejercicio 2015 se han establecido los mismos tipos de retenciones en Territorio Común, Alava, Gipuzkoa y Bizkaia. Sin embargo, a fecha de hoy Navarra mantiene el tipo general del 15% para los rendimientos de actividades profesionales y el 20% para los rendimientos derivados del capital inmobiliario y mobiliario, coincidiendo así este último porcentaje de retención en todos los territorios para 2015.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Phillip Taylor (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • La exención por trabajos en el extranjero en el IRPF: cálculo y requisitos

    La exención por trabajos en el extranjero en el IRPF: cálculo y requisitos

    La globalización y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, muchas veces obligada por la crisis económica, propician que cada vez sea más frecuente que empresas de nuestro entorno realicen trabajos en el extranjero y para ello desplacen allí a sus trabajadores. En estas circunstancias, y con el fin de incentivar, mediante la reducción de la presión fiscal soportada por los trabajadores desplazados, la internacionalización y especialización del capital humano, redundando así en una mayor competitividad de nuestras empresas en el exterior, la normativa del IRPF exime de tributar a los trabajadores que se desplazan al extranjero por las rentas del trabajo generadas durante dichos desplazamientos para prestar los servicios que sus empresas les encomienden.

    Exención por trabajos en el extranjero

    Así, en el Territorio Histórico de Bizkaia la exención por trabajos en el extranjero está regulada en la actualidad en el número 17 del artículo 9 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho artículo ha sufrido una modificación posterior a la entrada en vigor de la norma, ya que en su redacción original se exigía un límite adicional para el supuesto de que no se haya trabajado todo el año en el extranjero, límite que ha quedado suprimido por la Norma Foral 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.

    Según se recoge en el citado artículo 9.17 de la Norma Foral 13/2013, del IRPF, los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero estarán exentos, con el límite anual máximo de 60.100,00 euros, si se cumplen los siguientes requisitos:

    Primer requisito

    Primer requisito: Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. Es decir, que el destinatario o beneficiario de los servicios prestados por el trabajador desplazado sea la empresa o entidad no residente, o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.

    Por lo tanto, sólo se podrá aplicar la exención si la actividad desarrollada por el contribuyente desplazado redunda en beneficio de la entidad o establecimiento no residente, en el sentido de que le produzca una ventaja o utilidad, o de que le proporcione un valor añadido, por lo que en la práctica la exención afecta básicamente a los supuestos de trabajadores que operan en el marco de prestaciones transnacionales de servicios. Por consiguiente, ciertas tareas y funciones muy habituales como las relacionadas con las compras, la subcontratación o el aprovisionamiento de las entidades residentes, no pueden justificar la práctica de la exención, aun cuando se realicen en el extranjeri, ya que se realizan en beneficio de la propia entidad residente para la que se trabaja.

    Además, cuando la entidad destinataria de los servicios esté vinculada con la empleadora del trabajador o con aquélla en la que preste sus servicios, se tiene que considerar que se ha prestado un servicio intragrupo que produzca una ventaja o utilidad a la entidad destinataria que sea, o que deba ser, objeto de facturación por parte de la compañía que emplea al contribuyente. Hay que tener en cuenta que debe entenderse que se está prestando un servicio en beneficio de otros miembros del grupo cuando la actividad desarrollada sea de tal interés económico o comercial para éstos que refuerce su posición en el mercado. Si no se trata de actividades que una empresa independiente estaría dispuesta a contratar con terceros, o que realizaría ella misma, no estaremos ante prestaciones de servicios intragrupo.

    Segundo requisito

    Segundo requisito: Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga cláusula de intercambio de información.

    Cálculo

    En lo que respecta al cálculo de la retribución correspondiente a los trabajos realizados en el extranjero, y, por tanto, de la exención, hay que tener en cuenta los días que efectivamente el trabajador ha estado desplazado al extranjero, así como las retribuciones específicas correspondientes a los servicios prestados en el extranjero, aplicándose un criterio de reparto proporcional teniendo en cuenta el número total de días del año.

