Blog

  • Registro de horas en el contrato a tiempo parcial

    Registro de horas en el contrato a tiempo parcial

    El Real Decreto-ley 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, incluye la obligación que impone a la empresa de registrar día a día la jornada que realizan los trabajadores a tiempo parcial.

    Para ello, el Decreto modifica el régimen legal del contrato a tiempo parcial y uno de los cambios que introduce afecta a la redacción del Art. 12.5 h) del Estatuto de los Trabajadores.

    Dicho precepto establece ahora:

    «h) La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias (voluntarias y pactadas)

    El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

    En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.»

    Es decir, se impone ahora a la empresa, por Ley, la obligación de registrar día a día el número de horas que realiza cada trabajador a tiempo parcial y, asimismo, la obligación de entregar al trabajador, junto con su nómina, una copia del cómputo de horas del mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

    Por último, las dos anteriores obligaciones – de registro diario de la jornada y de entrega del resumen mensual al trabajador – se complementan con una tercera; la de conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

    Adjuntamos un formulario tipo que puede ser de utilidad para llevar a cabo dicho cómputo mensual. Se puede descargar haciendo click en el enlace.

    Registro-horas-contrato-parcial

    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.

    Foto: Martin Terber (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

  • Normas de Registro y valoración del Inmovilizado Material y de las inversiones inmobiliarias: Resolución de 1 de Marzo de 2013 del ICAC.

    Normas de Registro y valoración del Inmovilizado Material y de las inversiones inmobiliarias: Resolución de 1 de Marzo de 2013 del ICAC.

    El pasado año, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas trasladó a normas contables lo ha habían sido consultas reiteradas que les habían sido presentadas.

    Entre ellas aparece la Resolución de 1 de Marzo de 2013, en la cual se establecen metodologías más concretas en lo que al inmovilizado tangible e intangible se refiere. En concreto, desarrolla reglamentariamente los criterios de registro y valoración sobre el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias contenidos en el Código de Comercio y en el Plan General Contable aprobado por Real decreto 1514/20117 de 16 de Noviembre.

    Partimos de la definición que el PGC establece como elementos del inmovilizado material, siendo éstos los activos destinados a servir de forma duradera en la actividad empresarial, siempre y cuando vengan representados por bienes muebles e inmuebles, exceptuando aquellos que tengan que ser clasificados como inversiones inmobiliarias. Si bien es cierto que la resolución está dedicada a las inmovilizaciones materiales, lo cual excluye por definición los inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias, hay que tener presente que los criterios son de aplicación también éstas últimas.

    La resolución está dividida en las cinco normas que se detallan a continuación, pero en este artículo desarrollaremos lo que la resolución establece acerca del punto 1:

    1- Valoración inicial
    2- Valoración posterior
    3- Formas especiales de adquisición del inmovilizado material
    4- Baja en cuentas.
    5- Inversiones inmobiliarias.

    La valoración inicial del bien se fundamenta en los criterios que el Plan General Contable establece como conceptos que han de formar parte del precio de adquisición ó coste de producción del inmovilizado material. Se hace especial hincapié en la obligación de imputar como mayor valor los costes en los que se incurre durante el periodo de prueba, así como aquellos derivados del desmantelamiento y rehabilitación del bien. Igualmente se hace mención al criterio de contabilizar los gastos financieros como un mayor valor del bien.

    Al adquirir un elemento de inmovilizado, puede resultar que las partes condicionen el precio a la obtención de información adicional que confirmen la facultad del bien de generar una corriente de beneficios o rendimientos futuros.

    La novedad a resaltar en este punto de la Resolución, es el tratamiento contable de la contraprestación contingente asociada a la adquisición de un bien de inmovilizado material, la cual establece que formará parte de adquisición del bien la mejor estimación del valor actual de los pagos contingentes acordados, salvo en el caso en que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo futuro de la actividad de la empresa (cifra de ventas o beneficios del ejercicio). Lo que finalmente se establece es que, si el pago contingente se vincula a la ocurrencia de un hecho futuro que haga aumentar los rendimientos económicos y se entiende que está directamente relacionado con el activo a valorar, el tratamiento contable será el mismo que el previsto para las ampliaciones o mejoras del inmovilizado material.

    También dentro de este primer punto la resolución regula el modo de contabilizar los anticipos entregados a cuenta para la adquisición de un elemento del inmovilizado material, y exige que cuando entre el plazo de la entrega del efectivo y la incorporación del elemento de inmovilizado al activo de la empresa, discurra un plazo superior a un año, ha de reconocerse como ingreso el componente financiero del anticipo entregado.

    Por otro lado, en los denominados contratos “llave en mano” es práctica común que los anticipos sean entregados para compensar al proveedor por el grado de avance de la construcción ( certificaciones) , y en este supuesto, estos acuerdos pueden calificarse como entregas de bienes o prestaciones de servicios.

    En el caso de entrega de bienes, los desembolsos se contabilizan como anticipos hasta que se produzca la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios del activo. En este supuesto, si el tiempo transcurrido entre los desembolsos y el cumplimiento de la entrega del bien es superior al año, también habrá de actualizarse el valor de estos desembolsos.

    Puede darse también el caso de que nos encontremos ante una actividad calificada como prestación de servicios. Esto ocurre cuando la construcción que se lleva a cabo está delimitada por unas bases concretas estipuladas por el cliente, y supone que exista un vínculo entre las partes al cumplimiento de las obligaciones y a su vez se produce una transferencia sistemática de los riesgos y beneficios según se va desarrollando la actividad por el contratista. En este caso la empresa cancelará los anticipos entregados y reconocerá el inmovilizado en curso según se vaya produciendo la citada transferencia, lo cual lleva aparejada también la obligación de activar los correspondientes gastos financieros como un mayor valor del inmovilizado.

    Así, según todo lo expuesto, ya constan con regulación específica todos estos supuestos que desde la aprobación del Plan General Contable generaban dudas en cuanto al modo correcto de registro y valoración.

    Patricia Arranz Quirós
    Economista

    Foto: John-Morgan (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

  • La relevancia del Merchandising en la Industria Audiovisual

    La relevancia del Merchandising en la Industria Audiovisual

    1. Introducción

    La necesidad de obtener financiación para la producción de una obra audiovisual se torna cada vez más complicada y requiere de mayores esfuerzos por parte de las productoras.

    Es por ello, que a las fórmulas tradicionales de obtención de recursos, hubo que adicionar otras técnicas que permitieran conseguir fondos. Una de ellas, es el denominado “merchandising”, que nació como forma de recuperación de parte de la inversión realizada en la producción, para configurarse después como una fuente de ingresos de relevancia tal, que en ocasiones, la explotación de esta vía, ha reportado mayores beneficios que la explotación de la obra audiovisual en sí misma.

    2. ¿Qué es el Merchandising?

