Categoría: Legislación

  • Mis datos personales han sido sustraídos. ¿Puedo reclamar?

    Mis datos personales han sido sustraídos. ¿Puedo reclamar?

    Nueve mil cincuenta y tres millones ciento cincuenta y seis mil trescientos ocho (9.053.156.308). Este es, según la web breachlevelindex.com el número de datos personales que han sido objeto de pérdida o sustracción como consecuencia de ciber ataques desde 2013. Las cifras de sustracción de datos o data breach, lejos de contenerse, están avocadas a seguir creciendo por dos factores incuestionables. Por un lado, debido al imparable apogeo de Internet y las Nuevas Tecnologías en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Por otro, por la falta de diligencia de personas, empresas o instituciones responsables del tratamiento de los datos y el incumplimiento de las medidas de seguridad requeridas.

    Así pues, en este contexto, ¿qué podríamos hacer los titulares de los datos afectados por un ciberataque o data breach? ¿Tendría el responsable o encargado del tratamiento alguna responsabilidad derivada de un ataque causado por terceros? ¿En ese caso, podríamos los afectados por el data breach solicitar alguna indemnización?. Sin duda, suelen ser éstas unas de las cuestiones más recurrentes, a las que trataremos de dar respuesta en el presente artículo.

    Efectivamente, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD) contempla una doble responsabilidad del responsable o encargado del tratamiento por el incumplimiento de la normativa de protección de datos: la administrativa y la civil. A tales efectos, la primera consistiría en la imposición de sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), con fundamento en lo dispuesto por los arts. 43 y siguientes de la LOPD. Por otro lado, la meritada responsabilidad civil se traduciría en un derecho a indemnización a los interesados que hubiesen sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos, con base en el art. 19 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados”.

    Sin embargo, lo cierto es que la vía administrativa no puede derivar, en ningún caso, en un derecho de indemnización a favor de una particular, tal y como ha admitido la jurisprudencia y la propia AEPD(1). Esto es, acudir a la Agencia, en principio, no nos permitirá reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que podríamos haber sufrido. Es por ello que, por lo que aquí interesa, a continuación, abordaremos exclusivamente el derecho de indemnización que nos reconoce el art. 19 de la LOPD.

    1.-¿Quién puede solicitar la indemnización?.

    Por lo tanto, en primer lugar, debemos determinar qué sujetos estarían facultados para solicitar la indemnización del art. 19. A este respecto, el apartado primero establece que sólo podrán solicitar la indemnización los interesados. Por interesado debe entenderse, en virtud de lo establecido por el art. 3 letra e) de la LOPD “persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento”. Asimismo, en la letra c) del mismo artículo se define tratamiento como “cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

    Consecuentemente, sólo podrán solicitar la indemnización del art. 19 de la LOPD las personas físicas titulares de los datos objeto de tratamiento, quedando excluidas expresamente las personas jurídicas (por mor del art. 2.2 del Reglamento de la LOPD, en lo sucesivo, RLOPD).

    2.-¿A quién le podemos reclamar la indemnización?

    Si, efectivamente, estamos facultados para solicitar la indemnización, lo siguiente que cabe preguntarse es contra quién la deberíamos solicitar. Así, según el propio art. 19 en su apartado primero, deberíamos dirigirnos frente a los responsables o encargados del tratamiento.

    Por responsable del fichero o tratamiento puede entenderse, en virtud de la letra d) del artículo 3 de la LOPD la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”, y por encargado del tratamiento, con arreglo a lo dispuesto por la letra g) la “persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.

    No obstante, cabe preguntarse qué ocurriría en los casos en los que se decide contratar a un tercero independiente para que preste los servicios de tratamiento de datos y ficheros, situación cada vez más común en la práctica. Pese a que la LOPD no establece nada al respecto, lo que devendría en una aplicación del principio general de la no presunción de solidaridad del art. 1137 del Código Civil(2), lo cierto es que la jurisprudencia ha venido proclamando la solidaridad en aras a favorecer a los afectados (3). Esto es, en principio, todos los partícipes responderían en pie de igualdad, lo que nos facilitaría mucho las cosas a la hora de plantearnos la posibilidad de reclamar. Deberíamos observar también, en todo caso, las condiciones y términos en los que se sustancia la relación contractual entre los distintos sujetos intervinientes.

    3.-¿Cómo puedo reclamar esa indemnización?

    El cauce que deba seguirse para hacer valer el derecho de indemnización del art. 19 de la LOPD dependerá de la naturaleza de los ficheros en cuestión. Esto es, si estamos ante ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas (art. 19.2 LOPD). Por el contrario, si los ficheros son de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria (art. 19.3 LOPD), es decir, ante los órganos jurisdiccionales civiles.

    De este modo, la LOPD está realizando una remisión, en primer lugar, a las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de la Administración, y en segundo lugar, a las normas generales sobre responsabilidad civil.

    En todo caso, la Ley no precisa nada más sobre el procedimiento a seguir, plazos procesales de ejercicio de la acción etc. A tales efectos, la doctrina entiende aplicable el procedimiento ordinario para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales regulado en el art. 249.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil(4).  Aún así, también suelen realizarse interpretaciones analógicas de otros preceptos de la propia LOPD e incluso del derecho de indemnización recogido en la Ley 5/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

    Lo que sí queda claro es que no resulta preceptivo acudir con carácter previo a la vía administrativa o plantear una denuncia ante la AEPD para poder reclamar el derecho de indemnización en vía civil. Aún así, parece muy recomendable hacerlo, en aras a obtener pruebas, y en su caso, una resolución, que permitan acreditar posteriormente ante la jurisdicción ordinaria la existencia de un incumplimiento y, especialmente, de daños o lesiones en los bienes o derechos del interesado (5).

    4.-¿Qué requisitos tienen que darse para que proceda la indemnización?.

    Sin duda alguna, si en algún aspecto se proyectan con mayor incidencia las consecuencias negativas de la falta de concreción y regulación de la LOPD, ese es precisamente el de las condiciones que deben concurrir para hacer valer el derecho de indemnización. La LOPD se limita a enunciar en su art. 19.1 que procederá la indemnización cuando los interesados “como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento” hayan sufrido un “daño o lesión en sus bienes o derechos”. Por consiguiente, el texto legal exige dos requisitos: por un lado, la existencia de un incumplimiento del contenido de la LOPD y, por otro, que ello haya supuesto la producción de un daño o lesión en los bienes o derechos del interesado.

    Así pues, en lo que atañe al primero de ellos –la antijuridicidad–, esto es, que exista un incumplimiento del contenido de la Ley, sólo procederá la indemnización cuando se vulnere el contenido de la LOPD en sentido estricto, excluyéndose el resto de normativa e incluso el RLOPD. No obstante, el precepto se refiere en sentido amplio a “lo dispuesto en la presente Ley”, por lo que debe entenderse que cualquier incumplimiento de la LOPD por parte del responsable del tratamiento puede hacer surgir un eventual derecho de indemnización a favor de los afectados o interesados, no sólo el incumplimiento de las infracciones tipificadas en el Título VII(6). Del mismo modo, tampoco serán indemnizables aquellos daños o lesiones que hubiese sufrido el interesado como consecuencia de un comportamiento del responsable o encargado que, efectivamente, resulta dañoso o lesivo, pero que se ha realizado con el estricto el cumplimiento y observancia de las normas y exigencias de la LOPD(7).

    En lo concerniente al segundo –el daño o lesión en los bienes o derechos del interesado– la LOPD es extremadamente somera en su formulación. Lo único que queda claro es que la indemnización sólo procederá cuando el tribunal competente haya constatado, en cada caso, la existencia de un daño o lesión que produzca un menoscabo susceptible de valoración económica.  Sin embargo, nada se establece en relación a las características que tiene que cumplir el daño o lesión, la prueba de su efectividad o, incluso, si resultaría procedente solicitar daños morales. A tales efectos, la ausencia de regulación expresa determina la aplicación de las normas generales de responsabilidad civil del Código Civil –y en caso de reclamaciones a órganos administrativos, las de responsabilidad patrimonial de la Administración- (8). Finalmente, debemos entender que, pese al silencio de la LOPD, procede reclamar también los daños morales, siguiendo la línea jurisprudencial actual (9), pero sin obviar los problemas que plantea en la práctica la acreditación de aquéllos.

    5.-Regulación en el Reglamento General de Protección de Datos (10).

    A modo de colofón, procede, en última instancia, realizar mención a la nueva regulación del referido derecho de indemnización contenida en el art. 82 del nuevo RGPD, que acaba con la inseguridad jurídica de la LOPD en ciertas cuestiones.

    Así pues, entre otras, reconoce expresamente la posibilidad de solicitar daños morales (art. 82.1, “daños inmateriales”), amplía el ámbito de legitimación pasiva (art. 82.2, “cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento”) y proclama la solidaridad de todos los responsables o encargados para garantizar la indemnización efectiva del interesado (art. 82.4).

    6.-Conclusión.

    Al comienzo del artículo nos planteábamos una serie de preguntas. Preguntas que, probablemente, nos vendrían inmediatamente a la mente al tener conocimiento de un ciberataque o data breach que ha terminado por afectar a nuestros datos de carácter personal.

    Como se ha visto, ante las referidas situaciones, los titulares de los datos no estaríamos indefensos. Pese a la exigua regulación existente al respecto, hemos de concluir que los ciudadanos tenemos dos vías para exigir la responsabilidad de las empresas o instituciones que son responsables del tratamiento de nuestros datos: el planteamiento de una denuncia ante la AEPD, o bien, de una acción judicial de reclamación de daños y perjuicios, con fundamento en el art. 19 de la LOPD.