    A estos efectos, no deben computarse como días de estancia en el exterior los invertidos en el desplazamiento, tanto de ida como de vuelta, por lo que única y exclusivamente han de tenerse en cuenta los días durante los cuales el empleado se encuentre fuera de España para efectuar las prestaciones transnacionales de servicios, y sólo estarán, en su caso, exentos los rendimientos devengados durante esos días (además de las remuneraciones específicamente percibidas por las tareas desempeñadas en el exterior).

     Conclusión

    Por lo tanto, a modo de resumen, estarán exentos de gravamen en Bizkaia los rendimientos imputables a los días en que estuvo efectivamente desplazado al extranjero durante el ejercicio para realizar su trabajo, así como las retribuciones específicamente percibidas como consecuencia de los servicios prestados en el exterior en dicho ejercicio, con un máximo conjunto de 60.100 € anuales, siempre y cuando se cumplan las condiciones exigidas en la normativa:

    1) sus desplazamientos al extranjero vinieran motivados por la realización de trabajos allí en beneficio de empresas o entidades no residentes en España, o de establecimientos permanentes radicados en el exterior; y

    2) que los territorios donde prestó sus servicios no estén calificados reglamentariamente como paraísos fiscales, y en ellos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF.

    De modo que la exención no resulta aplicable cuando los desplazamientos al exterior se llevan a cabo para prestar servicios en interés de la compañía residente para la que se trabaja, o de otras empresas también residentes.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: NASA Goddard Space Flight Center (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

     

     

  • La condena en costas y el IVA: sujeción, devengo y emisión de factura

    La condena en costas y el IVA: sujeción, devengo y emisión de factura

    Cuando nos encontramos con una condena en costas en un procedimiento judicial surge frecuentemente la duda de si estamos ante un supuesto sujeto y no exento del Impuesto sobre el Valor Añadido y, además, si es necesario o no expedir nueva factura a favor de la parte condenada en costas.

    En cuanto a la primera cuestión, según se establece en los artículos 4 y 11 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (NFIVA), con carácter general los servicios profesionales prestados por abogados y procuradores, relativos a su intervención en procesos judiciales, están sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

    Sin embargo, el artículo 78 de la NFIVA establece que no se incluirán en la base imponible, entre otras, las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que por su naturaleza y función no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto.

    Así, lo primero que deberíamos delimitar es la naturaleza fáctica de la condena en costas; es decir, si se trata de una prestación de servicios profesionales o una indemnización.

    En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que el elemento esencial para que un determinado abono tenga la consideración de indemnización a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, es que no constituya remuneración de ninguna operación sujeta al mismo y, por consiguiente, que no sea contraprestación de ningún acto de consumo; es decir, hay que atender a la naturaleza del compromiso asumido, ya que, para que exista sujeción al IVA, dicho compromiso ha de suponer un consumo.

    En base a lo anterior, en principio podríamos señalar que la condena en costas a la parte vencida en un proceso supone la obligación de abonar una indemnización a la parte ganadora equivalente a los gastos por ella soportados, entre los que se encuentran los relativos a los servicios jurídicos contratados. Por lo tanto, en una primera aproximación al supuesto de hecho que nos ocupa podría considerarse que la cuantía que debe abonarse a la parte vencedora en concepto de condena en costas no forma parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la medida en que no constituye la contraprestación de ninguna operación sujeta al mismo. Así, la parte vencedora tampoco debería repercutir el Impuesto sobre la cantidad que le ha de abonar la parte condenada en costas.

    No obstante, no podemos perder de vista el hecho de que la normativa del Impuesto establece la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios profesionales prestados por abogados y procuradores de forma independiente a la parte que tiene derecho a cobrar las costas. Por lo tanto, el importe que debe abonarse a la parte vencedora en juicio será la contraprestación de los servicios que le hayan prestado los citados profesionales más el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.

