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  • Principales novedades en el IVA para 2015

    Principales novedades en el IVA para 2015

    La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras y el Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, introducen distintas novedades en la regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

    Dichas novedades pueden ser sistematizadas en tres grandes grupos, en consonancia con los principales objetivos perseguidos con la reforma:

    Modificaciones de índole técnica

    Modificaciones de índole técnica, bien aclarando algún aspecto de la tributación, bien suprimiendo determinados límites o requisitos, en el ámbito de discreción que la Directiva de IVA permite a los Estados miembros, como es el caso del régimen de la no sujeción al Impuesto:

    a) Supuestos de no sujeción al IVA por transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial.

    Se incorpora en la redacción del artículo la doctrina del TJUE (“Sentencia Caprabo”) que aclara que para poder aplicar la no sujeción se debe traspasar el negocio existente incorporando la estructura organizativa, en la medida en la que se trate de una unidad económica autónoma. Adicionalmente se establece expresamente que la exigencia de que los bienes y derechos transmitidos constituyan una unidad económica autónoma debe cumplirse no sólo en sede del adquirente (como hasta ahora) sino también en sede del transmitente.

    b) Las operaciones realizadas por Entes Públicos.

    c) Renuncia a la exención en operaciones inmobiliarias (segundas entregas de inmuebles).

    Se modifica la referencia a los Entes Públicos por las Administración Públicas incorporándose expresamente la definición de que se entiende por Administración Pública a estos efectos.

    La no sujeción también se aplicará a las prestaciones de servicios realizadas por una entidad integrante del Sector público (sociedades mercantiles o entidades públicas empresariales de titularidad íntegra de una Administración pública) que tengan por destinatario a  dicha Administración pública que es su socio único (los denominados servicios internos). Con ello se viene a dar rango legal a la doctrina sobre los denominados órganos técnico-jurídicos que ya venía aplicando la Administración tributaria.

    Se permite la deducción de las cuotas de IVA soportadas comunes a las operaciones no sujetas y no sujetas realizadas por las Administraciones públicas (entidades duales) siempre y cuando se aplique un criterio razonable de reparto.

    Se modifica el régimen de deducción de los organismos públicos de radio y televisión reconociendo que se considerarán actividades comerciales (darán derecho a la plena deducción) aquellas actividades que generen o sean susceptibles de generar ingresos de publicidad no provenientes del sector público.

    Se establece la posibilidad de que los empresarios adquirentes de este tipo de inmuebles puedan renunciar a la exención aún en el caso de tener derecho a la deducción parcial del IVA soportado por la adquisición. La normativa anterior sólo permitía la renuncia a la exención en aquellos casos que el empresario adquirente tenga derecho a la deducción total del IVA soportado en el inmueble sobre el cual se haya de ejercitar la renuncia a la exención.

    d) Excepción a la exención en la transmisión de suelo urbanizado o en curso de urbanización.

    Se suprime la exigencia de que la transmisión sea realizada por el promotor con la finalidad de garantizar la neutralidad del impuesto en los procesos de transmisiones de terrenos, una vez que la urbanización se ha iniciado.

    e) Juntas de Compensación «no fiduciarias».

    Se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la Junta de Compensación y los propietarios, con el fin de eliminar la distorsión que causaba el distinto tratamiento a efectos del Impuesto de la actuación en los procesos de urbanización de dichas Juntas, según intervinieran en su condición o no de fiduciarias (en este último caso, la Junta no podía deducir el impuesto soportado por los servicios de urbanización).

    f) Entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje.

    Se elimina la referencia al 15% del coste total de la contraprestación.

    g) Modificación de la base imponible.

    Se incorporan medidas para flexibilizar el procedimiento de modificación de la base imponible regulado en el artículo 80 de la LIVA, en especial:

    Se amplía el plazo para poder realizar la modificación en el caso de concurso a 3 meses desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración de concurso.

