Categoría: Fiscalidad

  • Novedades en Cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2013

    Novedades en Cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2013

    La entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ha venido a modificar la lista de conceptos que tradicionalmente se debían computar en la base de cotización a la Seguridad Social, ampliando a dicha lista ciertos conceptos que tradicionalmente se encontraban excluidos de cotización.

    Dicho Real Decreto Ley viene a ampliar la base de cotización de los trabajadores (para permitir una mayor recaudación), a través de la modificación del art.109 de la Ley General de la Seguridad Social que establece los conceptos computables en la base de cotización.

    En virtud de la nueva redacción del art.109, la base de cotización para contingencias comunes y profesionales pasa a estar integrada, salvo muy pocas excepciones, por todos los conceptos retributivos, tanto en metálico como en especie, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador”.

    Entre otros, se establecen como conceptos computables los siguientes:

    • La totalidad del importe abonado a los empleados por pluses de transporte y distancia.

    • Mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las correspondientes a la incapacidad temporal.

    • Asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a gastos de estudios del trabajador cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

    • La totalidad de gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar de trabajo habitual y del que constituya su residencia.

    En materia de compensación y beneficios, los principales elementos retributivos que se ven afectados por la nueva regulación son los siguientes:

    • Entrega gratuita o a precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa o empresas del grupo (con esta nueva Redacción del artículo 109 de la LGSS, se imputa en la base de cotización el importe íntegro, mientras que en la norma anterior, solo era computable el exceso sobre los 12.000 euros anuales)

    • Vales de comida: se tendrá que computar en la base de cotización el importe íntegro, mientras que en la anterior regulación quedaban exentos de cotización hasta los 9 euros diarios y/o cuando no se cumplían los requisitos establecidos en la normativa fiscal.

    • Seguros de salud: Habrá que imputar el importe íntegro; antes solo había que cotizar por el exceso de los 500 euros anuales por cada persona incluida en el seguro médico

    La presente modificación supone un lógico incremento de los costes salariales para aquellas empresas que tuvieran concedidos a sus empleados beneficios corporativos como un seguro médico, o vales de comida, pudiendo incrementarse los costes salariales en torno a un 30% del importe destinado a dichos beneficios; Asimismo, con la entrada en vigor de dicha normativa, se computarán en la base de cotización los siguientes productos en especie que con anterioridad a la publicación de este Real Decreto-Ley 16/2013 quedaban exentos de cotización:

    • Ayuda de guardería para el primer ciclo de educación infantil de los hijos de los trabajadores

    • Primas de seguros de accidente de trabajo o responsabilidad civil del trabajador.

    • Prestación del servicio de educación preescolar infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional, por centros educativos autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o a precio inferior al normal del mercado.

    A pesar de lo expuesto, no variarán las bases de cotización a la Seguridad Social de las retribuciones en especie de los productos de vivienda, coche de empresa y los préstamos con tipos de interés inferior al 4% durante el 2014.

    El Real Decreto-Ley 16/2013 establece una nueva obligación en materia retributiva para las empresas, estando obligadas a comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en cada periodo de liquidación, el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social; dicha comunicación se llevará a cabo a través del sistema RED, mediante el fichero creado por la Tesorería General de la Seguridad Social a tal efecto, el CRA (Conceptos retributivos abonados).

    Esta nueva normativa, (Real Decreto-Ley 16/2013) afecta también a la aportación que deben realizar los trabajadores a la Seguridad Social, de forma que, los trabajadores con contrato indefinido sufrirán una disminución porcentual de sus ingresos reales en un 6,35% respecto a los importes destinados a los conceptos anteriormente referenciados, un 6,40% en el caso de los trabajadores con contrato temporal. Los Trabajadores que se encuentren cotizando por las bases máximas verán incrementada dicha base máxima en torno a un 5% respecto del ejercicio 2013, (3.597€ al mes para 2014), reduciéndose también sus ingresos reales.