    En cuanto al momento del devengo del Impuesto, según lo dispuesto en el artículo 75 NIVA en las prestaciones de servicios como aquellas relativas a abogacía y representación procesal, el Impuesto sobre el Valor Añadido se devenga cuando se prestan los citados servicios, con independencia de que la contraprestación correspondiente a los mismos se satisfaga con posterioridad, salvo que se realicen pagos anticipados por ellos, en cuyo caso el Impuesto se devenga en el momento del cobro total o parcial del precio, por los importes efectivamente percibidos.

    Así, podríamos concluir que el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los servicios prestados de los abogados y procuradores contratados para el desarrollo de un proceso judicial se produce en el momento en el que realizan su última actuación procesal o profesional en el curso de dicho proceso, tomando en consideración todas las instancias judiciales, procedimientos e incidentes correspondientes al mismo.

    Respecto a la necesidad de expedir nueva factura en el caso de condena en costas, hay que tener en cuenta que dado que el importe de la tasación de costas tiene por causa una actuación profesional de defensa jurídica prestada a quien ha ganado el pleito, es esta parte la que debe considerarse destinataria de los servicios en cuestión, aun cuando finalmente el obligado a su pago sea el contrario condenado en costas.

    El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 30 de noviembre de 2005, entendió que el sujeto pasivo del IVA (el Letrado y Procurador en este caso concreto) viene obligado a repercutir su importe sobre la persona para quien se realiza la operación gravada, es decir, la parte que ha ganado en costas, quien en virtud de la condena en costas no hace sino obtener el reintegro de lo abonado de quien resulta vencido en el proceso. No estamos ante un supuesto de repercusión del IVA en el Estado sino ante el reintegro al litigante que obtiene una sentencia favorable con condena en costas, por parte de quien resulta condenada en tal concepto, de los gastos por aquél realizados.

    Por lo tanto, la parte condenada en costas no tendrá derecho a que se expida factura a su nombre, ni a recuperar el importe de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba satisfacer, al no ser la destinataria de tales servicios.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Manu_H (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Bizkaia: Nuevo tratamiento fiscal para determinadas situaciones postlaborales

    Bizkaia: Nuevo tratamiento fiscal para determinadas situaciones postlaborales

    El pasado 17 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia la NORMA FORAL 2/2014, de 11 de junio (en vigor desde su publicación con efectos desde el día 1 de enero de 2014), por la que se establece un tratamiento fiscal alternativo para determinadas situaciones postlaborales relacionadas con la denominada economía social, aplicable a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que cumplan los siguientes requisitos:

    a) Que hayan prestado sus servicios en una entidad de la que tengan la condición de socio durante, al menos, cinco años con antelación al cese de su actividad laboral.

    b) Que no hayan percibido la totalidad o parte de las cantidades a que tuvieran derecho como consecuencia de su condición de socio en el momento del cese de su actividad laboral por alguna de las circunstancias siguientes:

    • Por haberse establecido o acordado un aplazamiento en el pago de las cantidades correspondientes.
    • Por haber concedido un préstamo a la entidad para la que prestaba sus servicios.
    • Por haberse aportado temporalmente al capital en la condición de socio inactivo.

    c) Que no hayan ejercido funciones de dirección o administración de la entidad en los últimos cinco años anteriores al cese de su actividad laboral.

    d) Que el porcentaje de participación, directo o indirecto, en el capital de la entidad no haya sido superior al 20 por 100 en ningún momento de los cinco años anteriores al cese de la actividad laboral, incluyendo las participaciones que detenten las personas que tengan con el contribuyente alguna de las relaciones a que hace referencia la letra c) del apartado Dos del artículo 6 de la Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    e) Que la entidad haya sido declarada en concurso de acreedores en el plazo de los cinco años siguientes al cese de la actividad laboral.

    f) Que, como consecuencia de lo anterior, se prevea que el contribuyente no pueda recuperar la totalidad de las cantidades a que hace referencia la letra b) anterior.

