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  • El bloqueo societario: Paralización de la sociedad y mecanismos de desbloqueo

    El bloqueo societario: Paralización de la sociedad y mecanismos de desbloqueo

    Las situaciones de bloqueo societario constituyen la máxima expresión de conflicto entre socios, en la medida que imposibilitan la adopción de acuerdos sociales, y son motivo del enfrentamiento entre dos posturas opuestas que dificultan o impiden que la sociedad pueda continuar con el tráfico ordinario de sus actividades. Resulta paradigmático el supuesto de una sociedad limitada compuesta por dos socios titulares cada uno de ellos del 50% del capital social con derecho a voto y en la que se encuentran ambos socios enfrentados, deviniendo, así, imposible la adopción de acuerdo alguno.

    Debemos tener en cuenta, en cualquier caso, que la paralización y, por ende, el bloqueo han de ser irreparables y afectar al fin social, además de ocasionarse por problemas en la junta y no el consejo de administración o, dicho de otra manera, que sea el capital social el que se encuentre repartido a partes iguales o entre dos bloques enfrentados.

    Llegados a este punto, no se descubre nada señalando que la vida societaria se rige en base la adopción de diferentes acuerdos, ya sean de aumento/reducción de capital o de modificación del domicilio social, por poner dos ejemplos. Ahora bien, la aprobación de dichos acuerdos precisa de un determinado quorum y de una concreta mayoría, que variaran en función de la naturaleza del propio acuerdo. Si la empresa se encuentra dividida en dos bloques con el mismo porcentaje de acciones o participaciones, tal y como sucede en numerosas S.L., el bloqueo es uno de los riesgos que se encontrarán siempre presentes. No obstante, existe la posibilidad de que la sociedad regule mecanismos de desbloqueo ante este tipo de situaciones, ya sea mediante la configuración de mecanismos de previsión estatutaria o por la vía de la suscripción de pactos extra estatutarios, también conocidos como pactos parasociales.

    La búsqueda de una solución en esta clase de supuestos no es una cuestión baladí, ya que en aquellos casos en que el conflicto no sea de carácter puntual, sino que posea visos de permanencia, este constituye una situación de “deadlock” o bloqueo societario, frente al cual nuestro ordenamiento jurídico actual no ofrece solución alguna. De hecho, la propia Ley de Sociedades de Capital prevé en su artículo 363.1.d) la paralización de los órganos sociales como causa obligatoria de disolución.

    Los diferentes mecanismos de desbloqueo

    A la hora de efectuar una clasificación entre los diferentes mecanismos existentes se puede optar por la siguiente distinción: por un lado, estarían aquellos mecanismos que desarrolla una empresa para evitar una futura situación de bloqueo, también conocidos como mecanismos ex ante y por otro lado se encontrarían los mecanismos habilitadores de la salida de los socios ante este bloqueo (mecanismos ex post).

    Como mecanismo o instrumento ex ante, puede optarse vía estatutaria o vía pacto parasocial por la constitución de un voto de calidad otorgado a favor de algún consejero (independiente o no) o a favor del propio presidente del Consejo, de tal forma que en caso de empate se haga decantar la balanza a favor de una de las dos posiciones enfrentadas. Otra opción sería delegar la decisión en un consejero delegado, siempre y cuando el acuerdo en cuestión no se encuentre dentro de las facultades legalmente reconocidas como indelegables.

    Ante el supuesto de que ya se haya producido la situación de bloqueo son varios los mecanismos (ex post) que el pacto parasocial y/o los estatutos sociales podrán recoger para solventar el referido contexto:

    a) Constitución de una opción de compra o venta: esta opción operaría una vez notificada la situación de bloqueo, de tal manera que uno de los socios tendrá derecho a o bien vender su participación a otro socio(“pull option”), estando este obligado a comprarla, o bien a comprar la participación de otro socio(“call option”), estando en este caso el otro obligado a venderla. Todo ello sin perjuicio de que la valoración de las participaciones es recomendable que sea efectuada por un experto independiente ajeno a la sociedad.

    b) Sometimiento del conflicto a mediación o arbitraje: La sumisión a mecanismos alternativos de solución de conflictos tales como la mediación o el arbitraje guardan ciertas similitudes entre ellos, con la salvedad de que en el arbitraje el árbitro dicta un laudo que resulta vinculante para ambas partes, mientras que en la mediación el papel de mediador se limita a tratar de conciliar ambas posturas sin llegar a imponer ninguna solución.

    c) Ruleta rusa: viene a ser la sucesión de una oferta y una contra-oferta, de manera que uno de los socios con carácter vinculante se ofrece a vender la totalidad de sus participaciones a un precio determinado y fijado directamente por el mismo. Por su parte, el otro socio tiene dos opciones, o bien vender sus participaciones al precio pactado por el socio proponente, o bien comprar las participaciones del Socio proponente quedando como Socio único de la Sociedad. La ausencia de respuesta del requerimiento por parte del Socio adquirente obligaría a éste a comprar las participaciones del Socio proponente, al precio indicado y fijado por éste. No siendo en el presente caso necesaria la valoración de experto independiente.