    Se podría definir el contrato de merchandising, como un contrato atípico por el que el titular de los derechos de explotación de una obra, en este caso audiovisual, (habitualmente suele ser el productor) licencia, a cambio de una remuneración, el uso de un elemento de dicha obra a un tercero para comercializar un producto o servicio sobre dicho elemento.

    El elemento que se licencia a través de estos contratos, suele consistir en personajes de la obra, tramas completas, en la imagen de los actores, el título de la obra, fotogramas de la película o marcas entre otros muchos, lo cual permite englobar todo ello en tres grandes tipos de merchandising que son: el carácter merchandising, el brand merchardising y el personality merchandising.

    3. Tipos de contratos de merchandising en función de su objeto

    a) El Character merchandising

    La división en tipos de contratos de merchandising trae causa en el objeto sobre el que recaen los mismos, y que en ese caso, se trata de creaciones inmateriales que se encuentran protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

    Se trata por tanto, de una explotación secundaria habitualmente de un personaje, de las características esenciales de su personalidad, su nombre, su imagen y su apariencia física. Esto es, se licencia un elemento creativo y original de la obra audiovisual.

    Es importante, separar al personaje de la persona que lo interpreta (en este supuesto, estaríamos ante un contrato de personality merchandising), aunque en ocasiones, resulta más que complicada esta separación.

    Pongamos el caso, ¿qué explotación secundaria estoy licenciando: la de Carrie Mathison de la serie Homeland o la de Claire Danes? O un ejemplo de ficción española, ¿dónde acaba “el Luisma” de Aída y empieza Paco León?

    A pesar de las diferencias que manifiestamente existen en cuanto a las distintas contrataciones, la habitualidad de este supuesto, ha llevado a la doctrina, a crear una subclase, el “image merchandising” que participa de ambos contratos, aunque está bastante más influenciada por el merchandising de imagen. Se utiliza para supuestos como los anteriormente citados, en los que el público asocia el personaje de ficción al actor, y por tanto, persona y personaje se confunden.

    b) El brand merchandising

    En el licenciamiento a través del merchandising de signos distintivos, nos encontramos con que el objeto, son obviamente las marcas, pero no cualquier tipo de marca, sino aquellas renombradas, con reputación en el mercado, con capacidad para atraer al público, y hacer que adquieran productos y/o servicios distintos a los que la marca en sí identifica.

    Esta es una de las características fundamentales de este tipo de cesión temporal de derechos, y es que se utiliza el valor de la marca, para identificar productos y servicios que no sean ni iguales ni parecidos a aquellos para los que la marca está registrada.

    Como ya se ha comentado en alguna otra entrada, las marcas notorias y renombradas, gozan de una protección especial recogida en el artículo 8 de la Ley de Marcas, y es que el titular de ellas, puede impedir que se registren signos idénticos o semejantes, aunque los productos y servicios sean distintos de aquéllos para los que la marca está registrada.

    Y es éste, el nicho de negocio que se aprovecha a través de la figura del merchandising, que se aleja de la licencia de marca, en que como se ha comentado, no se dirige a autorizar la utilización de la misma para las clases en las que se encuentra registrada, sino para la producción y comercialización de productos y servicios distintos a los que esta identifica: pensemos por ejemplo, en la ropa textil que se comercializa del Athletic Club, o en los llaveros de Coca Cola.

    c) El personality merchandising

    Como ya hemos adelantado, se trata de una modalidad de merchandising, que se dirige a utilizar la imagen de una persona para distinguir los productos y/o servicios de una mercantil en el tráfico económico.

    Tiene una especial relevancia en la industria audiovisual, por la dificultad que hemos citado en párrafos anteriores, de separar en ocasiones, la persona del personaje, y permite una explotación comercial de la propia imagen amparada por lo dispuesto en la Ley 1/1982, de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

    4. El Merchandising y la Publicidad

    Suele calificarse el merchandising como una modalidad publicitaria por cuanto que se trata de una técnica que permite aumentar las ventas de un producto o servicio, a través de la incorporación a éste de un elemento inmaterial que tenga notoriedad y sea atractivo para el público.

    No obstante, hay posturas encontradas respecto a la inclusión de esta figura como supuesto al que le sea aplicable la normativa recogida en la Ley 34/ 1988 General de Publicidad, puesto que el articulado en ella recogido, no parece encajar con la esencia del merchandising, contrato, por tanto, considerado atípico, opinión que comparte quien escribe este post.

    5. Productor Audiovisual ¿legitimado?

    La Ley de propiedad Intelectual recoge en su artículo 88 que “por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor con las limitaciones establecidas en este Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra”.

    Por lo tanto, ¿se presume en virtud de esta cesión ex lege, que el productor es el titular de los derechos de explotación para explotaciones secundarias?

    Hay que tener en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual, recoge un principio por el que las cesiones de derechos de los autores, han de ser interpretadas de forma restrictiva, y por tanto, el productor no podrá otorgar licencias para un uso de merchandising, salvo que expresamente se haya reservado este derecho por vía contractual.

    6. Conclusión

    El merchandising se ha posicionado en el mercado, no sólo como una alternativa para la obtención de financiación, sino como una fuente de ingresos de gran relevancia para las producciones audiovisuales.

    Teniendo en cuenta la atipicidad de este contrato, se regirá por los pactos establecidos por las partes y por las normas imperativas que regulan el contrato en general, por lo que el éxito de una explotación secundaria, radicará en la correcta reserva de derechos que se hayan de ceder para su utilización para merchandising, y en su correcta transmisión a terceros.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: Sam Howzit (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

  • Nuevas subvenciones a la empleabilidad de la Diputación de Bizkaia

    Nuevas subvenciones a la empleabilidad de la Diputación de Bizkaia

    Promoción de la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración

    Requisitos de las entidades beneficiarias

    – Tener su domicilio fiscal y social en Bizkaia.

    – Tener una plantilla inferior a 250 personas.

    – Hallarse al corriente en sus obligaciones tributaria y de la Seguridad Social.

    Acciones Subvencionables

    – Contratación indefinida, fijo discontinuo o de duración determinada de mínimo 6 meses de desempleados de manera ininterrumpida por un periodo mínimo de 12 meses antes de la contratación.

    – Contrataciones a jornada completa o a jornada parcial, siempre que esta represente un mínimo del 50 %.

    – Contratos realizados entre el uno de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2.014.

    Requisitos de los trabajadores

    – Deberán ser residentes en Bizkaia en el comento de la contratación y durante toda la vigencia del contrato.

    Plazo de presentación de las solicitudes

    – Desde el 17 de Marzo del 2014 al 31 de Octubre del 2014.

    Cuantía de las ayudas

    La subvención por contratación será de entre un 30% y un 50% del salario bruto por el periodo de Duración del contrato con el máximo de un año.

    El porcentaje a aplicar para el cálculo de la subvención se establecerá en función de la edad de la persona a contratar a la fecha de formalización del contrato:

    Hasta 30 años de edad se aplicará el 40%.

