Categoría: Legislación

  • El Tribunal Supremo declara la ultraactividad de los convenios colectivos tras la reforma laboral de 2012

    El Tribunal Supremo declara la ultraactividad de los convenios colectivos tras la reforma laboral de 2012

    Con fecha 19 de diciembre de 2014, el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, por la que declara que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador por el contrato de trabajo que les vincula, aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia, pudiendo en su caso ser modificadas si concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas según el art. 41 E.T. y todo ello sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio.

    La Ley 3/2012 modificó el artículo 86-3 del Estatuto de los Trabajadores de modo que al año de finalizado un convenio colectivo sin nuevo acuerdo, se aplica el convenio colectivo de ámbito superior, si lo hubiere, en lugar de prorrogarse indefinidamente la vigencia de las cláusulas normativas del convenio colectivo (ultraactividad) como anteriormente.

    En el supuesto del caso, la empresa entendió que al haber trascurrido un año de vigencia prorrogada o ultraactividad prevista por el nuevo texto legal de 2012, sin que se hubiera suscrito un nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable el anterior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los Trabajadores.

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Jörg Schreier (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

  • Nueva Ley de Mutuas

    Nueva Ley de Mutuas

    Con motivo de la publicación en el BOE de 21 de Julio, del Real Decreto-Ley 625/2014, de 18 de Julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de duración, desde EUROTAX ABOGADOS queremos informarles de los aspectos más relevantes:

     Entrada en Vigor: 1 de Septiembre de 2.014.

     Los partes de baja y confirmación, se extenderán en función del periodo que estime el médico. Por ello, se establecen cuatro grupos de procesos en función de su duración:

     

    Duración Prevista 1er. Parte de confirmación Siguientes
    Inferior a 5 días Podrá expedirse parte de alta y de baja en la misma fecha.
    Entre 5 y 30 días de IT Hasta 7 días naturales
    desde la baja
    Máximo 14 días naturales entre el anterior y el siguiente parte.
    Entre 31 y 60 días de IT Hasta 7 días naturales
    desde la baja.
    Máximo 28 días naturales entre el anterior y el siguiente parte.
    IT de larga duración (+61 días) Hasta 14 días naturales
    desde la baja
    Máximo 35 días naturales entre el anterior y el siguiente parte.

     

    Tramitación de los partes médicos y expedición de altas médicas

     El facultativo que expida los partes médicos de baja, confirmación y alta entregará al trabajador dos copias del mismo, una para el interesado y otra con destino a la empresa.

     En el plazo de tres días contados a partir del día de la expedición de los partes médicos de baja y de confirmación de la baja, el trabajador entregará a la empresa/asesoría la copia destinada a ella.

     El trabajador tendrá que entregar a la empresa/asesoría el parte de alta dentro de las 24 horas siguientes a su expedición.

     Las empresas/asesorías, tienen la obligación de remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social los partes de baja, alta o confirmación de baja presentados por el trabajador mediante el Sistema Red, en un plazo máximo de 3 días hábiles. El incumplimiento podrá constituir una infracción.

     Además, la no remisión de los partes médicos al Instituto Nacional de la seguridad social, podrá dar lugar a que el Ministerio de Empleo a propuesta de la entidad gestora o de la mutua, deje en suspenso la colaboración obligatoria de la empresa en el pago delegado de las prestaciones económicas por incapacidad temporal.

    Requerimientos a los trabajadores para reconocimiento médico durante una baja por Incapacidad Temporal.

     La citación para el reconocimiento médico habrá de comunicarse al trabajador con una antelación mínima de cuatro días hábiles. En dicha citación se le informará de que en caso de no acudir al reconocimiento, se procederá a suspender cautelarmente la prestación económica, y que si la falta de personación no queda justificada en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha fijada para el reconocimiento, se procederá a la extinción del derecho de subsidio.

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Michael Gil (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

  • Principales novedades introducidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

    Principales novedades introducidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

    Artículo publicado en www.elderecho.com por Maitane Valdecantos, abogada economista, responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo Eurotax, presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho del Entretenimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya y miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), de la Asociación Internet & Euskadi, y de la Academia del Cortometraje.

    Con la llegada de la Sociedad de la Información, hemos asistido a una verdadera revolución en la forma de entender la Propiedad Intelectual. La innovación en soportes y formatos, ha traído también consigo el acceso a las obras a través de Internet y ha sofisticado y multiplicado las posibilidades de acceso ilícito.

    En este contexto, con una normativa que va dos pasos por detrás de la realidad, y con unos patrones tradicionales que no logran alcanzar las soluciones esperadas, el día 30 de octubre, fue aprobado por el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que entrará en vigor, con ciertas excepciones, el 1 enero de 2015.

    Dicho Proyecto, que se ha caracterizado por la falta de consenso en toda su tramitación, y por poner de acuerdo a sectores históricamente enfrentados, introduce novedades relevantes, no exentas de crítica, entre las que cabe destacar las siguientes:

     

    1. Revisión del concepto de copia privada

    En cuanto a la copia privada, se han venido a limitar los supuestos en que se considera que ésta se produce y que procede ser compensada, manteniéndose la compensación equitativa y única con cargo a los Presupuestos Generales del Estado como sistema transitorio a la espera de armonización comunitaria.

    Hay que traer a colación a este respecto, que el Tribunal Supremo ha planteado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la compatibilidad del Real Decreto 1657/2012 con la Directiva Europea de 2001 que regula la materia de derechos de autor.

    Las cuestiones planteadas, se refieren, en primer lugar, a si el sistema de compensación económica por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que establece que los Estados miembros podrán fijar excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en cualquier soporte, efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6.

    En segundo lugar, y en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, se pregunta  si la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

    Hasta que dichas cuestiones sean resueltas, el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso la resolución de los recursos presentados por EGEDA, DAMA y VEGAP (todas ellas Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) contra Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre.

     

    2. Modificación del sistema de citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.

     

              a. Compensación equitativa a favor de editores y otros titulares, por parte de los agregadores de contenidos (CANON AEDE o TASA GOOGLE)

     Uno de los aspectos más polémicos y criticados durante toda la tramitación del Proyecto de Ley, ha sido el llamado CANON AEDE o TASA GOOGLE, que no es ni un canon ni una tasa.

    Se trata pues de una compensación equitativa que se impone a agregadores de contenidos. El articulado dice así:

     “La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.”

     A continuación, y tras precisar que las imágenes, obras fotográficas y meras fotografías, necesitarán en todo caso de autorización de su titular, el texto parece dejar fuera de esta compensación equitativa a los buscadores.