    Escoger el camino del art. 19 es la única vía existente para exigir a esas empresas o instituciones una eventual indemnización por daños y perjuicios –en los términos que se han expuesto– que repercuta económicamente en la propia persona.

    Así pues, efectivamente, los ciudadanos tenemos derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios a una empresa o institución que, como consecuencia de determinadas conductas incumplidoras o negligentes, ha permitido o facilitado la sustracción de nuestros datos personales por parte de terceros o hackers.

    Se trata, pues, de un mecanismo jurídico plenamente válido y eficaz, pero que apenas se ejercita en la práctica. En primer lugar, porque no se tiene conocimiento de su propia existencia y viabilidad. Y, en segundo lugar, porque los responsables del tratamiento, principalmente grandes empresas, tratan de suscribir, en todo momento, acuerdos de renuncia a acciones judiciales, precisamente, para evitar tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias.

    7.- Referencias bibliográficas.

    (1). Vid. Resolución AEPD nº R/00011/2007, 13 de octubre de 2008 y Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2004.

    (2). Vid. en este sentido: VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Daños causados por el incumplimiento de la ley en el tratamiento de datos personales. Concordancias, discordancias y concurso de normas.” Práctica de Derecho de Daños, nº 112, Sección Estudios, Enero-Febrero 2013.

    (3). Entre otras: Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2006 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de febrero de 2007.

    (4). VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Daños causados… op. cit.

    (5). Recomendación comúnmente realizada por profesionales especializados en la materia como MAITANE VALDECANTOS y PABLO FERNÁNDEZ BURGUEÑO. Vid. en este sentido: FERNÁNDEZ, Carlos B. “Nuevo filón para los bufetes: demandas masivas por fallos de ciberseguridad” [en línea]. Publicado en Cinco Días, sección Legal, el 2 de octubre de 2017.

    (6). ÉCIJA BERNAL, Álvaro. El ejercicio del derecho a la indemnización derivado del art. 19 de la LOPD [en línea]. Blog Ecix Group.

    (7). ABERASTURI GORRIÑO, Unai. “El derecho a la indemnización en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Protección de Datos de Carácter Personal”. Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 41-42, 2013, p. 189.

    (8). VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Daños causados… op. cit. apartado VI.

    (9). La jurisprudencia ha venido proclamando una expansión de los daños morales que ha permitido su reclamación en pretensiones indemnizatorias en las que la normativa aplicable no lo disponía expresamente. A tales efectos, vid., entre otras:  Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012 y de 7 de marzo de 2005, Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) de 12 de junio de 2006, Sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) de 12 de junio de 2006 y de 30 de enero de 2009 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 16 de septiembre de 2009.

    (10).  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 (art. 99).

     

    Mikel Recuero Linares

    Imagen: Grupo Eurotax

  • LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL COMÚN Y EN EL DERECHO CIVIL VASCO

    En las líneas que siguen, vamos a tratar la sucesión, tanto por causa de muerte (mortis causa en adelante), como la sucesión por contrato (sucesión inter vivos en adelante).

    Para ello, realizamos un acercamiento general a sucesión, presentando en el primer epígrafe las cuestiones burocráticas y medidas provisionales en casos de sucesiones mortis causa; en el segundo, las tres fases principales de toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos;en el tercero, cuatro particularidades de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco; y en el cuarto y último epígrafe, una breve referencia a las consecuencias fiscales de la sucesión.

    CUESTIONES BUROCRÁTICAS Y MEDIDAS PROVISIONALES EN CASOS DE SUCESIÓN MORTIS CAUSA

    Cuestiones burocráticas

    Cuando una persona fallece, se abre la sucesión, por lo que será necesario que consigamos el “Certificado médico de defunción” que es el documento oficial que acredita la muerte de la persona. En ese documento se plasma el momento del fallecimiento, momento que será el que determine:

    • Si el heredero/legatario es capaz para suceder.
    • El momento al que tiene que sobrevivir el heredero del causante para transmitir algún derecho a sus herederos.

    Tras tener el certificado médico de la defunción, tenemos que “Inscribir la defunción en el Registro Civil”, donde se da fe de la fecha, hora y lugar del fallecimiento, dado que, aunque los efectos civiles del fallecimiento se dan desde el fallecimiento, para su pleno reconocimiento es necesario inscribirlo. Tras la inscripción de la defunción, nos facilitarán la “Licencia para el entierro”, y se procederemos a ello, siempre transcurridas al menos, 24 horas desde el momento del fallecimiento.

    Transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, solicitaremos la “Certificación de actos de última voluntad”, acompañando a la solicitud el certificado de defunción, para conocer si existe o no testamento.

    En el caso que exista, se nos informará del Notario que lo realizó, y tendremos que acudir al mismo, con el certificado de defunción y el de últimas voluntades, para que el Notario ponga a nuestra disposición copia del mismo.

    En caso de que no exista testamento, habrá que realizar un “Acta de declaración de herederos” ante Notario.

    Tras los 15 días hábiles desde el fallecimiento, también podremos iniciar los trámites ante la compañía aseguradora que en su caso tuviera contratado un seguro de vida y accidentes el finado. Para ello, deberemos localizar la póliza de seguro y acudir a la compañía con el certificado de defunción.

    Medidas provisionales

    Tras el fallecimiento de una persona se extingue la personalidad civil de la misma, por lo que se produce una situación temporal en la que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido carecen de titular. A esta circunstancia la denominamos estado de “herencia yacente», y se prolongará hasta que el heredero acepte o repudie la herencia.

    Al tratarse de una situación que puede alargarse en el tiempo, existe la posibilidad de que el testador, los herederos, el Juzgado o incluso el Notario nombren a una persona que se encargue de administrar y defender los intereses de la herencia yacente adecuadamente.

    FASES PRINCIPALES DE TODA SUCESIÓN

    En toda sucesión, ya sea mortis causa o inter vivos, diferenciamos tres grandes fases:

    1.- La vocación o llamamiento

    Es el llamamiento potencial a favor de todos los sucesores de una persona, y puede ser testamentaria o abintestato. La testamentaria se realiza llamando a los sucesores que consten en el testamento del causante; mientras que para la declaración de herederos abintestato tendremos que acudir al Notario y realizar un acta de declaración de herederos abintestato, para el que necesitaremos los documentos que se precisan en el artículo 55 de la Ley del Notariado.

    2.- Aceptación o repudiación de la herencia.

    2.1 Concepto y características

    La aceptación o repudiación es el ejercicio positivo o negativo del iusdelationis, que es el derecho a aceptar o rechazar el llamamiento a la sucesión que se realiza, cuyas características más relevantes son las siguientes:

    Es un acto voluntario y libre, puesto que no se puede obligar a nadie a aceptar o repudiar. El Código Civil, prevé en el artículo 1001 del Código Civil, la opción de que los acreedores de un llamado a una herencia soliciten cobrar de dicha herencia, pero hay que tener claro que el que los acreedores soliciten cobrar de lo que le correspondería al llamado, no supone que este haya aceptado la herencia.

    La aceptación/repudiación es un acto irrevocable, pero se puede impugnar cuando en el consentimiento hubiera mediado algún vicio que anule el consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación).

    El acto de aceptar /repudiar la herencia es una declaración de voluntad pura e indivisible, lo que significa que, en caso de aceptar la herencia, se acepta en su totalidad, y en caso de repudiarla, se repudia también en su totalidad. El llamado, por tanto, cuando le ofrecen la herencia, sólo podrá contestar con un “sí” o con un “no”, sin posibilidad de aceptar o repudiarla sólo en parte.

    El acto de aceptación /repudiación de la herencia tiene efecto retroactivo, lo que significa que los efectos de aceptación/repudiación de la herencia se retrotraen al momento de la muerte dela persona de quien se hereda y tanto para aceptar como para repudiar una herencia es necesario tener capacidad de obrar plena.

    2.2 Aceptación y repudiación

    a) La aceptación, se puede realizar de dos formas:

    Pura y simplemente. Lo característico de este tipo de aceptación es que se produce la confusión de patrimonios del causante y del aceptante. Esto significa que los bienes, derechos y obligaciones del fallecido pasan a ser del aceptante, por lo que el aceptante estará obligado a pagar las deudas del causante, incluso con su patrimonio propio. Es lo que en latín se denomina responsabilidad ultra vires hereditatis, que significa más allá del haber hereditario.

    Esta aceptación, a su vez, puede ser expresa o tácita. Si es expresa, se realizará en documento público o privado; si la aceptación es tácita, se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar. En este punto, es importante señalar que los actos de mera conservación o administración provisional del haber hereditario no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.

    En relación con lo anterior, conviene señalar que el 1005 del Código Civil, que establece que “Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente”.

    A beneficio de inventario. .En la aceptación a beneficio de inventario, no se produce la confusión de patrimonios, por lo que el heredero sólo responderá de las obligaciones del causante con la masa hereditaria, no haciendo suyas las deudas y obligaciones del fallecido. La aceptación a beneficio de inventario la debemos realizar ante Notario, y la responsabilidad que se deriva de ella es intra vires hereditatis, que significa dentro del haber hereditario.

    b) La repudiación, tendrá que hacerse siempre ante Notario, siendo dos sus características más relevantes. La primera es que en caso de que un heredero sea también legatario, está facultado para poder aceptar uno de los llamamientos y repudiar otro; la segunda es que el ordenamiento jurídico entiende que en caso de repudiar por testamento también se repudia de la sucesión abintestato, por lo que en el caso de abrirse la sucesión abintestato, el repudiante no será llamado a dicha sucesión abintestato. Sin embargo, en caso de que el heredero repudie la herencia abintestato y sin noticia de su título testamentario, podrá todavía aceptarla por el título testamentario.