    En el caso de créditos incobrables, a las entidades con importe neto de cifra de negocio inferior a 6 millones de euros se les permite modificar la base en el plazo especial de 6 meses (plazo general de 1 año).

    Respecto a las operaciones en régimen especial del criterio de caja, se introduce una regla especial para declarar un crédito incobrable, de tal manera que se permite la modificación de la base imponible cuando se produzca el devengo de dicho régimen especial por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación, sin tener que esperar a un nuevo transcurso del plazo de 6 meses o 1 año que marca la normativa a computar desde el devengo del impuesto.

    h) Prorrata especial.

    Se disminuye el porcentaje de comparación en la deducción de las cuotas de IVA soportadas respecto de la prorrata general al 10% frente al 20% anterior; por lo tanto, se ampliará el número de supuestos en los que será de aplicación la prorrata especial frente a la general.

    i) Solicitud de devolución a empresarios no establecidos ni en la Comunidad europea ni en Ceuta, Melilla o Islas Canarias.

    No se exigirá la existencia de reciprocidad en la solicitud de devolución de cuotas de IVA soportadas  en los servicios de hostelería, restauración y transporte vinculados a la asistencia a ferias, congresos y exposiciones, así como la compra de moldes, plantillas y equipos que se utilicen en la fabricación de bienes que vayan a ser exportados.

    j) Régimen de grupo de sociedades.

    Se adecua la redacción de los requisitos subjetivos para pasar a formar parte del grupo en el sentido de que exista una vinculación entre las entidades en el ámbito financiero, económico y de organización.

    k) IVA a la importación.

    Se establece como gran novedad la posibilidad de que determinados operadores puedan diferir el ingreso del IVA a la importación en el modelo de presentar el modelo 303, sin necesidad de ingresar el IVA en el mismo momento de la importación.

    l) Exención educativa.

    Con efectos 1 de enero de 2015, se extiende la aplicación de la denominada «exención educativa» a los servicios de atención a niños en el centro docente prestados en tiempo interlectivo, tanto durante el comedor escolar como en servicio de guardería fuera del horario escolar, equiparando, a tal efecto, el tratamiento en el Impuesto de estos servicios prestados por el centro docente, con independencia de que se realice con medios propios o ajenos.

    Modificaciones relacionadas con la lucha contra el fraude fiscal

    a) Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo.

    Se incorpora un nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo en las entregas de productos en los que se ha constatado la existencia de fraude, en particular, teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles, tabletas digitales, plata, platino y paladio.

    En el caso de los productos electrónicos antes mencionados, esta nueva regla de inversión se aplicará en todo caso si el adquirente es un revendedor, mientras que si el adquirente no es un revendedor (adquisición para uso empresarial) sólo operará la inversión del sujeto pasivo cuando el importe de la operación exceda de 10.000 euros (IVA excluido).

    b) Nuevos supuestos de infracciones y sanciones relativas a las comunicaciones en el caso de aplicación de la regla de la inversión del sujeto pasivo.

    En particular un nuevo tipo de infracción referido a la ausencia de comunicación o bien a la comunicación incorrecta por parte de los empresarios a los que les resulta de aplicación la regla de la inversión del sujeto pasivo, imponiéndose una sanción. La conducta se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 1% de las cuotas devengadas respecto a las que se ha producido el incumplimiento en la comunicación, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000 euros.

    Modificaciones generadas como consecuencia de la adaptación de la normativa a diversas Directivas Europeas y a la jurisprudencia del TJUE

    a) Normas de localización.

    A partir del 1 de enero de 2015 son de aplicación las nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuados por vía electrónica por las que dichos servicios se entenderán localizados en el Estado miembro donde esté establecido el destinatario de los mismos, tanto si es empresario o profesional o bien una persona que no lo sea y con independencia de donde radique la sede del prestador del mismo (hasta ahora esta regla sólo era aplicable si el destinatario era empresario). Como consecuencia de esta modificación, por tanto, los servicios de por vía electrónica cuyo adquirente sea un consumidor final se entenderán localizados en España (excepto Canarias) si es allí donde está establecido el consumidor final, de manera que, con independencia de donde esté establecido el prestador, deberá repercutir el IVA según el tipo español y no el del país de establecimiento del prestador.