    Desde 31 a 44 años de edad, ambos inclusive, se aplicará el 30%.

    Desde 45 a 55 años de edad, ambos inclusive, se aplicará el 40%.

    A partir de los 56 años de edad se aplicará el 50%.

    La cuantía máxima de subvención ascenderá a 7.000 euros en el caso de contratos de 6 meses de duración y 14.000 euros en el caso de contratos de un año o más de duración.

    Para aquellos contratos cuya duración oscile entre 6 meses y 12 meses, se aplicará la proporcionalidad que corresponda a los meses de duración del contrato.

    No serán subvencionables aquellos contratos cuyo salario bruto anual sea inferior a 10.000 euros.

    Obligaciones de la entidad beneficiaria

    Las entidades beneficiarias de las ayudas, quedan obligadas a mantener la estabilidad de la persona trabajadora, durante el período establecido en el contrato, o en su caso, hasta un máximo de 12 meses para contratos de 12 meses o más. Si se produjera en dichos plazos la extinción del contrato o la persona fuera trasladada a otro centro radicado fuera del Territorio Histórico de Bizkaia se procederá la minoración y, en su caso, al reintegro de la ayuda, en la proporción que resulte de descontar al periodo exigido los meses durante los cuales se mantuvo el contrato.

    No se procederá de este modo en el supuesto de que la persona trabajadora afectada fuera sustituida, mediante la contratación simultánea o dentro de los dos meses siguientes al que se produjo la baja, por una nueva persona trabajadora, en las mismas condiciones que reunía la persona anteriormente contratada.

    Promoción de la empleabilidad de personas jóvenes hasta 30 años

    Objeto

    Apoyar la promoción de la empleabilidad mediante el apoyo a dos tipos de contratos con personas jóvenes de hasta 30 años:

    1. Contrato en prácticas de 6 o de 12 meses.

    2. Contrato indefinido.

    Requisitos de las entidades beneficiarias

    – Tener su domicilio fiscal y social en Bizkaia.

    – Tener una plantilla inferior a 250 personas.

    – Hallarse al corriente en sus obligaciones tributaria y de la Seguridad Social.

    Acciones subvencionables y requisitos

    Será subvencionable el coste para la entidad beneficiaria del contrato en prácticas de 6 o de 12 meses de duración y del contrato indefinido.

    El contrato en prácticas deberá tener una duración mínima de 6 meses o de 12 meses y se realizará con personas de hasta 30 años de edad inclusive a la fecha de inicio del contrato.

    Se entiende por un contrato en prácticas de 6 meses, el contrato en prácticas iniciado entre el uno de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014, con una duración de 6 meses, que no sea una prórroga de otro anterior.

    Se entiende por un contrato en prácticas de 12 meses, el contrato en prácticas iniciado entre el uno de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014, con una duración inicial de 12 meses, y el contrato en prácticas de 6 meses iniciado entre el uno de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014, y prorrogado por otros 6 meses durante el año 2014. En este último supuesto sólo se podrá solicitar subvención en el momento en el que la prórroga esté formalizada.

    Se entiende por un contrato indefinido aquel que se concierte sin establecer límites de tiempo en la prestación del servicio en cuanto a la duración del contrato, y se inicie entre el uno de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014.

    Requisitos de los trabajadores

    – Deberán ser residentes en Bizkaia en el comento de la contratación y durante toda la vigencia del contrato.

    – Los contratos deberán ser a jornada completa o a jornada parcial, siempre que ésta represente un mínimo del 50% de la jornada habitual establecida.

    – Las personas contratadas mediante contrato indefinido han de acreditar situación de desempleo inmediatamente antes del inicio del contrato.

    Plazo de presentación de las solicitudes

    – Desde el 17 de Marzo del 2014 al 31 de Octubre del 2014.

    Cuantía de las ayudas

    La subvención se determinará en función del salario bruto, y ascenderá a un 30% del salario bruto anual, o en su caso, semestral del contrato a subvencionar.

    La subvención máxima por contrato ascenderá a 7.000 euros en el caso de contratos en prácticas de duración de un año y en caso de los contratos indefinidos, y de 3.000 en el caso de contratos en prácticas de 6 meses de duración.

    No serán subvencionables aquellos contratos cuyo importe de subvención resultante una vez aplicado el 30% del salario bruto sea inferior a 1.500 euros en el caso de contratos en prácticas de duración de 6 meses y 2.000 euros en el caso de contratos caso de contratos en prácticas de duración de un año y en caso de los contratos indefinidos.

    No obstante, cumpliendo lo establecido en los párrafos anteriores, las entidades que formalicen contrato en prácticas con personas inscritas a la fecha de formalización del contrato como demandantes de contratos en prácticas, a través de la web del Departamento de Promoción Económica, en la bolsa de jóvenes, y cumplan las condiciones establecidas en este Decreto para ser beneficiaria de subvención, verán incrementado el importe de subvención con 1.000 euros en el caso de realizarse un contrato en prácticas de una duración de 12 meses o indefinido, y de 500 euros en el caso de que la duración del contrato en prácticas sea de 6 meses. En este caso la subvención máxima por contrato ascenderá a 8.000 euros en el caso de contratos en prácticas de duración de 12 meses y de los contratos indefinidos, y de 3.500 euros en el caso de contratos en prácticas de duración de 6 meses. Para ello, uno de los requisitos establecidos en la OF 2515/2010 y de obligado cumplimiento es que deben estar inscritos en oficina pública de empleo con anterioridad a la inscripción en la bolsa de jóvenes del Departamento.

    Asimismo, en el supuesto de que la persona contratada hubiera participado en el Programa Talentia gestionado por Bizkaia Xede, el importe de subvención se verá incrementado en 2000 euros en el caso de contrato en prácticas de 12 meses y de los contratos indefinidos, y de 1000 euros en el caso de que la duración del contrato en prácticas sea de 6 meses. En este caso la subvención máxima por contrato ascenderá a 9.000 euros en el caso de contratos en prácticas de duración de 12 meses y de los contratos indefinidos, y de 4.000 euros en el caso de contratos en prácticas de duración de 6 meses.

    Obligaciones de la entidad beneficiaria

    Las entidades beneficiarias de las ayudas, quedan obligadas a mantener la estabilidad de la persona trabajadora, durante el período establecido en el contrato. Si se produjera en dichos plazos la extinción del contrato o la persona fuera trasladada a otro centro radicado fuera del Territorio Histórico de Bizkaia se iniciará el procedimiento de incumplimiento establecido .

    No se procederá de este modo en el supuesto de que la persona trabajadora afectada fuera sustituida, mediante la contratación simultánea o dentro de los dos meses siguientes al que se produjo la baja, por una nueva persona trabajadora, en las mismas condiciones que reunía la persona anteriormente contratada.


    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.