    En cuanto a los efectos posibles de la repudiación son tres: que se llame al sustituto, se acrezca el derecho de los coherederos del repudiante o la apertura de la sucesión abintestato.

    3.- Partición de la herencia

    Antes de la partición de la herencia debemos realizar un inventario y avalúo del haber hereditario. Puede que el testador nos haya facilitado el proceso, habiendo determinado en el testamento los bienes, derechos y obligaciones de los que disponía y la forma en la que quería que se distribuyeran los mismos tras su fallecimiento; como también puede que el testador haya designado a alguna persona para que se encargara de partir su patrimonio.

    En defecto de alguna de las primeras dos opciones se aplica el 1057 del Código Civil, que establece queel Secretario judicial o Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de Peritos.

    Siendo, así las cosas, el contador-partidor presentará la partición propuesta, y el Secretario Judicial o el Notario la aprobarán, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios” (se desarrolla este procedimiento en el artículo 66 en la Ley del Notariado).

    PARTICULARIDADES DE LA LEY 5/2015, DE 25 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL VASCO

    La sucesión en el Derecho Civil Vasco tiene sus particularidades, entre las que señalamos las siguientes cuatro:

    1.- Formas e incluso libertad de testar

    En cuanto a las formas de testar, la Ley 5/2015, permite que la sucesión se defiera por testamento, por pacto sucesorio, o por disposición de la Ley; como también permite que una parte de los bienes se dispongan por testamento y parte por disposición de la Ley.

    En cuanto a las modalidades de testamento, la Ley 5/2015 reconoce tres formas de ordenar la sucesión mortis causa: el testamento en peligro de muerte, la sucesión por testamento mancomunado o de hermandad y sucesión por comisario. Figuras que el Código Civilno prevé.

    La Ley Vasca prevé también el pacto sucesorio, que es una forma de sucesión inter vivos, (prohibida expresamente por el artículo 657del Código Civil) diferenciando tres tipos de pactos sucesorios, que son: el de institución de sucesor en bienes, el pacto de renuncia, y el pacto de disposición de un tercero.

    Las características principales de todos los pactos sucesorios son la bilateralidad y la irrevocabilidad del pacto, puesto que el pacto sólo se podrá revocar por cuatro razones: por la concurrencia de alguna causa pactada;por el incumplimiento grave de las cargas o condiciones establecidas en el pacto; por  haber incurrido el instituido en causa de indignidad o desheredación;por conducta del instituido que impida la normal convivencia familiar; o en casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio de los instituidos, o extinción de la pareja de hecho, cuando el pacto sucesorio se haya otorgado en atención a ese matrimonio o pareja de hecho, exceptuando, en el caso de la pareja de hecho, que su extinción haya ocurrido por contraer matrimonio entre los mismos miembros de la pareja.

    En cuanto a los requisitos de validez del pacto sucesorio, se puntualizan dos. La necesidad de que los otorgantes sean mayores de edad y que el pacto se otorgue en escritura pública.

    Es de destacar asimismo que en el Valle de Ayala disponen de la libertad absoluta de testar, no imponiéndoles a los vecinos de este Valle ninguna restricción a la voluntad del testador. Cuestión impensable en el Código Civil.

    2.- La troncalidad

    La troncalidad es una institución que en el Código Civil no existe, mediante la que se limita la voluntad del causante para trasmitir ciertos bienes, con la que pretende que los bienes raíces sitos en la tierra llana de Vizcaya o términos municipales de Aramaio o Llodio sigan estando vinculados a la familia vizcaína.

    Con esta limitación se pretende proteger el carácter familiar del patrimonio, ya que el propietario de los denominados bienes troncales solamente podrá disponer de ellos respetando los parientes tronqueros, de los que hablaremos en el apartado en el que nos referimos a los legitimarios.

    Lo recogido en las líneas precedentes es únicamente una pincelada a esta institución, con la que se pretende apuntar que en caso de que existan bienes raíces en el patrimonio del finado, tendremos que tener en cuenta que la forma de suceder ese bien estará predispuesta por Ley.

    3.- Normas especiales acerca del caserío en Guipúzcoa

    La Ley 5/2015 recoge unas normas por medio de las cuales se pretende que los que tienen vecindad civil vasca y local guipuzcoana, y ostenten un caserío sito en el Territorio Histórico de Guipúzcoa transmitan indivisamente el caserío, por lo que en caso de que seque el causante tenga un caserío en dicho territorio histórico, tendremos que estar a las normas específicas acerca del caserío.

    4.- Legítimas, legitimarios e institución de apartamiento

    Las legítimas en el Derecho Civil Vasco distan de las del Derecho Común, ya que en Derecho Civil Vasco la cuantía de la legítima de los descendientes es de un tercio del caudal hereditario; mientras que, en Derecho Común, la legítima de hijos y descendientes la constituyen las dos terceras partes del haber hereditario.

    En cuanto a los legitimarios, el Derecho Civil Vasco diferencia dependiendo de si nos referimos a bienes no troncales o bienes troncales. En cuanto a los primeros, establece que los legitimarios serán los hijos o descendientes en cualquier grado y el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho por su cuota usufructuaria en concurrencia con cualquier clase de herederos; en cuanto a los bienes tronqueros, se establece que estos tienen que transmitirse primeramente en línea recta descendente, los hijos y demás descendientes; en caso de no haber descendientes, en línea recta ascendente, los ascendientes por la línea donde proceda el bien raíz, cualquiera que sea al título de adquisición, precisando en este sentido que respecto de los bienes raíces adquiridos por los cónyuges durante la vigencia de un matrimonio, o por los miembros de una pareja de hecho durante la vigencia de la misma, ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho son tronqueros. Aunque estos bienes s transmitan a los hijos o descendientes, los cónyuges o miembros de la pareja de hecho adquirentes siguen siendo tronqueros de la línea ascendente, cualquiera que sea el grado de parentesco con el descendiente titular. Para terminar, se precisa que, en defecto de los anteriores, los bienes troncales se transmitirán a los parientes en línea recta colaterales dentro del cuarto grado por la línea donde procede el bien raíz.

    Finalmente, en cuanto al apartamiento, precisar que en Derecho Civil Vasco no es preceptivo que cada legitimario reciba una parte de la legítima como pasa en Derecho Común, dado que puede darse el caso en el que alguno de los descendientes del causante reciba la legítima en su totalidad.

    CONSECUENCIAS FISCALES DE LA SUCESIÓN.

    En este caso no vamos a entrar a analizar los impuestos que gravan la sucesión, pero es importante que se tenga en cuenta que la sucesión tendrá que tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que variará dependiendo de la Comunidad Autónoma del finado y que, en su caso, también tendrá que tributar por el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, que dependerá de la normativa del Ayuntamiento al que pertenezca el terreno de Naturaleza Urbana.

    También tendremos que tener en cuenta que en función del territorio en el que se encuentre el finado tributará en base a una normativa u otra, por lo que el plazo para presentar el impuesto puede variar. Es por ello por lo que recomendamos consultar a un profesional en esta materia en aras de una correcta tributación, ya que en caso de no tributar o hacerlo mal, Hacienda puede iniciar un procedimiento sancionador.

    Elia Barinagarrementería

    Imagen: Pixabay. CCO public domain

     

  • Validez de la cláusula de no competencia

    Validez de la cláusula de no competencia

    En España, al igual que en la Comunidad Europea, rige en el sistema económico el principio de libre competencia, al considerarlo como el sistema más eficaz para la asignación de recursos que sirve para el aprovechamiento de los mismos y para conseguir el impulso de la economía.

    Para que este principio pueda llevarse a la práctica no deben existir barreras para la creación de nuevas empresas y su asentamiento en el mercado; pero hay que tener en cuenta que para entrar en el mercado, donde ya se encuentran otras empresas, los empresarios, en su competencia para ganar clientela, tienen que actuar de una manera legal. Así la ley entiende que esa competencia deberá realizarse de la manera debida y de un modo que no perjudique al mercado en sí.

    Por lo que se refiere a la defensa de la competencia en nuestro país existen dos normas fundamentales: por un lado, la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia y, por otro lado, la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal.

    Además del principio de libre competencia, el artículo 35 de la CE señala que los españoles tienen derecho al trabajo y a la libre elección de la profesión, de modo que si existe alguna limitación de estos derechos constitucionales, deberán establecerse cumpliendo las exigencias necesarias para ello.

    La regulación legal de la cláusula que limita la competencia –limitando de esta forma el derecho del trabajador, recogido en el artículo 35 CE– aparece recogida en el artículo 21 ET y en el artículo 8.3 del Real Decreto 1382/1985 (de 1 de agosto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección), y recibe el nombre de “pacto de no competencia o concurrencia”. De la dicción de dichos artículos podemos entender que se trata de un concierto entre el empresario y el trabajador de mutuo acuerdo por el cual se limita la libre elección de profesión del trabajador una vez finalizada la relación laboral. El trabajador no podrá desempeñar la misma actividad laboral que realizaba y de este modo el empresario se asegura su posición en el mercado, limitando el incremento de una mayor competencia con la cual podría ver disminuida su seguridad en el mercado. Un ejemplo claro es la sentencia del Tribunal Superior de Justica de Cataluña de 8 de abril del 2003 reconoce la finalidad del pacto para “evitar que los conocimientos e información adquiridos por el trabajador, por razón del cargo que ocupaba en la empresa, de la organización y técnicas productivas, le coloque en una situación de ventaja en el momento de competir con su anterior empleador en una empresa que produce o comercializa idénticos o similares productos y se dirige a un mismo círculo de clientes.”

