Categoría: Legislación

  • Las invenciones protegibles: Patentes y Modelos de Utilidad

    Las invenciones protegibles: Patentes y Modelos de Utilidad

    1. Introducción

    La regulación en materia de patentes influye de forma decisiva en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica.

    No todas las creaciones son invenciones, y no todas las invenciones son patentables, por lo que, existen ciertos extremos a tener muy en cuenta en el proceso de innovación de las empresas, de cara a plantear una estrategia de activos intangibles.

    2. Concepto de Patente

    El derecho de patentes protege esa creación espiritual, de enorme influjo en el progreso técnico e industrial, que se llama invención.

    Pero, ¿qué se considera una invención? ¿Coincide con la acepción coloquial? Podríamos definir una invención en materia de propiedad industrial como una solución técnica, esto es, la respuesta a un problema técnico que no había sido resuelto aún y que el estado de conocimientos de que se parte no permite encontrar de un modo obvio.

    La patente es, por tanto, un título jurídico que faculta a su titular para ejercitar, frente a cualquiera, un derecho de exclusión, impidiendo la realización de la invención patentada sin su consentimiento.

    La patente le dará al inventor la seguridad de que, mientras la patente no sea anulada por los Tribunales o transcurra el plazo de la exclusiva, nadie va a poder explotar su invención. Y si lo hace, tendrá una acción rápida y eficaz para perseguir la infracción y hacerla cesar. Por tanto, se configura como un verdadero monopolio, que bloquea la explotación de la invención a todo el mercado a excepción de su titular.

    Precisamente por esta limitación que supone al libre mercado, se exige a la invención una serie de requisitos para poder ser patentada, puesto que de lo contrario, se convertiría en un privilegio injusto, que interfiere en la libertad económica e industrial.

    3. Patentabilidad de las invenciones

    Son patentables las invenciones nuevas (Art. 6.1 LPE), que impliquen actividad inventiva (Art. 8.1 LPE) y sean susceptibles de aplicación industrial (Art.9 LPE), aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

    En virtud de lo dispuesto en el art. 4.4 LPE, no se considerarán invenciones:

    – Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

    – Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

    – Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

    – Las formas de presentar informaciones.

    Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 4.6 LPE, no se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos, que sí podrán ser patentados.

    Por otro lado, aún siendo invenciones, no podrán ser objeto de patente en virtud de lo dispuesto en el art.5 LPE:

    – Aquéllas cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

    – Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

    – Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

    Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

    – El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

    Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

    La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

    4. Periodo de protección y mantenimiento de la patente

    La Patente, otorgará protección a su titular durante un periodo de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, y con efectos desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de la concesión de la misma.

    No obstante, la propia solicitud de la patente, otorga un periodo de protección provisional, desde la publicación de la solicitud hasta la concesión de la misma.

    5. Principio de Prioridad

    El principio de prioridad expresa un criterio muy preciso para la resolución del conflicto que surge cuando varios sujetos pretenden la titularidad del mismo derecho o de derechos incompatibles y hay que decidir cuál de ellos tiene derecho preferente a ostentarla.

    ¿Cómo resuelve este principio la situación anteriormente descrita? Pues bien, indica que entre varios sujetos que aspiran, independientemente de los otros a la obtención de una patente para la misma invención, ostenta mejor derecho a la concesión el primer solicitante.

    La fecha a la que se refiere la propiedad, como ya se ha adelantado, no es la creación (no es preferido frente a los restantes quien primero ideó la invención); ni tampoco la de la expedición del título (no se protege de entre los aspirantes al que consiguió la patente con anterioridad a los demás); sino, precisamente, la fecha de la solicitud (entre varios aspirantes a la protección es preferido el que formuló la solicitud en fecha anterior).

    La prioridad la ostenta en principio la primera solicitud de la patente formulada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Actúa pues, con ánimo territorial, en el sentido de que no surte efecto alguno para ser tenida como petición anterior, la presentada ante la Oficina de patentes de un país extranjero.

    Ahora bien, este principio general reconoce una importante excepción, que esel supuesto de la “prioridad unionista”, consistente en el derecho que tiene el inventor que haya solicitado patente en cualquiera de los países de la Unión, de pedirla dentro de los doce meses siguientes en otro u otros de dichos países, con los siguientes efectos: que en el país en que se reclama la protección se considere que la solicitud en él presentada tiene como fecha de prioridad la del depósito de la primera solicitud en el país extranjero perteneciente a la Unión; y que se estime que no perjudican a la novedad de la invención los actos de publicidad y divulgación que hayan tenido lugar durante el tiempo transcurrido entre la solicitud extranjera y la solicitud nacional.

    Esta institución tiene como finalidad, como es obvio, hacer posible que el inventor obtenga protección en una serie de países distintos, sin necesidad de hacer en todos ellos una protección simultánea de patente, lo que resultaría impracticable.

    6. Particularidad del Modelo de Utilidad

    Serán protegibles como Modelos de Utilidad, las invenciones que siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja práctica para su uso o fabricación.

    A este respecto, se exige un nivel de actividad inventiva, inferior al requerido para solicitar una patente, motivo por el cual, el periodo de protección que confiere este título, también es menor.

    En particular, podrán registrarse como modelos de utilidad, los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.

    No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

    El estado de la técnica con referencia al que debe juzgarse la novedad o actividad de las invenciones protegibles como Modelo de Utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como Modelo ha sido divulgado en España.

    Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

    La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención, pero la duración de la protección de los modelos de utilidad es de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

    7. Conclusión

    Las patentes se erigen como uno de las instituciones más relevantes para el progreso industrial de un país, en cuanto que aportan a su industria medios nuevos que incrementan los ya existentes, abriendo así nuevas posibilidades al conjunto de medios que se aplican.

    Además, se configura como la más relevante fuente de información sobre el estado de la inventiva mundial, toda vez que si bien existen conocimientos no patentados denominados “know how”, la tecnología de los países más avanzados se encuentra en su mayor parte en las patentes concedidas.

    Cuando se desarrolla una invención, ha de valorarse la opción de patentarla y considerarla parte de los activos relevantes de la sociedad, e incluso de la estrategia de negocio.

    Una de las cuestiones clave para la explotación de la invención, la constituye la forma en que la empresa proteja los resultados de sus innovaciones para evitar que terceros se puedan aprovechar gratuitamente de los esfuerzos realizados por la empresa innovadora.

    Las empresas, pueden mantener los resultados en secreto, a través del «secreto industrial” pero siempre han de valorar la protección que otorgan los títulos de propiedad industrial, ya que si bien publican la invención y cómo se llega a ella, bloquean a cualquier competidor que pueda llegar a idéntica solución técnica, permitiendo sacar una mayor rentabilidad a las inversiones realizadas, por la vía de la concesión de licencias sobre la invención objeto de patente, y todo ello, sin olvidar la repercusión y visibilidad que otorga al inventor.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: tuppus (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • La regulación del dopaje en el deporte

    La regulación del dopaje en el deporte

    Hoy en día todo el mundo conoce la práctica del dopaje en el deporte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, incluso el dopaje en ámbitos reducidos como en gimnasios. Socialmente esta ejercicio es considerado como una lacra que afecta a diversos bienes jurídicos que son dignos de protección, como pueden ser la salud de los deportistas, el juego limpio y su dimensión ética. Pero, ¿alguien conoce de donde proviene la palabra “dopaje”?

    Parece ser, que la palabra dopaje, proviene de una lengua hablada en una tribu Zulú de la costa este de África del Sur, que utilizaba una bebida denominada “dop”, la cual poseía propiedades estimulantes y proporcionaba más fuerza para poder luchar en las batallas. Esta palabra fue adoptada por los ingleses a finales del S. XIX para hacer referencia a la administración de drogas a los caballos de carreras, y con posterioridad, acabo utilizándose para el mundo deportivo.

    Como se puede comprobar, de lo establecido en el párrafo precedente el dopaje no es un fenómeno reciente, sino que la utilización de sustancias para mejorar la marca, o para obtener un mejor rendimiento deportivo, es casi tan antigua como el deporte de competición. Por ejemplo, en competiciones datadas de antes de Jesucristo, los atletas utilizaban dietas especiales y pociones estimulantes para fortificarse.

    Otros ejemplos que podemos encontrar datan de 1928, ya que la Federación Internacional de Atletismo fue el primer organismo que prohibió el uso de sustancias estimulantes, por encontrarse un suceso de tales características dentro de la competición. En la celebración de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, el ciclista Knud Jensen, murió en plena competición y los resultados de la autopsia revelaron que había ingerido anfetaminas, de ahí que salió a la luz que el uso de hormonas sintéticas, como la testosterona, era una práctica cada vez más habitual dentro del mundo deportivo. Otro momento que se considera de gran importancia en la evolución de la lucha contra el dopaje fue el positivo de Ben Johnson, atleta canadiense, en los juegos olímpicos de Seul en 1988, este deportista fue vencedor en los 100 metros lisos, consiguiendo la medalla de oro, pero cuando se le realizó la prueba para detectar sustancias extrañas en su cuerpo se detecto que en su orina había un esteroide anabolizante prohibido, el estanozolol, momento en el que se le retiró la medalla conseguida.

    Todos estos escándalos a lo largo de la historia, no hicieron más que afirmar que se necesitaba crear un organismo independiente para la lucha contra el dopaje, y así unificar los esfuerzos de todas las autoridades, creándose en 1999 “La Agencia Mundial Antidopaje”

    La Agencia Mundial Antidopaje es un organismo independiente con un estatuto de Fundación privada, formada por representantes de organizaciones deportivas y de gobiernos de diferentes países del mundo, que se creó en Lausana, Suiza, el 10 de noviembre de 1999, a raíz del escándalo del Tour de Francia de 1998 y demás escándalos, para promover y coordinar los valores positivos en el deporte, y la lucha contra el dopaje en todo el mundo y en todas las formas. Es necesario establecer, que a la Agencia Mundial Antidopaje se le denomina con las siglas AMA (del francés “Agence Mondiale Antidopaje”) y WADA (del inglés “World Antidoping Agency”).