     Sin perjuicio de las numerosas críticas que ha recibido esta novedad, especialmente por su carácter irrenunciable, y por el hecho de que sus titulares (esos a quienes se compensará), pueden decidir ser agregados o no, ciertas concreciones jurisprudenciales del TJUE pueden poner aún más en jaque la aplicación práctica de este precepto, tal y como recoge David Maeztu en su post “El canonAEDE, muerto antes de nacer”

     Y es que con fecha 21 de octubre de 2014, la sentencia del TJUE en el caso BESTWATER, amparándose en lo ya argumentado en la sentencia del caso SVENSSON, resuelve que “la puesta a disposición en un sitio web de una obra inserta en otro sitio web a través de un vínculo mediante la técnica de la «transclusión,» tal como se utiliza en el litigio principal, no puede ser llamada «comunicación al público» en el sentido del artículo 3,apartado 1, de la Directiva 2001/29, en la medida en que la obra en cuestión no se transfiere a un nuevo público o es divulgada en un modo o técnica específica diferente de la comunicación original.»

     Habrá que ver cómo se producen los acontecimientos, y si tras tanto revuelo, el canon AEDE queda en una cuestión meramente residual en la práctica.


              b. “Canon” a las Universidades

    Otro de los extremos más cuestionados de esta reforma, es que el texto analizado, introduce también en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, la obligación de Universidades y Centros de Investigación de pagar una remuneración equitativa por “los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, que se utilicen para la ilustración con fines educativos y de investigación científica, y que se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión asimilable al 10% del total de una obra”.

    Se indica también, que en defecto de previo acuerdo entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación (y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

    Actualmente, la remuneración equitativa por este concepto, viene determinada por CEDRO en sus tarifas generales y serían las siguientes:

    • Para reproducciones efectuadas mediante fotocopia es de 4,12 euros/alumno/año académico 2013-14.
    • Para reproducción digital y puesta a disposición en una intranet es de 5 euros/alumno/año académico 2013-14

    Además, lo aquí preceptuado, será de aplicación incluso a obras difundidas bajo licencias de Creative Commons, precisamente por la imposibilidad de renunciar a este derecho por imperativo legal.

    3. Refuerzo de las potestades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual

     El texto analizado, adiciona un nuevo artículo, el 158 ter, que refuerza las potestades de la Sección Segunda y amplía la consideración de infractor, con una clara alusión a las webs de enlaces.

    Así, se recoge que “La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información a través de un procedimiento cuyo objeto será el restablecimiento de la legalidad.”

     Además, dicho procedimiento podrá dirigirse frente a:

    • Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio.
    • Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

    En cuanto al propio procedimiento, merece destacarse que en caso de falta de retirada voluntaria, la Sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, para que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor, e incluso podrá valorarse la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la información declarado infractor.

     Por último, se recoge también, que el incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros.    

     

    4. Control de las Entidades de Gestión

     Probablemente, en atención a la devaluación social de la imagen de las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual, se han introducido una serie de instrumentos dirigidos a controlar y vigilar su actuación, con una serie de obligaciones de las mimas para con sus asociados y para con las Administraciones Públicas, que incluyen la rendición anual de cuentas y la realización de auditorías.

     También se ha introducido un régimen sancionador, que establece un cuadro de infracciones y sanciones para poder exigir a las Entidades de Gestión, responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones legales.

    Analizadas las que, a mi juicio, son las novedades más relevantes introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, debemos poner también nuestra atención, en la Disposición final cuarta, en la cual se hace alusión al carácter transitorio de esta reforma, y a la necesidad y promesa de reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.

    Así recoge dicha Disposición que “El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento. Con vistas a esa reforma deberán evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza del regulador.”

    Quizá por ello, esta reforma parcial, ha sido tildada de “oportunidad perdida” para adaptar la normativa a la realidad, pues parece no satisfacer a sector alguno. A buen seguro, será causa de numerosos problemas de interpretación y aplicación, y desde luego, es generadora de inseguridad jurídica en cuanto a lo que sucederá a partir del día 1 de enero de 2015.

     

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: andreas (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

  • Legalidad en Internet: Maitane Valdecantos en EBE Euskadi 2014

    Legalidad en Internet: Maitane Valdecantos en EBE Euskadi 2014

    El pasado 25 de Octubre se celebró el evento EBE Euskadi 2014 en el Bizkaia Aretoa, la sede que la Universidad del País Vasco tiene frente al museo Guggenheim, que contó con la participación de Maitane Valdecantos, abogada responsable del área de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho TIC en Grupo Eurotax.

    EBE Euskadi 2014

    En esta ocasión, el programa del evento estaba articulado en torno a la participación en los medios sociales desde una perspectiva de género, la legalidad en Internet y el impacto de las Redes Sociales en Radio y Televisión.

    La organización de esta nueva edición del EBE Euskadi 2014 corrió a cargo de la Asociación Internet & Euskadi con la colaboración de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Irekia y EiTB.

    Legalidad en Internet

    La participación de Maitane Valdecantos se produjo en la mesa redonda que llevaba por título “Legalidad en Internet: Cómo cumplir la ley y no morir en el intento”, moderada por Alberto Cabello, en la que compartió charla con Marta Moreno, docente e investigadora en la Universidad del País Vasco; Ruth Sala, abogada penalista especializada en delitos tecnológicos y prueba digital; Álvaro Bohórquez, periodista y blogger, y Mikel Ortíz, docente y biólogo.

    La mesa redonda, que abordó temas como el “efecto Streisand”, el derecho al olvido o la Ley de Cookies, puede verse en este reproductor:

    Fuente: Irekia – Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco

    Foto: Mikel Aguirregabiria (Licencia Creative Commons)

  • Registro de horas en el contrato a tiempo parcial

    Registro de horas en el contrato a tiempo parcial

    El Real Decreto-ley 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, incluye la obligación que impone a la empresa de registrar día a día la jornada que realizan los trabajadores a tiempo parcial.

    Para ello, el Decreto modifica el régimen legal del contrato a tiempo parcial y uno de los cambios que introduce afecta a la redacción del Art. 12.5 h) del Estatuto de los Trabajadores.

    Dicho precepto establece ahora:

    «h) La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias (voluntarias y pactadas)

    El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

    En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.»

    Es decir, se impone ahora a la empresa, por Ley, la obligación de registrar día a día el número de horas que realiza cada trabajador a tiempo parcial y, asimismo, la obligación de entregar al trabajador, junto con su nómina, una copia del cómputo de horas del mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

    Por último, las dos anteriores obligaciones – de registro diario de la jornada y de entrega del resumen mensual al trabajador – se complementan con una tercera; la de conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

    Adjuntamos un formulario tipo que puede ser de utilidad para llevar a cabo dicho cómputo mensual. Se puede descargar haciendo click en el enlace.

    Registro-horas-contrato-parcial

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Martin Terber (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

  • La relevancia del Merchandising en la Industria Audiovisual

    La relevancia del Merchandising en la Industria Audiovisual

    1. Introducción

    La necesidad de obtener financiación para la producción de una obra audiovisual se torna cada vez más complicada y requiere de mayores esfuerzos por parte de las productoras.