    Finalmente, cabe referirse a modo de conclusión, al carácter real con el que dichas medidas han sido promulgadas, que no es otro que el recaudatorio, con el que la Seguridad Social pretende ingresar en torno a 900 millones de euros más que en el ejercicio 2013; Asimismo, cabe comentar que, a pesar de la obvia disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y del incremento en los costes laborales de las empresas, estos incrementos en las cotizaciones derivarán en un incremento de las prestaciones económicas que los trabajadores puedan percibir en un futuro.

    Aitor_Rodriguez

     

     


    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: ReTeP´s (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • La obligación de declarar la tenencia de bienes en el extranjero: Regulación en Bizkaia (Modelo 720)

    La obligación de declarar la tenencia de bienes en el extranjero: Regulación en Bizkaia (Modelo 720)

    La Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, de lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias, añade a la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia dos Disposiciones Adicionales (27ª y 28ª) que recogen la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, así como las infracciones y sanciones que lleva aparejado su incumplimiento.

    Esta obligación se ha desarrollado mediante el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2013, de 25 de junio, que será aplicable por primera vez a las declaraciones a presentar en el año 2014 en relación a los bienes y derechos de los que se sea titular a 31 de diciembre de 2013. Se establece una periodicidad anual para el cumplimiento de esta obligación; el plazo para la presentación de la primera declaración se extiende del 1 de enero de 2014 a 31 de marzo de 2014, siendo obligatoria la presentación telemática de esta nueva declaración informativa (Modelo 720).

    Dicha obligación fue introducida a nivel estatal por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y el Real Decreto 1558/2012 de 15 de noviembre que la desarrolla. Tanto en Territorio Común como en Navarra han presentado ya en el ejercicio 2013 la declaración correspondiente a 2012.

    Como curiosidad, esta obligación de declaración de bienes en el extranjero articulada en la Ley 7/2012 y el Real Decreto 1558/2012 ha sido denunciada ante la Unión Europea por entender que supone una clara e importante restricción a la libre circulación de personas, establecida en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y a la libre circulación de capitales, garantizada por el artículo 63 TFUE, aduciendo además que no existe constancia de que otro país de nuestro entorno haya aprobado una norma parecida.

    Lo cierto es que, como veremos, esta nueva obligación afecta sobre todo a particulares, pues las empresas no deben informar sobre determinados bienes en el extranjero que tengan registrados de manera individualizada en su contabilidad, y a priori puede parecer desproporcionada por su generalidad, y por el duro régimen sancionador que establece.

    De hecho, la importancia de esta nueva obligación no deriva sólo de su contenido sustantivo por la propia naturaleza de la información que se facilita, sino de las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, ya que el mismo supone no sólo el endurecimiento del tratamiento de las ganancias de patrimonio no justificadas o de las rentas presuntas, sino también un régimen sancionador específico.

    En Bizkaia, deben presentar esta declaración las personas físicas y jurídicas residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, los establecimientos permanentes en Bizkaia de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 34 de la Norma Foral 2/2005 (herencias yacentes, comunidades de bienes…) que tengan bienes en el extranjero.

    Por lo tanto, el punto de conexión para determinar la obligación o no de presentar el modelo 720 en Bizkaia es la residencia fiscal vizcaína, independientemente de la nacionalidad.

    Estos obligados tributarios deberán suministrar a la Administración información relativa a cinco bloques de bienes:

    a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición, salvo aquellas cuyos saldos a 31/12 y el saldo medio del último trimestre del año no superen, conjuntamente, los 50.000 euros.

    No existirá obligación de declarar, entre otras, las cuentas registradas en contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito, sucursal y país o territorio (por personas jurídicas residentes, establecimientos permanentes de no residentes, y personas físicas que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio).

    b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares, y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero, por importe superior a 50.000 euros.

    Aunque estos valores gestionados u obtenidos en el extranjero estén registrados en la contabilidad de la persona física, no excluye la obligatoriedad de informar sobre los mismos (a diferencia de las cuentas bancarias y los inmuebles).

    c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero, cuyo valor conjunto supere los 50.000 euros.

    d) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su titularidad cuyo valor unitario exceda de 50.000 euros y que, en el momento de la declaración, se encuentren situados en el extranjero.

    e) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su titularidad matriculados o que consten en registros de países extranjeros.