    Formalmente se añade un capítulo “Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica” diferenciándose entre si el prestador del servicio está  fuera de la Unión Europea o bien si está en otro Estado de la Unión Europea. Y con la finalidad de facilitar el ingreso del IVA se crea un sistema de ventanilla única.

    b)

    El ámbito de aplicación del Impuesto se ajusta a la Directiva IVA, excluyendo del territorio de la Comunidad a las regiones ultraperiféricas francesas, las islas del Canal e islas Aland e incluyendo las regiones de Akrotiri y Dhekelia.

    c) Productos sanitarios.

    En ejecución de la sentencia del TJUE en el asunto C-360/11, de 17 de enero de 2013, se suprime la aplicación del tipo reducido a las sustancias para la obtención de medicamentos y a los equipos médicos, productos sanitarios, aparatos y complementos que no se destinen al uso exclusivo de personas con deficiencias físicas, mentales o sensoriales.

    En este sentido, se incorpora un Anexo octavo donde se enuncian los bienes a los que se aplicará el tipo reducido del 10% (gafas, lentes de contacto, dispositivos de punción, de lectura automática de glucosa…).

    Pasan a tributar del 4% al 21% las sustancias medicinales y los principios activos de los medicamentos para uso humano, así como los productos intermedios para la fabricación de dichos medicamentos.

    Asimismo, incrementan su tributación del 10% al 21% las sustancias medicinales y los principios activos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso veterinario, así como los equipos médicos, aparatos y demás instrumental usado con fines veterinarios.

    d) Régimen especial de agencias de viajes.

    En cumplimiento de la Sentencia en el asunto C-189/11 de 26 de septiembre de 2013, se modifican distintas cuestiones del régimen especial de agencias de viajes, entre otras, la eliminación de la repercusión expresa del IVA al 6%, la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación a los empresarios que, aun no siendo agencias de viajes, realicen actividades similares a las organizaciones de viajes, y se establece que el único sistema de determinación de la base imponible es el de operación por operación (como en el REBU).

    Con respecto a la aplicación del régimen especial, la nueva regulación es muy clara al afirmar que dicho régimen será de aplicación a las agencias de viajes minoristas que actúen en nombre propio frente al viajero, aunque los transportes y alojamientos los contraten a través de otras agencias mayoristas o turoperadores, que, a su vez, también estará obligados a aplicar el régimen especial.

    En lo que se refiere a la determinación de la base imponible, se establece que sólo se permitirá el cálculo de la misma, operación por operación, eliminando la posibilidad que existía de realizarla de forma global para cada periodo impositivo. Igualmente, la reforma incluye la posibilidad de renunciar a la aplicación del régimen especial, y la adopción del régimen general, respecto de los servicios que presten a empresarios o profesionales que tengan derecho a deducción del impuesto, siguiendo la línea del modelo sueco, el cual no había sido puesto en tela de juicio por el TJUE.

    e) Regla especial de determinación de la base imponible cuando las contraprestaciones no sean monetarias.

    Consecuencia de la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2012, en el asunto C-549/11, se incorpora el criterio del valor acordado por las partes que tendrá que expresarse de forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las reglas de valoración del autoconsumo. Recordemos que, hasta esta modificación, la base imponible de este tipo de operaciones tenía una regla de valoración en base al valor de mercado. Por tanto, el cambio supone pasar de un régimen de valor de mercado a uno de valor al coste (norma supletoria de valoración de los autoconsumos).

    f) Servicios prestados por fedatarios públicos.