    Una vez que se creó este organismo, en Octubre de 2005, la UNESCO, celebró en Paris la Convención Internacional contra dopaje en el deporte. Aprobándose en dicha convención, el Código Mundial Antidopaje.

    ¿Qué es el DOPAJE según el Código Mundial Antidopaje?

    Estamos en presencia de esta figura cuando se producen una o varias de estas situaciones;

    1. Cuando se detecta la presencia de una sustancia prohibida o de los metabolitos o marcadores de esa sustancia en el cuerpo de un deportista.

    2. Cuando se utiliza una sustancia prohibida.

    3. Cuando un deportista se niega a someterse a un control de dopaje o injustificadamente no acude a someterse a un control de dopaje después de haber sido notificado.

    4. cuando se hacen o se intentan hacer trampas cuando se está sometiendo al control de dopaje.

    5. Cuando el deportista o el personal auxiliar del deportista se halla en posesión, administra o trafica con cualquier sustancia prohibida, siempre y cuando el deportista tenga una autorización expresa para utilizarlo por parte de la autoridad de control de dopaje.

    6. Cuando se administra o intenta administrar una sustancia o un método de los que se considera prohibido, a un deportista o cuando se asiste, incita, contribuye, instiga, intenta disimular o se intenta en definitiva que el deportista se dope.

    Por lo tanto, de todo lo anteriormente expuesto se establece que el dopaje es la administración o la utilización por una persona sana, de sustancias de naturaleza extraña al organismo o de sustancias fisiológicas en cantidades incrementadas o por vías anormales, siendo su único fin el de aumentar de forma artificial e ilegal el rendimiento de esa persona para participar en una competición, de cualquier índole.

    ¿Por qué está prohibido? Por tres motivos básicamente, el primero es un motivo ético, el doping va en contra de uno de los principios esenciales que caracterizan al deporte, esto es, el juego limpio, y una competición justa y equitativa. El segundo es un motivo de salud, la utilización de todos estos productos, no hacen sino perjudicar la salud del deportista, aunque inicialmente puedan observarse efectos favorables en el rendimiento deportivos, pero muchas sustancias consideradas doping poseen efectos secundarios nocivos, ya sea a corto o largo plazo. Y por ultimo un motivo legal, tanto las Federaciones como el Comité Olímpico Internacional han prohibido expresamente el uso de sustancias dopantes.

    La regulación en materia de dopaje

    Cuando se aprobó la Ley del Deporte en el año 1990 (Ley 10/1990) supuso ya una lucha contra el Dopaje en el Deporte, pero no contaba con los métodos suficientes para combatir esta práctica. Son dos las leyes orgánicas fundamentales que han regulado el dopaje en España, la primera fue la Ley Orgánica 7/2006 de 21 de Noviembre de Protección de la Salud y de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte, supuso un hito fundamental en la historia de la lucha contra el dopaje en el ordenamiento jurídico, hoy en día está ya derogada. Esta norma contenía un completo sistema de disposiciones que conceptuaban el dopaje como una lacra, que afectaba a diversos bienes jurídicos, además de contener importantes disposiciones relacionadas con la protección de la salud, que hoy en día deben de ser reforzadas, por una clara evolución de las practicas detectadas en materia de deporte. Y se hace necesario un control más exhaustivo para combatir de manera más eficaz el dopaje en el deporte.

    En la actualidad, se ha aprobado y entrado en vigor la Ley 3/2013 de 20 de Junio de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Siendo la intención del legislador incluir un potente sistema de protección de la salud, para quienes realicen cualquier actividad deportiva. Esta nueva ley trata de configurar el dopaje desde una perspectiva integral y como un elemento más dentro del sistema de protección de la salud de los deportistas. Esta ley, supera el nivel de protección del deportista y lucha contra el dopaje, establecido por la Ley Organica 7/2006.

    Esta nueva ley, adopta la normativa española al Código Mundial Antidopaje, estableciendo una nueva regulación integra del marco jurídico aplicable a la protección a la salud y a la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Asimismo con la ya mencionada ley, se crea un organismo de carácter nacional, que es la Agencia Española de Protección de la salud en el Deporte, esta organismo es una Agencia Estatal de las previstas en la Ley 28/2006 de 18 de julio de las Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, y se configura como el organismo público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte.

    Con esta nueva ley lo que se pretende es que los responsables de la lucha contra el dopaje puedan dirigir sus esfuerzos, a los grupos deportivos de mayor riesgo, por lo tanto, lo que se trata es de realizar una correcta planificación y ejecución de los controles, y no tanto de realizar un número elevado de los mismos. Por lo tanto, algunas de las medidas que se contienen en la ley se dirigen solo a los grupos de mayor riesgo, pero también la norma contiene un buen numero de medidas que se dirigen a la población que practica cualquier tipo de actividad deportiva, ya sea por puro ocio o por razones de competición.

    Los controles para detectar el dopaje

    Cuando hablamos de controles, existen dos tipos de controles de dopaje, el primero son los controles de competición y el segundo son los de fuera de competición, estos últimos hacen referencia a los que se pueden llevar a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar de entrenamiento, tanto en el propio domicilio del deportista o en cualquier lugar

    El alcance y forma de realización de ambas modalidades de control se determinará reglamentariamente, y siempre se procurará una adecuada conciliación de los derechos fundamentales de los deportistas y las necesidades materiales de la Agencia Española de protección de la salud en el deporte, particularmente en lo que se refiere a la realización de controles fuera de competición, pues que tanto los deportistas, como los entrenadores tanto federativos o personales, los equipos los clubes y los directivos deberán facilitar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, los datos que permitan la localización habitual de los deportistas, para que se puedan realizar los controles de dopaje. Esta información se incluirá en un fichero en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que podrán ser cedidos para la realización de sus funciones, previa justificación de dicha inclusión. Esta cesión se podrá realizar para la planificación, coordinación o realización de controles, debiendo ser destruida cuando ya no sea útil para dichos fines.

    Es necesario establecer que los deportistas, sus entrenadores, médicos y demás personal sanitario así como los directivos de los clubes y restantes personas del entorno del deportista indicaran en el momento en que aquellos pasen los controles de dopaje los tratamientos médicos a que estén sometidos, los responsables de los mismos, y el alcance del tratamiento.

    Por tanto, y haciendo referencia a lo que se ha establecido en los párrafos precedentes, un control de dopaje consiste en decidir el nombre del deportista o deportistas al que se va a someter a un control de dopaje, se recoge una muestra de sangre u orina, y se transporta con las medidas de seguridad establecidas para ello a un laboratorio de control de dopaje acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, con el objeto de detectar sustancias o métodos incluidos en la lista prohibida. En el momento que se encuentre una sustancia de las listas prohibidas el deportista será sancionado, según el régimen sancionador establecido en la Ley 3/2013.

    Como curiosidad, un deportista puede verse sometido a dos controles de dopaje por dos organismos diferentes, por ejemplo la Federación Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje, casi al mismo tiempo. No suele ser lo frecuente, pero está permitido, puesto que los diferentes organismos de control de dopaje están coordinados para que esto no ocurra. El único motivo de esta práctica, es que los deportistas tramposos tengan la tentación de utilizar sustancias prohibidas en los días posteriores al que se les haya realizado un control de dopaje, porque piensen que no se les va a volver a someter a un nuevo control de dopaje en varias semanas. Por lo tanto, un deportista no puede negarse a que le hagan varios controles de dopaje separados por poco tiempo.

    Hay que apuntar que la resistencia o negativa, sin justificación valida, a someterse a los controles de dopaje, dentro y fuera de la competición, así como la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y demás conductas que por acción u omisión, eviten impidan la realización de los controles de dopaje y serán sancionados de igual forma que si hubiese obtenido un positivo.

    La lista prohibida

    La lista prohibida es una norma internacional que establece la relación de sustancias y métodos prohibidos durante y fuera de las competiciones. La lista indica si en ciertos deportes se prohíbe alguna sustancia en particular, y si algunas de esas sustancias pueden ser utilizadas por algunas deportistas bajo la autorización médica estricta y fundamentada.

    Esta lista es creada para los deportistas de nivel internacional la AMA, para los deportistas de nivel nacional la lista la crean para cada país los Organismos Nacionales Antidopaje, en España, la Comisión Nacional Antidopaje, pero hay que apuntar que la lista prohibida en España es prácticamente idéntica a la de la AMA.

    ¿Qué características debe tener una sustancia o método para entrar a formar parte de esta Lista? En principio deberá cumplir dos de estas tres características, la primera es que se demuestre que mejora la marca deportiva, segundo, que sea perjudicial para la salud y tercera, que sea contrario al espíritu deportivo, además se podrá incluir en esta lista a las sustancias que enmascaren la utilización de sustancias prohibidas.

    Esta lista tiene que publicarse, puesto que en el marco de compromisos y obligaciones de carácter internacional que España ha asumido, el Consejo Superior de Deportes, se obliga a publicar en el BOE de forma anual, la lusta de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Además de publicarse de forma anual, en el momento que se produzca algún cambio o modificación, se publicará nuevamente la misma.