    Cada uno de estos cinco bloques de bienes constituye una obligación de información diferente, pero todas ellas se articulan a través de un mismo modelo informativo (el ya citado Modelo 720), con el que se pretende:

    1) averiguar cuál es el origen de estos bienes y derechos, por si proceden de rentas no declaradas (ni en España ni en el país donde radica el bien). Si se comprobase que tienen su origen en rentas no declaradas se podría regularizar conforme a la normativa vigente.

    2) al ser una declaración para residentes fiscales en Bizkaia, deberán declarar en Bizkaia los rendimientos y beneficios que cada año obtienen de estos bienes, si los hubiere.

    El término de comparación para conocer si es preciso volver a presentar la declaración siempre va a ser la última declaración presentada. Así, será obligatorio volver a presentar la declaración cuando se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

    Tal y como hemos adelantado, el incumplimiento de la obligación de presentar el Modelo 720 lleva aparejadas tanto un régimen sancionador específico como una presunción de obtención de rentas:

    1. Sanciones: Constituyen infracciones tributarias:

    –no presentar en plazo la declaración, sancionable con un mínimo de 10.000 euros por bloque de información.

    –presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas: sancionable con un mínimo de 1.500 euros por bloque.

    2. presunción de obtención de rentas tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades: en todo caso, tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido, en el plazo establecido al efecto, la obligación de información.

    Esta presunción sólo puede ser destruida mediante la acreditación por parte del contribuyente de que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en períodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este impuesto.

    En el supuesto de ganancias patrimoniales no justificadas y presunción de obtención de rentas, se establece además una multa pecuniaria proporcional del 150 por 100 de la cuota íntegra (no se tendrán en cuenta para el cálculo de la cuota que sirve como base de la sanción las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores que, en su caso, pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra).

    Estas infracciones y sanciones serán incompatibles con las establecidas genéricamente para los supuestos de no presentar en plazo declaraciones y de presentación de declaraciones incorrecta, incompleta o con datos falsos.

    Por lo tanto, a la vista de todo lo expuesto, y a modo de conclusiones prácticas, es necesario dar a conocer al máximo esta nueva obligación de declaración de tenencia de bienes en el extranjero para los residentes vizcaínos, ya que debemos tener en cuenta que dada la situación geográfica del Territorio Foral de Bizkaia existe un importante número de particulares que pueden estar obligados a presentar esta declaración y lo desconozcan, con las consecuencias que hemos visto que se pueden derivar de la no presentación.

    A modo de ejemplo, en nuestro entorno es habitual que contribuyentes vizcaínos sean propietarios de segundas residencias en territorio francés, y, además, sean titulares de una cuenta corriente en una entidad financiera francesa para hacer frente a los gastos que dicha vivienda origina, por lo que, si superan los límites establecidos, estarán obligados a presentar el Modelo 720 antes del 31 de marzo de 2014. De hecho, Hacienda Foral de Bizkaia espera la presentación de unas 5.000 declaraciones este año.

    Además, debemos tener en cuenta que circunstancias como la obligatoriedad de la presentación telemática de dicho Modelo y la posible complejidad de la información a aportar hacen necesario el asesoramiento tanto para la cumplimentación de la propia declaración como para su tramitación.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Alan Cleaver (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Régimen especial del criterio de caja (IVA): Consecuencias prácticas

    Régimen especial del criterio de caja (IVA): Consecuencias prácticas

    El régimen especial del criterio de caja de IVA ha sido incorporado a nuestra legislación por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores.

    Se configura como un régimen opcional, que podrá aplicarse a partir del 1 de enero de 2014, para aquellos sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 euros (excepto aquellos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural anterior superen la cuantía de 100.000 euros), en el que se retrasa el devengo, y con ello la declaración e ingreso del IVA repercutido, hasta el momento del cobro a los clientes del sujeto pasivo aunque se retardará, igualmente, la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que efectúe el pago a sus proveedores (criterio de caja doble); todo ello con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las operaciones se hayan efectuado.