    A pesar de que estas cláusulas conllevan una restricción a la libre competencia, serán admisibles siempre que se establezcan de una manera limitada y que resulten necesarias para que la empresa mantenga su estabilidad y adecuado funcionamiento.

    Tras la entrada en vigor de la CE, se promueve un cambio en las leyes laborales que ofrecen una mayor protección al trabajador. Uno de esos cambios se concreta en el pacto de no competencia, pues el artículo 21 ET establece que se trata de un reconocimiento legal que debe crearse por la concurrencia de las voluntades de los afectados. El TS en este sentido señala que el reconocimiento del Derecho del Trabajo conllevó una “trascendental modificación del régimen normativo” del deber laboral de no competencia, para una vez finalizado el contrato laboral, que pasó, de constituir una propia obligación legal, a convertirse en un pacto específico, requerido de precisas e insoslayables exigencias, que se incorpora a la concreta relación laboral concertada.

    El pacto de no competencia presenta los siguientes rasgos característicos:

    • En primer lugar, la obligación de no competir durante un tiempo después de finalizado el contrato laboral se convierte en una obligación estrictamente contractual nacida de un contrato celebrado entre las partes. La actual normativa permite, frente a la anterior, que sea el trabajador el que voluntariamente decida si desea coartar su libertad de trabajo a cambio de una compensación económica.
    • En segundo lugar, en este pacto de no competencia, surgen unas obligaciones que se encuentran limitadas legalmente. Existen unas condiciones legales que se deben cumplir para que el acuerdo sea válido, para evitar que se celebran pactos abusivos que puedan perjudicar al trabajador. Los límites legales más importantes y necesarios son: la fijación de una compensación, el establecimiento de unos plazos máximos y mínimos de tiempo dependiendo de la función del trabajador y que el empresario tenga un interés comercial o industrial. En relación al interés podemos entender que es por ambas partes, el empresario pretende evitar una posible competencia relevante y el trabajador ser compensado económicamente. Comprendemos que el pacto de no competencia se entiende como un contrato oneroso en el que se establecen obligaciones recíprocas y sinalagmáticas entre las partes.
    • Por último, cabe señalar, que el pacto se presenta como una obligación accesoria del contrato de trabajo. Es un pacto celebrado entre el empresario y el trabajador en los términos que establece el art. 21 ET como una obligación que se integra y forma parte del contrato principal. En el artículo 1255 del Código Civil se establece que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”, en sentido técnico-jurídico, el pacto contemplado en el artículo 21.2 ET constituye un verdadero “pacto”, por lo que él mismo debe reunir todos los requisitos propios de un contrato completo.

    Análisis de los requisitos generales del pacto de no competencia

    El artículo 21.2 ET establece que “el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores solo será válido si concurren los requisitos siguiente: a) que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y b)que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”. A su vez, el artículo 8.3 del Real Decreto 1238/1985 establece que en el caso de un Alto Directivo, “el pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. b) Que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada”.

    Al estar hablando de un pacto postcontractual, el mismo, afecta únicamente al trabajador una vez que finaliza la relación laboral (con independencia de las causas por las que finalice), mientras que la compensación económica establecida por el mismo, normalmente va aparejada con el salario que es entregado por el empresario cada mes; aunque puede suceder, que la compensación económica se pague una vez que el contrato de trabajo se extinga.

    Cuando se incorpora una cláusula de no competencia en un contrato, le resulta aplicable por analogía el artículo 1261 del CC que afirma que “no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes; 2º Objeto cierto que sea materia del contrato; 3º Causa de la obligación que se establezca”.

    El primero de los requisitos señalados –el consentimiento– se puede definir como la manifestación de la voluntad de las partes. Para que se dé, resulta necesario que concurran la oferta y la aceptación sobre el objeto del contrato.

    Para que el consentimiento sea válido, es preciso que las partes intervinientes en la redacción contractual laboral tengan capacidad para la realización de un contrato de trabajo. En virtud del artículo 7 del ET se prescribe que “podrán contratar la prestación de su trabajo: a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil; b)Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo. Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda ésta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación. El pacto de no competencia, por tratarse de una cláusula que se incluye en el contrato de trabajo, quedará supeditada a este artículo, pues nuestro ordenamiento no hace ninguna referencia específica en cuanto al mismo. Asimismo al no realizar el ET ninguna mención a reglas especiales, respecto al consentimiento para contratar, se aplicará la teoría general sobre el derecho de los contratos. Por tanto, las previsiones que el Código Civil establece en el artículo 1265son de aplicación al pacto de no competencia postcontractual.

    Aunque por lo general el consentimiento pueda ser expreso o tácito, el pacto de no competencia postcontractual necesita del consentimiento expreso de las partes, pues por un lado, se trata de una restricción de un derecho del trabajador, y, por otro lado, es preciso que las partes estipulen una compensación económica como requisito exigido para la validez del pacto. En este sentido la STS de 6 de marzo de 1991 señala al respecto que “el mismo (el pacto) sea expreso, bien escrito o verbal, debiendo probarse aquél (…) una cosa es que no sea necesario que el pacto sea escrito y otra que no tenga que ser expreso y probarse el mismo”. El trabajador debe de prestar de manera inequívoca el consentimiento en torno a este pacto, pues de lo contrario, no será legalmente válido.  Si éste no se realiza al mismo tiempo que el contrato en el que se establecen los elementos esenciales de aquél, no será suficiente que el trabajador haya aceptado estas cláusulas; necesitará prestar de nuevo su consentimiento para el nacimiento del pacto de no competencia. Surgen dudas en cuanto si al trabajador individual se le ha de trasladar el consentimiento de un convenio colectivo en el que se haya aceptado el pacto de no competencia postconstitucional, pero al tratarse de un pacto de carácter individual éste impide que sea ello posible.

    En relación a los requisitos generales de este pacto, cabe señalar que su validez no queda condicionada a ninguna exigencia formal. Lo único a lo que el artículo 21.2 ET hace referencia es a que éste ha de ser expreso; pero en cuanto a su forma, “el pacto de no competencia accesorio al contrato de trabajo podrá ser tanto escrito como verbal” rigiendo por ello el principio general de libertad de forma de conformidad con nuestro ordenamiento.

    A su vez, el artículo 8.1 ET afirma que “el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél”. Como el precepto que regula el pacto de no competencia no hace referencia a una forma en concreto, será de aplicación este artículo por analogía.

    Análisis de los requisitos necesarios del pacto de no competencia

    A tenor de lo establecido en el artículo 21.2 del ET se entienden como requisitos necesarios, para la validez de la cláusula de no competencia: el interés industrial o comercial de empresario,  la satisfacción de una compensación económica adecuada y la temporalidad (esta última es también un requisito aunque no se aprecie de manera explícita). Asimismo, la STS de 2 de julio de señala al respecto que “… el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, en cuanto supone una restricción de la libertad en el trabajo consagrado en el art. 35 CE y que al reflejo del art. 4 ET, recogido en el art. 21.2, y en el art. 8.3 del Decreto regulador de esta relación especial, preceptos similares, requieren para su validez y licitud, aparte de su limitación en el tiempo, la concurrencia de dos requisitos. Por un lado, que se justifique un interés comercial o industrial por el empresario. Por otro lado, que se establezca una compensación económica”.

    a.- El interés industrial, se entiende en su acepción más amplia. Se encuentra referido al conjunto de saberes industriales con que cuenta el trabajador (patentes de invención, procedimientos de fabricación, diseños…), así como al conjunto de características en torno al carácter comercialde la empresa, como pueden ser los clientes. Esta cláusula se estipulará sobre la relación que tenga el trabajador con la empresa, es decir, en relación al valor que tiene para el empresario la explotación y el negocio, señalando que este valor se puede medir de manera económica. Es necesario que aparezca un riesgo que nace de la situación que ocupaba el trabajador en la empresa. En este sentido no vale cualquier interés; lo que interesa es el puesto que ocupó el trabajador que se encuentra en una situación privilegiada. En conclusión, en relación a este término, se puede decir que el interés empresarial (sin el que la cláusula es inválida) necesita ser un interés efectivo, legítimo e industrial o comercial. Por ello, la competencia que se prohíbe tendrá que ser la efectuada por los trabajadores que hubieran desarrollado algún tipo de actividad que pudiera hacer peligrar los intereses sobre la competencia del empresario.

    b.-La compensación económica es un elemento determinante, sin cuya existencia, el pacto de no competencia sería inválido. En consecuencia, este requisito tiene carácter obligatorio e indispensable. El legislador en el artículo 21.2 de ET no fija una determinada cantidad. La mención que hace es que “satisfaga al trabajador con una compensación adecuada” pretendiendo que ésta sea válida y equitativa, limitando a dar libertad para la determinación de los módulos de cálculos. Queda por saber cuál es la suma adecuada y cuáles son los patrones para hallar esta cuantía. Para resolver esta cuestión deben considerarse tres aspectos:

    – Desde un punto subjetivo es necesario estipular quien puede proceder a la fijación de la cuantía indemnizatoria.