    Dentro de la lista encontramos agentes anabolizantes, como esteroides, anabolizantes Androgenicos, también otros agentes anabolizantes que incluyen pero no se limitan como el clenbuterol, que es un modulador selectivo del receptor de andrógeno. Además las hormonas petidicas, factores de crecimiento y sustancias afines, los agonistas beta, los moduladores hormonales y metabólicos, los diuréticos y otros agentes enmascarantes.

    En la lista, además de numerar todas las sustancias que se consideran como prohibidas, se encuentran los métodos que se consideran contrarios a la buena práctica del deporte. Dentro de estos, tenemos la manipulación de sangre y sus componentes sanguíneos, como por ejemplo la administración o reintroducción de cualquier cantidad de sangre autologa, la mejora artificial de la captación, el transporte o transferencia de oxigeno o cualquier forma de manipulación intravascular de la sangre o los componentes sanguíneos.

    Janire_Ruiz

    Janire Ruiz de Gordejuela
    Departamento Jurídico

    Foto: col&tasha (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • Conociendo el derecho de autor

    Conociendo el derecho de autor

    La ley, entrando en la esencia misma de la institución, define la Propiedad Intelectual como un derecho integrado por facultades de carácter personal y patrimonial, que atribuye al autor la disposición y explotación de la obra.

    Sus prerrogativas personales (su derecho moral) se encuentran recogidas de forma expresa en el texto legal, como base de las facultades de índole patrimonial, que también le corresponden, por lo que es acertado atribuir al autor, la plena disposición de su creación.

    El derecho patrimonial sobre la misma, no se limita únicamente a la facultad del autor de explotar la obra, sino que se erige como un derecho exclusivo, el derecho a ser el único que pueda llevar a cabo dicha explotación, que podrá ejercitarse, por sí mismo, o a través de aquéllos con quienes lo convenga.

    1. Adquisición de los derechos

    La Ley, confiere estos derechos al autor, por el sólo hecho de su creación. Es decir, no exige ningún requisito formal ni material, ni la inscripción de la obra, ni su registro (diferencia fundamental de la propiedad industrial), ni su fijación en un soporte determinado, ni siquiera haber sido publicada, para otorgar su protección. La única salvedad a este respecto, es el cumplimiento de ciertas características relativas a la paternidad y a la materialización de la obra que a continuación se expondrán.

    Por tanto, el hecho de la creación es el que convierte al titular de la obra en titular de la propiedad intelectual, y le atribuye las facultades personales y patrimoniales, sin cumplir ningún otro requisito complementario.

    A efectos de dicha autoría, además, se genera una presunción legal de cara a la prueba de paternidad de la obra, siendo que se presumirá autor, salvo prueba en contra, a quien aparezca como tal en la creación, mediante su nombre, firma, o signo que lo identifique.

    2. Creaciones protegidas

    El art.10 de la Ley, contiene una declaración en la que incluye los grupos de obras a las que alcanza la protección jurídica de la propiedad intelectual, que son “las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.

    a) La LPI, por tanto, exige únicamente para proteger las creaciones literarias, artísticas o científicas, y a sus autores que:

    b) La obra cumpla el requisito de la originalidad, cuyo significado y alcance, ha sido muy debatido, inclinándose la doctrina mayoritaria por considerarlo como el hecho de que la obra pertenezca efectivamente al autor, es decir, que sea obra suya, y no copia de la obra de otro.

    La obra sea expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, no quedando protegidas las ideas sino su materialización.

    3. El derecho de autor, y los derechos afines al derecho de autor

    a) El autor como titular originario

    La propiedad intelectual consagra y garantiza el derecho exclusivo de los autores, siendo esencialmente una institución dedicada a tutelar los intereses espirituales y económicos del autor.

    Cualquier otra protección (como la que efectivamente presta a los intérpretes y ejecutantes, a los productores de medios y de reproducción y multiplicación, a los empresarios de la divulgación, difusión o publicación o representación de la obra y a los derechohabientes del autor mismo), se concibe como derivada de la que corresponde al autor, y tiene su fundamento y razón de ser en el derecho reconocido al autor.

    Por tanto, se podría decir que el autor es el titular originario, de la propiedad intelectual.

    b) Los derechos conexos, vecinos o afines a los del autor

    Con esta denominación se recogen como objeto de protección ciertas manifestaciones personales o técnico-empresariales, que no constituyen una creación literaria, artística o científica, pero sí vinculación con la difusión de las obras de ingenio, que son:

    * El derecho de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

    * El derecho de los Productores

    * El derecho de los organismos de radiodifusión

    A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras.

    4. Duración de los derechos de autor

    Como norma general, la duración de las facultades de los derechos de autor en nuestra normativa nacional, es de la vida del autor y 70 años después de su muerte.

    5. Derechos que ostenta el autor de la obra protegida

    a) Contenido económico del derecho de explotación

    Los derechos de propiedad intelectual bloquean la utilización de la creación protegida, habida cuenta que la obra sólo puede ser explotada por el autor o sus causahabientes.

    Y en este aspecto, dichos derechos, son considerados como verdaderos monopolios, suspendiendo la competencia sobre ese bien concreto: la creación.

    Ese es el verdadero valor económico de la obra.

    Por tanto, no se trata tan sólo de una simple facultad de obtener retribuciones económicas de cualquiera que reproduzca la creación, ni si quiera sólo de la facultad de autorizar la misma, sino que la exclusiva se materializa en que únicamente su titular está facultado para realizar dicha explotación, siendo que cualquier otro que realice dicha actividad, para hacerlo de manera lícita, deberá aparecer como causahabiente, bien por ser su sucesor, bien por haber obtenido de él una cesión o licencia de derecho.

    Por ello, los derechos de propiedad intelectual son derechos de exclusión, puesto que además de un sentido positivo (sólo el titular puede realizar la explotación o autorizar para que exploten la obra), posee un sentido negativo, que se materializa en la facultad de impedir a los demás el disfrute de la cosa de la que es dueño.

    Además de las facultades que confiere el derecho de explotación de la obra, la ley reconoce al autor unos derechos denominados derechos de remuneración equitativa, que se regulan para situaciones que se conocen como límites al derecho de los autores, y que permiten determinadas utilizaciones de las obras, sin autorización del titular, con la contrapartida, por parte de los beneficiarios de dichas limitaciones, de satisfacer al titular una remuneración equitativa.

    Dentro de la vertiente patrimonial del derecho de autor, nos encontramos con el reconocimiento legal de las siguientes facultades:

    * Derecho de reproducción. Se entiende por reproducción, la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, en cualquier forma, de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella.

    * Derecho de distribución. Se trata en este caso, de la puesta a disposición del público del original o copias de la obra, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

    * Derecho de comunicación pública. Se define, como todo acto por el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares a cada uno de ellas

    * Derecho de transformación. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

    Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación, corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.

    b) Contenido del derecho moral

    Ese derecho moral del autor, que hemos venido mencionando, se materializa en una serie de facultades que son:

    * Derecho de disposición de la obra, que le faculta para decidir si la obra ha de ser publicada y cómo.

    * Determinación de la designación del autor con su nombre, bajo seudónimo o de manera anónima.

    * Reconocimiento de la paternidad de la obra

    * Respeto de la integridad de la obra

    * Facultad de modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural

    * Derecho de arrepentimiento, que consiste en retirar la obra de comercio por cambio de sus convicciones, intelectuales o morales, previa indemnización de los daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación.

    * Derecho a acceder al ejemplar único de la obra en poder de otro

    6. Conclusión

    Todo autor, sea cual fuere el tipo de obra que cree, ha de conocer el contenido y límites de los derechos que le otorga su condición como tal.

    El sistema del derecho de autor, se diferencia fundamentalmente del de copyright, en que el primero centra más su atención en la protección de quien crea, y el segundo en la creación propiamente dicha, y es por ello, que nuestra regulación, enumera una serie de facultades morales que asisten al autor, por el mero hecho de serlo, más amplia que el sistema de copyright.

    No obstante, para apreciar la manifestación monopolística de los derechos de propiedad intelectual hay que situarse dentro de su contenido patrimonial, es decir, en aquel sector de facultades que tienden a reservar a su titular las posibilidades de lucro que se deriven de reproducir o materializar su creación.

    En todo caso, el conjunto de todas ellas, describen el sistema jurídico aplicable en protección de quien crea.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: dfulmer (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

     

  • El Patrocinio Deportivo

    El Patrocinio Deportivo

    Es bien conocido por todos el enorme desarrollo experimentado por el mundo deportivo en los últimos años. Este desarrollo no solo se circunscribe a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esta expansión en la actividad deportiva ha generado un importante crecimiento económico; por ejemplo hace 35 años el Comité Olímpico Internacional estaba en bancarrota y actualmente mueve cantidades ingentes de dinero. El deporte se considera un fenómeno social que continua en expansión, puesto que es una fuente de entretenimiento global que traspasa fronteras. Así, lo que hoy entendemos por deporte o “deporte moderno” es un producto cultural que surgió en Inglaterra a principios del Siglo XIX.

    Dependiendo del volumen y de la repercusión mediática del deporte, la influencia en la sociedad del mismo varia, por ejemplo el futbol equivaldría a la 17ª economía mundial. En España existen 42 empresas dedicadas a este sector del deporte, existen dos competiciones nacionales a nivel profesional, como son la LIGA BBVA y la LIGA ADELANTE, genera 85.000 empleos directos e indirectos, 14 millones de espectadores acuden a los estadios para ver a sus equipos y genera un impacto superior a 10.000 millones, suponiendo esto un 1,7% del PIB general y un 2,5% del PIB del sector servicios, por ultimo mencionar que genera 2.117 millones de ingresos y produce 1.947 millones en gastos.