    A modo de comparación, en el régimen general el devengo del IVA se produce en el momento de la entrega del bien o prestación del servicio, sin tener en cuenta cuando se produce el pago del precio salvo en el caso de los anticipos. El aplazamiento del pago no tendrá incidencia ni en el ingreso del IVA ni en el derecho a su deducción.

    Sin embargo, en el régimen especial del criterio de caja, el devengo se produce en el momento del cobro y, de forma paralela, el derecho a la deducción nacerá con el pago, en ambos casos con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior al que se realice la operación.

    En este sentido, la repercusión del IVA deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura, pero se entenderá producida en el momento del devengo (el pago) de la operación.

    Además, los sujetos pasivos acogidos a este régimen deberán cumplir con un serie de obligaciones formales:

    • Deberán incluir en el libro registro de facturas expedidas las fechas del cobro de la operación con indicación por separado del importe correspondiente e indicar la cuenta bancaria o medio de cobro utilizado.
    • Deberán incluir en el libro registro de facturas recibidas las fechas del pago de la operación con indicación por separado del importe correspondiente e indicar el medio pago.
    • Deberán incluir en las facturas que emitan la mención “régimen especial del criterio de caja”.

    Pero lo realmente relevante de este régimen especial es que no afecta únicamente a los sujetos pasivos que hayan optado por él, sino a todos aquellos sujetos pasivos del impuesto que, aunque no hayan optado por él, sean destinatarios de facturas relativas a operaciones acogidas a este nuevo régimen (las identificarán a su recepción por la mención “régimen especial del criterio de caja”).

    Si la operación está acogida al criterio de caja, para el destinatario de la factura funciona como si él mismo estuviera acogido a dicho régimen, aunque no lo esté. Es decir, que es la propia operación acogida al criterio de caja la que marca que sea de aplicación para el destinatario, aunque dicho destinatario no esté acogido a dicho régimen de caja.

    Por lo tanto, en dichas operaciones, y aunque no esté acogido al nuevo régimen especial, el destinatario no podrá proceder a la deducción del IVA soportado hasta el momento en que efectúe el pago, o hasta el 31 de diciembre del año inmediato posterior al que se realice la operación si no procede al pago. Además, deberá incluir en el libro registro de facturas recibidas las fechas del pago de la operación con indicación por separado del importe correspondiente e indicar el medio pago.

    Por lo tanto, en la práctica, un régimen especial inicialmente configurado como optativo afectará a quien no haya optado por él en la medida en la que sea destinatario de operaciones acogidas a dicho régimen, lo que se traducirá en:

    • La deducción del IVA soportado en dichas operaciones en el momento en que efectúe el pago, o el 31 de diciembre del año inmediato posterior al que se realice la operación si no procede al pago.
    • la necesaria adecuación y adaptación de los sistemas contables e informáticos que deberán desarrollarse para controlar la liquidación del IVA relacionada con aquellos proveedores que hayan ejercido tal opción. Además será preciso llevar en paralelo un doble sistema de liquidación de IVA, al coexistir algunos proveedores acogidos al criterio de caja con los restantes proveedores que no hayan optado por el mismo y sigan aplicando el régimen general.

    En este sentido, parece que el diseño de esté régimen especial conllevará que su aplicación para todas las partes que se vean afectadas por el mismo (proveedores y clientes) suponga un incremento sustancial de los costes asociados al control de todo el proceso de facturación, contabilización y liquidación del IVA, tanto para proceder a las obligadas adaptaciones contables e informáticas para la aplicación de este nuevo régimen, como por el aumento de costes derivado de la mayor carga administrativa y de personal que este cambio implicará.

     

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Alan Cleaver (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

  • Nueva normativa sobre la deducibilidad de ciertos gastos en Bizkaia

    Nueva normativa sobre la deducibilidad de ciertos gastos en Bizkaia

    La Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias, recoge la modificación relativa al tratamiento de los gastos deducibles en el ámbito empresarial, tanto en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como con el Impuesto sobre Sociedades, aplicable para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, y, por lo tanto, a tener en cuenta para el cierre del ejercicio en curso.