    – Desde un punto objetivo el problema consiste saber que requisitos debe reunir para que pueda entenderse válidamente fijada; y

    – Desde un punto temporal, el análisis persigue acotar en qué momento debería quedar fijada la compensación económica

    La fijación de la indemnización no puede quedar al arbitrio de una de las partes, pues son el empresario y el trabajador quienes, de mutuo acuerdo, fijan la compensación que estiman conveniente a favor de sus intereses. En este sentido la STS de de 28 de junio de 1990 señala que “la indemnización es así ofrecida y aceptada como compensación por esa no concurrencia”

    En cuanto al momento en el que se debe fijar la compensación, para nuestro ordenamiento es indiferente cuándo se realice, pues lo que importa y lo que permite la validez de la cláusula es que el importe quede determinado.

    El mayor problema se plantea respecto a la determinación de la cantidad apropiada, pues el precepto no sólo establece que es necesaria una compensación económica, sino que señala que la misma ha de ser adecuada. La STS de 27 de marzo de 1990 afirma que no es sólo necesaria la previsión de una cuantía, sino que, además, esta debe ser expresa y debe poseer identidad propia, para que el requisito de determinabilidad se entienda cumplido. Por su parte, el artículo 1271 CC establece que “la indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes”. Con ello se pretende que las partes cuando concluyan el acuerdo, estipulen la cantidad o los criterios con los que se va a determinar dicha cantidad, pues de lo contrario la cláusula no será válida.

    Como ya se ha adelantado, el legislador permite a las partes el establecimiento de la cantidad para la compensación económica, limitándose a prescribir en los artículos 21.2 ET y 8.3 RDAD que la cantidad debe de ser adecuada, pero carecen de algún criterio de cuantificación. En virtud de ello, son las partes las que delimitan la cantidad adecuada y se considera suficiente la conformidad del trabajador para conceder validez al pacto, entendiendo como cantidad adecuada aquella que hace referencia a la equivalencia de las prestaciones; se trata de que se consiga alcanzar un equilibrio entre los intereses de ambas partes. El indeterminado concepto de adecuación de la compensación económica exigido en el artículo 21.2 ET ha llevado a la doctrina laboralista a proponer algún criterio o módulo a tener necesariamente en cuenta para estimar que la compensación pactada cumple dicho requisito legal.

    Para el cálculo de la indemnización, se deberá tener en cuenta el salario realmente percibido por el trabajador que establece la base para su cálculo; además se debe tener presente la pérdida de la posible ganancia que pueda sufrir el trabajador. Aunque esta sea la postura mayoritaria, estos criterios no pueden ser acogidos por dos razones: en primer lugar, porque el pacto de no competencia no lleva aparejada la inactividad laboral sino que lo que se impide es que se realice la misma actividad que estaba desempeñando por un determinado periodo de tiempo; y, en segundo lugar, porque abonar al trabajador la misma cantidad que recibía cuando prestaba sus servicios sería gravar desproporcionadamente al empresario. La libertad contractual que encontramos en este pacto y el hecho de que sean las partes las que fijen la cuantía, permiten al trabajador valorar si obtiene ganancias o pérdidas a la hora de sus futuras posibilidades en el mercado laboral.

    Hoy en día, el medio utilizado con carácter habitual es que se fije un porcentaje sobre el salario que tenga el trabajador a la extinción del contrato de trabajo, una parte de la última remuneración percibida, o aplicar un porcentaje sobre el promedio de un período prefijado de salario del trabajador.

    c.-En cuanto a la duración temporal de la prohibición, la ley marca una diferencia dependiendo del tipo de trabajador. Así, se impone una prohibición de dos años para los técnicos, y de seis meses para el resto de trabajadores. Se establece un mayor tiempo para los técnicos porque estos pueden suponer una mayor peligrosidad para los empresarios, ya que entre sus competencias se encuentra el conocimiento de las técnicas de producción y el perfeccionamiento de las mismas, la comercialización, el conocimiento de la clientela, o lo relativo a las marcas o patentes. En este sentido el, RD 1382/1985 regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección –estableciendo para estos trabajadores ­­­– en el pacto de no competencia, una duración de dos años.

    Antes de comentar el siguiente requisito esencial, es preciso hacer alguna matización sobre el ámbito y extensión de la actividad que se prohíbe. En cuanto a las mismas, el parámetro básico es el de la actividad efectiva y habitualmente desarrollada. Respecto a la territorialidad, la ley no dice nada, puesto que no establece ninguna delimitación espacial o geográfica del ámbito excluyente. Sobre lo que no se plantea ninguna duda, es que esta delimitación no puede quedar al arbitrio de los empresarios. “La doctrina, ha mantenido que es más beneficioso no coartar la libertad de trabajo, por un lado, y de que el ámbito de actuación  tener en cuenta no puede ser el del empleador sino el del trabajador, de otro”, lo cual puede ponerse en duda, pues debe presumirse que no existe ningún interés empresarial, aunque no se trate, en principio, del ámbito de actuación del empresario, pues éste puede tener la intención de expandirse. Al igual que la doctrina, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de febrero de 2003 nos dice que “tampoco puede establecerse en el pacto de no competencia un ámbito territorial superior al que originariamente había sido contratado el trabajador”.

    Ana Casal Serrano

  • Campaña en Euskadi para destapar el fraude en el empleo a tiempo parcial

    Campaña en Euskadi para destapar el fraude en el empleo a tiempo parcial

    El pasado día 8 de Marzo, según el artículo publicado el día 9 en el El Correo, la Consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, anunció que la Inspección de Trabajo se va a emplear a fondo en los dos próximos años para revisar todos los contratos a tiempo parcial en Euskadi.  El objetivo de esta campaña es destapar el fraude que supone recurrir a estos contratos a tiempo parcial y luego exigir a los trabajadores una dedicación mayor o a jornada completa.

    Por otro lado, también se detallaron los objetivos de inspección para este año: Prevención de Riesgos Laborales, fraude en la contratación – contratos eventuales que deberían ser indefinidos -, contratos a tiempo parcial, tiempo de trabajo, integración de discapacitados y control de EREs.

    Registro de la Jornada

    La Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, está exigiendo a las empresas inspeccionadas, no sólo el registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, sino de todos, es decir, también de los trabajadores a tiempo completo, exigiendo la firma diaria del empleado y la hora de entrada y salida del trabajo.

    Por tanto, si no se dispone de sistemas de control de presencia y horario que permitan registrar la jornada diaria de los trabajadores, como puede ser un sistema de fichas, tarjetas, huellas o telemáticos, deberá elaborar y gestionar un registro de la jornada diaria que cada trabajador realiza realiza y totalizar la jornada mensual efectuada por cada trabajador así como entregar a cada trabajador una copia de dicho resumen de horas junto con su nómina. En los contratos a tiempo completo el registro de horas realizadas debe coincidir con el número de horas que marca el convenio colectivo de aplicación en su empresa.

    Esta obligación no se debe a ningún cambio normativo, sino a un cambio de interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores referido al control del “cómputo de horas extraordinarias“. No sólo la Inspección de Trabajo, sino también la jurisprudencia de los Tribunales, han concluido que, aunque el precepto se refiera al cómputo de las horas extraordinarias, la obligación contemplada en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores sólo puede cumplirse llevando un registro de la jornada diaria de cada trabajador; porque solo a partir de la determinación de cuál es la jornada efectivamente realizada se puede discriminar qué horas tienen la consideración de ordinarias y cuáles de extraordinarias; de modo que el trabajador sepa si está o no realizando horas extraordinarias y pueda constatar también si supera o no el límite de las previstas legalmente en el año.

    Como ya conocen, el incumplimiento de las obligaciones de registro de la jornada en los contratos a TIEMPO PARCIAL, conllevará que el contrato se presuma celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.

    En cuanto al incumplimiento de la obligación de registro de la jornada en los contratos a TIEMPO COMPLETO, entendemos –salvo mejor criterio-que como obligación documental podría ser calificado como infracción administrativa leve.

    Modo de hacerlo

    Por todo ello, el registro de la jornada de trabajo será de la siguiente manera:

    • Se registrará día a día
    • Se totalizará mensualmente
    • Se entregará copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.
    • El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de 4 años.
    • En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.

    Comprobaciones

    Las comprobaciones en una visita de la Inspección de Trabajo serían las siguientes:

    • Existencia de registro de jornada y cuadrantes de trabajo
    • Actividad de la empresa y horario de funcionamiento
    • Plantilla, tipo de contratos, puestos de trabajo existentes, turnos, festivos trabajados.
    • Correspondencia del número de trabajadores con los horarios
    • Pactos de distribución irregular de la jornada de trabajo y de horas complementarias
    • Revisión de contratos de trabajo, de registros de jornada y de nóminas.

     

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Pixabay (CCo Public Domain)

  • El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El TSJPV primer Tribunal Español que eleva a 20 días la indemnización a una trabajadora temporal.

    El pasado 18 de octubre la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha acogido, por primera vez en nuestro país, la jurisprudencia sentada por la reciente sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016, en virtud de la cual, reconoce el derecho de una trabajadora, contratada para realizar un proyecto de investigación, a percibir una indemnización de veinte días por año trabajado.