    Se elimina la exención de los servicios prestados por fedatarios públicos en relación con operaciones financieras exentas o no sujetas a IVA. Por lo tanto, pasan a estar sujetos  y no exentos de IVA los servicios prestados por notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles en relación con las operaciones financieras exentas.

    Por último, se incorporan diversas modificaciones con una mera finalidad aclaratoria, como la calificación como bienes corporales de ciertas transmisiones de participaciones o acciones en sociedades cuya posesión asegure la atribución de la propiedad o disfrute de un inmueble, y otra serie de modificaciones de carácter técnico que tienen por objeto actualizar las referencias normativas y las remisiones a determinados procedimientos que se contienen en la Ley del Impuesto.

     

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Alan Cleaver (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

  • Nuevo modelo de recibo individual de salarios

    Nuevo modelo de recibo individual de salarios

    El pasado 11 de Noviembre se publicó en el B.O.E. el nuevo modelo de recibo individual de salarios para dar cumplimiento al artículo 104.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en el cual se determina lo siguiente:
    «El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.

    En los justificantes de pago de dichas retribuciones, el empresario deberá informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2, la parte de la cotización que corresponde a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador, en los términos que reglamentariamente se determinen.»

    Hasta ahora, en los recibos de salarios de los trabajadores únicamente constaban la base de cotización y el tipo de retención correspondientes a la aportación del trabajador, pero no la determinación de la aportación del empresario.

    En el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden (12.11.2014) las empresas adaptarán al nuevo modelo que se aprueba los modelos de recibo de salarios.

    Desde Eurotax Abogados ya nos hemos puesto en marcha, junto con nuestro proveedor de servicios informáticos, para dar cumplimiento a esta orden, dentro del plazo establecido para ello.

    Para acceder a la publicación en el BOE clickar aquí

     

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.


    Foto: Ttaaj (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

  • El descuelgue del convenio colectivo, una medida a la orden del día

    El descuelgue del convenio colectivo, una medida a la orden del día

    1. Introducción

    La Ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, apostando por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo, recoge una medida cuyo objetivo es incentivar la flexibilidad interna en la empresa. Se trata de una alternativa a la destrucción del empleo. Con todo esto, lo que se pretende es ofrecer al empresario, una serie de herramientas que le permitan afrontar los cambios del mercado y las situaciones de dificultad económica y productiva mediante la modificación y la adaptación de las condiciones de trabajo.

    1. La negociación colectiva

    Dentro del conjunto de medidas que recoge la reforma laboral, se haya una, cuyo objetivo se trata de favorecer la flexibilidad interna en las empresas.

    Se pretende fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas por las que atraviesa la empresa.

    Se reforma la materia de la negociación colectiva (concretamente el articulo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), previendo la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, dando prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula la ultractividad de los convenios colectivos.

    Se recoge la posibilidad de inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo. De esta manera, cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede prescindir de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo al que está adscrita y aplicar temporalmente otras distintas que le resulten más favorables en función de la coyuntura económica o productiva. Para ello tiene que acreditar que existe una causa económica, productiva, organizativa o técnica que hace necesario el descuelgue.

    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos. Por otro lado, los cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción se reputan causas técnicas.  Se aceptan como causas organizativas los cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y como causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

    De todos modos, dada la extensión que tienen estos términos, lo conveniente sería esperar a la interpretación que realice la jurisdicción social a la hora de enjuiciar los asuntos concretos que se vayan planteando.

    La inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, por parte de la empresa, solo pueden afectar a las siguientes materias:

    • Jornada de trabajo.
    • Horario y distribución del tiempo de trabajo.
    • Régimen de trabajo a turnos.
    • Sistema de remuneración y cuantía salarial.
    • Sistema de trabajo y rendimiento.
    • Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del Estatuto de los trabajadores.
    • Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

    Respecto al procedimiento (41.4 del Estatuto de los Trabajadores) para llevar a cabo la negociación colectiva, es necesario el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario, para que puedan consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades. La negociación deberá ir precedida de un periodo de consultas de duración no superior a 15 dias, para que las partes puedan negociar, con buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Para llegar a un acuerdo se requerirá la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de los representantes sindicales.