    En dicha Norma Foral se establecen reglas que delimitan los supuestos en los que van a considerarse deducibles determinados gastos cuya correlación con los ingresos puede desenvolverse en unos términos menos claros, por lo que es preciso establecer una serie de pautas que permitan determinar con precisión qué gastos están correlacionados con los ingresos y tienen carácter deducible y cuáles no, entre las que destacan las siguientes:

    • se detallan los supuestos en los que los gastos de representación o las atenciones con proveedores o clientes tienen carácter deducible y en cuáles no, incluyendo, además, mecanismos que permitan el control del destino y finalidad de los mencionados gastos.
    • se hace un esfuerzo para concretar cuándo los vehículos, embarcaciones y aeronaves deben considerarse exclusivamente afectos a las actividades económicas de los contribuyentes y cuándo no, a los efectos de establecer la deducibilidad de los gastos relativos a la adquisición y utilización de los mismos, incluyendo una regla novedosa de imputación al 50 por 100 de los vehículos que sean utilizados simultáneamente para la realización de actividades económicas y para finalidades privadas, especificando igualmente los supuestos en los que no se van a considerar afectos los citados elementos patrimoniales ni consiguientemente deducibles los gastos relacionados con ellos.
    • además, respecto a los vehículos de turismo y similares, se establece un importe máximo de precio de adquisición de los mismos que se entiende como razonable, que se ha fijado en 25.000 euros, y, por lo tanto, solamente van a ser deducibles los gastos relativos a vehículos que no superen ese precio de adquisición, o si lo superan, lo serán en la parte proporcional hasta ese importe, tanto en relación con los gastos relativos a la adquisición como en los gastos relacionados con la utilización del vehículo, y por lo tanto, los contribuyentes que adquieran vehículos de superior precio asumirán a su costa el incremento de gastos que ello implica.

    Así, las novedades más relevantes que recoge dicha Norma Foral son las siguientes:

    • No son deducibles en ningún caso los gastos derivados de operaciones en las que se incumpla la normativa sobre la limitación de los pagos realizados en efectivo según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, ya que se entiende que el pago en efectivo puede facilitar la realización de actos defraudatorios.

    En dicha disposición se establece que no pueden pagarse en efectivo cantidades iguales o superiores a 2.500 euros cuando una de las partes interviene en calidad de empresario o profesional. Dicho importe puede aumentar hasta los 15.000 euros cuando el pagador, siendo una persona física y justificando que no tiene su domicilio social en España, no actúe en calidad de empresario o profesional.

    • Sin que suponga una modificación de la situación preexistente, se establece expresamente que no son deducibles los sobornos, siguiendo así la recomendación C (2009) 64 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, sobre medidas fiscales para reforzar la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales, en la que se recomendaba la tipificación de su no deducibilidad.
    • Se limita la deducibilidad de los obsequios y regalos y de los gastos de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos. Para este supuesto conviene recordar lo que constituye la premisa básica de todo gasto para su deducibilidad, ahora limitada: que se trate de gastos relacionados con la actividad económica.o Respecto a los obsequios y regalos, serán deducibles 300 euros por persona y año (se debe identificar al perceptor);

                            o Los gastos de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos serán deducibles en un 50%, con el límite del 5% del volumen de ingresos.

    • Se fijan nuevas normas relativas a la deducibilidad de los gastos derivados de la utilización de elementos de transporte:

                             o La regla general sigue siendo la no deducibilidad de los gastos relacionados con elementos de transporte, con determinadas excepciones si se acredita la utilización del vehículo de forma habitual y relevante en la actividad.

                            Siendo así, se permite deducir el 50% de los gastos derivados de la utilización de elementos de transporte, con el límite del menor de 2.500 euros o el 50% del resultado de multiplicar por 25.000 el porcentaje de amortización, para los casos de arrendamiento, cesión o depreciación, y el límite de 3.000 euros por la utilización (incluye combustible, reparaciones, peajes, y parkings).

                             o Ambos límites se reducen proporcionalmente al tiempo de utilización del vehículo, y si una persona utiliza varios vehículos simultáneamente, los límites se aplican por persona y año.