    Es por ello, que a las fórmulas tradicionales de obtención de recursos, hubo que adicionar otras técnicas que permitieran conseguir fondos. Una de ellas, es el denominado “merchandising”, que nació como forma de recuperación de parte de la inversión realizada en la producción, para configurarse después como una fuente de ingresos de relevancia tal, que en ocasiones, la explotación de esta vía, ha reportado mayores beneficios que la explotación de la obra audiovisual en sí misma.

    2. ¿Qué es el Merchandising?

    Se podría definir el contrato de merchandising, como un contrato atípico por el que el titular de los derechos de explotación de una obra, en este caso audiovisual, (habitualmente suele ser el productor) licencia, a cambio de una remuneración, el uso de un elemento de dicha obra a un tercero para comercializar un producto o servicio sobre dicho elemento.

    El elemento que se licencia a través de estos contratos, suele consistir en personajes de la obra, tramas completas, en la imagen de los actores, el título de la obra, fotogramas de la película o marcas entre otros muchos, lo cual permite englobar todo ello en tres grandes tipos de merchandising que son: el carácter merchandising, el brand merchardising y el personality merchandising.

    3. Tipos de contratos de merchandising en función de su objeto

    a) El Character merchandising

    La división en tipos de contratos de merchandising trae causa en el objeto sobre el que recaen los mismos, y que en ese caso, se trata de creaciones inmateriales que se encuentran protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

    Se trata por tanto, de una explotación secundaria habitualmente de un personaje, de las características esenciales de su personalidad, su nombre, su imagen y su apariencia física. Esto es, se licencia un elemento creativo y original de la obra audiovisual.

    Es importante, separar al personaje de la persona que lo interpreta (en este supuesto, estaríamos ante un contrato de personality merchandising), aunque en ocasiones, resulta más que complicada esta separación.

    Pongamos el caso, ¿qué explotación secundaria estoy licenciando: la de Carrie Mathison de la serie Homeland o la de Claire Danes? O un ejemplo de ficción española, ¿dónde acaba “el Luisma” de Aída y empieza Paco León?

    A pesar de las diferencias que manifiestamente existen en cuanto a las distintas contrataciones, la habitualidad de este supuesto, ha llevado a la doctrina, a crear una subclase, el “image merchandising” que participa de ambos contratos, aunque está bastante más influenciada por el merchandising de imagen. Se utiliza para supuestos como los anteriormente citados, en los que el público asocia el personaje de ficción al actor, y por tanto, persona y personaje se confunden.

    b) El brand merchandising

    En el licenciamiento a través del merchandising de signos distintivos, nos encontramos con que el objeto, son obviamente las marcas, pero no cualquier tipo de marca, sino aquellas renombradas, con reputación en el mercado, con capacidad para atraer al público, y hacer que adquieran productos y/o servicios distintos a los que la marca en sí identifica.

    Esta es una de las características fundamentales de este tipo de cesión temporal de derechos, y es que se utiliza el valor de la marca, para identificar productos y servicios que no sean ni iguales ni parecidos a aquellos para los que la marca está registrada.

    Como ya se ha comentado en alguna otra entrada, las marcas notorias y renombradas, gozan de una protección especial recogida en el artículo 8 de la Ley de Marcas, y es que el titular de ellas, puede impedir que se registren signos idénticos o semejantes, aunque los productos y servicios sean distintos de aquéllos para los que la marca está registrada.

    Y es éste, el nicho de negocio que se aprovecha a través de la figura del merchandising, que se aleja de la licencia de marca, en que como se ha comentado, no se dirige a autorizar la utilización de la misma para las clases en las que se encuentra registrada, sino para la producción y comercialización de productos y servicios distintos a los que esta identifica: pensemos por ejemplo, en la ropa textil que se comercializa del Athletic Club, o en los llaveros de Coca Cola.

    c) El personality merchandising

    Como ya hemos adelantado, se trata de una modalidad de merchandising, que se dirige a utilizar la imagen de una persona para distinguir los productos y/o servicios de una mercantil en el tráfico económico.

    Tiene una especial relevancia en la industria audiovisual, por la dificultad que hemos citado en párrafos anteriores, de separar en ocasiones, la persona del personaje, y permite una explotación comercial de la propia imagen amparada por lo dispuesto en la Ley 1/1982, de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

    4. El Merchandising y la Publicidad

    Suele calificarse el merchandising como una modalidad publicitaria por cuanto que se trata de una técnica que permite aumentar las ventas de un producto o servicio, a través de la incorporación a éste de un elemento inmaterial que tenga notoriedad y sea atractivo para el público.

    No obstante, hay posturas encontradas respecto a la inclusión de esta figura como supuesto al que le sea aplicable la normativa recogida en la Ley 34/ 1988 General de Publicidad, puesto que el articulado en ella recogido, no parece encajar con la esencia del merchandising, contrato, por tanto, considerado atípico, opinión que comparte quien escribe este post.

    5. Productor Audiovisual ¿legitimado?

    La Ley de propiedad Intelectual recoge en su artículo 88 que “por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor con las limitaciones establecidas en este Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra”.

    Por lo tanto, ¿se presume en virtud de esta cesión ex lege, que el productor es el titular de los derechos de explotación para explotaciones secundarias?

    Hay que tener en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, recoge un principio por el que las cesiones de derechos de los autores, han de ser interpretadas de forma restrictiva, y por tanto, el productor no podrá otorgar licencias para un uso de merchandising, salvo que expresamente se haya reservado este derecho por vía contractual.

    6. Conclusión

    El merchandising se ha posicionado en el mercado, no sólo como una alternativa para la obtención de financiación, sino como una fuente de ingresos de gran relevancia para las producciones audiovisuales.

    Teniendo en cuenta la atipicidad de este contrato, se regirá por los pactos establecidos por las partes y por las normas imperativas que regulan el contrato en general, por lo que el éxito de una explotación secundaria, radicará en la correcta reserva de derechos que se hayan de ceder para su utilización para merchandising, y en su correcta transmisión a terceros.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: Sam Howzit (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

  • Las sanciones disciplinarias

    Las sanciones disciplinarias

    Todo el mundo habrá escuchado o leído la noticia que saltaba a la luz esta semana acerca de la multa de 2.000 euros, a un jugador del Jaén por mostrar una camiseta en apoyo a niños que sufren de cáncer.

    Así es, el comité de competición de la Federación Española de Futbol (de ahora en adelante RFEF) ha impuesto una sanción de 2.000 euros a Jonathan Megía Ruiz alias “Jona” jugador del Real Jaén, por enseñar una camiseta interior en la que mostraba unas líneas en apoyo a los niños que luchan contra el cáncer.