    En los casos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su presentación a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente, o una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión.

    Cuando el periodo de consultas termine con acuerdo, se presumirá que concurren las causas anteriormente descritas, y sólo podrá ser impugnado anta la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

    Si el periodo de consultas termina en desacuerdo, la ley ofrece una doble vía para superarlo, así posibilita que cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de 7 días para pronunciarse, y si ésta no alcanzara un acuerdo, las partes pueden recurrir a los procedimientos que a tal efecto deben establecerse en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico para solventar de manera efectiva dichas discrepancias.

    Si el período de consultas finalizara sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos anteriormente mencionados o no hubieran solucionado la discrepancia, el legislador, desconfiando de los mecanismos autónomos de solución de conflictos colectivos, alude al arbitraje externo, pues cualquiera de las partes puede someter el asunto a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, u órganos similares de las comunidades autónomas.

    Otro aspecto importante en la reforma lo constituye la consolidación de la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial o territorial:

    La reforma profundiza en este punto impidiendo que existan resquicios para limitar esa prioridad. Así, a partir de ahora, la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias (84.2 Estatuto de los Trabajadores):

    1. a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.
    2. b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.
    3. c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.
    4. d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.
    5. e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.
    6. f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
    7. g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos al determinar las cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando en su caso las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

    Asimismo, para evitar que se perpetúen situaciones de bloqueo en la negociación colectiva, la norma prevé que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

    3.- Conclusión

    Con la llegada de la reforma laboral, se han cambiado las reglas de concurrencia y por ende se altera la estructura de la negociación colectiva, al suprimir en gran medida la dispositividad de los sujetos negociadores y las posibilidades de articulación por parte de los acuerdos interprofesionales.

    El cambio más importante realizado resulta la prohibición de alterar esa prioridad absoluta del convenio de empresa respecto a las materias anteriormente mencionadas por acuerdos interprofesionales o por convenios sectoriales, posibilidad que estuvo presente en el precepto derogado. Esta vía fue utilizada, por ejemplo, en el convenio general de la construcción, para ordenar la negociación colectiva, estructura pactada que carece ahora de aplicación práctica alguna al contradecir el tenor de la ley.

    En épocas de crisis las cláusulas de descuelgue, especialmente, de descuelgue salarial, adquieren una relevancia fundamental, al tratarse de uno de los mecanismos que pueden resultar de gran ayuda para que las empresas superen la situación negativa en la que se hallan inmersas, al tiempo que coadyuva al mantenimiento del nivel de empleo. Así se aspira a favorecer la adaptabilidad de las empresas en contextos económicos cambiantes, persiguiendo un equilibrio entre la flexibilidad interna demandada por las empresas y la seguridad requerida por los trabajadores, e intentando convertir este instrumento en una alternativa real frente a medidas de flexibilidad externa, que inciden negativamente sobre el volumen de empleo.

     Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que este asunto pueda suscitar.

    Patricia-Cavada-Blog
    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • «No registrar la marca puede suponer la pérdida de identidad de tu empresa»

    «No registrar la marca puede suponer la pérdida de identidad de tu empresa»

    La abogada y especialista en propiedad intelectual e industral, Maitane Valdecantos, desvela a los clientes de ETAX ABOGADOS la importancia de proceder al registro de la marca como único sistema legal efectivo para ejercitar todos nuestros derechos en el tráfico económico y la explotación de nuestros productos o servicios.

    ¿Por qué es importante registrar la marca?

    El motivo fundamental por el que no sólo es importante, sino que es necesario proteger la marca, es precisamente que ésta, representa y transmite la trayectoria de la empresa, su competitividad y reputación, la esencia de lo que hacemos y del cómo lo hacemos.