    Según dispone esta nueva regulación, estos contribuyentes podrán optar por imputar las ganancias patrimoniales derivadas de las cantidades a que tuvieran derecho como consecuencia de su condición de socio en el momento del cese de su actividad laboral, en la parte de las mismas que se corresponda con los importes que no hayan percibido, al mismo momento temporal en que se deba imputar la pérdida patrimonial porque se prevea que no se van a poder recuperar.

    La opción podrá ejercitarse hasta el momento en que finalice el plazo voluntario de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período impositivo en que se haya dictado el auto de declaración del concurso de acreedores de la entidad.

    Así, el contribuyente que se haya acogido a lo dispuesto en esta disposición tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hubiera satisfecho en relación con las ganancias patrimoniales indicadas, que será devuelta por la Administración tributaria en el plazo de los seis meses siguientes al ejercicio de la opción, sin incluir intereses de demora.

    Respecto a la compensación de las pérdidas derivadas de las cantidades no percibidas por el contribuyente, se podrá optar por aplicar el régimen general de integración y compensación de pérdidas patrimoniales previsto en el artículo 65 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o compensarlas con la parte de las ganancias patrimoniales derivadas de las cantidades a que tuvieran derecho en el momento del cese de su actividad laboral pendientes de integrar en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio de que se trate.

    Con esta nueva regulación se pretende ofrecer una respuesta normativa específica a situaciones extraordinarias relacionadas con aquellos trabajadores que habían dejado de forma temporal en sus empresas los recursos a que tenían derecho al concluir su vida laboral con el fin de permitir el mantenimiento de su actividad e intentar reducir la exposición al apalancamiento, y así amparar a los contribuyentes de menor capacidad económica de las consecuencias desproporcionadas que de dichas situaciones puedan derivarse.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Jeff Belmonte (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Novedades contables para las sociedades cotizadas (NIIF 15)

    Novedades contables para las sociedades cotizadas (NIIF 15)

    El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Consejo de Contabilidad Financiera de Estados Unidos publicaron el pasado día 28 de mayo de 2014 una nueva norma sobre reconocimiento de ingresos, la NIIF 15, «Revenue from contracts with customers”. Esta norma sustituye a la mayoría de directrices sobre reconocimiento de ingresos ordinarios contempladas actualmente en los PCGA estadounidenses y en las NIIF internacionales, y regula la presentación de los ingresos ordinarios instando a un mayor desglose de los mismos.

    Los reguladores internacionales de contabilidad llevan trabajando en la reforma de esta normativa desde hace cinco años. La nueva norma entrará en vigor el 1 de enero de 2017 aunque las empresas pueden optar por aplicarla de forma anticipada.

    La finalidad de esta nueva norma es conseguir una mayor unidad de criterios contables a nivel internacional que permita una comparación más ajustada entre las ventas de una compañía estadounidense y otra europea, ya que hasta ahora la normativa al respecto en Estados Unidos era más prolija en normas específicas sobre reconocimiento de ventas.

    En España únicamente afectará a las compañías cotizadas que presentan cuentas anuales consolidadas.

    Esta nueva norma afectará especialmente a empresas que venden artículos o servicios de forma combinada. Así, los sectores que se verán más afectados por la nueva norma serán los de telecomunicaciones, ingeniería, construcción, informática. Los nuevos criterios contables recogidos en ella pueden cambiar qué bienes o/y servicios se agrupan o se separan a la hora de reconocerlos como ingresos, teniendo como principio básico que las entidades reconocerán los ingresos procedentes de la transferencia de bienes o servicios a clientes por importes que reflejen la contraprestación (es decir, el pago) a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.

    Así, es posible que sea necesario introducir cambios en los sistemas y procesos de captura de la información con independencia de que no se produzca un cambio significativo en las magnitudes principales de los estados financieros.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: reynermedia (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Evolución y nueva regulación Impuesto sobre el patrimonio en Bizkaia: Novedades Norma Foral 5/2013, de 5 de diciembre

    Evolución y nueva regulación Impuesto sobre el patrimonio en Bizkaia: Novedades Norma Foral 5/2013, de 5 de diciembre

    El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció en España en 1977 como un tributo de carácter excepcional, en el marco de la profunda reforma del sistema tributaria iniciada ese año, y complementario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, estableció así con carácter excepcional y transitorio un Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas pendiente de configuración definitiva, como señalaba su propia Exposición de Motivos.