    Bajo mi punto de vista este mecanismo es, probablemente, el más equilibrado de todos los de su índole, ya que aquel socio que se encargue de concretar el precio de las acciones tiene que meditar a fondo qué precio ponerle y además debe procurar que el mismo sea justo, pues será el otro socio quien decida si por esa cuantía está dispuesto a comprar las participaciones que le ofrecen o a vender las suyas al socio que ha concretado el precio. De esta manera se impide sobrevalorar o minusvalorar las acciones o participaciones de la sociedad.

    d) Pacto andorrano: de funcionamiento similar al anterior, con la salvedad de la persona que efectúa la valoración. En este instrumento el Socio A determinará el valor de la totalidad de las participaciones del Socio B en la Sociedad y el Socio B tendrá el derecho a optar entre o bien adquirir la totalidad de las participaciones del Socio A al precio indicado por éste, o bien vender la totalidad de sus participaciones al Socio A al precio indicado por él.

    e) “Texas Shootout”: Tanto el socio A como el socio B hacen entrega en un sobre cerrado a un tercero una valoración de la Sociedad. El Socio que emita la valoración más alta deberá adquirir la totalidad de las participaciones del otro Socio al precio correspondiente a la valoración indicada. Este procedimiento resulta especialmente útil en aquéllos supuestos en que ambos Socios mantienen firme el ánimo de mantenerse en la Sociedad

    Estos tres últimos mecanismos a parte de lo exótico de su denominación tienen en común su origen, el cual se ubica dentro del derecho anglosajón, no siendo realmente los más utilizados en nuestro tráfico habitual.

    f) Subasta: esta precisa que previamente se proceda a valorar la Sociedad por un experto independiente, para que una vez efectuada la valoración, se puedan plantear los siguientes escenarios:

    – Ninguno de los Socios se encuentre interesado en adquirir las participaciones del otro Socio al precio resultante de la valoración del Experto Independiente

    – Sólo uno de los Socios esté interesado en adquirir las participaciones del otro Socio. En este caso, dicho Socio procederá a la adquisición de las participaciones.

    – Ambos Socios estén interesados en adquirir las participaciones titularidad del otro Socio. En este caso, las participaciones se adjudicarán a aquel Socio que realice la puja más alta en sobre cerrado.

    Estas últimas opciones requieren de una cierta matización, puesto que pueden dar lugar a situaciones abusivas en las que uno de los socios provoque deliberadamente el bloqueo societario con el ánimo de hacerse con el control de la sociedad. En estos casos resultaría prudente el concretar por los medios expuestos y de manera previa unas determinadas penalizaciones a aquel socio que motive las situaciones de bloqueo de forma abusiva y contraria a los principios de la buena fe.

    Por otro lado y con el mismo ánimo penalizador, también existen cláusulas como la del “derecho de mejor fortuna” prevista para el caso en que uno de los socios transmita al otro sus acciones o participaciones y éste último aproveche para vender a un tercero las acciones o participaciones transmitidas durante un concreto período temporal (normalmente con un plazo máximo de 12 meses) por un precio superior, el socio vendedor originario tendría derecho a percibir del socio adquirente parte de la ganancia patrimonial obtenida por éste último.

    Conclusión

    Independientemente de la opción por la que se decanten los socios,lo que seguro hemos de tener en cuenta a la hora de constituir una sociedad es que la gestión de la misma podrá ser objeto de futuras discrepancias, las cuales, si no se establecen en su momento mecanismos de solución, se pueden convertir en insalvables y llevar aparejadas la disolución de la sociedad. Por este motivo siempre será mejor fijar determinados criterios rectores ante este tipo de conflictos.Ahora bien, la configuración de estos criterios o mecanismos de solución dependerá lógicamente de las características de cada sociedad (situación patrimonial, capacidad económica de sus socios, etc..).

    Y es que siempre va a ser mejor cubrirse las espaldas ante este tipo de disputas, en tanto que el contexto en el que se funda la sociedad puede variar sobremanera con el transcurso del tiempo, ya sea por causas de índole económica, social e incluso personal.

    Ignacio Ortiz de Urbina Deza

  • Maitane Valdecantos, representante de Grupo Eurotax, en el I Congreso de la Abogacía de Bizkaia.

    Maitane Valdecantos, representante de Grupo Eurotax, en el I Congreso de la Abogacía de Bizkaia.

    Maitane Valdecantos, organizadora de la mesa de Derecho digital, estuvo presente en el  primer Congreso de la Abogacía de Bizkaia, organizado por el ICASV (Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya) celebrado los pasados 10 y 11 de Marzo.

    Fue un foro de participación y reflexión jurídica, eligiéndose para ello un formato que permitiera la participación del mayor número de asistentes en una amplia selección de actualidad jurídica y social.

    Entre un muy variado elenco de temáticas de actualidad presentadas por ponentes de primer nivel, tanto de la abogacía como de la judicatura, Maitane Valdecantos, participó en la mesa que llevaba por título “El uso de las TIC para la comisión de ilícitos”, en la que intervino junto a D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Dña. Silvia Barrera Ibáñez, Inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica UIT de la Policía Nacional, representante por España en EUROPOL en materia de ciberataques, y D. Rodolfo Tesone Mendizabal, Presidente de ENATIC.

    Foto: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

  • Nuevas obligaciones para propietarios de fincas urbanas arrendadas en Euskadi.

    Nuevas obligaciones para propietarios de fincas urbanas arrendadas en Euskadi.

    El depósito de la fianza y la inscripción del arrendamiento

    La nueva Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado mes de septiembre,  incorpora, entre otras novedades, la creación de un Registro Autonómico de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas así como la obligación de depósito de las fianzas de alquiler ante las entidades dispuestas al efecto.

    Pese a las novedades introducidas por el texto legal, no ha sido hasta el pasado 29 de marzo de 2016 cuando hemos podido conocer el desarrollo de esta normativa. A tal efecto, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha dado forma al Decreto 42/2016, de 15 de marzo, del depósito de fianzas y del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo objeto es, en exclusiva, desarrollar los preceptos de referencia de la Ley de Vivienda (arts. 54 y 55 respectivamente) dando así cumplimiento al mandato del legislador, al amparo de la habilitación contenida en la Disposición Final Primera de la ley.

    Analizado el contenido, eminentemente práctico, destaca, en relación a la obligación de depósito de la fianza, la creación de dos regímenes claramente diferenciados: El general, objeto de aproximación en el presente post, y el especial, consistente en un régimen de concierto al que sólo podrán acceder las personas o entidades arrendadoras de fincas urbanas que alcancen determinados niveles de negocio, en razón tanto del número de contratos formalizados (10) como de la cuantía de las fianzas susceptibles de depósito (igual o superior a 30.000 euros) y que así lo soliciten.

    Análisis del Régimen General dispuesto para el depósito

    ¿A quién corresponde la obligación de depósito?