    La adquisición de los derechos sobre la marca, en nuestra legislación, se produce con el registro válidamente efectuado de conformidad con la Ley, otorgándose el mismo, por un periodo de diez años desde la presentación de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de diez años indefinidamente.

    Las empresas, realizan inversiones elevadas (económicas y de tiempo) para dar a conocer sus productos y servicios, para concienciar sobre sus características, y hacer que se asocien e identifiquen los mismos, bajo una identidad, la marca que se ha creado para ello.

    Dichas inversiones pueden caer en saco roto, de no proceder al registro y protección de la marca, dado que si un tercero la registra, adquirirá los derechos de explotación de la misma.

    Únicamente el registro de la marca, faculta a su titular, por un lado, para su explotación y utilización en el tráfico económico para la diferenciación de sus productos con carácter exclusivo, y por otro lado, para impedir el registro y utilización de nuevas marcas idénticas o semejantes (tanto en denominación como en representación) para la comercialización de productos idénticos o similares, e incluso para productos distintos en caso de tratarse de marcas notorias y renombradas.

    ¿Qué riesgos corren aquellas empresas y particulares que no lo hagan?

    El no registro de la marca, acarrea innumerables consecuencias, pudiendo citar como fundamentales las siguientes:

    1) Pese a que la utilicemos en el tráfico económico, no tenemos la propiedad sobre dicho signo distintivo, por lo que otros particulares o empresas, podrán hacer uso del mismo signo distintivo; y

    2) Cualquier tercero podrá registrar la marca que hemos venido utilizando, y obligarnos a dejar de utilizarla a nosotros, a pesar de que su registro sea posterior a nuestra utilización.

    Estas dos consecuencias citadas, engloban la consecuencia fundamental de la pérdida de identidad, la pérdida de la cualidad de «poder ser diferentes y únicos», la pérdida de nuestra supremacía en el mercado.

    No hay que olvidar que nuestros clientes y potenciales clientes, asocian nuestra imagen corporativa con nuestra forma de trabajar, nuestro grado de excelencia, la calidad de nuestros productos y servicios, y es la marca, la que permite diferenciar ese compendio intangible que transmite nuestra filosofía social.

    Podemos trabajar e invertir durante años para generar marca, y perder todo ese esfuerzo en cuestión de minutos.

    ¿Es Internet un entorno especialmente propenso a la suplantación de identidad empresarial?

    Obviamente, Internet es un entorno propicio para las vulneraciones de marcas, para la utilización de marca ajena. Es un nuevo medio que democratiza el acceso y facilita nuevos canales de marketing y distribución, creando un entorno perfecto para el contacto directo de los clientes con las marcas, y por tanto, para la utilización de marcas ajenas de forma fraudulenta, para alterar las condiciones del libre mercado y de la competencia leal.

    Existen y han existido siempre las imitaciones y falsificaciones de marcas, y las utilizaciones de marcas ajenas, especialmente de las de reconocido prestigio, pero con el nacimiento y desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías, está extendiéndose cada vez más, la práctica del uso de marcas registradas ajenas como palabras clave, para atraer al consumidor que utiliza los motores de búsqueda en Internet.

    Con ello nos referimos al uso de las marcas como Meta-tag (incorporación del signo distintivo en un apartado específico del código fuente de un documento HTML y que sugieren a los buscadores cuál es el contenido de la página web que corresponde), Keyword (palabra clave que se adquiere en un buscador y que da lugar a que aparezca un anuncio publicitario cuando se introduce dicha palabra) o Adword (sistema keyword utilizado por Google para la publicidad patrocinada).

    Este uso de marcas ajenas como palabras clave, es un recurso de los infractores para redirigir al consumidor que navega en Internet, a través de motores de búsqueda, hacia sus propias páginas web.

    ¿Cómo podemos defendernos ante una agresión a nuestra marca en la red?