    Foto: Hoteles Catalonia (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

  • Franquicias, una oportunidad de negocio para emprendedores y pymes

    Franquicias, una oportunidad de negocio para emprendedores y pymes

    El pasado 20 de Febrero se clausuraba la V edición del Salón MiEmpresa, dedicado al mundo de la franquicia, que fue visitado por más de 14.000 personas. En esta edición, Barbadillo y Asociados recibió el Premio SME2013 a la “Mejor práctica sectorial de 2013” gracias a su 1er Informe de Satisfacción del Franquiciado, en el que se analiza la relación entre franquiciador y franquiciado, basándose en 550 casos.

    El jurado ha valorado «la estrategia de la consultora de franquicias, para mantener un nivel constante de compromiso y excelencia en el servicio con sus clientes gracias a un método específico de asesoramiento basado en un conocimiento extenso de la realidad sectorial y una amplia gama de soluciones para el franquiciador, que va mucho más allá de la relación meramente comercial»

    Qué es una franquicia y cuáles son sus ventajas

    La franquicia es un modelo de relación comercial entre dos partes en la que una de ellas, el franquiciado, adquiere el derecho de uso de una marca consolidada en el mercado y su “saber hacer”, a cambio de una cantidad de dinero, o cánon, y de aceptar las condiciones del franquiciador.

    Esta modalidad de negocio supone grandes ventajas para el franquiciado, especialmente para aquellos sin experiencia empresarial: al adquirir el derecho de uso de una marca de prestigio y acceder a formación especializada basada en la experiencia del franquiciador, se reducen enormemente las posibilidades de fracaso del negocio. Por otra parte, le permite concentrarse más en la actividad del negocio al tener cubiertos ciertos servicios por la franquicia: marketing, publicidad, comunicación, etc.

    En el caso del franquiciador, algunas de las principales ventajas están en la menor inversión necesaria para expansionarse, el aprovechamiento máximo de las economías de escala y una reducción en estructura y costes de personal. Además, contar con la motivación del franquiciado será una garantía de éxito.

    Importancia del asesoramiento en la franquicia

    Antes de montar una franquicia o de iniciar un proyecto de franquicia, es importante contar con un buen asesoramiento, ya que serán muchos los elementos a tener en cuenta, tanto para un caso como para el otro.

    Algunos de estos elementos a tener en cuenta por parte del futuro franquiciado son una correcta elección del sector, saber si se necesitará un nivel de conocimientos mínimos antes de iniciar la actividad, determinar si el producto es competitivo en precio o calidad, si presenta un valor diferencial frente a su competencia, etc.

    Respecto al inicio de un proyecto de franquicia, considerando que no todos los negocios son franquiciables, hay que partir de tener un buen producto, con éxito probado y verificado durante un tiempo suficiente, asegurándose de que éste vaya a tener las mismas características que la futura franquicia.

    Grupo Eurotax y Barbadillo y Asociados

    Gracias a un acuerdo de colaboración con Barbadillo y Asociados, Grupo Eurotax ofrece los servicios de gestión de la implantación y desarrollo de franquicias en el País Vasco, Navarra y Cantabria, constituyendo un importante apoyo a emprendedores y pymes para su lanzamiento al mercado.

    Barbadillo y Asociados es la empresa con mayor experiencia en consultoría de franquicias de España y sus consultores han intermediado en miles de operaciones de franquicia, tanto a nivel nacional como internacional, durante los más de 25 años de existencia de la firma.

    Más información

    Si estás pensando en montar una franquicia, en iniciar un proyecto de franquicia o quieres saber más sobre esta modalidad de negocio  (inversión inicial, estudio de contratos, estudio de proyecto de franquicia, etc) puedes llamar al 944.210.309 y preguntar por Óscar Alonso.

    Santiago_Jauregui

     

     


    Santiago Jauregi Arco

    Socio fundador y CEO de Grupo Eurotax

    Foto: jannemei (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

  • Las sanciones disciplinarias

    Las sanciones disciplinarias

    Todo el mundo habrá escuchado o leído la noticia que saltaba a la luz esta semana acerca de la multa de 2.000 euros, a un jugador del Jaén por mostrar una camiseta en apoyo a niños que sufren de cáncer.

    Así es, el comité de competición de la Federación Española de Futbol (de ahora en adelante RFEF) ha impuesto una sanción de 2.000 euros a Jonathan Megía Ruiz alias “Jona” jugador del Real Jaén, por enseñar una camiseta interior en la que mostraba unas líneas en apoyo a los niños que luchan contra el cáncer.

    Por lo tanto, se ha creado la necesidad de entender el modelo deportivo disciplinario para poder conocer en base a que se le ha impuesto dicha sanción a este jugador. Por lo tanto, se va a desgranar desde la óptica jurídica las formas de sancionar a un jugador cuando no cumple con el Código deportivo disciplinario que ya esta regulado.

    El actual modelo disciplinario

    En el deporte, como en todos los ámbitos existe una faceta sancionadora, aunque no se recoja una definición específica para determinar que es disciplina deportiva, podemos extraer de la doctrina una definición que establece que es “el sistema de normas que permite imponer sanciones a los sujetos subordinados al Ordenamiento Jurídico deportivo, por la comisión de infracciones previamente tipificadas” o como dicen algunos autores “el poder de castigar o sancionar las conductas contrarias a las normas deportivas” “una de las potestades genuinamente publicas que, por delegación legal, ejercen las Federaciones en el ámbito deportivo porque así lo ha querido el legislador y ha sido reconocido por los Tribunales”

    La ley estatal del Deporte (Ley 10/1990) cuenta con un Título especifico para regular el régimen disciplinario, llamado (“La disciplina deportiva”), formado por trece artículos, abarca del 73 al 85, en los que de forma resumida se fijan las siguientes estipulaciones;

    En primer lugar, comprendidos entre los artículos 75, 77, 78, 80 y 81, se fijan los ámbitos subjetivo y objetivo de la disciplina deportiva, y se le otorga potestad sancionadora a las asociaciones deportivas. Se establece un sistema tipificado de infracciones y sanciones que se gradúan como leves, graves y muy graves. Asimismo la ley establece el llamado principio de proporcionalidad, en el que se quedan prefijadas circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes. Además hace mención al principio de prohibición non bis in idem, a la irretroactividad desfavorable, el principio de tipicidad previa, la prescripción de infracciones y sanciones y por último la ejecutividad inmediata de las sanciones.

    En segundo lugar, y haciendo referencia al artículo 82, quedan establecidos cuatro tipos diferentes de procedimientos disciplinarios. El primero de ellos, es el aplicado por los árbitros sobre el terreno de juego (donde más adelante centraremos el tema de debate) el segundo es el ordinario que se centra en las infracciones que vulneran el normal desarrollo de la competición, el tercero es el extraordinario, este procedimiento disciplinario queda fijado para el resto de supuestos el cual aplica los principios del Derecho sancionador común, y por último se encuentra el que ha de regir la adopción de decisiones disciplinarias inmediatas.