    La obligación de depósito y el derecho a solicitar su devolución corresponde en todo caso al arrendador de fincas urbanas destinadas tanto a vivienda como a otros usos, quien será asimismo, en caso de desatención de la obligación, sujeto de imposición de recargos y sanciones por extemporaneidad pudiendo dirigirse contra éste la vía de apremio.

    Plazo para realizar el depósito

    Los propietarios que hayan suscrito contratos de alquiler con posterioridad a la publicación y entrada en vigor del Decreto (30 de marzo de 2016), dispondrán, desde la formalización del contrato, del plazo de un mes para depositar la fianza en la delegación territorial competente en materia de vivienda.

    Para el caso de arrendamiento de viviendas de protección pública celebrados entre particulares, dicho plazo comenzará a contar desde la fecha del visado del contrato por parte del departamento competente.

    Los arrendamientos suscritos con anterioridad al 26 de septiembre de 2015, fecha de entrada en vigor de la Ley de Vivienda,  no quedarán obligados por el Decreto hasta la renovación del alquiler.

    Cuantía del depósito

    La cuantía del depósito variará en función de la modalidad de arrendamiento formalizado, teniendo como base imponible el valor equivalente a una mensualidad de renta.

    • Contratos de arrendamiento para uso de vivienda: la cuantía del depósito será la equivalente a una mensualidad de renta.
    • Contratos de arrendamientos para uso distinto de vivienda (e.j. local): la cuantía a depositar ascenderá a dos mensualidades de renta.
    • Arrendamientos de temporada de duración inferior a un año, tanto de viviendas, como de locales: la cuantía de la fianza será proporcional al plazo de duración del contrato, teniendo en cuenta que las dos mensualidades establecidas corresponden al contrato de un año de duración.

    Solicitud de depósito

    El depósito podrá solicitarse en los Servicios Bizilagun de cada uno de los territorios (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) o vía Internet, a través del formulario disponible en su página web.

    El importe del depósito deberá abonarse mediante autoliquidación, ya sea por Internet o en entidad bancaria. En ningún caso será posible realizar el depósito en metálico en las oficinas del servicio Bizilagun.

    Junto con el formulario y el justificante del ingreso será preciso presentar una copia del contrato de arrendamiento, salvo que éste sea verbal o haya sido anteriormente visado por el departamento competente en materia de vivienda.

    Concluida la tramitación, el Servicio Bizilagun expedirá y entregará a la persona o entidad arrendadora un documento acreditativo denominado resguardo de depósito de fianza y una copia del mismo para su entrega a la parte arrendataria. Dicha copia deberá entregarse al inquilino en el plazo de un mes desde la recepción del resguardo.

    Recargos y sanciones

    Para el supuesto en que el depósito se realice fuera de plazo, sin mediar requerimiento, se aplicará un recargo equivalente al 2% del importe de la fianza.

    En caso de requerimiento expreso, el recargo aplicable será del 10%, sin perjuicio de que la omisión pueda ser considerada como infracción leve y sujeta por tanto a infracción administrativa sancionada con multa de 300 a 3.000 euros.

    Devolución

    Extinguido el contrato, la persona o entidad arrendadora podrá solicitar la devolución de la fianza depositada.

    El Servicio Bizilagun procederá en el plazo máximo de tres meses a la devolución de la fianza mediante transferencia bancaria a la cuenta de la persona arrendadora, y expedirá y entregará al arrendador un documento acreditativo denominado recibo de devolución de fianza.

    Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectiva la devolución por causa no imputable a la persona solicitante, el depósito devengará el interés legal del dinero desde la fecha de vencimiento del plazo hasta la efectiva devolución de la fianza.

    Inscripción en el Registro

    Los contratos de arrendamiento sujetos al régimen general analizado, serán inscritos de oficio por parte de las entidades competentes en materia de vivienda. No obstante, el arrendatario podrá instar la inscripción de los contratos no inscritos por causa imputable al arrendador.

    Practicada la inscripción se entregará un certificado comprensivo de los datos recogidos en la misma.

    Cancelación de la inscripción

    Finalizado el arrendamiento e instada por el arrendador la solicitud de devolución de fianza, las entidades competentes gestionarán de oficio la cancelación de la inscripción.

    Conclusiones

    Pese al carácter intervencionista de la nueva normativa, parece claro que ésta pretende funcionar como garantía de cobro a favor del inquilino. Asimismo, el Registro de Contratos se convertirá en una fuente de información «fiable para analizar» la situación y evolución del mercado de las viviendas de alquiler en Euskadi.

    Así queda definido su objetivo, consistente en asegurar o garantizar el cobro de la fianza al arrendatario de la finca, evitando aquellos supuestos que tradicionalmente han hecho peligrar la recuperación del importe entregado, tales como el embargo de cuentas al arrendador, fallecimiento o sencillamente la falta de voluntad para proceder a su devolución. Si bien, el medio elegido para el ofrecimiento de tal garantía parece ignorar la naturaleza liberal propia de este ámbito de la contratación.

    Analizadas las nuevas obligaciones dispuestas para el arrendador, sólo queda esperar que la estructura  dispuesta por la Administración para la atención de las mismas funcione de manera ágil y eficaz.

    Fdo. Amagoia Intxausti. Responsable Departamento Inmobiliario.

    (Colaboración de D. Alberto Fernández. Derecho de la empresa, compliance legal, etc. )

    Fotografía: Pixabay – CCO Public Domain

  • GRUPO DE EMPRESAS LABORAL –  DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    GRUPO DE EMPRESAS LABORAL – DETERMINACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU EXISTENCIA.

    En el tráfico mercantil resulta habitual que varias empresas, aparentemente independientes, tengan una interrelación en su forma de operar en el mercado; habitualmente se trata de personas jurídicas con un objetivo común, que aúnan esfuerzos para generar unas sinergias que les permitan obtener beneficios mutuos sin perder su identidad particular.