    Así, pese a que el contrato de investigación suscrito entre las partes ha sido calificado como temporal, en atención a su similitud con un contrato de obra o servicio, el Tribunal ha optado por elevar la indemnización correspondiente por extinción a veinte días.

    Analizado el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora frente a la sentencia de Instancia, la Sala considera que la terminación del contrato ha de considerarse ajustada a derecho y pese a su calificación de temporal, plantea ésta la aplicabilidad, al supuesto de autos, de la reciente jurisprudencia sentada por el TJUE.

    Superados los posibles obstáculos, entre otros el principio de congruencia – en cuanto que ni en la vista oral, como tampoco en la formalización/impugnación del recurso se suscita una cuestión de ese tenor (indemnizatoria), estima la Sala su capacidad para decidir sobre el derecho de la trabajadora a recibir algún tipo de indemnización complementaria a la ya recibida, puesto que la ejercitada acción de despido, bien nulidad, bien improcedencia conlleva; la primera el binomio readmisión/salarios de tramitación y la segunda, indemnización para reparar el daño causado por la empresa ante la extinción contractual.

    Es por ello que, a juicio de la Sala, su valoración no alteraría la naturaleza de la acción por despido en su momento entablada por la actora, ni la modificación es de tal naturaleza que hiciera irreconocible el debate, pues se limitaría a fijar la indemnización a la que finalmente tendría derecho…

    El Superior Vasco justifica el aumento indemnizatorio en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión, así como en la interpretación realizada por el TJUE en la ya citada sentencia respecto a la aplicación de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo Marco, no pudiendo ser interpretados de forma restrictiva por tratarse de un derecho social de la Unión.

    Razona la sentencia que la jurisprudencia europea en cuestión, no crea un nuevo derecho a una indemnización, sino que lo que hace es recordar cuál es la interpretación auténtica de la Directiva 1999/70/CE, que recoge sobre el ‘Principio de no Discriminación’ que por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

    En conclusión, a juicio del Tribunal la terminación del contrato de investigación es asimilable al que se produce por una causa ‘productiva’ (suficiente para el despido objetivo) no existiendo por tanto motivo que justifique que la trabajadora perciba una indemnización distinta a la que percibiría un trabajador indefinido despedido por causa objetiva.

    Situación actual

    Por lo que respecta al alcance temporal de la sentencia, entendemos que podrán reclamar el derecho al percibo o complemento hasta la cuantía de veinte días aquellos trabajadores interinos o temporales cuyos contratos finalicen a partir de este momento, así como aquellos cuyas relaciones laborales se vieron extinguidas en un plazo no superior a un año, plazo previsto por la normativa para el ejercicio de tal derecho.

    Y ello, pese a que el supuesto concreto analizado por el TJUE –origen de la jurisprudencia ahora analizada- haga referencia a trabajadores interinos y no temporales, quienes hasta el momento no gozaban de derecho indemnizatorio por extinción en nuestro ordenamiento, ya que el objetivo pretendido por la norma comunitaria y la interpretación de sus tribunales se encuentra dirigido a la no discriminación entre trabajadores.

    En cualquier caso, la exigencia pasa, como ya se han pronunciado distintos profesionales, por una reforma parcial del Estatuto de los Trabajadores, buscando su adecuación a la normativa comunitaria y su actual jurisprudencia.

     

    Sobre el alcance y términos de esta primera resolución fue entrevistado el pasado 19 de octubre D. Santiago Jauregui Arco,  socio fundador y actual CEO de Grupo Eurotax.

    Puede escuchar la entrevista completa en la Cadena Ser accediendo al siguiente link

    alberto-fernandez-blog

     

     

     

    Fotografia: Grupo Eurotax

  • Marsh y Grupo Eurotax firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer a sus clientes un programa de prevención penal.

    Marsh y Grupo Eurotax firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer a sus clientes un programa de prevención penal.

    Grupo Eurotax acaba de firmar un acuerdo de colaboración con MARSH , líder mundial en correduría de seguros y gestión de riesgos, con  sede en Bilbao en Torre Iberdrola, planta 14, con el objetivo de facilitar la adecuación de las empresas de nuestro ámbito geográfico a la nueva normativa penal en materia societaria.

    El pasado 1 de julio de 2015 entraba en vigor la Ley Orgánica 1/2015 que propicia la reforma del Código Penal donde destaca la responsabilidad penal de las personas jurídicas, susceptibles de incurrir ahora en la comisión de 34 ilícitos penales.

    Esta nueva redacción centra especialmente su atención en la reforma del artículo 31 bis mediante la inclusión y regulación de los programas de prevención penal  como condición sine qua non para la exoneración o atenuación de la responsabilidad.

    La reacción de la Fiscalía frente a la reforma operada no se ha hecho esperar, procediendo a la publicación de la circular 1/2016 a través de la cual imparte instrucciones y criterios centrados fundamentalmente en la valoración de los programas de cumplimiento como eximentes de responsabilidad.

    Tanto Marsh como Grupo Eurotax son conscientes de la necesidad urgente de sus clientes en adecuarse a la nueva normativa y para ello han firmado un acuerdo de colaboración  con una comisión de seguimiento permanente integrada por Diego Pagadigorría y Pablo Martinez por parte de la primera con  Santiago Jauregi y Maitane Valdecantos por la segunda.

    Aproximación al contenido legal.

    La naturaleza de esta responsabilidad obedece al sistema de transferencia de la responsabilidad  penal. En lenguaje sencillo, la «empresa»  será sujeto de responsabilidad penal por los actos realizados por una persona física vinculada ( administrador de hecho o de derecho, apoderado, gerente,….. ) con ésta, siempre que concurran determinados presupuestos que atendiendo a la redacción literal del precepto definiríamos como “aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”- y  las “personas sometidas a la autoridad de aquellas”.

    En definitiva, la nueva expresión engloba a un potencialmente alto número de cargos y mandos intermedios que tengan atribuidas tales facultades.

     

    Ahora bien, la persona jurídica sólo responderá si los actos realizados reportan un beneficio directo o indirecto. A estos efectos, la Fiscalía ha calificado la nueva redacción como objetiva, matizando su sentido como “acción tendente a conseguir un beneficio sin necesidad de que este se produzca”.

    Respecto a los actos cometidos por quienes quedan sometidos a la autoridad de las personas físicas relacionadas con anterioridad,  se requiere  un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control precisando la Fiscalía que dichos deberes resultan exigibles a las personas relacionadas en el apartado a) del art. 31 bis 1 y no directamente a la persona jurídica, tratándose por tanto de un incumplimiento de la persona física y no de un defecto de organización de la persona jurídica.

    Finalmente, la nueva redacción, en relación con el principio de intervención mínima del derecho penal , permite excluir de dicho ámbito los incumplimientos de escasa entidad, siendo éstos objeto de sanción exclusivamente  administrativa.

    Programas de prevención penal.

    Como se ha detallado , la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica queda supeditada a la existencia, previa comisión del ilícito, de un programa de prevención y control idóneo. A estos efectos, resultará de especial importancia que el programa instaurado cumpla con los requisitos de idoneidad y eficacia recogidos por el art. 31 bis.

    Ahora bien, ¿cómo iniciar la implantación del sistema?

    1.- Adopción de acuerdo, por parte del órgano de administración, en el que refleje la puesta en marcha del estudio e implantación del programa de cumplimiento normativo.

    2.- Adoptado el acuerdo para la implantación del programa, debe procederse al nombramiento del compliance officer , es decir un  «responsable de cumplimiento con suficiente experiencia, conocimiento e independencia siendo su perfil habitual un híbrido entre asesoría jurídica y auditoría.

    3.- Redacción de un código ético como instrumento normativo de carácter deontológico. Su ámbito de aplicación se extenderá a todos los niveles de la empresa en el desarrollo de sus funciones y, si fuera posible, a todos aquellos que se hallen integrados en el perímetro del dominio social.

    4.- Análisis del riesgo existente , elemento esencial del programa de prevención, mediante la elaboración del mapa de riesgos. En este punto, el conocimiento interno de la compañía toma especial relevancia puesto que, para la eficacia del programa, deberemos analizar pormenorizadamente la concreta actividad de la compañía y la susceptibilidad de que con ésta, incurramos en alguno de los 34 tipos previstos para la derivación de responsabilidad penal. Los resultados arrojados permitirán la clasificación de los riesgos; alto, medio o bajo, en atención a su probabilidad de comisión, facilitando así la adopción de medidas preventivas y su calificación como urgente o demorable. Analizados los riesgos, deberán adoptarse las medidas tendentes a su prevención, mediante la instauración de sistemas que permitan minorar su probabilidad de comisión. Estas medidas deberán ser instrumentalizadas mediante la creación del plan de prevención de riesgos penales.

    5.- Creación de un régimen disciplinario, susceptible de inclusión en el código ético, y un canal de denuncia que permita la detección de irregularidades e identificación del sujeto comitente. Para la instauración de este último queda abierta la puerta a su externalización y anonimato.

    La Fiscalía ha contemplado la opción de recurrir a la contratación externa de las distintas actuaciones enumeradas  ya que lo verdaderamente relevante, apunta, es «que la persona jurídica tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo «.

    Aplicación de medidas en las pequeñas empresas.

    Si bien la norma precisa que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, entiéndase aquellas  autorizadas a la presentación de cuentas anuales abreviadas, las funciones anteriores podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración, lo cierto es que la asunción directa de funciones por parte del órgano de administración contradice los principios de autonomía e independencia comprometiendo el correcto funcionamiento de los canales de denuncia y régimen sancionador, entre otros, cuando los mismos deban aplicarse sobre la persona o personas que ostentan tal representación.