    Es evidente a todas luces que el elevado nivel que presenta en la actualidad el deporte, no seria posible sin la financiación publica, incluso se puede llegar a indicar que el fomento del deporte pivota en su totalidad en fondos que provienen de la Administración. Pero esto no es un misterio puesto que cuando se redacto la Constitución Española, hace ahora 35 años, se incluyo en su artículo 43.3 que los poderes públicos venían obligados a promocionar, fomentar y subvencionar el deporte.

    Huelga decir que con la política de subvenciones por parte de los poderes públicos no se soluciona el problema de la escasa financiación de los equipos deportivos, tanto profesionales como amateurs. Por ello, hoy mas de la mitad de los clubes de futbol se encuentran en situación concursal. Debido a esta situación económica, desastrosa, unida con la crisis económica que existe en la actualidad, se hace necesario que las entidades privadas accedan al sostenimiento económico del deporte, entendiendo esta modalidad como patrocinio deportivo.

    ¿Qué es el patrocinio deportivo?

    El patrocinio publicitario se recoge en el artículo 24 de la Ley 34/1988 de 1 de noviembre General de Publicidad como aquel contrato por el que el patrocinado a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica de cualquier índole se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Por lo tanto el patrocinio deportivo se especializa en el deporte así como en todos los valores que este pueda transmitir asociando una marca o producto a un club, deportista, evento, ya sea profesional o amateur. Se puede establecer que es un intercambio entre dos sujetos que se consideran principales, esto es, se considera una relación muy beneficiosa para ambas partes ya que ofrece a equipos y deportistas el sustento necesario para el ejercicio de su actividad y para las empresas patrocinadoras supone una penetración en el mercado que no se encuentra disponible en otros ámbitos.

    La doctrina ha venido denominando a este tipo de patrocinio publicitario como esponsorización, y así se distingue del mecenazgo, este último hace referencia al patrocinio en el que el patrocinado no tiene el compromiso de colaborar en la publicidad del patrocinador. Es conveniente que se haga una mención al convenio de colaboración empresarial, se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, aquel por el cual diferentes entidades a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.

    Los beneficios de un correcto patrocinio pueden aumentar exponencialmente el reconocimiento de la marca patrocinadora, por ejemplo, la apuesta realizada por Nike al inicio de la carrera deportiva de Michael Jordan, fue el detonante de su reconocimiento a nivel mundial. Por ello, muchas marcas ligan su imagen con la de jóvenes promesas en distintas disciplinas deportivas. Por ejemplo, y haciendo referencia al mundo del golf, Sergio García quien fue uno de los mejores jugadores amateur de golf a nivel mundial, nada más dar el salto al mundo profesional fue fichado con un suculento contrato publicitario por parte de la marca Adidas.

    El patrocinio se considera para muchos deportistas, clubes, equipos, asociaciones una de sus principales fuente de ingresos, sin contar las subvenciones públicas. Y para las empresas patrocinadoras, en cambio, supone no solo un refuerzo de su marca, sino también una asociación de su imagen a los valores reflejados por la actividad deportiva.

    El quid de la cuestión es que los eventos deportivos o espectáculos, ofrecen a las marcas una presencia en determinados momentos que son muy beneficiosos para las mismas, y que en otro ámbito no se pueden ofrecer. El patrocinio deportivo aporta a la empresa patrocinadora una repercusión mediática mas económica que la publicidad directa vía campañas promocionales, por ejemplo, Fly Emirates va a abonar 150 millones de euros al Real Madrid para que su marca aparezca en la camiseta de este equipo deportivo en la próximas cinco temporadas.

    Asimismo la asociación de marcas a ciertos deportistas o equipos deportivos puede influir en los hábitos de consumo de los potenciales consumidores y usuarios, por ejemplo H&S ha asociado su marca a la imagen de Iker Casillas, capitán del Real Madrid. Con la finalidad de que los seguidores que este jugador tenga, adquieran este producto de higiene capilar en concreto.

    ¿Existen incentivos fiscales al patrocinio?

    Como he comentado anteriormente la inversión que la Administración puede realizar a los equipos o clubes deportivos no es suficiente para financiar su actividad. Es por ello, por lo que se debe encontrar una solución para que entidades privadas decidan fomentar e incentivar de forma económica tanto el deporte profesional como amateur.

    Es necesario por ello recorrer la historia y los antecedentes del tratamiento fiscal al patrocinio deportivo, y por ello hay que hacer referencia a las distintas leyes que han regulado esta actividad.

    La primera de ellas, es la Ley 77/1961 de 23 de diciembre la cual mencionaba la Educación Física, (como curiosidad he de decir que hasta que no se creó la actual ley del deporte de 1990 nunca se había utilizado la palabra deporte, siempre se hacía mención a la educación física o cultura física y deporte). Esta ley regulaba en su Capitulo X los beneficios e incentivos fiscales de deporte, mientras que otorgaba la consideración de gasto deducible a “las cantidades que las empresas dediquen a actividades deportivas de los grupos y sociedades integrados por el personal que preste sus servicios en aquellas siempre que dichas actividades no traspasen el ejercicio del deporte con carácter de aficionado”.

    La segunda ley, es la Ley 61/1978 de 27 de diciembre del Impuesto de sociedades.

    La tercera ley, es la ley 13/1980 de 31 de marzo General de la Cultura Física y el Deporte, la cual señalaba “Las cantidades que las empresas mercantiles donen a las entidades deportivas calificadas de utilidad pública tendrán la consideración de gasto deducible, según lo dispuesto en la letra m) del artículo 13 de la Ley del Impuesto de Sociedades de 27 de diciembre de 1978”

    La cuarta ley que se creo, fue la Ley 12/1998 es la primera ley en la que verdaderamente se estableció un incentivo fiscal para las actividades deportivas.

    Y por último, como he comentado en párrafos precedentes, nos encontramos con la actual ley del deporte, Ley 10/1990 de 15 de octubre del deporte, por fin, encontramos una ley que hace una mención expresa al deporte, y no a la actividad física o a la cultura del deporte. En esta ley, los incentivos fiscales se encuentran regulados en el artículo 28 “Tendrán consideración de gastos fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre sociedades, además de los establecidos con carácter general, en la legislación tributaria, aquellas que las Sociedades Anónimas Deportivas acrediten haber realizado, para la promoción y desarrollo de las actividades deportivas no profesionales, en Clubes Deportivos con los que hayan establecido vinculo contractual oneroso, siendo necesario para la realización del objeto y finalidad de dicha sociedad”

    Así ha quedado establecido que los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, pueden en la determinación de su base imponible, podrán considerar como gasto deducible, las cantidades que aporten en concepto de patrocinio publicitario, como si fuese cualquier otro gasto en publicidad. En este momento surge la siguiente pregunta ¿Cuánto puedo deducirme? La cuantía de deducción no se encuentra sujeta a límites, puesto que las bases imponibles negativas son compensables con las rentas positivas que se produzcan en los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos.

    Conclusiones

    El patrocinio deportivo es una potente fuente de publicidad para las empresas patrocinadoras, ya que no solo obtienen un refuerzo de su marca al asociarla con una determinada disciplina deportiva, sino que consiguen estar presentes en eventos, partidos, carreras que mediante otras vías de promoción no se consiguen.

    Muchas mercantiles y sociedades, deberían tener en cuenta que mediante el patrocinio deportivo generan publicidad para su propia marca ligando su imagen a un deportista, o equipo deportivo, ayudándole a su vez a obtener financiación no solo están puesto que la inversión pública no es fuente de ingresos suficientes.

    Por ultimo, el patrocinio publicitario en el ámbito deportivo obtiene un tratamiento fiscal positivo en la normativa del Impuesto de Sociedades, puesto que al ser considerado un gasto de publicidad, tiene la consideración de deducible en la determinación de la base imponible. Es por esto, por lo que el ahorro fiscal para las personas jurídicas que patrocinan se establecerá como un porcentaje del patrocinio igual al tipo de gravamen que corresponda en cada caso.

    Janire_Ruiz

    Janire Ruiz de Gordejuela
    Departamento Jurídico

    Foto: jonmsilver (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

     

  • El FOGASA dejará de pagar los 8 días de indemnización en las empresas de menos de 25 trabajadores

    El FOGASA dejará de pagar los 8 días de indemnización en las empresas de menos de 25 trabajadores

    El pasado 12 de Diciembre se votó en el Senado una enmienda del grupo popular al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014 que elimina el pago directo por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de ocho días de indemnización en los despidos de trabajadores con contrato indefinido en las empresas de menos de 25 trabajadores.

    La enmienda establece que «con efectos a 1 de enero del 2014 y vigencia indefinida» se suprime el apartado 8 del artículo 33 del real decreto legislativo del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que dice lo siguiente: «En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores, cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley Concursal, el Fondo de Garantía Salarial abonará al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año».

    A fecha de hoy, se desconoce el alcance y repercusión que tendrá la presente modificación legislativa, así como si será aplicada con efectos retroactivos a los expedientes ya presentados y no resueltos.

    Desde Grupo Eurotax mantendremos un seguimiento de esta importante modificación, que afecta a gran número de nuestros clientes, ampliándoles esta información una vez sea publicada en el Boletín correspondiente.

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: MTAPhotos (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

  • La defensa de la marca como protección de la identidad

    La defensa de la marca como protección de la identidad

    Todas las empresas, sea cual fuere su tamaño, disponen de un patrimonio intangible que merece ser considerado y protegido. Estos activos, generados por el ser humano y su creatividad, son los que constituyen el capital intelectual, habiéndose convertido LA MARCA, en el activo más valioso de las empresas.