    Son muchas y variadas las causas que pueden llevar a distintas empresas a formar un grupo mercantil, pudiendo generarse agrupaciones entre empresas del mismo sector, o de distintos sectores, en las que son unas clientes de otras, o existen unas relaciones más directas, cómo puede ser la adquisición de las acciones de otra empresa para tomar el control de las decisiones de esta, estableciéndose una relación de sociedad matriz y sociedad subordinada. También puede surgir dicha agrupación de empresas de la división de una empresa en varias particiones, circunstancia que puede tener distintos intereses: el establecimiento de un control más especializado de los distintos procesos de producción; la limitación de los riesgos de ciertas operaciones, políticas de presencia en el mercado…

    Dichas agrupaciones mercantiles no siempre tendrán responsabilidad respecto de las deudas generadas con los trabajadores de cada mercantil integrante del grupo, no obstante, los Tribunales están habilitados para llevar a cabo el denominado «levantamiento del velo«, es decir, penetrar en el sustrato jurídico de las distintas sociedades para indagar las interioridades negociables subyacentes entre ellas, evitando así la interposición de empresas ficticias carentes de patrimonio que no puedan hacer frente a sus responsabilidades laborales.

    A falta de disposiciones legales que determinen la existencia de un grupo de empresas laboral, los Juzgados y tribunales han venido estableciendo los criterios que determinan su existencia, distinguiéndose así los grupos de empresas laborales con los grupos de empresas mercantiles regulados en el artículo 42.1 del código de comercio.

    Para demostrar que un grupo de empresas a efectos mercantiles lo es también a efectos laborales, se tiene en cuenta una serie de circunstancias elaboradas por la jurisprudencia de nuestros tribunales. En este sentido, no tienen por qué concurrir la totalidad de dichos elementos de manera simultánea, ya que en ocasiones basta con una de ellas dependiendo de la intensidad que pueda tener la misma.

    Por tanto, cada circunstancia deberá ser analizada de forma separada, distinguiéndose los siguientes  requisitos:

    a.- Dirección Unitaria.

    Corresponde a la identidad entre los órganos de administración e incluso accionariado. Entre los elementos que delatan un funcionamiento unitario del grupo de empresas encontramos:

    • Que las sociedades funcionan de forma unitaria en el mismo centro de trabajo de la sociedad dominante.
    • Que no hay distinción de las actividades llevadas a cabo por cada una de las empresas.
    • Que el sistema de incentivos basado en beneficios se calcula sobre los beneficios obtenidos por todas las empresas del grupo, y no únicamente en aquella en la que prestan sus servicios los trabajadores.
    • La utilización de los mismos medios de comunicación (teléfono, fax, etc.) para todas las sociedades del grupo.

    b.- Apariencia externa de unidad empresarial.

    Se relaciona con una identidad única ante el mercado de todas las empresas existentes en el grupo, pudiendo confundirse por el consumidor una sociedad con otra.

    Llevará a estimar que existe un grupo de empresas a efectos laborales si la misma induce a terceros de buena fe, que han contratado con la empresa, a confusión sobre la identidad real del empresario. Esta doctrina, y su finalidad, está recogida en la temprana sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1987 (RJ 1987/6973) que se pronuncia como sigue: “quien crea una apariencia verosímil está obligado frente a los que de buena fe aceptan esa apariencia como una realidad a fin de no fomentar la posible aparición de empresas ficticias que carezcan de las mínimas garantías de responsabilidad dejando a los trabajadores indefensos”.”

    c.-Confusión de patrimonios sociales o caja única.

    Los elementos necesarios para poder apreciar que existe una confusión patrimonial entre diversas empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial han sido identificados por el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de marzo de 2002, Rec. 1666/2001 (RJ 2002, 4659) con “la interrelación de bienes, intereses, derechos y obligaciones de las personas físicas y de las personas jurídicas demandadas que genere una situación de «confusión de actividades, propiedades y patrimonios”. Entre los indicios valorados por la doctrina judicial para apreciar la confusión de patrimonios podríamos destacar la existencia de un régimen de caja única. Así lo estima la sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 2012, Autos 124/12 (AS 2012/1678), que declara la existencia de un grupo de empresas a los efectos laborales al apreciar que “una de las empresas del grupo era la única encargada de comprar la mercadería y distribuirla entre los diferentes supermercados, cobrar todas las facturas y atender todos los gastos de las diferentes empresas del grupo, incluyendo los salarios de todos los trabajadores del Grupo”.

    En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio de 2012, Autos 21/2012 (AS 2012, 1773), en cambio, la confusión de patrimonios es apreciada por cuanto el grupo de empresas disfrutaba de una financiación común garantizada con los activos de todas las empresas a través de un “contrato de financiación sindicado”, existían saldos deudores y acreedores entre todas las empresas del grupo e incluso se suscribió una póliza de seguro de responsabilidad civil en favor de varias empresas del grupo.

    Esa misma financiación común fue apreciada, como elemento determinante de la existencia de un grupo de empresas laboral por el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 11 de mayo de 2012, Rec. 625/2012 (JUR 2012\206611) en la que afirmaba que “concurren indicios sólidos del grupo de empresas tales como la concesión entre ellas de importantes créditos, incluida la empleadora del demandante, suscribiendo al efecto diversos contratos de financiación con entidades bancarias, para refinanciar sus deudas, constituyendo en garantía de dichas operaciones hipoteca sobre determinados activos de otras sociedades del Grupo”.

    d.- Confusión de plantillas.

    la confusión de plantillas exige un grado superior de intensidad o habitualidad en la prestación sucesiva o simultánea de servicios por los trabajadores. Y ello por cuanto la prestación sucesiva de servicios no lleva, necesariamente, a apreciar la existencia de un único empleador y por tanto de un grupo de empresas laboral.