    Conclusiones

    Entendemos necesario que las empresas consideren esta nueva normativa como una oportunidad de dar un «salto adelante» respecto a las nuevas exigencias del mercado.  Es imprescindible transmitir que nuestras firmas tienen un compromiso con los valores de la ética empresarial y, cada una desde sus posibilidades,  quiere contribuir a que el  nivel de exigencia en las relaciones empresariales tengan un standard elevado.

    La experiencia de los profesionales de Eurotax como miembros de Consejos de Administración de grandes empresas, Abogados  (altamente cualificados en materia societaria, mercantil, penal , nuevas tecnologías, propiedad industrial e intelectual,…), auditores así como su contrastada colaboración con MARSH en materia de aseguramiento global empresarial …. unido al conocimiento de sus clientes por las largas trayectorias de trabajo en común con los departamentos fiscales y laborales de la firma nos hacen los candidatos más adecuadas para hacer un programa de prevención del riesgo penal a medida de cada una de las empresas que asesoramos, sea del tamaño que sea la misma con adecuación al presupuesto razonable a destinar a cumplir con esta nueva exigencia legal.

     Santiago Jauregi / Maitane Valdecantos / Alberto Fernández Saiz

    Grupo Eurotax. Dpto. Jurídico

    Imagen: Pixabay CC0 Public Domain

  • Impulso al autoempleo y al trabajo autónomo

    Impulso al autoempleo y al trabajo autónomo

    En materia de autoempleo y  fomento y promoción del trabajo autónomo se modifica la normativa y se producen novedades  aprobadas en la Ley 31/2015 de 9 de Septiembre.

    Estas medidas estarán vigentes a partir del 10 de Octubre de 2015.

    1.- Se introduce la posibilidad de que los trabajadores autónomos económicamente dependientes, contraten trabajadores por cuenta ajena en determinados supuestos:

     En principio, estos trabajadores no pueden tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, la nueva Ley introduce la posibilidad de que estos trabajadores contraten a un solo trabajador cuando haya una interrupción de su actividad profesional derivada de las siguientes causas:

    • Riesgo durante el embarazo y lactancia natural de un menor de 9 meses.
    • Periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, preadoptivo o permanente.
    • Cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.
    • Tener a su cargo un familiar, hasta segundo grado, con una discapacidad igual o superior al 33 %.

    La jornada de trabajo en los tres primeros casos será equivalente a la reducción de la actividad del trabajador autónomo, con un máximo del 75 % y su duración estará vinculada al mantenimiento de la situación de cuidado de menor o a la persona en situación de dependencia, con una duración máxima en todo caso, de 12 meses.

    2.- Incentivos al trabajo autónomo:

    • Reducciones y bonificaciones de la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia:

    Los trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado de alta en los 5 años inmediatamente anteriores, empleen trabajadores o no, disfrutarán de los siguientes beneficios:

    • Si optan por cotizar por la base mínima: la cuota será de 50 euros mensuales durante los 6 meses inmediatamente siguientes al alta.
    • Si optan por cotizar por una base superior: la base se reducirá un 80 % de la cuota mínima.
    • Y, en todo caso, durante los 6 meses siguientes podrá reducirse el 50 % de la cuota mínima, durante los 3 siguientes a esos el 30 % de la cuota mínima y durante 3 meses más, igualmente el 30 %.

    Es decir, estas bonificaciones pueden alcanzar una duración máxima de 18 meses.

    Además, si estos trabajadores son menores de 30 años (de 35 si son mujeres), podrán aplicarse una bonificación adicional del 30 % de la cuota mínima, en los 12 siguientes meses, llegándose así a una duración máxima de 30 meses.

    • Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.

    Los titulares de la prestación por desempleo que causen alta como trabajadores por cuenta propia, podrán compatibilizar la prestación con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo pendiente de percibir (hasta ahora, esta posibilidad se limitaba a los menores de 30 años).

    • Capitalización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia o destinarla al control efectivo de una entidad en la que trabaja por cuenta propia.

    El importe puede alcanzar el 100 % de la prestación si el trabajador pretende constituirse como trabajador autónomo, o aportarlo para poseer el control efectivo de una entidad mercantil nueva o constituida dentro de los 12 meses anteriores y ejercer en ella una actividad profesional por cuenta propia.  El importe puede destinarse a gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad y el pago de tasas y tributos y hasta el 15 % de la misma a servicios específicos de asesoramiento, formación e información.

    Cuando el pago único no alcanza el 100 %, se podrá solicitar la subvención de la cotización del trabajador autónomo.

    • Capitalización de la prestación por cese de actividad el inicio de una actividad por cuenta propia o destinarla al control efectivo de una entidad en la que trabaja por cuenta propia.

    Quienes tengan derecho a la prestación por cese de actividad y tengan pendiente de recibir al menos 6 meses, podrán percibir su importe de una sola vez cuando acrediten que vana realizar una actividad como trabajadores autónomos, o aportando al capital social de una entidad mercantil nueva o constituida dentro de los 12 meses anteriores para poseer su control efectivo y ejercer en ella una actividad profesional por cuenta propia.

    • Bonificaciones de Seguridad Social por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos.

    El cónyuge y familiares de trabajadores autónomos, que se incorporen al Régimen de Autónomos, en el que no hayan estado de alta en los 5 años inmediatamente anteriores y colaboren con ellos, tendrán derecho a las siguientes bonificaciones:

    • 50 % de la cuota mínima, durante los 18 meses siguientes a la fecha del alta.
    • 25% de dicha cuota mínima, durante los 6 meses siguientes.

    Una vez se regule en el sistema de la Seguridad Social el alcance del encuadramiento de la pareja de hecho del trabajador autónomo, estás bonificaciones también les serán de aplicación.

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Pixabay (CCo Public Domain)

  • Principales efectos de la excedencia laboral

    Principales efectos de la excedencia laboral

    Mediante este artículo se pretende ofrecer al lector una explicación clara y detallada sobre cómo actuar ante una solicitud, por parte de un trabajador, de una excedencia en su empresa, principalmente si nos encontramos ante una excedencia voluntaria por cuidado de hijos, o por intereses particulares.

    Introducción

    La excedencia como tal es la decisión de un trabajador para solicitar un cese temporal de su relación laboral y luego volver al correspondiente puesto de trabajo. Consiste en una suspensión del contrato laboral durante un  tiempo.

    El tema de la excedencia queda regulado en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, pero debemos complementar esta información con la jurisprudencia existente, pues nos ayuda a comprender la mejor manera de actuar en estos casos.

     Artículo 46 ET. Excedencias.

    1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
    2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
    3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

    También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

    La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

    El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

    No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

    1. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
    1. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
    2. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.

    Excedencia voluntaria: por motivos particulares

    La excedencia voluntaria supone la suspensión temporal de la relación laboral entre empresa y trabajador.

    Lo más importante en este tipo de excedencia es que no hay que tener causa que lo motive, es decir, que en principio el trabajador no necesita alegar justificación alguna cuando lo solicite (preaviso mínimo de 15 días).

    El Estatuto de los Trabajadores establece que lo puede pedir cualquier trabajador que tenga al menos un año de antigüedad en la empresa. Y se puede pedir por un mínimo de cuatro meses y un máximo de cinco años.

    ¿Se puede pedir el paro mientras tanto? No, en estos casos no se puede pedir ninguna ayuda o prestación.  Se considera que el trabajador no se encuentra en situación legal de desempleo, ya que se ha suspendido voluntariamente la prestación del servicio. Tendrá que esperar a que termine su periodo de excedencia voluntaria  y solicitar el reingreso, o bien encontrar un nuevo empleo y cuando éste termine, pedir el paro.

    ¿Un empleado en situación de excedencia puede trabajar en otra empresa? La respuesta es afirmativa. Puede trabajar sin problemas en otras empresas incluidas las del mismo sector, siempre que no exista una cláusula de condición resolutoria en el contrato que lo prohíba y que no se incurra en competencia desleal (por ejemplo: se lleva clientes a su nueva empresa).

    ¿Qué ocurre cuando llega la hora del regreso de la excedencia? El empleado deberá comunicar a la empresa su deseo de volver al puesto de trabajo (mínimo 15 días de antelación).

    La duración de la misma se suele marcar a priori, pero puede establecerse un periodo abierto dentro de los límites legales, en cuyo caso el empleado podría solicitar la reincorporación en cualquier momento. De cualquier forma, la empresa nunca podrá garantizar una incorporación automática.

    El pacto alcanzado mediante fechas fijas impedirá que ninguna de las partes pueda adelantar la reincorporación (Sentencias del Tribunal Supremo de 1986 y 1987), debiendo esperar al vencimiento del plazo marcado para que surja el derecho de preferencia.

    ¿Qué sucede si el puesto de trabajo está ocupado? El trabajador tiene derecho “preferente”, como bien hemos indicado en el artículo 46.5 del ET. Es decir, si la empresa vuelve a tener necesidades para cubrir dicho puesto de trabajo o alguno de categoría similar, deberá acudir a este empleado antes que al mercado laboral.

    Según la jurisprudencia existente, un puesto puede estar ocupado por otra persona contratada para realizar sus funciones o incluso por la amortización del puesto por la reasignación de sus funciones entre otros trabajadores (doctrina unificada y expresada recientemente en una Sentencia del Tribunal Supremo del 15 de Junio de 2011), siempre atendiendo a lo contemplado por el convenio colectivo aplicable.