    No obstante, aquellas mercantiles que no deseen protegerlo, han de ser conscientes de su obligación de respetar los derechos de propiedad industrial, titularidad de terceros, por lo que mantener la sociedad al margen de la legislación en dicha materia, es entrar en un juego que entraña riesgos ingentes, que puede llevar aparejada la imposición de sanciones y elevadas reclamaciones, e incluso la paralización de la actividad social.

    1. La marca: concepto, protección y derechos que confiere

    Con carácter previo a entrar a valorar el fondo que pone título a este post, nos referiremos al concepto, entendiéndose por marca, todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

    La adquisición de los derechos sobre la marca, en nuestra legislación, se produce con el registro válidamente efectuado de conformidad con la Ley, otorgándose el mismo, por un periodo de diez años desde la presentación de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de diez años indefinidamente.

    Los derechos que confiere la marca a su titular, tienen una doble vertiente: activa y pasiva. Activa, por cuanto que facultan a su titular para su explotación y utilización en el tráfico económico para la diferenciación de sus productos o servicios, y pasiva por cuanto que facultan a su titular para impedir el registro y utilización de nuevas marcas idénticas o semejantes (tanto en denominación como en representación) para la comercialización de productos o servicios idénticos o semejantes, e incluso para productos o servicios distintos en caso de tratarse de marcas notorias y renombradas.

    Y es precisamente una facultad que otorga esta segunda vertiente, la que legitima al titular de la marca, para iniciar el correspondiente procedimiento por infracción de marca, valiéndose para ello, de las acciones que se expondrán a continuación.

    2. Acción de cesación de los actos que violen su derecho

    Esta pretensión recogida en el artículo 41.1.a LMa, permite reprimir las consecuencias de la vulneración del derecho que confiere el registro de marca, evitando que continúen produciéndose, e incluso, evitando que puedan llegar a tener lugar.

    La estimación de la presente acción, procede en base a dos requisitos objetivos que son: que se haya producido efectivamente la vulneración de la marca (ha de acreditar dicho extremo el actor), y que exista peligro de continuidad de violación, de que en el futuro vuelva a repetirse la misma, siendo que en el caso de que el demandado sea un empresario, cabe presumir el riesgo de repetición, precisamente por el carácter de continuidad indefinida de la actividad empresarial, salvo que demuestre que ha sido un hecho aislado.

    Si el juzgador estima la pretensión del actor, y declara la existencia de violación en el derecho marcario del demandante, podrá declarar tanto la paralización de las actuaciones que se estaban llevando a cabo, como la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga dicha violación.

    3. La indemnización de daños y perjuicios

    El artículo 41.1.b LMa recoge la posibilidad del titular de la marca registrada que ha visto violados sus derechos, de entablar la acción de daños y perjuicios ocasionados por la infracción, siendo que regula en los artículos 42 LMa y siguientes, los presupuestos, cuantificación y tipos de indemnizaciones y responsabilidades.

    Responsabilidad objetiva en supuestos de infracción de marca (art.42.1 LMa)

    Se delimita la responsabilidad objetiva, y por tanto, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados, aquellos que cometan alguno de los siguientes actos:

    – Utilicen sin consentimiento de su titular, cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.

    – Utilicen sin el consentimiento de su titular, el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

    – Los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.

    Por tanto, una vez acreditado que alguno de los actos anteriormente descritos, efectivamente se ha realizado, supondrá automáticamente la responsabilidad del infractor, sin necesidad de que se deba realizar, conducta o acción alguna por parte del actor.

    Responsabilidad subjetiva en supuestos de infracción de marca (art.42.2 LMa)

    La responsabilidad subjetiva, a diferencia de la objetiva, se delimita para cualquier otra violación de derechos de marca registrada distinta a las citadas anteriormente, esto es, a los supuestos 34.3 b),d) y e) LMa, y se derivará responsabilidad:

    – Cuando el titular de la marca haya realizado advertencia fehaciente de la violación del derecho, con la identificación de marca, y el requerimiento de cese en dicha actuación. Una vez realizada la comunicación al infractor, éste debe cesar en el uso de la marca, aunque no exista una sentencia que expresamente indique que la infracción de marca existe.

    – Cuando medie culpa o negligencia en la actuación del infractor (entendida como la especial falta de diligencia del infractor que emplea una marca sabiendo que se trata de un signo registrado, y precisamente este conocimiento, exime al actor de realizar el requerimiento previo).

    – Cuando se trate de una marca notoria o renombrada, en cuyo caso, precisamente por el carácter especial de dicha marca, conocida por el consumidor medio y por tanto, por el empresario diligente, se exime igualmente del requisito de la comunicación fehaciente.

    Daños y perjuicios cuantificables y reglas para cuantificarlo

    El art. 43 LMa, recoge que podrán ser reclamados a través de esta acción:

    – Las pérdidas sufridas

    – Las ganancias dejadas de obtener

    – El perjuicio causado al prestigio de la marca

    – Los gastos de investigación para acreditar la comisión de la infracción

    – El daño moral

    La dificultad de cuantificar dichas partidas, radica en la prueba para acreditar, tanto su existencia como su valoración, por lo que se permite al actor, solicitar del infractor la exhibición documental que crea pertinente.

    No obstante, el propio precepto, indica unos hitos a tener en cuenta para la valoración de dichas partidas indemnizables, como son la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

    Indemnización ope legis

    Precisamente, debido a la dificultad probatoria que supone el acreditar las partidas indemnizables, la propia LMa, en el último apartado del art.43, recoge una “fictio iuris”, mediante la cual se llega a la conclusión de que al titular al que se le haya reconocido la infracción de los derechos de marca registrada, necesariamente se le han ocasionado unos daños y perjuicios, por lo que en todo caso, tiene derecho a percibir por dicho concepto, “el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, con los productos o servicios ilícitamente marcados”, sin necesidad de prueba alguna, esto es, simplemente acreditando que la violación de los derechos de marca nacional registrada, han sido vulnerados.

    Como se ha dicho en líneas anteriores, si el titular del derecho, acredita que los daños y perjuicios ocasionados, han sido superiores, podrá reclamar el exceso.

    Los requisitos para la efectividad del canon son:

    – Declaración judicial de violación de marca

    – Acreditación por parte del titular de la marca del montante del negocio realizado por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

    4. La indemnización coercitiva

    Con el objetivo de proteger al titular de la marca, la LMa incorpora una medida, en aras a evitar que se perpetúen en el mercado los actos de infracción de marca, una vez que los Tribunales ya han condenado al infractor a la cesación de los actos de violación, estableciendo que se fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

    5. La acción de remoción

    Las pretensiones recogidas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del art.41 LMa, van dirigidas a eliminar o remover los efectos residuales en los que se materializa la violación del derecho, así como a conseguir que cese su repetición en el futuro.

    Es decir, lo que se consigue con estas medidas, es precisamente satisfacer el interés del titular de marca registrada, en que sea ordenada la retirada del tráfico económico de todo aquello que habiendo servido para la violación de su derecho, pueda continuar produciendo efectos perjudiciales cuando son idóneos para ello.

    Los requisitos para su estimación son:

    Que el actor acredite la comisión de la violación del derecho de marca.

    Que subsistan los medios que resultaren de la vulneración del derecho.

    Las medidas que se adopten han de ser objetivamente adecuadas para eliminar los efectos de la infracción del derecho de marca, y ser proporcionadas.

     6. La publicación de la sentencia

    El titular del derecho de marca violado, puede solicitar del órgano jurisdiccional que se publique a costa del demandado, la sentencia que estime la violación del derecho.

    No obstante, si el juzgado no declara dicha condena a la publicación, el litigante que haya visto estimadas sus pretensiones en el litigio, puede proceder a difundir la sentencia firme, a su costa.

     7. Conclusión

    Las empresas, especialmente las de nueva creación, realizan inversiones elevadas (económicas y de tiempo) para dar a conocer sus productos o servicios, para concienciar sobre sus características, y hacer que se asocien e identifiquen bajo una identidad, la marca que se ha creado para ello.

    Es signo de distinción y de competitividad asociada a una empresa, y las inversiones dirigidas a dicho fin, pueden caer en saco roto, de no proceder al registro y protección de la misma, puesto que si un tercero la registra, adquirirá los derechos de explotación, y podrá solicitar el cese de cualquier actividad para la que haya registrado el signo distintivo, beneficiándose además, de los esfuerzos que la empresa que la utilizaba sin protegerla, hubiera destinado hacia esa diferenciación y reputación.

    Por último, reseñar que a pesar de que los derechos de Propiedad Industrial son concedidos por el Estado, a solicitud del interesado, es responsabilidad del titular asegurar que sus derechos no sean infringidos y en caso de que así fuera, instar las acciones necesarias para la defensa de los mismos, motivo por el que nacen estas líneas, para reiterar que, proteger la marca es proteger la identidad.

     

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: The Relevant Authorities  (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

  • La singular relación entre productor y autores audiovisuales

    La singular relación entre productor y autores audiovisuales

    La obra audiovisual, suele ser el resultado de la colaboración y aportación de varios agentes económicos, entre los que encontramos al productor, bajo cuya iniciativa se elabora y financia la obra, y a aquéllos a los que la Ley de Propiedad Intelectual atribuye la condición de autores.

    Entre ellos, se crea un entramado de relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, que afectarán tanto a la realización como a la explotación de la creación audiovisual, y que es preciso considerar con carácter previo para garantizar el buen fin de la creación.

    1. La obra audiovisual

    Para poder adentrarnos con mayor profundidad en la especial relación productor-autores, comenzaremos definiendo qué considera la Ley como obra audiovisual, siendo que el artículo 86, las define como «creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de los soportes materiales de dichas obras».