    Por lo tanto, se ha creado la necesidad de entender el modelo deportivo disciplinario para poder conocer en base a que se le ha impuesto dicha sanción a este jugador. Por lo tanto, se va a desgranar desde la óptica jurídica las formas de sancionar a un jugador cuando no cumple con el Código deportivo disciplinario que ya esta regulado.

    El actual modelo disciplinario

    En el deporte, como en todos los ámbitos existe una faceta sancionadora, aunque no se recoja una definición específica para determinar que es disciplina deportiva, podemos extraer de la doctrina una definición que establece que es “el sistema de normas que permite imponer sanciones a los sujetos subordinados al Ordenamiento Jurídico deportivo, por la comisión de infracciones previamente tipificadas” o como dicen algunos autores “el poder de castigar o sancionar las conductas contrarias a las normas deportivas” “una de las potestades genuinamente publicas que, por delegación legal, ejercen las Federaciones en el ámbito deportivo porque así lo ha querido el legislador y ha sido reconocido por los Tribunales”

    La ley estatal del Deporte (Ley 10/1990) cuenta con un Título especifico para regular el régimen disciplinario, llamado (“La disciplina deportiva”), formado por trece artículos, abarca del 73 al 85, en los que de forma resumida se fijan las siguientes estipulaciones;

    En primer lugar, comprendidos entre los artículos 75, 77, 78, 80 y 81, se fijan los ámbitos subjetivo y objetivo de la disciplina deportiva, y se le otorga potestad sancionadora a las asociaciones deportivas. Se establece un sistema tipificado de infracciones y sanciones que se gradúan como leves, graves y muy graves. Asimismo la ley establece el llamado principio de proporcionalidad, en el que se quedan prefijadas circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes. Además hace mención al principio de prohibición non bis in idem, a la irretroactividad desfavorable, el principio de tipicidad previa, la prescripción de infracciones y sanciones y por último la ejecutividad inmediata de las sanciones.

    En segundo lugar, y haciendo referencia al artículo 82, quedan establecidos cuatro tipos diferentes de procedimientos disciplinarios. El primero de ellos, es el aplicado por los árbitros sobre el terreno de juego (donde más adelante centraremos el tema de debate) el segundo es el ordinario que se centra en las infracciones que vulneran el normal desarrollo de la competición, el tercero es el extraordinario, este procedimiento disciplinario queda fijado para el resto de supuestos el cual aplica los principios del Derecho sancionador común, y por último se encuentra el que ha de regir la adopción de decisiones disciplinarias inmediatas.

    En tercer lugar, se tipifican las infracciones atendiendo a su gravedad, existe una clasificación interna en función de si la infracción es considerada de tipo general o de tipo específico. Englobamos dentro de la categoría general por ejemplo el dopaje, o las conductas violentas, y dentro del tipo específico las que se aplican a las entidades que participan en la competición profesional y a todos los directivos, recogido en el artículo 76.

    En cuarto lugar, se tipifican las sanciones a las infracciones que se han recogido y que se incorporan además directrices referentes a la composición, competencia y funcionamiento del Comité Español de Disciplina Deportiva, regulados en los artículos 84 y 85.

    ¿Qué papel juega el acta arbitral?

    Las declaraciones del árbitro tienen presunción de veracidad iuris tantum, por ello, se puede establecer que es un hecho que la mayor parte de los procedimientos disciplinarios deportivos comienzan con el acta de un juez o arbitro, que ha sido elaborada después de un encuentro o prueba. En estas actas además de recoger todo lo sucedido en el partido, se recoge también los hechos susceptibles de constituir infracción.

    Tras la elaboración del acta arbitral, estas se remiten a los órganos disciplinarios federativos, como apunte hay que establecer que tienen la misma consideración que los documentos privilegiados del artículo 137.3 LRJ-PAC. En el artículo 82 de la LD queda recogido que “Las actas suscritas por los jueces o árbitros en el encuentro, prueba o competición constituirán medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas” y sigue estableciendo que “en aquellos deportes específicos que lo requieran podrá preverse que, en la apreciación de las faltas referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del árbitro o juez se presumen ciertas, salvo error material manifiesto”.

    Por lo tanto, de lo establecido en el párrafo precedente se desprende que es muy complejo rebatir lo que ha quedado plasmado en el acta arbitral, solamente, con la prueba grafica (video del encuentro) se puede desvirtuar, llegando incluso a rechazar los demás medios.

    Ocasionalmente, se ha privado el acta notarial de su certeza iuris tantum, cuando existan incoherencias o inexactitudes para los infractores que hacen cuestionar la neutralidad descriptiva.

    El código disciplinario de la RFEF

    El ámbito de aplicación del Código Disciplinario de la RFEF entra en juego, cuando se trata de actividades o competiciones de ámbito estatal y en su caso, internacional. Este código, considera como infracciones a las reglas del juego o competición a las acciones u omisiones que, durante el curso del juego vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo, además añade que también serán infracciones las demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas.

    Como ya se ha adelantado anteriormente, el Código Disciplinario de la RFEF consta con un sistema de graduación de la responsabilidad, así en su artículo 10 describe cuales son las circunstancias atenuantes, en su artículo 11 las circunstancias agravantes, en el artículo 12 la valoración de las circunstancias modificativas. Para el caso comentado en estas líneas este artículo es importante ya que tal y como establece “para la determinación de la sanción que resulte aplicable, hay que valorar el resto de circunstancias que concurran en la falta, tales como las consecuencias de la infracción, la naturaleza de los hechos o la concurrencia, en el inculpado, de singulares responsabilidades en el orden deportivo”

    Por tanto, y centrando el tema, la acción de este jugador queda incardinada dentro del artículo 91 del ya citado Código, considerada como infracción grave recogiendo que “el futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquier clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción será sancionado, como autor de una falta grave, con multa de cuantía de 2.000 a 3.000 euros y amonestación”

    Es evidente a todas luces que la acción de este futbolista encaja dentro del artículo arriba referenciado, pero es necesario acudir al principio de equidad que bien recoge nuestro Código Civil, en su artículo 3.1 como criterio aplicativo, cuya finalidad es la de moderar las consecuencias que se producirían de la aplicación automática de las sanciones que contienen los Estatutos de las Federaciones. Es lógico que las sanciones que se impongan a las personas que han cometido una infracción sean proporcionadas a las circunstancias del caso. Por lo tanto, en este concreto caso, hay que atender en primer lugar al daño que se ha cometido con la infracción, al perjuicio que se haya realizado, a la repercusión y a la transcendencia del hecho.

    Caso análogo José María Callejón

    Este caso no es el primero que existe en el deporte español, hay un precedente en el año 2010, que es el caso de José María Callejón, quien mostro su camiseta tras marcar un gol, mostrando una imagen del reciente fallecido Daniel Jarque.