    Sin embargo, con el tiempo, las posteriores regulaciones acabaron con su carácter extraordinario. De hecho, en Bizkaia, la Norma Foral 11/1991, de 17 de diciembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, supuso la incorporación con carácter estable de este impuesto al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia con un triple objetivo: efectuar una función de carácter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; conseguir una mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y la obtención de una mayor justicia redistributiva, complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

    No obstante, según se señala en la Exposición de Motivos de la Norma Foral 7/2008, de 10 de diciembre, que aprobó medidas tributarias para 2009, desde el momento de su establecimiento, las transformaciones, tanto del entorno económico internacional como las mismas modificaciones introducidas en el tributo, hicieron que éste perdiera su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que en su momento fue diseñado. Así, esta Norma Foral derogó, con efectos a partir del 1 de enero de 2008, la Norma Foral 11/1991, de 17 de diciembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    Lo cierto es que el Impuesto sobre el Patrimonio ha sido siempre una figura fiscal controvertida.  De hecho, en el ámbito del Derecho Comparado, resulta complicado encontrar una figura similar al Impuesto sobre el Patrimonio español en otros países del entorno de la OCDE, ya que lo que en España se grava a través de un único tributo, en otros países se divide en varias figuras: activos inmobiliarios, resto de patrimonio, etc…

    Es también significativo el hecho de que en casi todos los Estados del mencionado entorno se hace tributar a la herencia, mientras que durante la última década en España prácticamente se desterró, por la competencia fiscal entre comunidades, el impuesto de sucesiones. Es ahora cuando esa tendencia se está invirtiendo por el efecto que la crisis está provocando en el gasto público; por ejemplo, en Bizkaia la Norma Foral 5/2013, de 5 de diciembre, ha modificado el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, derogando la exención de adquisiciones mortis causa y de percepciones de contratos de seguros de vida por parte de cónyuges, parejas de hecho y parientes en línea recta por consanguineidad o adopción.

    En esta línea podemos situar también a los Estados Unidos de América, donde el Impuesto sobre el Patrimonio (Wealth Tax) grava con un impuesto máximo del 35% el valor del patrimonio de la persona física en el momento de realizar un traspaso, incluyendo donaciones y herencias, respondiendo a un concepto anglosajón de principios del siglo XX según el cual se entendía negativo y poco incentivador para las nuevas generaciones la herencia de grandes patrimonios.

    En este sentido, son varios los argumentos que, tradicionalmente, se aducen en contra del establecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio:

     – tiene una eficacia recaudatoria dudosa, si bien hay que tener en cuenta que el el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José Maria Iruarrizaga, anunció en rueda de prensa con motivo de la presentación de la Campaña de Renta y Patrimonio 2013 que por este impuesto se espera recaudar 80,5 millones de euros de 7.500 contribuyentes.

     – fomenta la doble imposición, para quienes entienden que renta y riqueza no constituyen realidades impositivas distintas.

     – resulta fácilmente eludible por parte de las grandes fortunas, que disponen de medios para mantener una estructura que permita camuflar el patrimonio como patrimonio empresarial en vez de personal, haciendo que, en definitiva, en la práctica este impuesto recaiga sobre los patrimonios medios.

     – su utilidad censal es reducida, ya que en la actualidad la Administración tributaria dispone de suficientes medios técnicos a su alcance para disponer de la información necesaria para la eficaz gestión de los tributos.

     – tal y como hemos reseñado, es prácticamente inexistente en los países de nuestro entorno.

     – dificulta la atracción de capitales y también la retención de los mismos, fomentando además el riesgo de deslocalización.