    En cuanto al tipo de obra, no hay criterio único en el derecho comparado, siendo que algunas legislaciones la consideran como obra en colaboración como es el caso de nuestra normativa, y otras como obra colectiva (bajo la iniciativa del productor).

    Esta diferenciación, suele coincidir habitualmente con la distinción entre los sistemas jurídicos de «copyright» y los de derechos de autor, en función de a quién se le atribuyen los derechos originarios de propiedad intelectual sobre la obra audiovisual.

    2. El productor audiovisual

    El artículo 120.2 LPI lo define como “la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual.”

    A estos efectos, no debemos confundir una grabación audiovisual con una obra audiovisual, puesto que toda obra audiovisual es una grabación audiovisual, pero no toda grabación audiovisual es una obra audiovisual.

    3. Los autores de la obra audiovisual

    Nuestra normativa y, en general, los sistemas «droit d’auteur» consideran como autores originarios al director-realizador; a los autores del argumento, la adaptación y los de guión o los diálogos; y a los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.

    Esta clasificación, deja fuera de la condición de autor de la obra audiovisual, al director de fotografía (considerado autor en algunas normativas nacionales) y a los autores de las obras preexistentes (música, argumento, etc), que lo serán de dichas obras, y por supuesto, deberán autorizar la utilización de éstas, pero no serán considerados autores de la obra audiovisual.

    4. Derechos de los autores y derechos del productor

    El artículo 88 LPI, recoge la que se considera una de las presunciones más amplias en materia de cesión de derechos, puesto que indica que, al formalizar un contrato de producción, se presume la cesión de los derechos de explotación de la obra audiovisual, de los autores al productor, entendiéndose adquiridos por éste último el derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de doblaje y subtitulado, siendo que por supuesto, los autores siguen teniendo reconocidos los derechos morales, que son irrenunciables e inalienables.

    Sin embargo, ésta presunción, no opera para el derecho de puesta a disposición del público de copias ni para la comunicación pública por radiodifusión, por lo que su regulación, se deja a la sede contractual.

    El mismo artículo, recoge una presunción en favor del autor, que le faculta a disponer de su aportación de forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra audiovisual (pensemos en la explotación de los guiones en forma de libro, o en la fijación de la composición musical en un compact disc).

    Teniendo en cuenta que la Ley no define qué es un contrato de producción, diremos que se entiende como tal, aquél por el que el productor, adquiere los derechos de explotación de los autores, para formar la cadena de derechos necesaria, para que a su vez éste, pueda ceder la obra a los sucesivos explotadores (distribuidores, salas de cine, televisiones, etc), que es el fin último de la obra audiovisual.

    En cuanto a la proporción de los derechos de la ficha de los autores, lo habitual es que se llegue a acuerdos entre las partes sobre este extremo, por lo que pueden variar. A este respecto, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) establece en defecto de pacto expreso, una participación de autoría en la obra audiovisual del 50% para la parte literaria, un 25% para el director o realizador, y un 25% para el compositor musical.

    5. La Especial relación de autores y productor

    5.1. Las opciones de cesión de derechos de autor

    Es frecuente, sobre todo en pequeñas producciones, comenzar la producción de una obra audiovisual sin haber adquirido los derechos pertinentes, teniendo que suscribir dichos contratos a posteriori, con el inherente riesgo que ello conlleva para el productor (tener que pagar un precio más alto, tener que renunciar al pacto sobre la cesión de ciertos derechos patrimoniales, etc).

    Por ello, se recomienda la formalización de opciones de cesión de derechos, en fase de pre-producción. No olvidemos que en esta fase, el productor, tiene que compaginar la búsqueda de financiación (subvenciones, financiación privada, preventas, etc), con la adquisición de los derechos de los autores que pretende que participen en la producción audiovisual, pero ¿cómo adquirir derechos de una obra sin tener la certeza de si finalmente se llegará a realizar? ¿Qué sucede si finalmente el productor no consigue la financiación para poder llevar a cabo la misma?

    Precisamente, para dar respuesta a estas preguntas, se configura la opción de cesión de derechos que consiste en la concesión del autor al productor de una opción irrevocable durante un periodo de tiempo determinado, para que el productor decida unilateralmente, si el contrato definitivo entra en vigor, siendo que el autor está obligado a prestar sus servicios y a ceder sus derechos al autor, en caso de que así sea.

    Habitualmente, estas opciones, suelen firmarse por un plazo de un año prorrogable por otro año adicional, pero dependerá de cada producción y de la viabilidad de explotación de la obra audiovisual.

    Este tipo de contrato, suele utilizarse para grandes producciones cinematográficas, pero es perfectamente aplicable, y recomendable su utilización para cualquier tipo de producción en la que el productor quiera contar con algún autor en concreto, pero no tenga la certeza de si va a conseguir la financiación necesaria para poder realizar la obra.

    Es conveniente, además, que en la propia opción, se regulen todas las cláusulas que regirán, en caso de que el productor, ejercite la opción, dejando poco margen a la interpretación posterior de lo que ya se hubo de acordar, cuyo contenido se abordará en el punto siguiente.

    5.2. Los contratos de prestación de servicios y cesión de derechos entre autores y productor

    Como ya adelantaba en anteriores líneas, en la obra audiovisual, es imprescindible que no se rompa la cadena de derechos, y el primer eslabón de dicha cadena, se cierra con el contrato de producción (o en su caso, con el ejercicio de la opción previamente suscrita), en el que se regularán tanto la prestación de servicios profesionales, como la cesión de derechos al productor, que coordinará las aportaciones de todos los autores.

    La fuerza negociadora de las partes, inclinará la balanza hacia un lado u otro, siendo que al productor le interesará, en materia de cesión, obtener el máximo de derechos, por el máximo tiempo y espacio, y al menor precio; y a los autores, en cambio, les interesará reservarse derechos, cederlos por el menor tiempo y espacio posibles, y a un mayor precio.

    5.3. Cláusulas imprescindibles en el contrato de producción con los autores

    En todo caso, hay cláusulas que no deberían faltar en este tipo de contrato, además de todas aquellas que han de aparecer en cualquier otro, y que serían las siguientes:

    a) Las partes intervinientes en el contrato e identificación de la obra

    b) La delimitación de la prestación de servicios y cesión de derechos (conviene incluir regulación al respecto de los derechos sobre los personajes para el merchandising y el derecho de hacer secuelas)

    c) La remuneración del autor, pudiendo realizarse a través de porcentajes o a tanto alzado, recordando que en este último caso, el artículo 47 LPI faculta al autor para pedir la revisión cuando se produjere desequilibrio entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, y a acudir al Juez, en su caso, para que fije una remuneración equitativa.

    d) La exclusividad o no de la cesión de derechos («todos los derechos, para todo el mundo, por todo el tiempo de protección de los derechos de Propiedad Intelectual, para todos los medios y soportes»)

    e) El porcentaje de autoría sobre la obra de cara a los derechos de gestión colectiva.

    f) La versión definitiva o «final cut», recordando la relevancia de cara a su modificación, ya que requerirá de acuerdo entre las partes que la fijaron.

    g) La garantía de garantía de autoría y originalidad y de ejercicio pacífico de los derechos

    h) La aparición en los títulos de crédito: modo de aparición del nombre del autor, tamaño, lugar de aparición, orden, etc.

    i) Los derechos de imagen: adquiere especial relevancia el del director, sobre todo si se quiere contar con él para eventos promocionales como el preestreno, las ruedas de prensa, entrevistas, etc.

    j) El supuesto de aportación insuficiente, tanto para el caso de no finalización de la obra por negativa injutificada como para el supuesto de causa mayor.

    k) La elección del equipo artístico y técnico

    l) El uso independiente de la obra

    6. Conclusión

    Tanto en la ejecución de la obra audiovisual, como en su posterior explotación económica, deviene fundamental el cuidado de la cadena de derechos a adquirir, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un tipo de creación que es fruto de la aportación de una pluralidad de sujetos, a los que la ley, concede unos derechos exclusivos.

    La ruptura de uno sólo de los eslabones, nos expone a riesgos excepcionales, pudiendo encontrarnos, incluso, con la imposibilidad de continuar con la obra, o una vez concluida ésta, la de explotarla.

    El correcto enlace de cada una de las contrataciones, supondrá la consumación del proceso de producción audiovisual, con nuestra obra en el mercado, y dicho proceso, tiene su base inicial, en la regulación de la especial relación que unirá a productor y autores audiovisuales.

     

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: sabrina hanapiah  (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

  • Obligaciones del editor en el contrato de edición literaria

    Obligaciones del editor en el contrato de edición literaria

    Habitualmente, en los contratos de edición literaria, los autores se acogen a lo que las editoriales redactan y plantean en contratos tipo que se aplican a todos los creadores que quieran ceder su derecho de reproducción y distribución a la entidad editora.

    Por ello, se hace necesario, analizar y conocer qué obligaciones legales principales tiene el editor para con el autor literario, en aras a verificar el correcto equilibrio entre las obligaciones de uno y otro en el contrato que se suscribe, y el cumplimiento posterior en unas relaciones que han de basarse en la confianza mutua.

     a) La cesión de los derechos de reproducción y distribución: derecho y obligación

     La Ley de Propiedad Intelectual define el contrato de edición en su artículo 58 como aquél, en el que “el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla”

     Reproducir y distribuir, son operaciones necesarias para llevar a cabo la explotación de la creación literaria y constituyen, además de derechos cedidos, las mayores obligaciones del editor: la de reproducir y la de distribuir la obra.