    En tercer lugar, se tipifican las infracciones atendiendo a su gravedad, existe una clasificación interna en función de si la infracción es considerada de tipo general o de tipo específico. Englobamos dentro de la categoría general por ejemplo el dopaje, o las conductas violentas, y dentro del tipo específico las que se aplican a las entidades que participan en la competición profesional y a todos los directivos, recogido en el artículo 76.

    En cuarto lugar, se tipifican las sanciones a las infracciones que se han recogido y que se incorporan además directrices referentes a la composición, competencia y funcionamiento del Comité Español de Disciplina Deportiva, regulados en los artículos 84 y 85.

    ¿Qué papel juega el acta arbitral?

    Las declaraciones del árbitro tienen presunción de veracidad iuris tantum, por ello, se puede establecer que es un hecho que la mayor parte de los procedimientos disciplinarios deportivos comienzan con el acta de un juez o arbitro, que ha sido elaborada después de un encuentro o prueba. En estas actas además de recoger todo lo sucedido en el partido, se recoge también los hechos susceptibles de constituir infracción.

    Tras la elaboración del acta arbitral, estas se remiten a los órganos disciplinarios federativos, como apunte hay que establecer que tienen la misma consideración que los documentos privilegiados del artículo 137.3 LRJ-PAC. En el artículo 82 de la LD queda recogido que “Las actas suscritas por los jueces o árbitros en el encuentro, prueba o competición constituirán medio documental necesario en el conjunto de la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas” y sigue estableciendo que “en aquellos deportes específicos que lo requieran podrá preverse que, en la apreciación de las faltas referentes a la disciplina deportiva, las declaraciones del árbitro o juez se presumen ciertas, salvo error material manifiesto”.

    Por lo tanto, de lo establecido en el párrafo precedente se desprende que es muy complejo rebatir lo que ha quedado plasmado en el acta arbitral, solamente, con la prueba grafica (video del encuentro) se puede desvirtuar, llegando incluso a rechazar los demás medios.

    Ocasionalmente, se ha privado el acta notarial de su certeza iuris tantum, cuando existan incoherencias o inexactitudes para los infractores que hacen cuestionar la neutralidad descriptiva.

    El código disciplinario de la RFEF

    El ámbito de aplicación del Código Disciplinario de la RFEF entra en juego, cuando se trata de actividades o competiciones de ámbito estatal y en su caso, internacional. Este código, considera como infracciones a las reglas del juego o competición a las acciones u omisiones que, durante el curso del juego vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo, además añade que también serán infracciones las demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas.

    Como ya se ha adelantado anteriormente, el Código Disciplinario de la RFEF consta con un sistema de graduación de la responsabilidad, así en su artículo 10 describe cuales son las circunstancias atenuantes, en su artículo 11 las circunstancias agravantes, en el artículo 12 la valoración de las circunstancias modificativas. Para el caso comentado en estas líneas este artículo es importante ya que tal y como establece “para la determinación de la sanción que resulte aplicable, hay que valorar el resto de circunstancias que concurran en la falta, tales como las consecuencias de la infracción, la naturaleza de los hechos o la concurrencia, en el inculpado, de singulares responsabilidades en el orden deportivo”

    Por tanto, y centrando el tema, la acción de este jugador queda incardinada dentro del artículo 91 del ya citado Código, considerada como infracción grave recogiendo que “el futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquier clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción será sancionado, como autor de una falta grave, con multa de cuantía de 2.000 a 3.000 euros y amonestación”

    Es evidente a todas luces que la acción de este futbolista encaja dentro del artículo arriba referenciado, pero es necesario acudir al principio de equidad que bien recoge nuestro Código Civil, en su artículo 3.1 como criterio aplicativo, cuya finalidad es la de moderar las consecuencias que se producirían de la aplicación automática de las sanciones que contienen los Estatutos de las Federaciones. Es lógico que las sanciones que se impongan a las personas que han cometido una infracción sean proporcionadas a las circunstancias del caso. Por lo tanto, en este concreto caso, hay que atender en primer lugar al daño que se ha cometido con la infracción, al perjuicio que se haya realizado, a la repercusión y a la transcendencia del hecho.

    Caso análogo José María Callejón

    Este caso no es el primero que existe en el deporte español, hay un precedente en el año 2010, que es el caso de José María Callejón, quien mostro su camiseta tras marcar un gol, mostrando una imagen del reciente fallecido Daniel Jarque.

    A este jugador también se le sanciono en base al artículo 91 con una sanción pecuniaria. El Comité De Apelación estimó el recurso que interpuso el RCD Español, y anulo la multa que se le impuso a José María Callejón, así en el fundamento jurídico de la Apelación se reconoce que “En el presente caso, el Sr. Callejón alzó su camiseta mostrando el rostro del jugador don Daniel Jarque, quien falleció en agosto de 2009. Esta acción, a juicio de este Comité de Apelación, y dada la excepcionalidad de la misma no puede ser objeto de reproche disciplinario, por cuanto no hay un ánimo de transmitir un mensaje publicitario, político ni religioso».

    «Tan sólo existe la intención de recordar a un compañero fallecido, hecho que desde luego no vulnera el bien jurídico protegido por dicho precepto, cual es el correcto desarrollo de la competición, que puede verse perturbado por una irregular equipación o por los excesos en la celebración de un gol», añade la sentencia.

    «Estamos ante situaciones puntuales que habrán de ser valoradas caso por caso, procurando mantener la pureza del precepto y su aplicabilidad, salvo situaciones verdaderamente extremas, como la que motivó el hecho sancionado. Lo anterior cobra énfasis ante el hecho cierto de que lo que se pretende con esta norma es aislar el fútbol de cualquier publicidad o propaganda interesada que intente aprovechar esos momentos espectaculares en que se está celebrando un gol», apunta el texto.

    «Desde esta perspectiva, la acción del jugador Sr. Callejón no es típica, por los motivos a que respondió, por lo que, en definitiva, procede estimar el recurso, revocando la sanción. Como es sabido, además, en el contexto de la versión anterior del Código Disciplinario de la RFEF se había llegado a la misma solución por los Comités disciplinarios en varios casos similares», apostilla la resolución de Apelación.

    No obstante, a pesar de que existe un precedente, hay otros casos como por ejemplo David Villa no han finalizado con una resolución favorable ya que en este concreto caso, el Comité de Competición resolvió imponer a Villa una multa de 2.000 euros y una amonestación. La acción del jugador fue quitarse la camiseta en pleno encuentro, y mostrar una imagen de su familia con la siguiente frase “imposible sin vosotras”. Esta sanción se ratifico por el Comité de Apelación argumentando que «por muy emotivo que se pueda considerar el mensaje que el jugador envía a sus familiares la situación no tiene la excepcionalidad requerida en el colectivo general».