    Sin embargo, a pesar de lo controvertido de esta figura tributaria, lo cierto es que tres años después de su derogación, la situación económica y financiera se vio afectada a nivel mundial por una crisis sin precedentes que aconsejó, con carácter transitorio para los años 2011 y 2012, restablecer el derogado impuesto a través de la Norma Foral 4/2011, de 28 de diciembre, eso sí, con significativas modificaciones en la definición del ámbito subjetivo de aplicación y del nivel de carga impositiva del mismo. Esta restauración, en principio temporal, se justificaba en la necesidad de asegurar la estabilidad de la economía y favorecer la recuperación y el empleo, para lo que resultaba esencial la aplicación del principio de equidad, en busca de una mayor contribución a la salida de la crisis por parte de quienes tienen una mayor capacidad económica.

    Así, para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio se elevó hasta 800.000 euros la reducción de la base imponible para todos los contribuyentes, en concepto de mínimo exento, y se incrementó la exención por vivienda habitual a un importe de 400.000 euros, actualizándose además la tarifa para tener en cuenta la pérdida de valor del dinero.

    Posteriormente, y ante el fin de la vigencia de la Norma Foral 4/2011, de 28 de diciembre, previsto para el 31 de diciembre de 2012, se estimó necesario aprobar una nueva Norma Foral que reincorporara el Impuesto sobre el Patrimonio al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia en los ejercicios 2013 y siguientes, ya que, debido a la evolución de la situación económica, se planteaba la necesidad de mantener el esfuerzo de solidaridad exigido a los contribuyentes que disponen de un patrimonio más elevado.

    Para ello, la Norma Foral 2/2013, del 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio, recoge las siguientes novedades:

    – se modifica la exención para bienes afectos a actividades y participaciones, modificando la regla para determinar la parte exenta cuando haya activos afectos y no afectos y excluyendo de la exención en todo caso ciertos tipos de bienes, como la mayoría de inmuebles y las participaciones en instituciones de inversión colectiva.

    – se unifican las reglas de determinación de la base imponible del impuesto aplicables a los bienes inmuebles: para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, el 25% del valor mínimo atribuible; el 50% de dicho valor para los ejercicios 2016 y siguientes, con el fin de que dos contribuyentes propietarios de inmuebles similares los integren con el mismo valor en la base imponible del impuesto.

    – se modifican las reglas de determinación de la base imponible de actividades económicas, valores de renta fija cotizados, valores de renta variable cotizados y no cotizados, seguros sobre la vida y valoración de las deudas.

    – se refuerza la aplicación de la cláusula de no confiscatoriedad articulada en torno a la existencia de una reducción de la cuota, en atención al límite conjunto entre las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, incorporando una serie de normas que impidan que dicha cláusula ampare realidades patrimoniales ajenas a las que a través de su aplicación deben ser protegidas.

    – se modifica la tarifa (ahora con seis tramos, con tipos de hasta el 2%; en la regulación anterior hasta el 2,5%).

    Esperemos que este restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio en Bizkaia, una vez corregidas las deficiencias técnicas y de equidad que se apreciaban en la regulación anterior, contribuya realmente a la justicia, progresividad y equidad del sistema tributario de nuestro Territorio Histórico, no penalice la generación de riqueza a través de las actividades productivas, y sirva con eficacia a la eliminación de la evasión fiscal.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Jeff Belmonte (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Normas de Registro y valoración del Inmovilizado Material y de las inversiones inmobiliarias: Resolución de 1 de Marzo de 2013 del ICAC.

    Normas de Registro y valoración del Inmovilizado Material y de las inversiones inmobiliarias: Resolución de 1 de Marzo de 2013 del ICAC.

    El pasado año, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas trasladó a normas contables lo ha habían sido consultas reiteradas que les habían sido presentadas.

    Entre ellas aparece la Resolución de 1 de Marzo de 2013, en la cual se establecen metodologías más concretas en lo que al inmovilizado tangible e intangible se refiere. En concreto, desarrolla reglamentariamente los criterios de registro y valoración sobre el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias contenidos en el Código de Comercio y en el Plan General Contable aprobado por Real decreto 1514/20117 de 16 de Noviembre.