    La confusión de plantillas, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 31 de enero de 1991 (RJ 1991/200), aparece cuando, con su actuación, la dirección de un grupo empresarial destina a sus trabajadores “a una y otra de las empresas vinculadas como si de un mero cambio de puesto de trabajo se tratara. No podrían explicarse de otra manera la simultaneidad de prestación de servicios a varias empresas del grupo, o la frecuencia de las transferencias de una a otra, o la disonancia que en más de una ocasión se produjo entre la adscripción formal a una empresa y la prestación efectiva de servicios en otra distinta. Las consecuencias jurídico – laborales de dicha actuación no pueden ser otra que reconocer que aunque en el plano formal existan varios empresarios, existe una única relación de trabajo con un único empleador.

    Fue asimismo apreciada por la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de julio de 2012, Autos 124/2012 (AS 2012/1678), al haberse reconocido durante el periodo de consultas aperturado en la tramitación de un despido colectivo, la antigüedad de los trabajadores en cualquiera de las empresas del grupo. Dicho reconocimiento es, según la Audiencia Nacional, prueba suficiente de la existencia de una confusión de plantillas “puesto que si no hubiera sido así, si los trabajadores hubieran rotado entre las empresas del grupo después de finalizar contratos en otras empresas del grupo, no habría razón para el reconocimiento de toda la antigüedad en un grupo de empresas”.

    También existe confusión de plantillas si los trabajadores de una empresa reciben a través del mismo teléfono y de los mismos medios de comunicación (fax, etc.) las peticiones de ofertas, y realizan, atienden y mandan los pedidos sin distinción de qué empresa facturaba o bajo qué nombre viniera el pedido. Este es el supuesto contemplado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 30 de mayo de 2012, Autos 17/2012 (AS 2012\1672), donde concluía el Tribunal que esta práctica

    La existencia de grupo de empresas a efectos laborales supone, como consecuencia fundamental para el trabajador, que todas las empresas del grupo responderán de manera solidaria respecto de todas las obligaciones contraídas con el trabajador. Esto significa que en caso de que la empresa adeude algún tipo de salario o indemnización, el trabajador podrá requerir el pago a cualquiera de las sociedades del grupo de forma solidaria.

                    Resulta destacable la existencia del grupo de empresas a efectos laborales en los supuestos de despido cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, causas objetivas; en estos supuestos la empresa tendrá que acreditar que la causa que se alega en la carta de despido se da en todas las sociedades del grupo y no solo en la sociedad mediante la cual ha sido contratado o despedido el trabajador, resultando improcedente ,por falta de acreditación de la causa, el despido que se haya justificado atendiendo únicamente a la situación contable de una sola de las empresas del grupo laboral, (la causa objetiva debe concurrir en todas y cada una de las empresas, lo que ya no puede probarse en acto de juicio pues no fue alegado en la carta, y permitir prueba sobre este extremo implicaría causar indefensión al trabajador), circunstancia que tendrá gran relevancia para el trabajador al tener la posibilidad de incrementar el importe de su indemnización hasta los máximos legalmente reconocidos para dicha modalidad de despido.

    Corresponde a las empresas denunciadas la obligación de demostrar la inexistencia de grupo de empresas a efectos laborales. La jurisprudencia se ha pronunciado en torno a este asunto, obligando al trabajador a demostrar únicamente que existe un grupo de empresas a efectos mercantiles, y en este caso, será el grupo de empresas quien tendrá que demostrar que no constituye un grupo de empresas a efectos laborales, ya que, para un trabajador, resulta casi imposible conocer todas las relaciones internas de las empresas para probar dichos extremos.

    Conclusión.

    Cómo conclusión, en cuanto a las consecuencias de la existencia de un grupo de empresas laboral, cabe decir que existe una gran incertidumbre jurídica para los grupos mercantiles que ostentan esta situación, ya que la más reciente doctrina jurisprudencial (entre otras, la última Sentencia del TS de 20 de abril de 2015, en la que cabe mencionar que existe un voto particular en contra), han declarado la nulidad de varios despidos colectivos (telemadrid, coca-cola…) al entender que existe una “mala fe negociadora” cuándo una empresa que no había declarado su situación de grupo de empresas a efectos laborales, declara dicha condición cuándo se inicia el período de consultas en un despido colectivo, entendiendo que dicha mala fe negociadora vicia el procedimiento de despido colectivo, mereciendo el mismo la declaración de nulidad (en procedimientos colectivos la consecuencia no es la improcedencia cómo en los individuales en los que no se acredita la causa, sino que en este supone se entiende que hay una mala fe que vicia el procedimiento y supone la nulidad o inexistencia del despido, debiendo reponer al trabajador en la situación anterior al despido con abono de salarios de tramitación).

    Finalmente, cabe concluir que a juicio del este letrado, el concepto de grupo de empresas laboral, que en origen pretendía evitar injusticias contra los trabajadores por parte de las argucias mercantiles para evadir responsabilidades, se ha convertido en un arma arrojadiza contra las empresas al no existir una disposición normativa expresa que determine su constitución y consecuencias, resultando necesario un desarrollo legislativo inmediato que permita garantizar los derechos de los trabajadores a la vez que dote de una mínima seguridad jurídica a los operadores mercantiles, acotando con ello las paradojas generadas por la creación de un concepto a base de sentencias que resuelven distintos casos concretos.

    Aitor_Rodriguez

    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Pixabay (CCO Public Domain)

  • ¿Cuál podría ser tu pensión pública?

    ¿Cuál podría ser tu pensión pública?

    ¿ Cuál podría ser su pensión pública ? La web de la Seguridad social tiene disponible un nuevo simulador que nos permitirá conocer ese cálculo en función de lo que se haya cotizado.

    Para realizar el cálculo, se deben seguir los siguientes pasos:

    1º.- Registrarse en la web Tu seguridad Social.

    Para registrarse, hay que solicitar un “código” acudiendo presencialmente, con documento identificativo (DNI, NIF o NIE) y con cita previa a una Oficina de la Seguridad Social, y una vez allí, se debe solicitar el registro en la nueva plataforma CL@VE.