    Conclusiones

    Por lo tanto, al igual que ha ocurrido con el jugador José María Callejón, el Comité de Competición –entiende esta parte- estimará el recurso que se presente en los próximos días. El apoyo a los niños que luchan diariamente contra el cáncer se entiende que conmueve a toda la sociedad, y habría por tanto que acudir al principio de equidad o de proporcionalidad, que ya se ha citado.

    Para terminar, y en espera de que no se repitan este tipo de situaciones podría ser una solución que se modifique la redacción de este artículo, incluyendo alguna cláusula en la que se puedan establecer las excepciones a la aplicación de la sanción.

     

    Janire_Ruiz

    Janire Ruiz de Gordejuela
    Departamento Jurídico

    Foto: martin.rodvand (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Grupo Eurotax podrá gestionar contratos de formación y aprendizaje para sus clientes

    Grupo Eurotax podrá gestionar contratos de formación y aprendizaje para sus clientes

    El pasado 4 de Febrero, Grupo Eurotax y Grupo Albatros firmaron un acuerdo de colaboración por el que Grupo Eurotax podrá ofrecer a sus clientes la gestión de los contratos de formación y aprendizaje y la impartición de los contenidos formativos para un gran número de ocupaciones.

    Ventajas del contrato de formación y aprendizaje

    El contrato para la formación y el aprendizaje está dirigido a trabajadores desempleados con edades comprendidas entre los 16 y 30 años y permite que éstos se cualifiquen profesionalmente mientras desarrollan su actividad laboral retribuida en una empresa.

    Las empresas y autónomos que realicen este tipo de contratación, cuya duración será mínima de un año y máxima de tres, pueden beneficiarse de una reducción de hasta el 100% en las cuotas a la Seguridad Social.

    No hay limitaciones en el número de contrataciones, por lo que una empresa puede realizar el número de contrataciones de este tipo que considere necesario.

    Una vez finalizado el periodo de formación y aprendizaje, existen incentivos para la transformación de estos contratos en indefinidos, siendo estas reducciones de 1.500€/año para hombres y 1.800€/año para mujeres.

    Grupo Albatros

    Grupo Albatros es un grupo de nueve empresas especializadas en el sector de la formación con casi 25 años de experiencia, que prestan servicios a más de 10.000 empresas al año.

    Cualificación Empresarial es la empresa del grupo especializada en la formación continua a la empresa. Esta formación abarca un gran número de áreas de conocimiento, adaptándose a las necesidades de la empresa y cumpliendo los requisitos necesarios para beneficiarse de las bonificaciones y subvenciones ofrecidas por las administraciones públicas.

    Más información

    Para ampliar la información acerca de este tipo de contratación, puede llamar al 944 210 309 (Beatriz González)


    Práctica Laboral por Beatriz González

    Beatriz González Rojo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero.


    Foto: aguscr (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

  • Novedades en Cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2013

    Novedades en Cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2013

    La entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ha venido a modificar la lista de conceptos que tradicionalmente se debían computar en la base de cotización a la Seguridad Social, ampliando a dicha lista ciertos conceptos que tradicionalmente se encontraban excluidos de cotización.

    Dicho Real Decreto Ley viene a ampliar la base de cotización de los trabajadores (para permitir una mayor recaudación), a través de la modificación del art.109 de la Ley General de la Seguridad Social que establece los conceptos computables en la base de cotización.

    En virtud de la nueva redacción del art.109, la base de cotización para contingencias comunes y profesionales pasa a estar integrada, salvo muy pocas excepciones, por todos los conceptos retributivos, tanto en metálico como en especie, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador”.

    Entre otros, se establecen como conceptos computables los siguientes:

    • La totalidad del importe abonado a los empleados por pluses de transporte y distancia.

    • Mejoras de las prestaciones de Seguridad Social, salvo las correspondientes a la incapacidad temporal.

    • Asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a gastos de estudios del trabajador cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

    • La totalidad de gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar de trabajo habitual y del que constituya su residencia.

    En materia de compensación y beneficios, los principales elementos retributivos que se ven afectados por la nueva regulación son los siguientes:

    • Entrega gratuita o a precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la empresa o empresas del grupo (con esta nueva Redacción del artículo 109 de la LGSS, se imputa en la base de cotización el importe íntegro, mientras que en la norma anterior, solo era computable el exceso sobre los 12.000 euros anuales)

    • Vales de comida: se tendrá que computar en la base de cotización el importe íntegro, mientras que en la anterior regulación quedaban exentos de cotización hasta los 9 euros diarios y/o cuando no se cumplían los requisitos establecidos en la normativa fiscal.

    • Seguros de salud: Habrá que imputar el importe íntegro; antes solo había que cotizar por el exceso de los 500 euros anuales por cada persona incluida en el seguro médico

    La presente modificación supone un lógico incremento de los costes salariales para aquellas empresas que tuvieran concedidos a sus empleados beneficios corporativos como un seguro médico, o vales de comida, pudiendo incrementarse los costes salariales en torno a un 30% del importe destinado a dichos beneficios; Asimismo, con la entrada en vigor de dicha normativa, se computarán en la base de cotización los siguientes productos en especie que con anterioridad a la publicación de este Real Decreto-Ley 16/2013 quedaban exentos de cotización:

    • Ayuda de guardería para el primer ciclo de educación infantil de los hijos de los trabajadores

    • Primas de seguros de accidente de trabajo o responsabilidad civil del trabajador.

    • Prestación del servicio de educación preescolar infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional, por centros educativos autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o a precio inferior al normal del mercado.

    A pesar de lo expuesto, no variarán las bases de cotización a la Seguridad Social de las retribuciones en especie de los productos de vivienda, coche de empresa y los préstamos con tipos de interés inferior al 4% durante el 2014.

    El Real Decreto-Ley 16/2013 establece una nueva obligación en materia retributiva para las empresas, estando obligadas a comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en cada periodo de liquidación, el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social; dicha comunicación se llevará a cabo a través del sistema RED, mediante el fichero creado por la Tesorería General de la Seguridad Social a tal efecto, el CRA (Conceptos retributivos abonados).

    Esta nueva normativa, (Real Decreto-Ley 16/2013) afecta también a la aportación que deben realizar los trabajadores a la Seguridad Social, de forma que, los trabajadores con contrato indefinido sufrirán una disminución porcentual de sus ingresos reales en un 6,35% respecto a los importes destinados a los conceptos anteriormente referenciados, un 6,40% en el caso de los trabajadores con contrato temporal. Los Trabajadores que se encuentren cotizando por las bases máximas verán incrementada dicha base máxima en torno a un 5% respecto del ejercicio 2013, (3.597€ al mes para 2014), reduciéndose también sus ingresos reales.