    Cuando nos llega la solicitud de reingreso y no existen plazas disponibles, la empresa debe responder acerca de la imposibilidad de la reincorporación dado que no existe un puesto vacante, y que se le informará en cuanto sea posible colocarle en una categoría igual o similar. Ahora bien, si podemos ofertar una plaza correspondiente a una categoría profesional inferior, y si el trabajador en excedencia lo acepta, también tendría que aceptar el salario correspondiente al mismo y no el anteriormente disfrutado.

    Excedencia voluntaria: por cuidado de hijos

    Como bien hemos indicado en el artículo 46.3 del ET: “Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

    Se trata de un derecho individual que lo puede solicitar tanto el padre como la madre para el cuidado de su hijo menor de 3 años.

    ¿Tanto el padre como la madre lo pueden solicitar simultáneamente? Sí. Se trata de un derecho individual por lo que es indiferente que la otra parte lo haya solicitado en su empresa.

    ¿Y si los dos trabajan en la misma empresa y lo piden a la vez? El Estatuto de los Trabajadores estipula que si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas.

    Para solicitar este tipo de excedencia no se requiere antigüedad alguna en la empresa; Se puede pedir hasta que el hijo cumpla los tres años, por tanto, la duración máxima de esta excedencia es de tres años. Sin embargo, no se establece duración mínima. Eso significa que la podríamos pedir sólo, por ejemplo, por seis meses. Incluso se puede pedir de forma fraccionada, es decir, por intervalos de tiempo y ello siempre que no superemos el límite máximo de los tres años.

    Los tres años de máximo empiezan a contar desde el nacimiento del hijo (por naturaleza) o desde la resolución judicial o administrativa (acogimiento o adopción), y no a contar desde que la solicitamos. Por ejemplo si el hijo tiene año y medio, sólo se podrá pedir como máximo un año y medio de excedencia.

    A diferencia del caso anterior, el tiempo en el que el trabajador permanezca en situación de excedencia computa a efectos de antigüedad, se considerará que existe una cotización efectiva  para causar derecho a las prestaciones de maternidad, paternidad, jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

    ¿Se puede pedir el paro mientras tanto? Como en el caso anterior, NO, en estos casos no se puede pedir ninguna ayuda o prestación. Sin embargo, eso no dificulta para después pedir el paro. Supongamos que el trabajador se reincorpora y después la empresa lo despide por causas objetivas, pues el trabajador podría solicitar su prestación por desempleo.

    Durante todo el tiempo que dura la excedencia el trabajador tendrá derecho a asistir a todos los cursos de formación profesional que se impartan en su empresa, debiendo ser avisado por el empresario de la convocatoria de los mismos (TSJ Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social, Sección 1ª), sentencia de 19 abril de 2010).

    La situación de excedencia de un trabajador no impide que se pueda prestar servicios en otra empresa distinta que por su ubicación, horarios o jornada, le pueda venir mejor. El único inconveniente es que pudiese existir una competencia desleal en relación a la anterior empresa.

    ¿Qué ocurre cuando llega la hora del regreso de la excedencia? El empleado debería comunicar a la empresa su deseo de volver al puesto de trabajo, aunque no es obligatorio un tiempo mínimo de preaviso (TSJ País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª), sentencia de 27 marzo de 2012). El primer año de excedencia, el trabajador tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Los otros dos años el trabajador tiene derecho al reingreso en la empresa en un puesto de trabajo del mismo grupo profesional.

    ¿Qué sucede si el puesto de trabajo está ocupado? La empresa tiene obligación de reincorporar al trabajador en la empresa. En caso de despido del trabajador tras la reincorporación, el despido podría llegar a ser NULO (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 23 de Septiembre de 2013); no cabe el despido improcedente.

    Resumiendo…

    Los tipos de excedencia y sus características principales son las siguientes:

    • Excedencia voluntaria:
      1. Por cuidado de hijos: se concede para el cuidado de hijos en los casos de nacimientos, adopción o acogimiento de un menor. La duración máxima de la excedencia es de tres años. Esta excedencia computa a efectos de antigüedad, cotizaciones y asistencia a cursos de formación. El reingreso está garantizado durante el primer año en el mismo puesto de trabajo, y los otros dos años siguientes se garantiza un puesto de categoría equivalente.
      2. Por cuidado de familiares: se concede para el cuidado de familiares en los casos de incapacidad o enfermedad grave hasta el segundo grado. La duración máxima es de dos años y el periodo computa a efectos de antigüedad y asistencia a cursos de formación. Durante el primer año se reserva el puesto de trabajo y los siguientes en otro de categoría equivalente.
      3. Por intereses particulares: se concede con al menos un año de antigüedad. No computa a efectos de antigüedad, cotizaciones o prestaciones sociales. Se reserva un derecho preferente al reingreso o en una vacante igual o similar categoría.
    • Excedencia forzosa:
    1.    Para el ejercicio de un cargo público: se concede para ejercer funciones sindicales de ámbito provincial o superior, o para ejercer un cargo público, hasta lo que dure el ejercicio del cargo. Se reserva el puesto de trabajo y computa a efectos de antigüedad.

    Patricia-Cavada-Blog
    Patricia Cavada Oruña
    Área Contratación Laboral

    Foto: Jörg Schreier (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Maitane Valdecantos impartirá el taller «Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual»

    Maitane Valdecantos impartirá el taller «Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual»

    El próximo martes 3 de Febrero, Maitane Valdecantos impartirá un taller en la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche, del Ilustre Colegio de Abogados del Señoría de Vizcaya y ahondará en las cuestiones prácticas y de actualidad en materia de Propiedad Intelectual.

    Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual

    Como apuntaba Valdecantos en su artículo publicado en www.elderecho.com, “con la llegada de la Sociedad de la Información, hemos asistido a una verdadera revolución en la forma de entender la Propiedad Intelectual. La innovación en soportes y formatos, ha traído también consigo el acceso a las obras a través de Internet y ha sofisticado y multiplicado las posibilidades de acceso ilícito.

    En este contexto, con una normativa que va dos pasos por detrás de la realidad, y con unos patrones tradicionales que no logran alcanzar las soluciones esperadas, el día 30 de octubre, fue aprobado por el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que entrará en vigor, con ciertas excepciones, el 1 enero de 2015.

    Dicho Proyecto, que se ha caracterizado por la falta de consenso en toda su tramitación, y por poner de acuerdo a sectores históricamente enfrentados, introduce novedades relevantes”. Estas novedades son, precisamente, las que componen el programa del taller.

    Programa del taller

    El taller, que llevará por título “Novedades legales y jurisprudenciales en materia de Propiedad Intelectual”, se impartirá entre las 16:00 y las 19:00 horas bajo el siguiente programa:

    1. La reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
    * Revisión del concepto de copia privada (pendiente de resolución de cuestión prejudicial por el TJUE)
    * Revisión del sistema de citas y reseñas
    – El “Canon AEDE”
    – El “Canon a las Universidades”
    * Refuerzo de las facultades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual
    – Especial alusión a las webs de enlaces
    * Control de las Entidades de Gestión

    2. La sentencia del TJUE sobre el caso Bestwater, la sentencia del juzgado de Primera Instancia de Mahón sobre la grabación en cince con teléfono móvil, la sentencia AP de Castellón sobre el caso “bajatelotodo”, la sentencia de la AN sobre Elite Torren, la sentencia de la AN sobre GOEAR y otra jurisprudencia relevante.

    3. Coyuntura actual y posible evolución:
    * El cierre voluntario de Google News, el cierre parcial de Series ly, Magnovideo y Papyrefb2, el procedimiento sobre “seriespepito” y otros casos de relevancia.

    Maitane Valdecantos

    Maitane Valdecantos, es abogada economista, especializada en Derecho del Entretenimiento, Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho TIC, y dirige el área de dicha materia en Grupo Eurotax.

    Además, es colaboradora de El Derecho – Ediciones Francis Lefebvre y de la plataforma Audiovisuales.com, y publica puntualmente, artículos jurídicos para la revista colegial del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.

    Asimismo, es formadora y ponente en diversos cursos, máster, seminarios y jornadas sobre la temática jurídica de la que es especialista.

    Escuela de Práctica Jurídica

    En sus más de 30 años de historia, la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya se ha convertido en un referente en la formación de la abogacía vizcaína y vasca.

    Inscripción

    La inscripción está abierta y puede hacerse hasta el 30 de Enero de 2015 remitiendo el boletín de inscripción que puede descargarse en este enlace: Boletín de inscripción.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

     

  • El Gobierno prorroga la tarifa plana para los contratos indefinidos

    El Gobierno prorroga la tarifa plana para los contratos indefinidos

    El Gobierno ha prorrogado la tarifa plana de 100 euros para las contingencias comunes hasta el 31 de marzo de 2015. En principio, esta medida, en vigor desde febrero acababa el 31 de diciembre, pero el Ejecutivo ha anunciado, apenas cinco días antes de su finalización, su prórroga, según explicó este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al acabar el Consejo de Ministros.

    Además de la prórroga de la tarifa plana, el Gobierno también aprobó este viernes, como estaba previsto, la revalorización de las pensiones para 2015 de un 0,25% y del salario mínimo interprofesional de un 0,5%. En el primer caso, el aumento sobre la pensión media de diciembre es de 2,2 euros. Y en el segundo, de 3,3 euros.

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: FaceMePLS (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)