    También pueden entrar directamente en esta web quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital (FNMT, Camerfirma…)

    2º.- Segundo Paso: Entrar en la web.

    Cuando el ciudadano ya accede a la web “Tu Seguridad Social” se introduce el número de identificación, email y su código de activación.  Una vez dentro, aparecerá la información sobre el trabajo: el tiempo que ha cotizado, a efectos de prestaciones, y el tiempo que le falta para acceder a su jubilación ordinaria.

    Desde ahí, ya se puede acceder al simulador de jubilación haciendo clic «SIMULAR TU JUBILACIÓN».

    3º.-  Opciones:

    El usuario puede optar por una simulación con una situación personal «básica». Pero también puede optar por entrar a través de «Modificar Situaciones personales», que son aquellas que la ley recoge como susceptibles de proporcionar un posible beneficio en su futura pensión de jubilación. Así el usuario incorporará su situación personal y comprobará si ésta le supone una mejora en su futura jubilación».

    También está disponible la posibilidad de simular situaciones de jubilación anticipada, ordinaria y demorada.

    El simulador plantea de inicio un cálculo que proyecta la situación de la cotización actual hasta la fecha de jubilación ordinaria. Si bien desde el Ministerio de Empleo explican que «se ha previsto que el usuario pueda cambiar su situación futura para que pueda plantear distintos escenarios y obtener información que le permita tomar las decisiones adecuadas para su futuro».

    Fotografía: Pixabay CCO Public Domain

  • Maitane Valdecantos acude en representación del ICASV al reconocimiento del Ministerio de Justicia a JustiApps

    Maitane Valdecantos acude en representación del ICASV al reconocimiento del Ministerio de Justicia a JustiApps

    La letrada de Grupo Eurotax, Maitane Valdecantos, acudió en representación del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya (ICASV), a la recepción que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, realizó a los ganadores y patrocinadores del concurso de innovación tecnológica JustiApps.

    JustiApps es una iniciativa dirigida a crear un punto de acercamiento entre el ciudadano, el derecho y la tecnología.  Su objetivo es el de involucrar al ciudadano en la construcción de la justicia a través de la tecnología y de esta manera conseguir: aportar ideas, mejorar la información y comunicación entre administración, ciudadanos y profesionales, y ayudar a mejorar la situación de la justica.

    Dicha iniciativa se articula en 4 fases:

    • Concurso de ideas.
    • Seminarios par a Juristas y para desarrolladores.
    • Hackathon: Evento tecnológico, en el que a modo de Marathon, los equipos participantes desarrollan aplicaciones móviles sobre las ideas aportadas por los ciudadanos.
    • Entrega de premios: Momento de premiar a las mejores JustiApps.

    Justicia de las personas

    Catalá resaltó la importancia de la tecnología y el trabajo de JustiApps como el camino para lograr la modernización inaplazable del sistema, destacando la importancia de trabajar en la idea de la justicia de las personas, en la que el ciudadano se convierte el merecedor necesario de todos los esfuerzos encaminados a mejorarla.

    El ministro reconoció que la Justicia «hoy todavía está lejos de las nuevas tecnologías”, pese a que no tienen que ser, dijo, campos distintos, “sino más bien todo lo contrario”.

    La letrada Maitane Valdecantos, se define como defensora de el uso de las tecnologías y cree y participa en todo de  tipo de iniciativas que pretendan trabajar por y para el ciudadano. Además, aboga por la necesaria transformación de una era “analógica” de la justicia para llegar a una era “digital” de la misma. Como no puede ser de otro modo, advierte de la importancia de mantener informados y concienciados a los ciudadanos  acerca de los derechos que les asisten,  las obligaciones que les afectan, de el uso correcto y legal de las tecnologías y de los riesgos que lo contrario puede acarrear.

    Los apoyos recibidos por JustiApps

    JustiApps ha contado con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Ayuntamiento de Madrid, así como con varios patrocinadores principales: el Consejo General del Poder Notarial, la editorial Wolters Kluwer y el Banco de Santander. También ha sido clave el apoyo de otros patrocinadores como Ilunion, Amazon y Everis. Así como el de los colaboradores: las universidades Complutense, Europea de Madrid, Nebrija y Villanueva. Las asociaciones, editoriales y empresas ACC, AJE, AMJI, Derecho Práctico, Enatic, Escuela de Práctica Jurídica, FIDE, Fundación Hay Derecho, Legálitas, Novagob, el Ilustre colegio de abogados del Señorío de Vizcaya, el colegio de abogados de Alcalá de Henares,  Pronoide, Unifortia, Universia y Visualiza Legal.

    Fotografía: Gabinete de prensa del Ministerio de Justicia.

  • Últimas tendencias en materia de “extinción del contrato de trabajo”

    Últimas tendencias en materia de “extinción del contrato de trabajo”

    Dentro de su compromiso con la formación integrada de los profesionales que lo componen, Grupo Eurotax organizó el pasado día 29 de Octubre una Jornada de Formación Interna centrada en los aspectos más actuales que afectan a “la extinción del contrato de trabajo”.

    El evento se celebró en su sede de Bilbao y contó con profesionales vinculados a la actividad mercantil, laboral, fiscal y administrativa.

    En la Jornada que fue impartida por el letrado Aitor Rodríguez, especialista en derecho laboral de Grupo Eurotax, se analizaron aspectos referidos a la actualidad de la normativa en materia de “extinción del contrato de trabajo”: tipos de extinción, forma y efectos de los mismos, indemnizaciones y tipo legales, incidencias fiscales, últimas tendencias jurisprudenciales, etc.

    TIPOLOGÍA, FORMA E INDEMNIZACIÓN

    En términos generales se analizó el régimen legal en materia de despido, dimisiones, extinciones concursales, las distintas resoluciones voluntarias del contrato de trabajo, los documentos legales más habituales con la finalidad de recoger una unidad de criterios y de información coordinada para la actuación en cada caso concreto.