    Finalmente, cabe referirse a modo de conclusión, al carácter real con el que dichas medidas han sido promulgadas, que no es otro que el recaudatorio, con el que la Seguridad Social pretende ingresar en torno a 900 millones de euros más que en el ejercicio 2013; Asimismo, cabe comentar que, a pesar de la obvia disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y del incremento en los costes laborales de las empresas, estos incrementos en las cotizaciones derivarán en un incremento de las prestaciones económicas que los trabajadores puedan percibir en un futuro.

    Aitor_Rodriguez

     

     


    Aitor Rodríguez Rey

    Departamento Legal. Área Laboral.

    Foto: ReTeP´s (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)

     

  • Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    Esclavos de las palabras: Los límites a las libertades de expresión e información

    1. Introducción

    El desarrollo de Internet y el aumento de los medios de comunicación y difusión de contenidos, ha propiciado el acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier punto del mundo, ampliando las posibilidades de intervención y las relaciones.

    Es innegable, que la red supone un instrumento para el ejercicio de la democracia, y para la promoción de la diversidad cultural y de pensamiento y que, a pesar de existir otros medios para hacerlo, se erige como cauce universal y de fácil acceso para expresar ideas y opiniones y para difundir informaciones, incluso aquellas que los medios de comunicación convencionales no están interesados en publicar por motivos económicos, ideológicos, políticos, o de otra índole. Sólo debemos fijarnos, en el titánico nacimiento de blogs, redes sociales o periódicos y revistas digitales, que permiten a la ciudadanía interactuar y pronunciarse.

    Por ello, las regulaciones, buscan encontrar el equilibrio entre las libertades, derechos e intereses legítimos en juego, siendo en este ámbito, frecuentes los conflictos entre las libertades de expresión y de información, y otros derechos, también fundamentales, como son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen o a la protección de los datos personales.

    2. La libertad de expresión y la libertad de información

    La libertad de expresión y de información, son reconocidas como Derechos Fundamentales de todo individuo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

    Dicho artículo preceptúa que “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

    Por su parte, la Constitución Española, en su artículo 20 indica que :

         “1. Se reconocen y protegen los derechos:

             a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

               b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

               c) A la libertad de cátedra.

              d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

        2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

        3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

         4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

         5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

    Es decir, el mismo artículo de la Constitución Española que reconoce el derecho a la libertad de expresión y de información, introduce uno de sus límites más específicos en el punto 4, que lo conforman el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

    3. El derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen

    Estos derechos, reconocidos igualmente como derechos fundamentales en el artículo 18 de la Constitución Española, son además citados en ella en varias ocasiones, alzándose como límite para el ejercicio de otros derechos, como es el caso del citado artículo 20 o del artículo 105 respecto al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros.

    El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, fueron posteriormente regulados a través de la Ley Orgánica de 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen.

    Son especialmente relevantes a estos efectos, los artículos 7 y 8, especificando el primero de ellos, una serie de actos que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas, y el segundo de ellos, comportamientos que no tendrán dicha consideración.

    4. Intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

    Como ya adelantábamos, el artículo 7 de la LO 1/1982 de 5 de mayo, indica que serán consideradas intromisiones ilegítimas

         1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

         2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.

         3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

         4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

         5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

         6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

         7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

    A estos efectos, pasaremos a analizar el supuesto más frecuente de intromisión ilegítima, que no es otro que el que se recoge en los puntos 3 y 7 del artículo 7, que se refieren al derecho al honor.

    5. Conflictos entre derechos fundamentales

    Como se ha adelantado en líneas anteriores, las libertades de expresión e información, pueden afectar a:

          – derecho a la protección de los datos de carácter personal

         – derecho a la intimidad personal y familiar: a mantener en secreto ese círculo íntimo personal y familia que todo ser humano posee y que desea mantener fuera del conocimiento de los demás.

         – derecho a la propia imagen: poder de disposición sobre la información gráfica de sus rasgos físicos, que le permite impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por parte de un 3º sin autorización, independientemente de la finalidad perseguida por quien la capta.

         – derecho al honor: protege la propia estima en el que se individuo se tiene, y el prestigio que tiene cualquier persona, su buen nombre, reputación o fama.

    6. Principio general para la resolución de conflictos entre derechos

    Cuando se generan conflictos entre derechos de tal relevancia como los citados, se resuelve en pro de la libertad de expresión e información por su especial posición institucional siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

         – Veracidad: no se exige que sea absoluta, sino que exista un nivel de diligencia profesional, consistente en la comprobación de la veracidad de los hechos, a través de las averiguaciones oportunas, de forma que hayan sido previamente contrastadas.

         – Interés general o relevancia pública: lo publicado ha de ser de interés público, concepto muy distinto de la curiosidad del público.

         – Adecuación de las expresiones y términos empleados: no se amparan la utilización de términos o calificativos formalmente injuriosos, vejatorios y ofensivos.

    7. La colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión e información: solución jurisprudencial

    Es manifiesto, que el derecho al honor se encuentra limitado por las libertades de expresión y de información, y que estas últimas, se encuentran limitadas por el derecho al honor cuando no se cumplan los requisitos anteriormente citados.

    A este respecto, recoge la jurisprudencia una serie de presupuestos a tener en cuenta para la ponderación de de dichos derechos y libertades estableciendo, entre otras la STS de 29 de mayo de 2.012 que:

          – “la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información, porque no comprende la narración de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo.”

    Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos, es necesario separarlos y sólo cuando sea imposible hacerlo, habrá de atenderse al elemento preponderante (STC 107/1988, 105/1990 Y 172/1990).

         – “la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información y expresión sobre el derecho al honor, por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático.

    También se ha de tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aún cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige.

         – “la técnica de ponderación exige valorar también el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión”

    La protección del derecho al honor deberá prevalecer frente a libertad de expresión cuando se empleen frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto que sería por lo demás, incompatible con la Norma Fundamental.

    8. Conclusión

    Somos dueños y esclavos de nuestras palabras. Estas dos caras de la moneda, se materializan en la libertad de expresión e información y en la obligación de responder, en su caso, por los atentados frente a otros derechos fundamentales igualmente protegidos que en nuestro ejercicio cometamos.

    La especial protección de estos últimos, capaz de servir de restricción a la libertad de expresión e información, se torna aún más relevante, con la aparición de los medios telemáticos, dado que cuando se publica un contenido ilícito o lesivo contra los derechos de alguna persona, el alcance de la difusión de dicho contenido publicado en un estado concreto, se convierte en universal, por lo que se produce un efecto multiplicador del daño.

    Maitane_Valdecantos

     

     


    Maitane Valdecantos Flores

    Departamento Legal. Área de Propiedad Intelectual e Industrial, y derecho de las TIC.

    Foto: Kristin Schmit (flickr con licencia Creative Commons BY- 2.0)

     

     

  • La obligación de declarar la tenencia de bienes en el extranjero: Regulación en Bizkaia (Modelo 720)

    La obligación de declarar la tenencia de bienes en el extranjero: Regulación en Bizkaia (Modelo 720)

    La Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, de lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias, añade a la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia dos Disposiciones Adicionales (27ª y 28ª) que recogen la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, así como las infracciones y sanciones que lleva aparejado su incumplimiento.