     La reproducción y distribución de la obra literaria, habrá de realizarse conforme a lo pactado por contrato, en los plazos en él estipulados (art. 64.2 LPI), con satisfacción de las remuneraciones acordadas (art.64.5 LPI), y con las limitaciones impuestas en el contrato de edición y en la Ley, sin olvidar que será siempre controlable por el autor, la forma en que se efectúe dicha reproducción (pruebas y control de tirada, formato y configuración del ejemplar ex art. 64.3 LPI).

     Como consecuencia inevitable de lo anteriormente expuesto, cualquier modalidad de reproducción y distribución no prevista en el contrato de forma expresa, se presumirá reservada por el autor, dentro del principio de interpretación restrictiva de los derechos cedidos, siendo que, si no se especifica el soporte, se entenderá que se trata del papel (soporte universalmente utilizado en el momento actual, sin perjuicio de las posibles evoluciones futuras).

     Esta reserva, tiene especial relación con la presencia cada vez mayor del formato ebook como forma de explotación de una obra literaria, modalidad que habrá de ser expresamente cedida por contrato, o se considerará reservada al autor, pudiendo éste explotarla por sí mismo, o a través de una tercera persona física o jurídica.

     b) La especial obligación de respetar la integridad de la obra

     A este respecto, el legislador, optó por incluir una regulación específica en el marco del contrato de edición de la obligación de respetar la integridad de la obra, adicional al genérico derecho moral recogido en el art.14.4 LPI.

     Así, en el art.64.1 se recoge la obligación del editor, de “reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido y haciendo constar en los ejemplares el nombre, firma o signo que lo identifique”.

     Por tanto, la obra, ha de ser mantenida en el estado en que fue entregada por el autor perpetuamente, ya que su creador es el único legitimado para introducir modificaciones o alteraciones en la misma.

     La protección de la integridad de la obra en el contrato de edición, como decíamos, va mucho más allá de la recogida en el artículo 14 LPI, puesto que para que se considere consumada la violación de la obligación impuesta en el artículo 64.1 LPI, no se exige el perjuicio de los intereses ni el menoscabo de la reputación del autor, siendo suficiente que se haya procedido a la reproducción de la obra con alguna modificación que no haya sido autorizada por el autor para que se configure como tal.

     La relevancia de esta obligación radica en que suele ser bastante usual, que las editoras, a la hora de publicitar y comercializar la obra literaria, extracten parte de la misma, y pongan a disposición del público (habitualmente de forma gratuita) algún capítulo del libro que pretenden comercializar. Este comportamiento, infringe el imperativo legal de respeto a la integridad de la obra, salvo que sea autorizada por su autor, único legitimado para proceder en consecuencia.

     Para concluir, aducir que la interpretación del art. 64.4 LPI ha sido completada por la doctrina y jurisprudencia, en el sentido de no estar permitidas las prácticas que supongan:

     • La reproducción parcial: mutilación de la obra

    • La reproducción defectuosa de la misma

    • La reproducción en forma distinta de la pactada: por ejemplo, la reproducción en fascículos, cuando sólo se ha pactado la edición en firma de libro.

     c) La obligación de fijar el número máximo y mínimo de ejemplares de la edición

     El art. 60 LPI , que se ocupa de recoger la formalización y el contenido mínimo que ha de contener un contrato de edición, aduce en su punto tercero, que ha de contener “El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan “.

     Tal es la relevancia de dicha obligación, que el artículo 61.1º LPI, se encarga de asignar la consecuencia a dicho incumplimiento, siendo ésta, la nulidad del contrato.

     d) La obligación de explotación continuada de la obra

     Esta obligación, merece especial atención, por la subjetividad y la compleja interpretación de su contenido, por lo que se hace necesario relacionar, la obligación del art. 64.4 LPI (relativa a la obligación de especificar el número de ejemplares mínimo y máximo de que constará la edición), con la obligación recogida en el art. 48.2 LPI, que determina que el cesionario ha de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida.

     Nos encontramos en no pocas ocasiones, con que el autor nos traslada quejas sobre la forma en que se está reproduciendo y distribuyendo su obra: “no la oferta lo suficiente” o “no hace nada por venderla pero yo no puedo hacerlo porque tiene exclusividad” son frases más que habituales en las relaciones autor-editor.

     Para asegurar que la contraprestación al autor sea lo más justa posible, es necesario que se haga una explotación racional y constante, de tal manera que para garantizar el pago de la remuneración proporcionada debida, es imprescindible que el editor lleve a cabo un proceso de distribución y difusión comercial adecuado (máxime cuando la cesión de derechos se hace con carácter de exclusiva), dirigida a asegurar, que el autor va a recibidir toda la utilidad patrimonial obtenible del esfuerzo creativo plasmado en su obra, es decir, la remuneración máxima.

     Teniendo como tiene, el editor, obligación de continuidad de oferta y vigilancia del mercado, debe poner en venta los ejemplares y mantener stock suficiente para abastecer a los distribuidores, así como asegurarse la promoción de la obra.

     e) La obligación anual de efectuar la liquidación y rendición de cuentas

     Recogen algunos contratos, que la primera liquidación se hará una vez vendidos un número concreto de ejemplares, siendo que el artículo 64.5 LPI, impone la obligación del editor de efectuar al autor “al menos una vez al año, la oportuna liquidación, de cuyo contenido rendirá cuentas”.

     Esta obligación, pretende no dejar en la desprotección al autor, que ve como, pasados años desde que cedió los derechos al editor, no recibe información ni liquidación alguna por, teóricamente, no haber vendido el número mínimo de ejemplares que se fijó por contrato.

     Dicho lo anterior, nada obsta a que la liquidación y rendición, se elaboren y remitan una vez vendidos un número de ejemplares, siempre que dicha cifra se alcance con carácter previo al transcurso de un año desde la firma del contrato, pero en todo caso, habrá de realizarse transcurrido éste, y en adelante, anualmente.

     f) La obligación de informar al autor

     Esta obligación de informar, recogida en el art.64, 5 LPI, juega con independencia de la modalidad de remuneración pactada, y ha de contener, no sólo los datos a efectos de la posible remuneración, sino a efectos del conocimiento del autor del funcionamiento de su obra en el mercado.

     Por tanto, el certificado del art.64.5 LPI, debe de comprender, además de datos sobre la fabricación, distribución y existencias, la cifra de ventas, el precio de venta al público, y ha de ser puesto a disposición del autor, sea cual fuere su forma de remuneración.

     g) El control de la tirada

     El control de la tirada, tiene carácter instrumental, y se configura como medio de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, principalmente en lo que se refiere al número de ejemplares pactados.

     Dicho control, tiene una doble repercusión: primero, se dirige a garantizar que la obra pueda alcanzar la difusión mínima prevista; y segundo, se dirige a que el editor, no reproduzca más ejemplares de los pactados, con infracción de los derechos que al autor corresponden.

     h) La restitución del original de la obra al autor

     De igual modo, exige la ley, que una vez concluídas las operaciones de impresión y tirada, el editor, habrá de restituir al autor, el original de la obra que ha venido siendo, objeto de la edición.

     Para finalizar, advertir que el autor, puede divulgar la obra por sí mismo o a través de un tercero: el editor. En ese caso, deberá verificar que las obligaciones impuestas por contrato se han redactado de conformidad con la Ley, y que las obligaciones asumidas, son efectivamente cumplidas en el desarrollo de sus relaciones.

     

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

     

    Foto: shutterhacks (flickr con licencia Creative Commons BY-SA 2.0)

     

  • Descubra las claves de la nueva Ley del Alquiler

    Descubra las claves de la nueva Ley del Alquiler

    El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente esta nueva normativa que modifica aspectos sustanciales del sistema de alquiler en España. La flexibilización en la duración de los contratos, la cancelación de la Renta Básica de Emancipación (RBE) y la actualización de las fianzas cada tres años son algunas de las modificaciones más importantes impulsadas por el actual Ejecutivo.

    ¿Cómo me afectará la nueva Ley del Alquiler?

    Esa es la pregunta que numerosos caseros y arrendatarios se están planteando en estos momentos tras la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas. Una normativa cargada de importantes novedades que afectarán a todas aquellas viviendas en régimen de alquiler, exceptuando los arrendamientos temporales con fines turísticos.

    Según los últimos datos del Eurostat, España ostenta actualmente el noveno puesto en Europa en porcentaje de viviendas en alquiler, con un 17% sobre el total de viviendas de nuestro país.

    Principales cambios de la nueva ley

    La nueva ley impulsa por tanto medidas de calado que modifican importantes aspectos del anterior sistema. Estos son algunos de los principales cambios:

    •  El plazo de la prórroga obligatoria de los contratos se reduce de 5 a 3 años.
    • La actualización de las fianzas se reduce de 5 a 3 años.
    • La prórroga tácita de los contratos se reduce de 3 a 1 año.
    • El arrendatario podrá desistir del contrato en cualquier momento, siempre que lo notifique con 30 días de antelación.
    • El propietario de la vivienda podrá recuperarla como residencia habitual sin necesidad de que se haya pactado previamente en contrato de arrendamiento.
    • Las partes podrán acordar la suspensión del pago de la renta durante un determinado periodo si el inquilino asume el pago de la obra.
    • Casero y arrendatario podrán pactar un índice distinto al IPC.
    • Las partes podrán pactar la renuncia por parte del arrendatario al derecho de adquisición preferente de la vivienda.
    • Se agilizan los plazos y procedimientos judiciales para recuperar la vivienda en caso de impago de la renta.
    • Se habilita un plazo de 10 días para que el inquilino abone su deuda pendiente.
    • Se cancela la Renta Básica de Emancipación (RBE), aunque las ayudas vigentes se mantendrán durante los cinco años reconocidos por la anterior normativa.
    • Creación de un registro en el que figuren los inquilinos condenados en firme por impagos de la renta, es decir, que se encuentren en procesos judiciales de desahucio o en por la vía del laudo arbitral.