    A este jugador también se le sanciono en base al artículo 91 con una sanción pecuniaria. El Comité De Apelación estimó el recurso que interpuso el RCD Español, y anulo la multa que se le impuso a José María Callejón, así en el fundamento jurídico de la Apelación se reconoce que “En el presente caso, el Sr. Callejón alzó su camiseta mostrando el rostro del jugador don Daniel Jarque, quien falleció en agosto de 2009. Esta acción, a juicio de este Comité de Apelación, y dada la excepcionalidad de la misma no puede ser objeto de reproche disciplinario, por cuanto no hay un ánimo de transmitir un mensaje publicitario, político ni religioso».

    «Tan sólo existe la intención de recordar a un compañero fallecido, hecho que desde luego no vulnera el bien jurídico protegido por dicho precepto, cual es el correcto desarrollo de la competición, que puede verse perturbado por una irregular equipación o por los excesos en la celebración de un gol», añade la sentencia.

    «Estamos ante situaciones puntuales que habrán de ser valoradas caso por caso, procurando mantener la pureza del precepto y su aplicabilidad, salvo situaciones verdaderamente extremas, como la que motivó el hecho sancionado. Lo anterior cobra énfasis ante el hecho cierto de que lo que se pretende con esta norma es aislar el fútbol de cualquier publicidad o propaganda interesada que intente aprovechar esos momentos espectaculares en que se está celebrando un gol», apunta el texto.

    «Desde esta perspectiva, la acción del jugador Sr. Callejón no es típica, por los motivos a que respondió, por lo que, en definitiva, procede estimar el recurso, revocando la sanción. Como es sabido, además, en el contexto de la versión anterior del Código Disciplinario de la RFEF se había llegado a la misma solución por los Comités disciplinarios en varios casos similares», apostilla la resolución de Apelación.

    No obstante, a pesar de que existe un precedente, hay otros casos como por ejemplo David Villa no han finalizado con una resolución favorable ya que en este concreto caso, el Comité de Competición resolvió imponer a Villa una multa de 2.000 euros y una amonestación. La acción del jugador fue quitarse la camiseta en pleno encuentro, y mostrar una imagen de su familia con la siguiente frase “imposible sin vosotras”. Esta sanción se ratifico por el Comité de Apelación argumentando que «por muy emotivo que se pueda considerar el mensaje que el jugador envía a sus familiares la situación no tiene la excepcionalidad requerida en el colectivo general».

    Conclusiones

    Por lo tanto, al igual que ha ocurrido con el jugador José María Callejón, el Comité de Competición –entiende esta parte- estimará el recurso que se presente en los próximos días. El apoyo a los niños que luchan diariamente contra el cáncer se entiende que conmueve a toda la sociedad, y habría por tanto que acudir al principio de equidad o de proporcionalidad, que ya se ha citado.

    Para terminar, y en espera de que no se repitan este tipo de situaciones podría ser una solución que se modifique la redacción de este artículo, incluyendo alguna cláusula en la que se puedan establecer las excepciones a la aplicación de la sanción.

     

    Janire_Ruiz

    Janire Ruiz de Gordejuela
    Departamento Jurídico

    Foto: martin.rodvand (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    1. Introducción

    El desarrollo de Internet y el aumento de los medios de comunicación y difusión de contenidos, ha propiciado el acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier punto del mundo, ampliando las posibilidades de intervención y las relaciones.

    Es innegable, que la red supone un instrumento para el ejercicio de la democracia, y para la promoción de la diversidad cultural y de pensamiento y que, a pesar de existir otros medios para hacerlo, se erige como cauce universal y de fácil acceso para expresar ideas y opiniones y para difundir informaciones, incluso aquellas que los medios de comunicación convencionales no están interesados en publicar por motivos económicos, ideológicos, políticos, o de otra índole. Sólo debemos fijarnos, en el titánico nacimiento de blogs, redes sociales o periódicos y revistas digitales, que permiten a la ciudadanía interactuar y pronunciarse.

    Por ello, las regulaciones, buscan encontrar el equilibrio entre las libertades, derechos e intereses legítimos en juego, siendo en este ámbito, frecuentes los conflictos entre las libertades de expresión y de información, y otros derechos, también fundamentales, como son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen o a la protección de los datos personales.

    2. La libertad de expresión y la libertad de información

    La libertad de expresión y de información, son reconocidas como Derechos Fundamentales de todo individuo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

    Dicho artículo preceptúa que “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

    Por su parte, la Constitución Española, en su artículo 20 indica que :

         “1. Se reconocen y protegen los derechos:

             a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

               b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

               c) A la libertad de cátedra.

              d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

        2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

        3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

         4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

         5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

    Es decir, el mismo artículo de la Constitución Española que reconoce el derecho a la libertad de expresión y de información, introduce uno de sus límites más específicos en el punto 4, que lo conforman el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

    3. El derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen

    Estos derechos, reconocidos igualmente como derechos fundamentales en el artículo 18 de la Constitución Española, son además citados en ella en varias ocasiones, alzándose como límite para el ejercicio de otros derechos, como es el caso del citado artículo 20 o del artículo 105 respecto al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros.

    El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, fueron posteriormente regulados a través de la Ley Orgánica de 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen.

    Son especialmente relevantes a estos efectos, los artículos 7 y 8, especificando el primero de ellos, una serie de actos que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas, y el segundo de ellos, comportamientos que no tendrán dicha consideración.

    4. Intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

    Como ya adelantábamos, el artículo 7 de la LO 1/1982 de 5 de mayo, indica que serán consideradas intromisiones ilegítimas

         1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

         2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.

         3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

         4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

         5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

         6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

         7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

    A estos efectos, pasaremos a analizar el supuesto más frecuente de intromisión ilegítima, que no es otro que el que se recoge en los puntos 3 y 7 del artículo 7, que se refieren al derecho al honor.

    5. Conflictos entre derechos fundamentales

    Como se ha adelantado en líneas anteriores, las libertades de expresión e información, pueden afectar a:

          – derecho a la protección de los datos de carácter personal

         – derecho a la intimidad personal y familiar: a mantener en secreto ese círculo íntimo personal y familia que todo ser humano posee y que desea mantener fuera del conocimiento de los demás.

         – derecho a la propia imagen: poder de disposición sobre la información gráfica de sus rasgos físicos, que le permite impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por parte de un 3º sin autorización, independientemente de la finalidad perseguida por quien la capta.

         – derecho al honor: protege la propia estima en el que se individuo se tiene, y el prestigio que tiene cualquier persona, su buen nombre, reputación o fama.

    6. Principio general para la resolución de conflictos entre derechos

    Cuando se generan conflictos entre derechos de tal relevancia como los citados, se resuelve en pro de la libertad de expresión e información por su especial posición institucional siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

         – Veracidad: no se exige que sea absoluta, sino que exista un nivel de diligencia profesional, consistente en la comprobación de la veracidad de los hechos, a través de las averiguaciones oportunas, de forma que hayan sido previamente contrastadas.

         – Interés general o relevancia pública: lo publicado ha de ser de interés público, concepto muy distinto de la curiosidad del público.