                            o Si el sujeto pasivo prueba fehacientemente la afectación exclusiva del vehículo al desarrollo de la actividad, o se imputa su uso como retribución en especie a la persona que lo utiliza, se permite su deducibilidad al 100%, con los límites de la cantidad menor de 5.000 euros y el resultado de multiplicar 25.000 euros por el porcentaje de amortización, para los casos de arrendamiento, cesión o depreciación y 6.000 euros por la utilización (incluye combustible, reparaciones, peajes, y parkings).

                         Se presume la afectación exclusiva en el caso de vehículos destinados al servicio de enseñanza de conductores, servicio de vigilancia, los destinados a alquiler de forma exclusiva y habitual, vehículos mixtos de transporte de mercancías, y los dedicados al transporte de viajeros mediante contraprestación.

                         o Con carácter general, serán deducibles los gastos que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento, depreciación y cualquier otro vinculado a la utilización de los vehículos utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.

                        No obstante, si son utilizados por personas vinculadas a la entidad, en el caso de personas jurídicas, será deducible el 50%, con carácter general, o el 100%, si se prueba la utilización exclusiva en el desarrollo de la actividad o se imputa como retribución en especie, con los límites señalados con carácter general por amortización o arrendamiento y por utilización.

                    o No son deducibles con carácter general los gastos relacionados con la adquisición, arrendamiento, amortización o utilización en general de embarcaciones, de buques de recreo o de deportes náuticos ni de aeronaves, si bien en caso de facturación residual se permite la deducción hasta el límite de la cantidad ingresada, no siendo de aplicación el límite señalado cuando el sujeto pasivo acredite disponer de los medios materiales y humanos necesarios para el ejercicio de la actividad económica consistente en la explotación de los citados medios de transporte de forma continuada en el tiempo.

    Tal y como expresa la propia norma en su Exposición de Motivos, con esta nueva regulación se pretende incorporar medidas adicionales en determinadas áreas de nuestra normativa que faciliten la persecución de las conductas fraudulentas, obviamente con la necesaria seguridad jurídica para los obligados tributarios que cumplen adecuadamente con sus obligaciones tributarias.

    Natalia_Palomares

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Images_Of_Money(flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

     

  • Obligación de declaración de bienes en el extranjero

    Obligación de declaración de bienes en el extranjero

    La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, ha establecido una nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero.

    Como novedad es necesario señalar que esta obligación de declarar determinados bienes no va ligada a un impuesto específico, sino que se trata de una declaración informativa genérica determinada por el criterio de residencia; así, deberán declarar los bienes y derechos situados en el extranjero todo residente en España, sea persona física o jurídica, que ostente bienes o derechos en el extranjero.

    Información a declarar

    La declaración se deberá realizar a través de la presentación telemática del Modelo 720 ante la Agencia Tributaria, y recogerá la información a declarar en tres bloques:

    Bloque 1. Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, de las que sean titulares o beneficiarios, o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición.

    En este caso se deben declarar los saldos de todas las cuentas a 31 de diciembre de cada año y el saldo medio del último trimestre del año. No obstante, no existirá esta obligación de información cuando los saldos a 31 de diciembre ni los saldos medios del último trimestre superen la cifra de 50.000 €.

    En los casos en los que la titularidad corresponda a varias personas o entidades, se informará de los saldos totales sin prorratear, indicando el porcentaje de participación.

    Lo mismo ocurrirá respecto de cualquiera de los tipos de bienes y derechos recogidos en estos tres bloques de bienes con obligación de informar cuando existan varios titulares.

    Hay que destacar que no existe obligación de información sobre los planes de pensiones (de las aportaciones a los mismos) en tanto no se produzca la incidencia que da lugar al cobro de la pensión en modo de renta temporal o vitalicia (cualquiera que sea la modalidad del rescate, si como consecuencia se obtiene una renta debe informarse de la misma).

    Bloque 2. Información acerca de títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

    En este supuesto se debe declarar los saldos de estos valores y derechos a 31 de diciembre de cada año. No obstante, no existirá esta obligación de informar cuando los saldos o valores liquidativos a 31 de diciembre no superen la cifra de 50.000 €.

    Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad negociados en mercados organizados, con exclusión de las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se valorarán de acuerdo con el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año (artículo 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio).

    Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad (no negociados en mercados organizados), su valoración se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable. En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará conforme se establece igualmente en el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    Bloque 3. Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles (multipropiedad, aprovechamiento por turnos,…) situados en el extranjero, debiendo declarar el valor y fecha de adquisición en caso de bienes inmuebles y el valor de los derechos sobre dichos inmuebles a 31 de diciembre, según las reglas de valoración establecidas en el Impuesto Sobre el Patrimonio.

    No obstante, no existirá esta obligación de información cuando los valores de los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles, conjuntamente, no superen la cifra de 50.000 euros.

    Hay que reseñar que cada uno de los tres bloques de bienes constituye una obligación de información diferente, pero las tres obligaciones de información se articulan a través de un mismo modelo informativo. De este modo las tres obligaciones de información se cumplirían cumplimentando el Modelo 720 informando en él de todos los bienes y derechos respecto a los que exista obligación de informar.

    Respecto al plazo de presentación de esta nueva declaración informativa, es del 1 de enero al 31 de marzo de cada año. Sin embargo, con carácter excepcional esta primera vez la declaración informativa debe presentarse antes del 30 de abril de 2013 con la información relativa al ejercicio 2012.

    Una vez presentada la declaración del Modelo 720 respecto de una o varias de las obligaciones de información contenidas en el mismo), solamente deberá volver a presentarse este Modelo, cuando en relación con una o varias de estas obligaciones se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determino la presentación de la última declaración.

    Sanciones por no presentar la declaración informativa

    La no presentación de la declaración informativa será considerada una infracción muy grave y se aplicarán las correspondientes sanciones:

    – Con carácter general, una multa fija de 5.000 euros por cada dato no declarado, con una sanción mínima de 10.000 euros por cada bloque de información.

    – Para los particulares la sanción será de 100 euros por dato y el mínimo será de 1.500 euros, siempre que la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

    La inclusión de información incompleta o inexacta llevará aparejadas las mismas sanciones, y no se aplicará como eximente para el pago de estas sanciones el hecho de que esos bienes estén correctamente declarados en su país de origen. Se determina además que no cabe la prescripción de la obligación de informar, en lo que respecta a la fecha de origen de esos bienes y la aplicación de esta norma.

    Por lo tanto, de cara a evitar posibles infracciones y sanciones relativas a esta nueva declaración informativa, resulta muy conveniente realizar una valoración de los bienes y derechos situados en el extranjero para poder así determinar la existencia o no de la obligación de presentar esta declaración.

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal y Contable

  • Nuevo reglamento de facturación

    Nuevo reglamento de facturación

    Con fecha 29 de enero de 2013 se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia el DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aplicable desde el 1 de enero de 2013.

    La normativa del Territorio Histórico de Bizkaia, en lo referente a facturación, está basada actualmente en dos disposiciones generales; el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las obligaciones de facturación, y la Orden Foral 1.868/2009, de 2 de julio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en dicho Decreto Foral.

    Más recientemente, el 13 de julio de 2010, se aprobó la Directiva 2010/45/UE por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que respecta a las normas de facturación, que debe trasponerse al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Con este cambio se pretende, entre otros objetivos, reducir las cargas administrativas de los sujetos pasivos, garantizar la igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas electrónicas, facilitar las transacciones económicas y contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos en la aplicación de la normativa reguladora de la materia.

    Así, el nuevo Reglamento no contiene una normativa muy diferente a la recogida en la anterior regulación; de hecho, se mantienen algunos de los preceptos anteriores con idéntica redacción y se han modificado exclusivamente los aspectos necesarios para no contravenir la nueva normativa europea en materia de facturación.

    Hay que destacar que se establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques; se impulsa decididamente la facturación electrónica y se establece una nueva definición de factura electrónica (aquella factura que haya sido expedida y recibida en formato electrónico y garantizada mediante los controles de gestión usuales en la propia actividad empresarial o profesional).

    Además, se modifica el plazo para la expedición de las facturas, cuando el destinatario sea empresario o profesional, que antes era de un mes desde el devengo de la operación, y ahora deberán ser emitidas antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el curso del cual se hubiere realizado la operación.

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal y Contable