    Partimos de la definición que el PGC establece como elementos del inmovilizado material, siendo éstos los activos destinados a servir de forma duradera en la actividad empresarial, siempre y cuando vengan representados por bienes muebles e inmuebles, exceptuando aquellos que tengan que ser clasificados como inversiones inmobiliarias. Si bien es cierto que la resolución está dedicada a las inmovilizaciones materiales, lo cual excluye por definición los inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias, hay que tener presente que los criterios son de aplicación también éstas últimas.

    La resolución está dividida en las cinco normas que se detallan a continuación, pero en este artículo desarrollaremos lo que la resolución establece acerca del punto 1:

    1- Valoración inicial
    2- Valoración posterior
    3- Formas especiales de adquisición del inmovilizado material
    4- Baja en cuentas.
    5- Inversiones inmobiliarias.

    La valoración inicial del bien se fundamenta en los criterios que el Plan General Contable establece como conceptos que han de formar parte del precio de adquisición ó coste de producción del inmovilizado material. Se hace especial hincapié en la obligación de imputar como mayor valor los costes en los que se incurre durante el periodo de prueba, así como aquellos derivados del desmantelamiento y rehabilitación del bien. Igualmente se hace mención al criterio de contabilizar los gastos financieros como un mayor valor del bien.

    Al adquirir un elemento de inmovilizado, puede resultar que las partes condicionen el precio a la obtención de información adicional que confirmen la facultad del bien de generar una corriente de beneficios o rendimientos futuros.

    La novedad a resaltar en este punto de la Resolución, es el tratamiento contable de la contraprestación contingente asociada a la adquisición de un bien de inmovilizado material, la cual establece que formará parte de adquisición del bien la mejor estimación del valor actual de los pagos contingentes acordados, salvo en el caso en que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo futuro de la actividad de la empresa (cifra de ventas o beneficios del ejercicio). Lo que finalmente se establece es que, si el pago contingente se vincula a la ocurrencia de un hecho futuro que haga aumentar los rendimientos económicos y se entiende que está directamente relacionado con el activo a valorar, el tratamiento contable será el mismo que el previsto para las ampliaciones o mejoras del inmovilizado material.

    También dentro de este primer punto la resolución regula el modo de contabilizar los anticipos entregados a cuenta para la adquisición de un elemento del inmovilizado material, y exige que cuando entre el plazo de la entrega del efectivo y la incorporación del elemento de inmovilizado al activo de la empresa, discurra un plazo superior a un año, ha de reconocerse como ingreso el componente financiero del anticipo entregado.

    Por otro lado, en los denominados contratos “llave en mano” es práctica común que los anticipos sean entregados para compensar al proveedor por el grado de avance de la construcción ( certificaciones) , y en este supuesto, estos acuerdos pueden calificarse como entregas de bienes o prestaciones de servicios.

    En el caso de entrega de bienes, los desembolsos se contabilizan como anticipos hasta que se produzca la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios del activo. En este supuesto, si el tiempo transcurrido entre los desembolsos y el cumplimiento de la entrega del bien es superior al año, también habrá de actualizarse el valor de estos desembolsos.

    Puede darse también el caso de que nos encontremos ante una actividad calificada como prestación de servicios. Esto ocurre cuando la construcción que se lleva a cabo está delimitada por unas bases concretas estipuladas por el cliente, y supone que exista un vínculo entre las partes al cumplimiento de las obligaciones y a su vez se produce una transferencia sistemática de los riesgos y beneficios según se va desarrollando la actividad por el contratista. En este caso la empresa cancelará los anticipos entregados y reconocerá el inmovilizado en curso según se vaya produciendo la citada transferencia, lo cual lleva aparejada también la obligación de activar los correspondientes gastos financieros como un mayor valor del inmovilizado.

    Así, según todo lo expuesto, ya constan con regulación específica todos estos supuestos que desde la aprobación del Plan General Contable generaban dudas en cuanto al modo correcto de registro y valoración.

    Patricia Arranz Quirós
    Economista

    Foto: John-Morgan (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)