    En cuanto a la tipología de la materia, se hizo referencia a todos los tipos de extinción, realizando matizaciones específicas en función de la naturaleza de cada acción, deteniéndose en las extinciones más habituales y en los criterios judiciales aplicados para la resolución de los distintos conflictos.

    Refiriéndonos al  análisis de la forma, requisitos y criterios que establece el Estatuto de los trabajadores, la exposición se detuvo especialmente en las distintas consecuencias que la ausencia de dichos requisitos puede acarrear, las distintas formas de subsanación existentes y el impacto económico que dichas circunstancias tienen para las empresas y trabajadores.

    En el apartado de indemnizaciones y topes legales se remarcaron los topes legales que deben aplicarse actualmente a las distintas extinciones, con una puntual reflexión sobre la metodología a aplicar a la hora de calcular las bases reguladoras de las indemnizaciones y las consecuencias de un cálculo impreciso o erróneo y los topes cubiertos por el Fogasa en las distintas modalidades.  Además se compartió y debatió acerca de las acciones legales más habituales en esta materia.

    FORMACIÓN E IDONEIDAD CONTINUA

    En opinión de los profesionales y de la dirección, la idoneidad de la formación adaptada a las circunstancias siempre cambiantes del mercado laboral y de la normativa vigente, y el análisis de cada caso en concreto apoyado en un conocimiento pleno, es lo que da sentido a la prestación de un servicio jurídico profesional coordinado, efectivo y orientado a las necesidades del cliente.

    Finalizada la formación, los asistentes recibieron documentación específica sobre la materia, incorporando testimonios de las últimas resoluciones y tendencias jurisprudenciales.

  • Ciertos salarios de tramitación se pueden reclamar al Estado.

    Ciertos salarios de tramitación se pueden reclamar al Estado.

    Los salarios de tramitación son las cantidades que tiene derecho a percibir un trabajador cuando su despido es declarado improcedente y el empresario opta finalmente por la readmisión. La cuantía total equivale a la suma de los salarios que se han dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declare la improcedencia o hasta que el trabajador haya encontrado otro empleo, si esta colocación es anterior a la sentencia.

     Estos salarios de tramitación causan especial temor en los empresarios, ya que el tiempo medio que se demora un procedimiento judicial de despido oscila entre 3 y 6 meses, dependiendo de la carga de trabajo del Juzgado dónde se turne el procedimiento, aumentando estos tiempos en plazas grandes cómo Madrid, Barcelona, Santander…

    Cuando se puede reclamar

    Cuando la sentencia que declara la improcedencia del despido se dicta pasados más de 90 días hábiles desde la presentación de la demanda, el empresario obligado a pagar los salarios de tramitación puede reclamar al Estado el abono de la cantidad correspondiente al tiempo que exceda ese periodo. En caso de insolvencia provisional del empresario el propio trabajador despedido podrá efectuar la reclamación.

    Desde la publicación del Real Decreto 418/2014 de 6 de Junio, se han simplificado los trámites administrativos exigidos para agilizar la gestión de estos expedientes y reducir demoras en el abono de estas cantidades, ya que el procedimiento administrativo  anterior era muy complejo e ineficaz, interviniendo en el diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas. Desde la publicación del Real Decreto 418/2014, la instrucción del expediente hasta la propuesta de resolución se lleva a cabo en las áreas de empleo de las Delegaciones del Gobierno, para lo que, la Disposición final segunda del RDL atribuye unas competencias específicas para ejercer dicha función.

    En cuanto al procedimiento para efectuar la reclamación, el empresario o el trabajador podrán reclamar las cantidades que excedan los 90 días hábiles de salarios de tramitación en el plazo de 1 año desde la firmeza de la sentencia, la solicitud puede presentarse en los registros administrativos ordinarios, o mediante el registro electrónico habilitado al efecto telemáticamente.

    Documentación a acompañar

    En la solicitud administrativa deberá indicarse el período considerado de salarios de tramitación a cargo del Estado, acompañándose en todo caso la siguiente documentación:

    a) Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.

    b) Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles en los supuestos a que se refiere el artículo 119 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, especificando el motivo de la suspensión, en su caso, o la no existencia de ésta. En todo caso, deberán figurar las fechas de: despido, presentación de la demanda, sentencia y notificación y firmeza de la misma.

    c) Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido por la empresa reclamante, con desglose mensual de cuota patronal y cuota obrera, referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia por la que se declara el despido improcedente.

    d) Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período. Si, en estos casos, el empresario no pudiera obtener el informe de vida laboral del trabajador, habrá de ser la correspondiente Área o Dependencia de Trabajo e Inmigración quien lo solicite de oficio.

    Tramitación

    La propuesta de resolución de cada expediente se remitirá a los servicios centrales del Ministerio de Justicia, que será el competente para la resolución efectiva y para la aprobación del correspondiente gasto que haga efectivo el pago de los salarios de tramitación reclamados. Es destacable el plazo establecido por esta norma para la instrucción y terminación del procedimiento, disponiéndose que La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los 15 días siguientes al de la fecha de entrada de la reclamación en el registro del órgano competente para su tramitación, y estableciéndose un plazo para que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adopte y notifique la resolución que en derecho proceda en el plazo de un 1 desde la recepción de la propuesta

    En el caso de que el solicitante no reciba notificación en el plazo indicado, la solicitud administrativa podrá entenderse desestimada, pudiendo el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso el percibo de las cantidades interesadas, para lo que el solicitante cuenta con 1 año de plazo desde el día en que se debía recibir la resolución administrativa, tras el que prescribiría su acción judicial.

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    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Pixabay (CCO Public Domain)

  • Fomento del trabajo autónomo, la economía social e impulso del emprendimiento

    Fomento del trabajo autónomo, la economía social e impulso del emprendimiento

    Dos proyectos de ley para fomentar el trabajo autónomo, la economía social e impulsar el emprendimiento fueron aprobados por el Gobierno el pasado 14 de Mayo.

    Se trata del proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y Economía Social, y del proyecto de ley de Sociedades Laborales y Participadas.