    Las infracciones de los derechos marcarios, se vienen realizando tanto online como offline. El procedimiento en el que ampararnos, será en todo caso el mismo.

    En primer lugar, debemos siempre registrar nuestra marca en todas aquellas clases de productos y servicios en las que vamos a utilizarla. Éste es el primer paso para poder protegernos de manera efectiva y defendernos de las utilizaciones ilícitas ajenas de nuestro signo distintivo.

    Una vez registrada la marca, es fundamental hacer, por un lado, un seguimiento oficial (de las nuevas marcas cuyo registro se solicita en la Oficina correspondiente) para oponernos a todo signo distintivo que entre en conflicto con el nuestro, y por otro lado, un seguimiento y análisis a través de los buscadores introduciendo nuestra marca, para comprobar qué direcciones web nos muestra.

    Una vez acreditada la infracción marcaria, procedería el inicio de acciones legales frente al infractor, conforme a los artículos 41 y siguientes de la Ley17/2001 de Marcas.

    ¿Cuál es el procedimiento a seguir para aquellos que deseen registrar su marca?

    Es un procedimiento administrativo, en el que se presenta una solicitud del registro de marca que se pretende, con todos los datos identificativos de su titular, e identificativos del propio signo distintivo, ante el Organismo Oficial que corresponda en su caso (en caso de registro a nivel nacional en España, se dirigirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas) y quedaremos protegidos desde el momento en que dicha solicitud se presenta, de tal forma, que si se concede el registro de nuestra marca, se concederá con efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud.

    ¿Qué factores debemos tener en cuenta antes y después de hacerlo?

    Antes de presentar la solicitud de registro de marca, debemos tener en cuenta dos factores fundamentales: 1) cómo queremos que sea nuestra marca y 2) qué productos y servicios queremos marcar en el tráfico económico con el signo distintivo a registrar.

    No existe una fórmula clara que funcione en todo tipo de circunstancias y en todo tipo de productos o servicios, pero hay ciertas características, que coexisten en las marcas que triunfan:

    a) Que el signo distintivo sea exclusivo y memorable

    b) Que tengan una vocación clara de orientación hacia el consumidor

    c) Que distribuyan sus productos y servicios online y offline (clicks and mortar)

    d) Que creen valor emocional de marca (vinculación del consumidor con la marca)

    Después de registrar la marca, es fundamental hacer un seguimiento del respecto a los derechos que otorga la misma. Hay que recordar, que aunque los derechos de Propiedad Intelectual son concedidos por el Estado, es responsabilidad del titular asegurar que sus derechos no sean infringidos y en caso de que así fuera, tomar las acciones apropiadas y perseguir a los infractores.

    ¿Qué coste puede llegar a alcanzar?

    El coste varía en función del ámbito de protección en que se solicite su registro, y en función de las clases de productos y servicios en que se pretenda registrar.

    Es decir, podemos registrar la marca como marca comunitaria, como marca internacional, o como marca nacional (en España o en cualquier otro país, únicamente con efectos de protección en ese país en concreto), y en función de la opción que tomemos, el coste será superior o inferior.

    De igual modo, podemos registrar la marca, para la clase 38 de la Clasificación de Niza, relacionada con las telecomunicaciones, o para dicha clase, para la 35 relacionada con el marketing y la publicidad, y en la 45 relativa a servicios jurídicos, y en función de para cuántas clases solicitemos el registro, el coste será superior o inferior.

    En todo caso, el registro de una marca nacional en España para una clase de productos y servicios, no suele superar los 500 euros, con los honorarios del profesional que lo tramita incluídos.

    Si lo desea, puede completar esta información con el vídeo «ETAX ABOGADOS: ¿Por qué es importante registrar la marca?»:

    Maitane Valdecantos Flores. Departamento Legal
    Arantza Gómez Larreina. Departamento de Comunicación e Imagen