         – Adecuación de las expresiones y términos empleados: no se amparan la utilización de términos o calificativos formalmente injuriosos, vejatorios y ofensivos.

    7. La colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión e información: solución jurisprudencial

    Es manifiesto, que el derecho al honor se encuentra limitado por las libertades de expresión y de información, y que estas últimas, se encuentran limitadas por el derecho al honor cuando no se cumplan los requisitos anteriormente citados.

    A este respecto, recoge la jurisprudencia una serie de presupuestos a tener en cuenta para la ponderación de de dichos derechos y libertades estableciendo, entre otras la STS de 29 de mayo de 2.012 que:

          – “la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información, porque no comprende la narración de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.”

    Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos, es necesario separarlos y sólo cuando sea imposible hacerlo, habrá de atenderse al elemento preponderante (STC 107/1988, 105/1990 Y 172/1990).

         – “la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información y expresión sobre el derecho al honor, por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático.

    También se ha de tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aún cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige.

         – “la técnica de ponderación exige valorar también el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    La protección del derecho al honor deberá prevalecer frente a libertad de expresión cuando se empleen frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto que sería por lo demás, incompatible con la Norma Fundamental.

    8. Conclusión

    Somos dueños y esclavos de nuestras palabras. Estas dos caras de la moneda, se materializan en la libertad de expresión e información y en la obligación de responder, en su caso, por los atentados frente a otros derechos fundamentales igualmente protegidos que en nuestro ejercicio cometamos.

    La especial protección de estos últimos, capaz de servir de restricción a la libertad de expresión e información, se torna aún más relevante, con la aparición de los medios telemáticos, dado que cuando se publica un contenido ilícito o lesivo contra los derechos de alguna persona, el alcance de la difusión de dicho contenido publicado en un estado concreto, se convierte en universal, por lo que se produce un efecto multiplicador del daño.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: Kristin Schmit (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

     

  • Dopaje en el deporte amateur

    Dopaje en el deporte amateur

    Todos han sido testigos hace varias semanas, de cómo 40 personas fueron detenidas por distribuir sustancias dopantes en gimnasios de Alicante y Valencia, pero desgraciadamente no es el primer caso, y mucho menos será el ultimo. Por todos es conocido el dopaje en el deporte profesional, pero no existe este conocimiento tan evidente con el dopaje existente en los gimnasios, y en el deporte amateur. Pues bien, el doping en el deporte amateur esta igual o mas extendido que en el profesional, lo que ocurre es que la repercusión social no es tan elevada al no tratarse de personajes públicos, para aclarar este punto solo hay que decir que no tendría el mismo impacto social conocer que Leonel Messi ha sido sancionado después de encontrar una sustancia dopante en sus análisis, que si un culturista de Alicante ingiere anabolizantes para poder obtener mas masa muscular en menos tiempo.

    Como se ha establecido en el párrafo precedente, de la ultima investigación contra el dopaje en gimnasios ha acabado con 40 detenidos y con la incautación de 380.000 dosis dopantes, es menester recordar cuales eran las palabras de uno de los inspectores jefes de la investigación del caso, el cual afirmo en los medios que “el trafico de anabolizantes sigue el mismo canal que el trafico de drogas, y además genera mas dinero” así, solo durante el año 2013, la Sección de Medio Ambiente, Consumo y Dopaje de la Policía Nacional ha intensificado la investigación contra el tráfico ilegal de estas sustancias. Los resultados obtenidos son alarmantes, ya que solo durante el año 2013 se han detenido a 178 personas, y se ha incautado mas de un millón de dosis de sustancias anabolizantes como clembuterol, oxandrolona, nandrolona, danabol y testosterona, y muchas mas.

    El dopaje en gimnasios, su lado más oscuro

    El culturismo en los gimnasios, esta de moda y practicar deporte en los mismos cada día mas, por ello no es extraño que los deportistas amateur consuman sustancias dopantes para obtener una mayor musculatura o ser mucho más fuerte. Un dato desalentador es que la realización de este tipo de actos, aumenta cada día entre los más jóvenes, incluso los menores de edad.

     Prueba de ello es que la Comisión Europea estimó que un 6% de los asiduos a los gimnasios toma algún tipo de sustancia para mejorar su rendimiento. Para los que puedan pensar que los deportistas consumidores de estas sustancias, son aquellos que pertenecen a las clases mas bajas, hay que apuntar que esa creencia es errónea, este habito se desarrolla entre personas de cualquier estrato social, sin distinción.

    Se supone que los gimnasios es el culto a un estilo de vida sana y equilibrada y, pero nada mas lejos de la realidad. Hay que afirmar el modus operandi de los mismos, varia según los rumores y modas que puedan existir en ese momento dado. Por ejemplo, a día de hoy el clembuterol puede utilizarse de forma generalizada en los gimnasios de toda España, pero dentro de un tiempo la misma ha pasado al olvido y ser otra sustancia la que este extendida entre los usuarios.

    Pero ¿por qué ocurre todo esto? La respuesta es clara, este no es un sector controlado, ya que no existe un médico especialista en Medicina Deportiva dentro de los gimnasios. La opinión de los expertos es generalizada, este sector requiere de gente experta, y así lo ha afirmado el Doctor José Mataix en el libro titulado Deporte, Nutrición y Dopaje, en el que afirma que “es inútil tratar de convencer a deportistas que la automedicación y sobrealimentación no son saludables, a pesar de los infructuosos intentos, los deportistas se fían mas de su preparador que de un especialista en medicina”

    ¿Qué tipo de sustancias existen dentro del dopaje en los gimnasios?

    En los párrafos precedentes se han hablado de sustancias como los anabolizantes, clembuterol, oxandrolona, nandrolona, danabol, testosterona, esteroides…y vamos a ver de forma general cada una de estas sustancias dopantes.

    Los anabolizantes, son sustancias que favorecen el crecimiento de los tejidos, especialmente conocidos, son los esteroides anabolizantes que son segregados por los testículos y las glándulas suprarrenales. Estos se utilizan de forma ilegal, para el engorde del ganado o para hipertrofiar la musculatura de los deportistas. Este tipo de sustancias, son empleadas para aumentar la masa muscular y para aumentar el incremento de la capacidad para almacenar energía, ya que el cuerpo humano por si mismo, no es capaz de procesar grandes cantidades de esta hormona.

    El clembuterol, es un fármaco indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, ya que tiene un efectos broncodilatador (abre las vías respiratorias, aumentando la capacidad pulmonar) este fármaco se utiliza sobre todo en personas asmáticas, pero debido a sus efectos anabolizantes se emplea sobre todo para acelerar el desarrollo del ganado vacuno y además como agente dopante en diferentes disciplinas deportivas. Así, esta sustancia ha sido considerada por la Unión Ciclista Internacional, como dopante, ya que permite un mayor desarrollo de la masa muscular en los entrenamientos. Alberto Contador fue despojado del título de Campeón del Tour de Francia del año 2010 por haber sido detectada esta sustancia dentro de su organismo.