    Con estas medidas, se refuerzan los mecanismos de protección de los autónomos (en especial los económicamente dependientes) y se amplían incentivos como la capitalización de la prestación por desempleo o su compatibilidad con el inicio de una actividad emprendedora. Además, se fijan nuevos incentivos para la incorporación de socios trabajadores a las cooperativas y sociedades laborales, y se amplían las posibilidades de las llamadas reservas de mercado para entidades de la economía social.

    Con todo esto, el Gobierno espera que el autoempleo pueda crecer en torno a las  550.000 personas para el año 2019.

     LAS NOVEDADES

     La nueva ley introduciría novedades, entre las cuales, cabe destacar las siguientes:

     1.- Tarifa Plana para autónomos: Se fija la cuantía de la cuota por contingencias comunes en cincuenta euros exactos durante seis meses.

    2.- Ayudas para nuevos emprendedores: Se extiende, con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo, y así facilitar la inversión y los gastos iniciales para iniciar una actividad emprendedora. Hasta ahora, los hombres de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 podían solicitar el 100% para el pago único de la inversión.

    De este modo, y para iniciar una actividad por cuenta propia, la prestación por desempleo se podrá utilizar de tres formas:

    a) Capitalizando el 100% en un único pago.

    b) Capitalizando sólo una parte y utilizar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social.

    c) Destinando el total de la prestación al abono de las cuotas mensuales.

    3.- Posibilidad de compatibilizar prestación por desempleo con alta en el régimen de autónomos. Los autónomos de cualquier edad, podrán compatibilizar durante un máximo de 270 días la prestación por desempleo con el alta en el régimen de autónomos, una posibilidad hasta ahora reservada a los menores de 30 años.

    4.- Posibilidad de no capitalizar el desempleo. Si tras el alta en una actividad, dentro de los 60 meses siguientes, se produjese la baja de ésta, se podrá volver a solicitar la reanudación del desempleo. Hasta ahora, el límite era de 24 meses.

    5.-Ampliación de la bonificación a los familiares autónomos. Podrán disfrutar de una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social durante 24 meses (en lugar de 18 meses). Durante los 18 primeros meses la bonificación será del 50% y los 6 meses siguientes del 25%.

    6.- Por último, creación de una bonificación de 800 euros/año.  Existirá una bonificación durante tres años (2.440 euros) para las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales. El objetivo de esta medida es facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades que forman parte de la Economía Social.

    Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

    Patricia-Cavada-Blog
    Patricia Cavada Oruña
    Área Laboral

    Foto: (Pixabay con licencia Creative Commons CCO Public Domain)

  • Formación jurídica de futuros profesionales en Grupo Eurotax

    Formación jurídica de futuros profesionales en Grupo Eurotax

    Desde hace años, Grupo Eurotax y la formación jurídica de jóvenes estudiantes de Derecho procedentes de las universidades de nuestra Comunidad Autónoma, han ido estrechamente ligados. En la actualidad, nuestra Firma mantiene diversos convenios de colaboración con entidades como la Universidad de Deusto, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarretxe.

    A lo largo de todo este tiempo han sido numerosos los alumnos que han participado en nuestro programa de formación jurídica, a través del cual, profesionales del departamento jurídico acompañan de forma práctica en el estudio de supuestos que tienen que ver con la realidad legal y jurídica de nuestros días.

    Esa visión actual constituye el observatorio sobre el que valorar y potenciar,  no solo las competencias técnico jurídicas, sino también otro tipo de habilidades y desempeños inherentes a cualquier organización: escucha activa, trabajo en equipo,  capacidad de relación y negociación, etc.

    Además, los alumnos se convierten en los perfectos candidatos para formar parte de la estructura del despacho. Podemos decir que, históricamente, no son pocos los ejemplos, en los que los alumnos han iniciado su carrera profesional y continúan desarrollándola en Grupo Eurotax.

    Los alumnos comentan su experiencia

    En esta ocasión, en este periodo de Practicum, Grupo Eurotax acoge a los alumnos José Ramón Martínez Pacheco, Jone Pérez de la Torre y Maider Alberdi que a continuación nos comentan su experiencia, todavía en curso.

    “Después de casi  4 meses, puedo decir que el despacho está cumpliendo mis expectativas. He aprendido muchísimas cosas, más allá de lo estrictamente jurídico-procesal, estoy desarrollando grandes aptitudes y teniendo una experiencia más que positiva”, relata José Ramón Martínez Pacheco, estudiante del Máster de la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarretxe.

    formacion-juridica-en-grupo-eurotaxPara nuestra alumna Jone Pérez de la Torre la decisión de incorporarse a Grupo Eurotax como estudiante en prácticas fue una decisión clara: “desde un primer momento me pareció atractiva su propuesta sobre el Practicum, al significar la misma un acercamiento hacia al mundo jurídico a través del contacto continuo con profesionales de distintas ramas del Derecho”.

    Por su parte, la estudiante Maider Alberdi nos ha querido ofrecer también su perspectiva en este segundo periodo de prácticas que está cursando en nuestro despacho. Y es que esta estudiante, graduada en Derecho y actualmente cursando el Master de la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarretxe, ha querido realizar de nuevo con nosotros su segundo periodo de Practicum tras la buena experiencia del año pasado.

    “He participado anteriormente en el programa de prácticas y fue totalmente satisfactoria. Adquirí muchísimos conocimientos prácticos en los 6-7 meses que estuve y es por ello que he querido volver a Grupo Eurotax”, señala Maider.

    Acceso al mercado Laboral

    Para Grupo Eurotax, colaborar con las universidades y participar en la formación jurídica y práctica de los jóvenes estudiantes es un objetivo prioritario.

    En un entorno como el actual, en el que las relaciones laborales, la economía y la vida se encuentra en continuo proceso de cambio,  participar en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes talentos, intentando mejorar las posibilidades de empleabilidad y el acceso al mercado laboral, forma parte de nuestro compromiso hacia la prosperidad e impulso de la sociedad.