    Esta obligación se ha desarrollado mediante el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2013, de 25 de junio, que será aplicable por primera vez a las declaraciones a presentar en el año 2014 en relación a los bienes y derechos de los que se sea titular a 31 de diciembre de 2013. Se establece una periodicidad anual para el cumplimiento de esta obligación; el plazo para la presentación de la primera declaración se extiende del 1 de enero de 2014 a 31 de marzo de 2014, siendo obligatoria la presentación telemática de esta nueva declaración informativa (Modelo 720).

    Dicha obligación fue introducida a nivel estatal por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, y el Real Decreto 1558/2012 de 15 de noviembre que la desarrolla. Tanto en Territorio Común como en Navarra han presentado ya en el ejercicio 2013 la declaración correspondiente a 2012.

    Como curiosidad, esta obligación de declaración de bienes en el extranjero articulada en la Ley 7/2012 y el Real Decreto 1558/2012 ha sido denunciada ante la Unión Europea por entender que supone una clara e importante restricción a la libre circulación de personas, establecida en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y a la libre circulación de capitales, garantizada por el artículo 63 TFUE, aduciendo además que no existe constancia de que otro país de nuestro entorno haya aprobado una norma parecida.

    Lo cierto es que, como veremos, esta nueva obligación afecta sobre todo a particulares, pues las empresas no deben informar sobre determinados bienes en el extranjero que tengan registrados de manera individualizada en su contabilidad, y a priori puede parecer desproporcionada por su generalidad, y por el duro régimen sancionador que establece.

    De hecho, la importancia de esta nueva obligación no deriva sólo de su contenido sustantivo por la propia naturaleza de la información que se facilita, sino de las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, ya que el mismo supone no sólo el endurecimiento del tratamiento de las ganancias de patrimonio no justificadas o de las rentas presuntas, sino también un régimen sancionador específico.

    En Bizkaia, deben presentar esta declaración las personas físicas y jurídicas residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, los establecimientos permanentes en Bizkaia de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 34 de la Norma Foral 2/2005 (herencias yacentes, comunidades de bienes…) que tengan bienes en el extranjero.

    Por lo tanto, el punto de conexión para determinar la obligación o no de presentar el modelo 720 en Bizkaia es la residencia fiscal vizcaína, independientemente de la nacionalidad.

    Estos obligados tributarios deberán suministrar a la Administración información relativa a cinco bloques de bienes:

    a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición, salvo aquellas cuyos saldos a 31/12 y el saldo medio del último trimestre del año no superen, conjuntamente, los 50.000 euros.

    No existirá obligación de declarar, entre otras, las cuentas registradas en contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito, sucursal y país o territorio (por personas jurídicas residentes, establecimientos permanentes de no residentes, y personas físicas que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio).

    b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares, y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero, por importe superior a 50.000 euros.

    Aunque estos valores gestionados u obtenidos en el extranjero estén registrados en la contabilidad de la persona física, no excluye la obligatoriedad de informar sobre los mismos (a diferencia de las cuentas bancarias y los inmuebles).

    c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero, cuyo valor conjunto supere los 50.000 euros.

    d) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su titularidad cuyo valor unitario exceda de 50.000 euros y que, en el momento de la declaración, se encuentren situados en el extranjero.

    e) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su titularidad matriculados o que consten en registros de países extranjeros.

    Cada uno de estos cinco bloques de bienes constituye una obligación de información diferente, pero todas ellas se articulan a través de un mismo modelo informativo (el ya citado Modelo 720), con el que se pretende:

    1) averiguar cuál es el origen de estos bienes y derechos, por si proceden de rentas no declaradas (ni en España ni en el país donde radica el bien). Si se comprobase que tienen su origen en rentas no declaradas se podría regularizar conforme a la normativa vigente.

    2) al ser una declaración para residentes fiscales en Bizkaia, deberán declarar en Bizkaia los rendimientos y beneficios que cada año obtienen de estos bienes, si los hubiere.

    El término de comparación para conocer si es preciso volver a presentar la declaración siempre va a ser la última declaración presentada. Así, será obligatorio volver a presentar la declaración cuando se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

    Tal y como hemos adelantado, el incumplimiento de la obligación de presentar el Modelo 720 lleva aparejadas tanto un régimen sancionador específico como una presunción de obtención de rentas:

    1. Sanciones: Constituyen infracciones tributarias:

    –no presentar en plazo la declaración, sancionable con un mínimo de 10.000 euros por bloque de información.

    –presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas: sancionable con un mínimo de 1.500 euros por bloque.

    2. presunción de obtención de rentas tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades: en todo caso, tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del período impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido, en el plazo establecido al efecto, la obligación de información.

    Esta presunción sólo puede ser destruida mediante la acreditación por parte del contribuyente de que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en períodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este impuesto.

    En el supuesto de ganancias patrimoniales no justificadas y presunción de obtención de rentas, se establece además una multa pecuniaria proporcional del 150 por 100 de la cuota íntegra (no se tendrán en cuenta para el cálculo de la cuota que sirve como base de la sanción las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores que, en su caso, pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra).

    Estas infracciones y sanciones serán incompatibles con las establecidas genéricamente para los supuestos de no presentar en plazo declaraciones y de presentación de declaraciones incorrecta, incompleta o con datos falsos.

    Por lo tanto, a la vista de todo lo expuesto, y a modo de conclusiones prácticas, es necesario dar a conocer al máximo esta nueva obligación de declaración de tenencia de bienes en el extranjero para los residentes vizcaínos, ya que debemos tener en cuenta que dada la situación geográfica del Territorio Foral de Bizkaia existe un importante número de particulares que pueden estar obligados a presentar esta declaración y lo desconozcan, con las consecuencias que hemos visto que se pueden derivar de la no presentación.

    A modo de ejemplo, en nuestro entorno es habitual que contribuyentes vizcaínos sean propietarios de segundas residencias en territorio francés, y, además, sean titulares de una cuenta corriente en una entidad financiera francesa para hacer frente a los gastos que dicha vivienda origina, por lo que, si superan los límites establecidos, estarán obligados a presentar el Modelo 720 antes del 31 de marzo de 2014. De hecho, Hacienda Foral de Bizkaia espera la presentación de unas 5.000 declaraciones este año.

    Además, debemos tener en cuenta que circunstancias como la obligatoriedad de la presentación telemática de dicho Modelo y la posible complejidad de la información a aportar hacen necesario el asesoramiento tanto para la cumplimentación de la propia declaración como para su tramitación.

    Natalia_Palomares

     

     

     

    Natalia Palomares Burgo
    Departamento Fiscal, Contable y Financiero

    Foto: Alan Cleaver (flickr con licencia Creative Commons BY-2.0)