    La oxandrolona, es un esteroide que es promotor de la fuerza y aumenta la calidad muscular, comúnmente se usa en ciclos de competencia por su poca retención hídrica, es decir, pueden producir fuerza y dureza sin retención de líquidos.

    El danabol, este es un esteroide oral con un gran efecto sobre el metabolismo de las proteínas, lo que favorece es que se genere fuerza en los músculos. Este esteroide fue el primero de los que se empezaron a consumir.

    Por último, y haciendo mayor ahínco sobre se encuentra la nandrolona, este es otro esteroide anabólico, muy parecido a la testosterona, hormona que segregan los hombres, y cuyos efectos son virilizantes. Esta hormona incrementa los niveles de proteínas y potencia el desarrollo muscular, además influye en el metabolismo del calcio, aumentando la masa ósea. En los deportistas, incrementa la fuerza, la velocidad, la agresividad y la potencia, así su utilización se da sobre todo en deportistas que trabajen en carreras de velocidad como atletismo, natación…

    ¿Que riesgos puede tener el consumo de nandrolona? Por ejemplo, puede producir un acusado descenso del apetito sexual, aumenta el riesgo de esterilidad, enfermedades hepáticas…incluyendo el cáncer. Este esteroide, al aumentar el nivel de proteínas potencia el desarrollo muscular y por ende, el principal daño incide en el hígado, aunque también puede repercutir sobre el sistema cardiovascular.

    La nandrolona, se consume de muy diversas formas, es inyectable y también se puede ingerir vía oral a través de preparados dietéticos. Esta sustancia se prohibió por el COI en los años 80, y ya no solo la nandrolona sino también los precursores de la misma que se consumen por vía oral.

    Efectos secundarios de estas sustancias

    Existen un sinfín de efectos secundarios de la autoadministración de este tipo de sustancias, entre los más habituales destacamos los siguientes;

    El acné, quizá muy pocas personas conocen que este es un efecto secundario de la ingesta de sustancias anabolizantes, pero la realidad es otra distinta y además es muy común.

    La hipertensión, o el aumento de la presión sanguínea, puede deberse a la excesiva retención de agua y aumento de peso que acompaña el uso de esteroides. La hipertensión o la tensión alta, puede producir, enfermedades de tipo crónico como la artereoesclerosis, enfermedades coronarias… El uso de sustancias dopantes, afecta de forma negativa a los niveles de colesterol, ya que este se adhiere a las paredes de las arterias formando placas de grasa endurecida, la cual puede llegar a provocar la obstrucción de las mismas causando un infarto de miocardio. Dentro de este efecto secundario, podemos incluir las palpitaciones, y los dolores de cabeza los cuales se manifiestan por la gran mayoría de los deportistas.

    La hipertrofia del corazón, o agrandamiento del corazón, el cual es muy peligroso, este aumento se debe a que los esteroides no solo ejercen sus efectos sobre unos músculos del esqueleto, esto es una creencia errónea, lo hacen sobre todos los músculos, incluyendo el corazón, provocando lesiones de carácter muy grave.

    Además de los que incluyen el aparato circulatorio, podemos encontrar la ginecomastia, es una afección que se refiere a las glándulas mamarias anormalmente grandes en los varones. Esto se debe, a que los niveles de estrógenos son tan elevados, que imitan al patrón de las hormonas femeninas y terminan con la aparición de las glándulas mamarias. Además las mujeres que realicen esta práctica, pueden verse afectadas por una virilización repentina, esto es, con la aparición en mujeres de características de un varón adulto, por ejemplo el agrandamiento del clítoris, la ronquera, vello facial, amenorrea o cambios en la textura de la piel.

    La impotencia sexual, los varones pueden verse afectados tanto por un aumento del libido como por la total desaparición del apetito sexual.

    Además de todos los anteriormente mencionados, hay que incluir los desgarros musculares, la calvicie prematura, la estatura baja, el insomnio, la supresión del sistema inmunológico…entre otros.

    Sustancias dopantes: código penal y código mundial antidopaje

    En primer lugar, el tráfico de sustancias dopantes, así como la ingesta de las mismas es un delito castigado en el código penal, concretamente recogido dentro de los artículos 359 al 378. Así en el artículo 361 concretamente, establece que los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenidos, reiteración en la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos.

    Este tipo de práctica, tiene una pena de prisión que dependerá del tipo de sustancia incautada y la cantidad de la misma, las penas concurren desde los seis meses de prisión a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público.

    En segundo lugar, el nuevo Código Mundial Antidopaje que entrará en vigor en el año 2015 ha sido aprobado por unanimidad, elevando de dos a cuatro años la sanción tipo por dopaje, que solo se reducirá en el caso que se demuestre que no existía intencionalidad en el deportista. Además equipara las pruebas analíticas a las no analíticas, en la detección de los positivos además de obligar a los deportistas retirados a avisar a las autoridades antidopaje con seis meses de antelación si quieren volver a competir.

    A día de hoy, el Código aplica solo la sanción de cuatro años bajo circunstancias agravantes, pero en el momento que entre en vigor el nuevo código mundial antidopaje, esta sanción se aplicara sin excepción.

     

    Janire_Ruiz

    Janire Ruiz de Gordejuela
    Departamento Jurídico

    Foto: Jamiesrabbits (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Incidencia de la ultraactividad en el Convenio de Oficinas y Despachos

    Incidencia de la ultraactividad en el Convenio de Oficinas y Despachos

    1. Introducción

    Desde que se publicara la Ley 3/2012, de 7 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el panorama jurídico que regulaba el régimen de la ultraactividad de los convenios colectivos se ha visto afectado de manera notable, causando variedad de dudas e incertidumbres tanto a empresarios y trabajadores como a los distintos operadores jurídicos.

    En Vizcaya, el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos (2009-2012) afecta aproximadamente a 22.000 empleados de diversas actividades, habiendo provocado su pérdida de vigencia gran cantidad de protestas y movilizaciones, sumiendo en una situación de incertidumbre tanto a trabajadores como empresarios, no habiéndose alcanzado a día de hoy una solución satisfactoria para las partes implicadas.

    2. Incidencia de la ultraactividad en la Reforma Laboral del Convenio de oficinas y despachos (2009 – 2012)

    2.1.– El texto del Convenio Colectivo disponía en su artículo 3º(vigencia, prórroga y denuncia), una duración de 4 años, venciendo dicho plazo el pasado 31 de Diciembre de 2012. Una vez fué alcanzada dicha fecha, se prorrogó temporalmente la vigencia del mismo ya que las partes se comprometían a iniciar las deliberaciones del siguiente Convenio en un plazo de 15 días a contar desde la entrega del anteproyecto, bien por la representación de los trabajadores, bien por la representación empresarial, existiendo en virtud de dicho precepto una voluntad de permanencia en el tiempo.