    Los nuevos cambios impulsados por la actual normativa supondrán por tanto un hándicap para propietarios y arrendatarios, que deberán conocer de manos de expertos como afectará a sus actuales contratos esta novedosa ley.

    Importancia del asesoramiento profesional

    En palabras de Amagoia Inchausti, abogada, administradora de fincas y responsable del Departamento Inmobiliario de Eurotax Abogados, «cada vez es más importante recurrir al asesoramiento profesional para poder cerrar los contratos de arrendamiento con seguridad jurídica, tanto para el arrendador como para el arrendatario, ya que cada vez son más frecuentes los casos que se dirimen en los juzgados por cláusulas no contempladas o por una nula interpretación de la ley».

    En este sentido, Inchausti advierte de que «muchos arrendatarios están en la creencia de mantener el blindaje de sus contratos frente a terceros tal y como se ha avalado siempre, pero sin embargo la reforma solo da validez frente a nuevos adquirir test de la vivienda si dicho contrato está inscrito en el correspondiente registro de la propiedad»

    La responsable del Departamento Inmobiliario de Eurotax Abogados afirma que «con esta reforma se refuerzan mucho más los derechos del propietario, disminuye la duración obligatoria y la prórroga tácita pudiendo disponer antes de la vivienda o facilitando la revisión de cláusulas. Además, la recuperación de la vivienda por necesidad de vivienda habitual es inherente al contrato sin necesidad de mención tal y como venía aplicándole con la Ley de arrendamientos urbanos 1994».

    Inchausti insiste en que con la nueva normativa «disminuyen los plazos en los procedimientos judiciales a facilitando así la recuperación del bien en menos tiempo. También veo un claro guiño a los intereséis del inquilino con el nuevo plazo que se le brinda para desistir en contrato, ya que ahora lo podrá hacer cuando quiera avisando únicamente de dicha renuncia con 30 días de antelación».

    Por último, esta abogada y administradora de fincas asevera que la nueva ley del alquiler no transformará en exceso las relaciones entre caseros e inquilinos, «pero sí facilita el movimiento de mercado en este sector ya que se acortan los plazos en todos los sentidos, lo que probablemente haga que se entablen más relaciones abocadas en renegociar condiciones para mantener los contratos».

    Departamento de Comunicación

  • Es posible mantener la regulación vigente de la jubilación parcial

    Es posible mantener la regulación vigente de la jubilación parcial

    El Real Decreto Ley 5/2013 de medidas para favorecer la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo ha sido la última reforma que afecta a la regulación de la jubilación parcial, de una serie de disposiciones normativas que han venido variando la institución de la Jubilación desde el año 2011.

    La ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de la seguridad social, estableció una serie de modalidades de acceso a la Jubilación anticipada y a la jubilación parcial que fueron suspendidas temporalmente por el «Real Decreto Ley 29/2012 de 28 de diciembre, de mejora en la gestión y prtección social en el sistema especial para empleados del hogar y otras medidas de carácter económico y social» de modo que se continuó aplicando la legislación vigente a fecha 31 de Diciembre de 2012 en esta materia, si bien se implantaría para la edad de Jubilación una escala transitoria que elevaba la edad ordinaria de jubilación durante un periodo transitorio comprendido desde el año 2013, hasta el 2027.

    Este periodo de suspensión de 3 meses de la regulación contenida en la ley 27/2011, establecido por el Real Decreto Ley 29/2012 finalizaba el 31 de Marzo de 2013, de modo que a partir de dicha fecha, se deberían aplicar las modificaciónes introducidas por la ley 27/2011, no obstante, el Gobierno ha dictado un nuevo Real Decreto Ley, el 5/2013 que modifica dicha regulación en un intento de adecuarla a las «circunstancias y realidades económicas y sociales», estableciendo una nueva regulación que no hace sino endurecer de forma considerable las condiciones y requisitos para el acceso a las diferentes modalidades de jubilación anticipada (forzosa, voluntaria y parcial), efectuando dicho endurecimiento mediante los artículos 5 a 7 del propio RD Ley 5/2013, regulando el acceso y cálculo de la cuantía de la pensión por jubilación anticipada y por jubilación parcial. De esta manera, a partir del 1 de abril de 2013, las reglas para el acceso a las diferentes modalidades de jubilación anticipada y parcial requerirán el cumplimento de los siguientes requisitos y condiciones:

    A. Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador

    Requisitos:

    – Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) LGSS y en la disposición transitoria vigésima.

    – Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.

    – Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años.

    – Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 o 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley Concursal, por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, motivada por la existencia de fuerza mayor. También, la extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.

    Se exige además que en el supuesto que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, el trabajador demuestre que ha percibido la indemnización correspondiente derivada del despido (recibo de la transferencia bancaria o documentación acreditativa equivalente) o que ha interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.

    – Pensión objeto de reducción por la aplicación de coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que faltase al trabajador para cumplir la edad legal exigida en cada momento:

    Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

     – Los coeficientes reductores se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización.

    Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

    Esta limitación no se aplicará en el caso de las jubilaciones anticipadas causadas a partir de los 60 años por trabajadores que tuviesen la condición de mutualista. Tampoco se aplicará en el caso de jubilaciones anticipadas derivadas de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres, o se refieran a personas con discapacidad.

    Tampoco se aplicará a los trabajadores que cotizaron al Montepío Marítimo Nacional o a las Cajas de Previsión de los estibadores portuarios.

    A los exclusivos efectos de determinar la edad legal de jubilación de referencia, se considerará como tal, la que le correspondería al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo en que accede a la jubilación anticipada y el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que en cada caso resulte de aplicación.

    B. La jubilación anticipada voluntaria

    Requisitos:

    – Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) LGSS y en la disposición transitoria vigésima.

    – Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años.

    – Importe de la pensión superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad.

    – Pensión objeto de reducción por la aplicación de coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que faltase al trabajador para cumplir la edad legal exigida en cada momento:

    Coeficiente del 2 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.

    Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

    Los coeficientes reductores se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización.

    Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

    Esta limitación no se aplicará en el caso de las jubilaciones anticipadas causadas a partir de los 60 años por trabajadores que tuviesen la condición de mutualista. Tampoco se aplicará en el caso de jubilaciones anticipadas derivadas de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres, o se refieran a personas con discapacidad.

    Tampoco se aplicará a los trabajadores que cotizaron al Montepío Marítimo Nacional o a las Cajas de Previsión de los estibadores portuarios.

    A los exclusivos efectos de determinar la edad legal de jubilación de referencia, se considerará como tal, la que le correspondería al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo en que accede a la jubilación anticipada y el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que en cada caso resulte de aplicación.

    C. Jubilación parcial

    Jubilación parcial para quienes hayan alcanzado la edad legal de jubilación que en cada caso corresponda y reúnan los demás requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación:

    Requisitos:

    – No necesidad de celebrar simultáneamente un contrato de relevo.

    – Reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25 por 100 y máximo de un 50 por 100.

    Jubilación parcial para quienes no hubieran alcanzado la edad de jubilación ordinaria y no reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión:

    Requisitos:

    – Obligación de realizar de forma simultánea un contrato de relevo.

    – Tener 63 años de edad o más, siempre y cuando tenga 36 años y 6 meses cotizados o más. Tener 65 años de edad o más, si tiene entre 33 años cotizados y 33 años y 6 meses cotizados.

    La aplicación de esta medida se realizará de forma progresiva en un periodo transitorio de 15 años, hasta el año 2027, requiriéndose:

    – Acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.

    – Reducción de jornada comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 50 por 100, o del 75 por 100 para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos.

    – Acreditar un período de cotización efectiva de 33 años (25 en personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100).

    – Base de cotización del relevista no inferior al 65 por 100 del promedio correspondiente a las seis últimas del jubilado parcial.

    – Los contratos de relevo tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación que en cada caso corresponda. Si el contrato de relevo fuese indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante dos años más del tiempo en que el trabajador sustituido alcance la edad ordinaria de jubilación que en su caso corresponda.

    – Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizaran por la base de cotización que hubiera correspondido de seguir este trabajando a jornada completa. Esta condición se aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes calculados sobre la base de cotización a jornada completa de acuerdo con la siguiente escala:

    – Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50 por 100 de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa. o Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por 100 de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa en el año 2023.

    Esta escala no será de aplicación a los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas, quienes podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 60 años de edad, sin que se tengan en cuenta a estos efectos su carrera de cotización.

    Tampoco se aplicará a los trabajadores que cotizaron al Montepío Marítimo Nacional o a las Cajas de Previsión de los estibadores portuarios.

    Para finalizar el presente artículo, cabe indicar que el legislador ha otorgado una nueva posibilidad de mantener en suspenso la nueva regulación y de aplicar la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Legislativo 5/2013, siguiendo el modelo utilizado en el apartado 2º de la Disposición final duodécima de la ley 27/2011, anteriormente referenciada, disponiendo que «Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley (es decir, vigentes antes del 1 de enero de 2013), a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:

    a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

    b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.

    c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

    Asimismo, se establece la exigencia de que, «en aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.»

    Cabe aclarar que el requisito de registro de los acuerdos colectivos de empresa, debe efectuarse antes del día 15 de Abril de 2013, ante la oficina de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, previa entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2013 que se producirá el próximo 17 de Abril de 2013.

    Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional en el 94.421.03.09 para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

    Aitor Rodríguez Rey
    Departamento Laboral