    2.2.– La Ley 3/2012, de 7 de julio, de Medidas Urgentes Para la Reforma del Mercado Laboral (Ley 3/2012 en adelante), estableció mediante, su artículo 86.3º, que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se acuerde uno nuevo o se dicte un laudo arbitral, perderá su vigencia salvo pacto en contrario, y se aplicará, si lo hubiere, el Convenio Colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación, y en defecto del mismo, el Estatuto de los Trabajadores.

    2.3.– Habiéndose alcanzado el pasado 15 de Diciembre de 2013 el plazo establecido por la ley 3/2012, que determinaba teóricamente el fin de la ultraactividad del Convenio Colectivo; patronal y sindicatos han mantenido varias sesiones de negociación para tratar de alcanzar un acuerdo respecto de las cláusulas aplicables para los próximos años, no obstante, a día de hoy no han alcanzado ningún tipo de acuerdo, habiendo rechazado ciertos sindicatos el texto planteado por la patronal (CEBEK), por lo que no se ha llegado a la firma de ningún acuerdo.

    2.4.– La situación actual supone un clima de confusión e incertidumbre para empresarios y trabajadores, suponiendo una serie de incógnitas que hasta el momento no pueden ser resueltas sin asumir el riesgo de acabar inmersos en un procedimiento judicial. En este sentido, muchas empresas han tratado de proteger sus intereses entregando a sus trabajadores una serie de cartas en las que se informa de la pérdida de vigencia de su convenio y la posibilidad de que se produzcan una serie de cambios en cuanto a la normativa aplicable a las relaciones laborales, pretendiendo con ello evitar que los trabajadores consoliden las condiciones que se estaban aplicando como condición más beneficiosa.

    Dichas notificaciones han derivado en la interposición gran cantidad de denuncias tanto a nivel social como jurisdiccional, creando un panorama de hostilidad entre empresarios y trabajadores y quebrando la paz social que, en mayor o menor medida, se mantenía en los centros de trabajo; viéndose los trabajadores, en algunos casos, obligados a iniciar las acciones correspondientes para impugnar las modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo, que en ocasiones han entendido que suponían dichas cartas informativas.

    3. Interpretación de los tribunales

    En relación a la interpretación que están aplicando los juzgados y tribunales sobre las consecuencias de la falta de acuerdo para la firma de los convenios colectivos que en virtud de las disposiciones de la reforma laboral han perdido su vigencia, se pueden distinguir dos interpretaciones distintas:

    1. Existe sector doctrinal que defiende que el objetivo de la Ley 3/2012 y de la reforma laboral en general, pretende establecer un mecanismo que ponga fin a la situación de petrificación que ha supuesto la ultraactividad de los convenios colectivos, tratando con ello de promover las negociaciones entre las partes, ello en consonancia con el principio de flexibilidad imperante en la reforma laboral pretendida, suponiendo la falta de acuerdo en dichas negociaciones, la caducidad del propio convenio a falta de un acuerdo expreso. Dicho sector, interpreta que la ley tiene un carácter imperativo que no permite que las partes acuerden el mantenimiento de vigencia del convenio colectivo una vez ha transcurrido el plazo de un año desde su denuncia.

    2. Por otra parte, otras voces se pronuncian en el sentido de que sí existe un margen de disposición para las partes firmantes del Convenio Colectivo, de forma que si han acordado en el articulado del mismo, una voluntad de otorgarle permanencia en el tiempo, dicha voluntad será válida y se podrá prorrogar la vigencia del mismo.

    Está segunda corriente doctrinal es la que se está imponiendo a pesar de lo dispuesto en la ley 3/2012. Esta tesis la han asumido tanto la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su Sentencia 149/2013, de 23 de Julio, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia 2059/2013, de fecha 26/11/2013, que reconoce la vigencia del convenio de la enseñanza concertada vasca, que se encontraba en una situación similar a la de Oficinas y Despachos de Bizkaia al incluir en su articulado una voluntad de mantener su vigencia hasta la aprobación de un nuevo convenio.

    A pesar de lo expuesto, no existe todavía un criterio Judicial definitivo en cuanto a cómo proceder en relación a la aplicación o no de los convenios que han perdido vigencia teórica, no obstante, es cuestión de tiempo que los tribunales se resuelvan los recursos interpuestos, estableciendo un criterio definitivo a seguir.

    4. Últimas noticias respecto al convenio de de Oficinas y Despachos de Bizkaia

    En relación al convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, una reciente publicación de prensa de «El Correo», de fecha 16/01/2014, dice que CC.OO de Euskadi ha presentado un conflicto colectivo en el PRECO, como paso previo para acudir a los Juzgados de lo Social, con el objetivo de exigir a la patronal que reconozca la vigencia del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, no obstante, y hasta que se dicte una sentencia al respecto, cabe recomendar cautela a la hora de tomar una decisión respecto al convenio a aplicar en las distintas empresas, ya que existe gran cantidad de riesgos tanto económicos como sociales en el caso de que las empresas decidan unilateralmente aplicar el convenio de ámbito estatal, o a falta del mismo, el Estatuto de los Trabajadores.

    Cabe hacer mención, como posible solución al problema de la ultraactividad de los Convenios Colectivos, a la posibilidad que asiste a empresarios y trabajadores de pactar un convenio de empresa, siendo esta una de las soluciones apuntadas muchos Jueces y Magistrados a los que hemos tenido la posibilidad de escuchar en sus diversas charlas y ponencias, no habiendo sido tan comentada dicha posibilidad en los medios de comunicación, ofreciendo esta vía alternativa una oportunidad para las empresas de plantear una solución que englobe las necesidades y expectativas de empresa y trabajadores de forma consensuada.

    5. Conclusión

    En la humilde opinión del letrado que suscribe, la reforma laboral ha abordado el problema de la ultraactividad de los Convenios Colectivos desde un plano exclusivamente teórico, alejándose de la realidad social existente en cada sector, pretendiendo que en el plazo de un año desde la denuncia de los distintos convenios colectivos se alcancen los acuerdos necesarios para suscribir, con el consenso necesario, nuevos textos que regulen las relaciones laborales de los distintos sectores y actividades.

    En este sentido, y lejos de conseguir el fin pretendido, el resultado obtenido ha sido acentuar las diferencias existentes entre patronales y sindicatos, quebrándose la paz social y viéndose abocadas ambas partes a un oscuro abismo en una pugna de intereses en la que ninguna de las partes enfrentadas tienen la certeza de que lo que están haciendo es lo correcto, derivando dicha situación en una judicialización del conflicto o en la búsqueda de soluciones alternativas como la aplicación de un pacto de empresa.

    Aitor_Rodriguez

     

     


    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: Mikhail Shapaev (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)